El 2014 será recordado como el año en el que algunos estados hicieron historia... pero no por los logros de sus mandatarios en beneficio de los ciudadanos, sino por su "habilidad" para endeudar las arcas públicas a niveles nunca antes vistos. En esa lista destacan los gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez; de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu; Rubén Moreira Valdez, de Coahuila; Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, y Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Las deudas de las entidades rebasan, en algunos casos, el presupuesto que les otorga la Federación. Aun así, sus malos manejos financieros los soportan legislaciones opacas en cuanto a los límites de la contratación y el reporte de sus obligaciones financieras; además, los gobernadores poseen legitimidad propia para pedir prestado cada vez más.
Por si fuera poco, antes de tomar sus vacaciones decembrinas, los senadores del PRI, apoyados por los del PAN, los del PRD y los del PVEM, aprobaron una reforma en materia de endeudamiento de estados y municipios que significa borrón y cuenta nueva a sus pasivos. Los cambios aprobados eximen a ex mandatarios de rendir cuentas sobre la deuda heredada, por lo que los ciudadanos de todo el país serán, como siempre, quienes paguen los 489 mil 693.4 millones de pesos que, hasta el cierre de junio pasado, sumaba el adeudo de estados y municipios, según los datos más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).– Un estado puede ser noticia por una serie de sucesos positivos, pero en el caso de Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Morelos, Nuevo León y el Distrito Federal ocuparon los titulares este año gracias a que hicieron uso de una herramienta llamada contratación de deuda, misma que tienen la facultad de ejercer para poder financiar los objetivos establecidos por sus mandatarios.
En la mayoría de los casos, la creación de infraestructura es la justificación para endeudarse, pero en no pocas ocasiones se desconoce el uso real de los recursos ante la falta de transparencia o de leyes claras que exijan a gobernadores y alcaldes a informar con oportunidad y a detalle lo que se hace con el dinero que piden prestado.
Analistas económicos entrevistados por SinEmbargo aseguran que, en algunos casos, el endeudamiento no está justificado. La corrupción, la falta de transparencia, la nula rendición de cuentas, una pobre recaudación fiscal y los costos políticos son algunos de los motivos por los que este año la deuda de los estados llegó a niveles históricos.
De acuerdo con el reporte trimestral de las entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el endeudamiento de las 32 entidades del país aumentó a 489 mil 877 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2014. Este incremento representó 8 por ciento más con respecto al mismo periodo en el año pasado. Esto equivale a 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Las entidades federativas que llamaron más la atención por el aumento de su deuda con respecto a las participaciones federales que reciben fueron Coahuila, Quintana Roo, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Nayarit, los cuales rebasan el 100 por ciento.
El caso que se consideró como grave fue el de Coahuila, cuya deuda de 35 mil millones de pesos equivale al 252 por ciento de sus participaciones federales. En cuanto a Quintana Roo y Chihuahua tampoco están lejos de este panorama, pues sus pasivos alcanzan una equivalencia de 250 por ciento y 246 por ciento, respectivamente, lo que los ubica como los gobiernos con la condición deficitaria más elevada.
Los estados que les siguen son Nuevo León, con un 227 por ciento; mientras que Sonora y Veracruz están en 120 por ciento, y Nayarit en 112 por ciento.
A pesar de los “esfuerzos” por contener la tendencia creciente en los pasivos que contraen los gobiernos estatales, en algunos casos se observó un gran incremento. En el caso de Morelos, se registró una deuda de 5 mil 768 millones de pesos al tercer trimestre de 2014, lo que significó un incremento de 122 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior, cuando sus pasivos eran de 2 mil 506 millones.
Oaxaca mostró un incremento de 50 por ciento en sus obligaciones financieras, después de que su deuda pasara de 5 mil 521 millones de pesos a 8 mil 300 millones. Campeche alcanzó la cifra de mil 328 millones de pesos, aumentando 302 mil pesos e incrementándose 29 por ciento.
El mismo reporte de la SHCP destaca que tanto Nuevo León como Sonora aumentaron sus pasivos en un año a una tasa de 20 por ciento, mientras que Chihuahua lo hizo en un 18 por ciento. Otras entidades federativas que incrementaron su deuda por encima del 8 por ciento del promedio nacional fueron Durango (15 por ciento), Guerrero (13), Baja California (12), Guanajuato (11), Chiapas (11) y Tamaulipas (11).
