Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– Rafael Antonio Olvera Amezcua, socio mayoritario de la Sociedad Financiera Popular (Sofipe) Ficrea, fue acusado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como el culpable de la desviación de 2 mil 700 millones de pesos, en una maniobra de triangulación de varias de sus empresas, entre éstas Baus & Jackman Leasing, Monka Comercial y Leadman Trade.
De acuerdo con la investigación de la CNBV, esa cantidad fue utilizada por Amezcua para transferencias internacionales, para la nómina de 781 empleados de diferentes empresas y para comprar dos inmuebles –un edificio en Londres, Inglaterra; 52 inmuebles más, 104 automóviles (de marcas como BMW, General Motors y Porsche) y gastos en eventos de box, teatro y de la Serie Nascar.
Desde 2006, a lo largo y ancho del país, las empresas de Olvera Amezcua comenzaron a figurar en diversos contratos, según información de medios de comunicación nacionales y locales.
Durante la administración del priista Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, se emitieron pagos a Leadman Trade por 529 millones 827 mil 815 pesos por la renta de maquinaria de construcción. En ese periodo destaca la renta de una motoniveladora que previamente había sido comprada por el gobierno en un millón 855 mil 443 pesos, luego la rentó a Leadman y ésta empresa se la compró nuevamente en 28 mil 226 pesos.
Además, durante el mismo periodo, las compras de maquinaria de construcción fueron a través de un crédito otorgado por Banobras y se firmó un primer contrato de 125 millones de pesos con Leadman Trade y Rent Trade como arrendadores. Según una investigación del periódico Reforma, estas empresas tienen el mismo domicilio fiscal en la Ciudad de México y recibían sus pagos en la misma institución bancaria.
Durante el interinato del Gobernador priista Humberto Moreira Valdés, en 2011, se otorgaron 661 bienes a Leadman Trade como garantía de un préstamo por un monto total de 206 millones 873 mil 87 pesos, solicitado por el entonces Secretario de Finanzas del Estado, Héctor Javier Villarreal, quien posteriormente fue acusado de lavado de dinero en Estados Unidos.
En 2007, durante la transición de la gubernatura en Tabasco entre los priistas Manuel Andrade Díaz y Andrés Granier Melo, se emitió la firma de un pagaré a Leadman Trade por 37 millones de pesos, cantidad que ascendió a 49 millones de pesos y quedó como deuda del municipio de Jalpa.
Otro negocio público se realizó en 2007 en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, bajo la administración de Marco Antonio Rodríguez Hurtado, actual Diputado del Partido Nueva Alianza (Panal), con un arrendamiento de 100 patrullas para Leadman Trade.
CASO FICREA-LEADMAN
Hasta octubre de 2014, Ficrea S.A. de C.V. contaba con 6 mil 633 clientes ahorradores y 6 mil 724 clientes acreditados, lo que significaba un crédito total de 6 mil 284 millones de pesos; además, se calcula, las transferencias a empresas llegaron a los 5 mil 900 millones de pesos.
Sin embargo, hasta el momento, sólo se han constatado 3 mil 200 millones de pesos en expedientes de arrendamiento.
Según la información de la CNBV, Ficrea hacía firmar a sus clientes dos adeudos: uno con esa empresa y otro en Leadman Trade, pero los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cual se documentaba como un crédito, y el segundo en Leadman, donde se documentaba como una arrendamiento puro.
Incluso se daba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras.
Esto permitió construir una base de créditos en la Sofipo que no tenía sustento económico, pero que funcionaba para respaldar información contable y para que la transferencia de recursos a otra empresa no fuera supervisada.
El 98 por ciento de la cartera de crédito originada por Ficrea se canalizaba a través de Leadman, y ya no se presentaba información de soporte.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Ficrea desvió al menos 470 millones de pesos entre el 3 y 6 de noviembre pasados, a pesar de que ya estaba siendo investigada por las autoridades.
El coordinador general de la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, Eduardo Cruz Gómez, aclaró que la investigación a Ficrea arrancó desde el 17 de octubre y que a pesar de esta vigilancia, la Sofipo realizó la transferencia de 470 millones de pesos por concepto de pago de gastos a su arrendadora Leadman Trade.
La CNBV anunció que sólo 42 por ciento de los afectados recibirán el 100 por ciento de sus ahorros, el resto sólo obtendrán 130 mil pesos por el pago del seguro de depósito; ante tal situación, los afectados tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y han declarado que también la CNBV es parte del fraude por no garantizar la protección de sus ahorros.
