Miguel Márquez es así. Le importa mucho su imagen pública personal, a veces más que la del gobierno que encabeza y, ciertamente, mucho más que la eficacia de la administración que dirige.

Así, una de sus primeras respuestas a la emergencia nacional derivada del alza de los combustibles fue la decisión personalísima de reducirse el salario que devenga como Gobernador, en un 16 por ciento: de 211 mil pesos a 177 mil pesos.

La rebaja es de 34 mil pesos, más o menos lo que ganan al mes cuatro obreros de las plantas manufactureras de automóviles que tanto presume Miguel Márquez como muestra de la fortaleza de Guanajuato.

¿Significa algo que el Gobernador le ahorre al erario poco más de 400 mil pesos anuales? Quizá sumado a las reducciones que les impongan, porque esas no serán por consentimiento propio, a los secretarios de estado y sus subsecretarios, el monto alcance algunas decenas de millones de pesos. ¿Es relevante?

Pongámoslo en contexto.

Tan solo un proyecto de obra pública de mediana cuantía, la construcción del distrito de gobierno de León, un moderno edificio de cristal que se alza en el Bulevar Delta, duplicó su costo del planteado originalmente y bajo el cual se licitó: de 100 a 200 millones de pesos, además de extender su plazo de construcción también al doble.

En el excedente de esa única obra, ya se hubiera ido la totalidad del ahorro de los disciplinados funcionarios públicos que ahora no solo pagarán sus celulares, sino que también verán disminuidas sus quincenas.

Si analizamos un gasto más cuantioso, como el de la contratación de los medicamentos del seguro popular, tenemos que en los seis años de Márquez se gastarán alrededor de 11 mil millones de pesos en compras que derivaron de procesos opacos de licitación, donde se declaraban desiertos los concursos y se hacían asignaciones de forma directa.

De tal manera que no es posible saber si los medicamentos para los afiliados al sistema de salud le resultan caros o baratos al gobierno de Guanajuato. Un ahorro de un punto porcentual, imaginando formas transparentes y agresivas de compra, quizá haciéndolo de forma consolidada con otras entidades y evitando el tráfico de influencias, equivaldría a más de 100 millones de pesos.

El otro caso es el programa Escudo, la compra más opaca de la historia reciente de Guanajuato, incluyendo los terrenos de la fallida refinería. Donde el estado invirtió a plazos 2 mil 600 millones de pesos en equipo que no ha dado ningún resultado, a juzgar por el panorama que enfrentamos, y del que ni siquiera es dueño, pues se trata solo de un arrendamiento. ¿Cuánto se dilapidó allí?

Finalmente, paremos un poco en el multicitado tema de los terrenos para Toyota, donde el estado pudo haberse ahorrado una cantidad significativa de dinero si hubiese realizado compras directas de predios y no a través de intermediarios que recibieron de forma ilegal información confidencial propiedad del estado, algo que los órganos de fiscalización de Guanajuato se niegan a revisar.

Entonces, como cualquiera puede concluir, lo relevante no son los sueldos de funcionarios públicos que, al no hacer su trabajo con solvencia, le producen pérdidas multimillonarias al gobierno y con ello a los ciudadanos de Guanajuato.

Márquez es uno de los gobernadores que mejor cobran en México. Su rebaja lo dejará todavía por encima de la media y en el segmento superior de los salarios privilegiados de la alta burocracia.

Eso sería lo de menos si de verdad se la rifara, desquitara el sueldo y se dedicara a vigilar los cuantiosos recursos de un estado que goza de una posición privilegiada en muchos sentidos.

De modo que la medida populista de reducir el salario no me causa ninguna buena impresión, aunque sea aplaudida a rabiar por muchos villamelones. Mejor sería que el Gobernador y su séquito cobraran lo que se merecen y lo desquitaran a conciencia.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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