LA DEUDA AL LÍMITE
Se estima que de 100 pesos que cada gobierno estatal recibe por parte de la Federación, 85 son destinados al cumplimiento de las obligaciones financieras que ha contraído tanto con la banca comercial como con la de desarollo.
Es por ello que analistas y especialistas en el tema de endeudamiento estatal afirman que a pesar de que la deuda es una herramienta necesaria para cada uno de los estados, su sobreendeudamiento no es sano para las finanzas públicas y en su mayoría se explica por la corrupción, la opacidad y falta de transparencia y rendición de cuentas de cada región como los elementos que en su conjunto generan el ambiente propicio para el uso indebido de los recursos por parte de sus gobernantes.
Por muchos años, instituciones como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) fueron los prestamistas de los gobiernos locales. Sin embargo, las tasas de estos bancos se volvieron similares a las tasas comerciales, lo que provocó que buscarán en la banca comercial una nueva fuente de financiamiento, ya que no imponía condiciones y ofrecía más opciones de créditos.
Las principales instituciones que prestan dinero y a través de las cuales se hace colocación de deuda son la banca múltiple, que ha otorgado 284 mil millones 509 mil de pesos; le sigue la banca de desarrollo, que ha facilitado 107 mil millones 329 mil de pesos. En el caso de las emisiones bursátiles suman una cantidad de 84 mil millones 671 mil pesos, mientras que el rubro de “otros” tiene la cantidad de 13 mil millones 134 mil pesos.
En los expedientes de la deuda histórica está el de Chihuahua, gobernado por el priista César Duarte Jáquez, que a finales de 2010 registraba una deuda de 13 mil 261 millones de pesos y que en tres años se duplicó a más de 26 mil millones de pesos.
Chihuahua trató de revertir su deuda con la contratación de créditos directos por 25 mil millones de pesos con un esquema llamado Garantía de Participaciones y Cumplimiento [emisión de garantías a favor de un beneficiario para respaldar un compromiso contraído por uno de sus clientes], de los cuales 5 mil 692 millones de pesos de deuda directa estaba garantizada (una Emisión Bursátil y tres financiamientos en la modalidad del bono cupón cero), pero a una tasa de interés de 6.5 por ciento, una de las más altas del país.
Raymundo Tenorio, director de la carrera de Economía de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, dice que “los gobernadores tienen facultades soberanas para pedir dinero a la Federación como los congresos locales a autorizar deuda pública conforme a las justificaciones que presenten”.
“Esto los lleva a promesas de obra pública, gasto corriente, gasto de inversión, pero le garantizan a la banca comercial con transferencias futuras, como están seguros que llegarán, en abono de esos préstamos, no hay dinero fresco que ingrese y como tienen que cumplir con el gasto corriente, se tienen que volver a endeudar”, afirma.
El pago a los bancos es garantizado con la recaudación local, “que es muy baja y mala”, y con transferencias que recibirán de la SHCP. “La banca se cobra a lo chino, como lo van a recibir por transferencia, cuando lo reciben los bancos y los estados tienen deuda, se lo cobran”, explica.
Carlos González Barragán, quien fuera profesor adjunto de Política Pública en la Harvard Kennedy School, expone que el de la deuda “es un tema muy controversial. Si se pregunta a un político o secretario de Finanzas le dará la deuda contra el PIB del estado o algún indicador similar para que se vea relativamente pequeño. Pero el mejor es el de deuda total sobre ingresos totales porque aterriza realmente la capacidad de pago de un estado. Y así los más endeudados son Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua. En todos estos casos la deuda ocupa más del 100 por ciento de sus ingresos; no están en quiebra pero gastan más de lo que reciben”.
En estados donde ha crecido la deuda, como es en el caso de Coahuila, "ya ha empezado a reflejarse como un problema para la Tesorería. Otro es la tasa de crecimiento de la deuda, tenemos el caso de Morelos que ha aumentado bastante aunque todavía no llega a tamaños contra ingreso total, también a Tamaulipas y Zacatecas, Sonora pero todavía está en el límite, aunque se tiene que observar”, explica
En este sentido, Ricardo Corona Leal, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirma que “los focos rojos respecto a la deuda publica muestran que el riesgo que puede haber en el uso. Ahí es de esta el problema. Lo complicado es saber cómo se contrata esta deuda pública, que son condiciones de falta de certeza real”.
Entre las observaciones realizadas por el IMCO está que las administraciones estatales tienen altos niveles de corrupción, opacidad en el uso de los gastos y el gasto público no está orientado apropiadamente. La manera mas fácil de obtener recursos es irse al mercado financiero, situación que aprovechan los bancos para ser muy cuidadosos en normar excesivamente la contratación y el pago de la deuda.
“Esto es un mensaje de omisión de cumplimientos de las entidades en el mal manejo de las deudas públicas, y estos casos están enviando el mensaje de falta de legitimidad en el manejo de los recursos públicos. Esto da para todo”, añade el experto.
PRODUCTIVIDAD Y DEUDA
Ricardo Corona recuerda que “en el estado de Coahuila, en un decreto se cambió la finalidad al uso de la deuda pública. Antes se decía que la deuda pública podía ser para pagar más deuda, esto rompe con la lógica de su objetivos y conclusiones que hemos visto”, agregó.
El pasado 4 de noviembre, la deuda de Coahuila fue reestructurada para ampliar el plazo de pago y bajar la tasa de interés del 5 por ciento al 0.5 por ciento, mientras que la tercera parte de la deuda sería bursatilizada a través del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras).
“Se puede dar por hecho que se está utilizando para infraestructura, lamentablemente me parece que hay casos que está en riesgo y no se puede dar por hecho que se está utilizando para estas obras. Y quizá alguna parte sea para contener presiones financieras”, dice Corona Leal.
Los cambios en Coahuila fueron propuestos por el Gobernador, Rubén Moreira y están relacionados con con 2 mil 500 millones de pesos que se adeudan a proveedores, obras y servicios.
Por otra parte, Carlos Barragán plantea que “al final de cuentas es obra pública que prometen, que a veces ejecutan pero es muchas veces es obra publica sin trascendencia, complementaria a los recursos federales e incompleta en su mayoría. En el caso de Morelos está inservible por la pésima planeación y forma en la que se asignan proyectos por licitaciones amañadas o adjudicaciones”.
El gobierno de Graco Ramírez previó invertir para este año 950 millones de pesos para la creación de proyectos de infraestructura con el fin de atraer más industria y que su economía reduzca la dependencia del gobierno y servicio, monto que representaría 26.6 por ciento más que a lo invertido en el 2013. Se destinaría principalmente destinado a los municipios de Cuautla, Yecapixtla y Ciudad Ayala.
De igual manera se acordó un convenio con Ferrosur cuya inversión alcanza los 154 millones de pesos para invertir en una red ferroviaria, además de carreteras que darían mayor conectividad al estado como La Pera-Cuautla, Cuautla- Chalco y la Autopista Siglo XXI.
Un caso que llamó la atención en el estado de Morelos fue la reconstrucción del estadio Coruco Díaz, ubicado en Zacatepec, en medio de una selva cañera y con un equipo que se encuentra en los últimos lugares de la tabla en la Liga de Futbol de Ascenso MX. Entre la iniciativa privada y el gobierno morelense invirtieron alrededor de 500 millones de pesos.
LA CORRUPCIÓN
Según el Índice de Información Presupuestal Estatal 2014 (IIPE), realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato y Michoacán son las entidades menos transparentes en el uso y publicación de sus presupuesto.
La mala calidad de la información que las entidades federativas proporcionan sobre sus finanzas públicas, como es el manejo de sus ingresos y egresos, es lo que contribuye a la falta de transparencia, la poca rendición de cuentas acerca del uso de los recursos públicos y a su vez permite el crecimiento y abuso de la deuda pública como medida de financiamiento de los proyectos de inversión que están destinados a cumplir los objetivos gubernamentales.
En documentos publicados por el IMCO se puede apreciar que algunas entidades incluyen en sus presupuestos partidas para “pago de marchas”, presupuestos para “tatas, nanas, viudas y veteranos de la Revolución”, como es en el caso de Morelos.
Carlos Gonzáles afirma que “la transparencia es sólo de la que se rinde informe escrito de los gobernadores, pero hay tremenda opacidad. Mucha de esta deuda se puede prestar a uso indebido, corrupción”.
También expone que “a la vista del ciudadano algunas obras se justifican pero hay otras como vialidades inconclusas, obras ornamentales no necesarias. Como en Toluca, Estado de México, en donde hay un elefante blanco o no se diga de la Estela de Luz. Dan cuenta que no benefician al ciudadano, y así ocurre en todo el país”.
Por su parte, el investigador del IMCO afirma que si un estado debe mucho en corto plazo y no se ha reportado ante Hacienda, “ya no aguanta la presión, reestructura su deuda, la manda a largo plazo y brinca un foco rojo”.
“Las condiciones de la ley te permiten hacer un uso abusivo de esta herramienta que es financiera. No hay estados que te puedan decir que no hay nada sobre la deuda pública, claro que lo hay. Sin embargo, no se sabe nada de esto”, agrega.
Carlos González considera que no hay algo muy claro con las llamadas Asociaciones Público-Privadas (APP). “Cuando se utilizan, trabajan el gobierno y empresas en conjunto, pero hay ocasiones en donde se realizar con deuda disfrazada y en términos pocos favorables. Como es una empresa privada no se suscita como deuda pública”.
Un caso es el del Gobernador de Chihuahua, César Duarte, quien ha sido señalado por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones e uso indebido de atribuciones y facultades.
La denuncia realizada por Jaime García Chávez, activista chihuahuense que renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para constituir un movimiento ciudadano, señala que “hechos que pueden ser constitutivos de delitos perpetrados por el Gobernador del estado César Horacio Duarte Jáquez y demás personas […] que sin duda han afectado el patrimonio del estado de Chihuahua, producto de la corrupción, notorio autoritarismo y abuso de los cargos que detentan…”
“Por tratarse de hechos que se relacionan de manera directa con la violación de normas relativas a la transparencia en el origen y procedencia de recursos ilícitos para la constitución de una institución bancaria, como en el particular se trata del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V…”, afirma dicha denuncia.
El 21 marzo fue aprobada la creación del Banco Unión Progreso donde el secretario de Hacienda del estado, Jaime Ramón Herrera Corral, es fundador y el Gobernador sería uno de los principales socios vía el contrato de fideicomiso por 65 millones de pesos para que la fiduciaria, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, siguiendo sus instrucciones, realizara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua, S.A. de C.V.
“Estos casos no son extraños, muchas veces se pide que la contratación de deuda sea con el sector financiero y se pide que sea confidencial el trato y cláusulas de discreción”, agrega González Barragán.
El gobierno del estado ha conducido depósitos con bajísimas tasas de interés por 834 millones de pesos, fondeo que sirvió para que el Banco Unión Progreso adquiriera un crédito de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Asimismo, la denuncia señala que el banco recién autorizado resultó de la fusión de Unión Crédito Progreso, S.A., Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio, S.A. de C.V.
“Cumplir con la rendición de cuentas sería pagar un costo político muy alto. Ese es el problema. Cuando se habla de rendición de cuentas se habla del ciudadano. En ocasiones esto es lo que mueve a este tipo de decisiones”, dice Ricardo Corona.
El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, presentó el 22 de octubre del año pasado una demanda de amparo contra la Procuraduría General de la República (PGR) para recuperar sus cuentas y bienes que le fueron aseguradas tras ser acusado de desviar recursos del erario público y de dejar una deuda superior a los 36 mil millones de pesos.
Sin embargo, el pasado 21 de noviembre, el secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Ramos Flores, informó que documentación relacionada con la contratación de una parte de la megadeuda en la que cayó esta entidad entre 2005 y 2011 fue robada de esa dependencia pública.
De acuerdo con información publicada por el periódico coahuilense Vanguardia, se trata de informes que reportan el manejo de recursos por 18 millones de pesos y que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó como irregulares en la cuenta pública de 2010. “Además de la alteración de registro de la deuda estatal, se falsificó información a las entidades que auditaban los recursos y a las empresas calificadoras”.
El diario informó también que la irregularidad de los créditos fue reportada públicamente desde 2012 por la ASE, cuando el entonces titular, Armando Plata, informó que los 18 millones de pesos fueron contratados sin autorización del Congreso.
“Esto no hace ganar elecciones, no he visto ningún candidato que haga campaña exitosamente con las finanzas de un estado, eso sólo se hace de manera intencional pero cuando llega el momento para actuar no ha sido exitoso”, concluye Carlos González.
