Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– Los presos que a continuación se enlistan tienen un delito en común: el activismo. La mayoría de ellos provienen de comunidades indígenas y marginadas, y fueron encarcelados por oponerse a proyectos estatales e incluso federales, así como por defender los derechos de sus comunidades y sus territorios.
En la mayoría de los casos, tanto su defensa como diversas organizaciones han denunciado irregularidades en sus procesos jurídicos, comenzando por la forma en que fueron aprehendidos. Incluso algunos de ellos, como es el caso del líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fueron detenidos por hombres vestido de civil y en autos no oficiales, por lo que en las horas que siguieron a su arresto fueron reportados como desaparecidos.
México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa que, lejos de mejorar, empeoró al grado que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre funcionarios públicos y políticos, y que además ningún ministerio público ni juez castiga.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, informó hace unos días Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México.
“Esto se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los defensores de derechos humanos en el país”, advirtió el activista mexicano.
Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron mil casos.
Por su parte, el reciente informe de Amnistía Internacional (AI), denominado “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, denunció que las agresiones y criminalización de los defensores de derechos humanos, los maltratos de las autoridades a los migrantes y falta de respuesta por parte del gobierno a activistas y periodistas ponen al país en situación de riesgo.
En los últimos meses, el caso de Puebla destaca de manera alarmante. Diversas organizaciones y grupos civiles de la entidad han asegurado que actualmente hay al menos 45 presos políticos que se atribuyen a la administración del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
El pasado 27 de noviembre, el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas del estado de Puebla denunció en la Ciudad de México: “Si peleas por tu origen, tu tierra y tradiciones te vuelves un delincuente contra el gobierno”. Y pidieron la intervención del gobierno federal en los diversos conflictos que vive Puebla.
ENEDINA ROSAS VÉLEZ
Enedina Rosas Vélez, comisariada de la comunidad de San Felipe Xonacayucan, en Atlixco, Puebla, fue detenida de forma arbitraria por participar en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos el pasado 6 de abril.
El 11 de septiembre se le detectó Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual empeoró el estado de salud de la activista, porque el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Atlixco no cuenta con las condiciones para tratar su enfermedad. Por ello, su defensa solicitó prisión domiciliaria para Enedina, quien desde el pasado 2 de octubre está en su casa, donde continúa con su condena.
JUAN CARLOS FLORES Y ABRAHAM CORDERO
El activista Juan Carlos Flores Solís y el ex presidente auxiliar de San Francisco Tepeyac, Puebla, Abraham Cordero Calderón, opositores a la construcción del gasoducto Morelos, comprendido en el Proyecto Integral Morelos CCC Centro y Gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, fueron detenidos el pasado 7 y 8 de abril, respectivamente.
El pasado 2 de octubre, Cordero Calderón fue liberado luego de pagar una fianza de más de 57 mil pesos. Tras salir del penal el activista reclamó al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que la represión no es el camino para solucionar las demandas del pueblo. Mientras que Flores Solís, acusado de motín, despojo, privación ilegal de la libertad y robo, continúa preso en el penal de Cholula, a pesar de que ganó ya dos amparos en contra del auto de formal prisión.
FLORENTINO GÓMEZ GIRÓN
El dirigente campesino y activista Florentino Gómez Girón fue detenido el pasado 1 de mayo, luego de participar en una manifestación que se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, organizada por maestros sindicalizados. Sus familiares denunciaron que tras la movilización, Gómez Girón fue seguido por policías vestido de civil quienes lo aprehendieron.
Ante la indiferencia mostrada por el gobierno de Chiapas en su caso, sus familiares iniciaron una huelga de hambre frente al Congreso del estado para exigir su liberación; después, tres mujeres se cosieron los labios en señal de protesta. Además, el pasado 5 de diciembre su sobrino, Agustín Gómez Pérez, se prendió fuego para que el activista fuera liberado. Un día después Gómez Girón fue liberado, mientras que Agustín fue internado en un hospital debido a las graves heridas que sufrió al inmolarse.
JOSÉ MANUEL MIRELES
El fundador y líder de las autodefensas en Michoacán, el doctor José Manuel Mireles Valverde, se encuentra preso en el Centro de Federal de Readaptación Social en Hermosillo, Sonora, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Fue detenido por policías municipales y federales el pasado 27 de junio, junto con otros 82 autodefensas.
El 30 de agosto se llevaron a cabo diversas protesta en México y en otros países para exigir la liberación de Mireles. La convocatoria “Protesta Mundial #LiberenaMireles” sacó a decenas de personas a manifestarse por su liberación, que es considerada por activistas y grupos defensores de derechos humanos como una detención meramente política y producto de sus conocidas diferencias con Alfredo Castillo Cervantes, actual Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.
NESTORA SALGADO
El jueves 21 de agosto, la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado García cumplió un año en el penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluida y acusada de participar en 48 secuestros. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades federales no le han podido comprobar nada.
Es más, un juez federal revocó el auto de formal prisión por los delitos de secuestro y secuestro agravado por ejercer sus funciones como responsable de la seguridad de su comunidad, y aun así continúa encarcelada.
“Acuérdense, mi gente bonita, que estoy en una prisión”, dijo Nestora en una carta entregada a su hija en junio pasado.
La tarde del miércoles 21 de agosto de 2013, Nestora fue detenida cerca de su domicilio por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Defensores de derechos humanos han denunciado que, desde entonces, Nestora vive privada de todo contacto humano, sin poder ejercitarse, leer periódicos, revistas o cartas.
PEDRO CANCHÉ HERRERA
El periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera fue detenido el sábado 30 de agosto por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo (PGJE) acusado de sabotaje.
La organización internacional Artículo 19 ha denunciado que el encarcelamiento del indígena maya se basa en la fabricación de pruebas y que sólo se dio como represalia a las críticas que hizo contra el Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
El activista acusó al mandatario estatal en un video por las carencias y represión que sufren los pobladores de la zona maya. En la cárcel, Canché ha sido golpeado e intimidado.
MARIO LUNA Y FERNANDO JIMÉNEZ
El líder de la comunidad Yaqui, Mario Luna Romero, y uno de los principales críticos del Acueducto Independencia que se construye en Sonora, fue detenido el 11 de septiembre. Ese día, en un principio, fue reportado como desaparecido debido a que fue detenido por sujetos vestidos de civil y trasladado en un vehículo no oficial.
El pasado 17 de septiembre un juez le dictó auto de forma prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en prejuicio y por robo de vehículo. Días después, el 23 de septiembre, el también activista Yaqui Fernando Jiménez Gutiérrez, fue detenido acusado de los mismos delitos.
Luna acusó, días después de ser encarcelado: “No tienen ningún argumento jurídico válido para mantenerme encerrado. Es claro y evidente que soy un preso político, porque están violando todos mis derechos políticos, constitucionales y humanos”.
LOS XICALES Y LOS TLACHIS
Adán Xicale, su hijo Alejandro Paul Xicale Coyopol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez, todos habitantes de San Andrés Cholula, Puebla, fueron aprehendidos acusados del delito de motín por daño a la propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación, privación ilegal de la libertad y despojo, al defender su comunidad ante la construcción de un megaproyecto del gobierno de la entidad llamado Parque de las Siete Culturas.
Los cuatro opositores del proyecto estatal –que se pretendía construir en la zona arqueológica de Cholula– fueron detenidos durante el desalojo violento de la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula, que un centenar de manifestantes mantenía tomada, la madrugada del martes 7 de octubre.
ALCALDES AUXILIARES DE PUEBLA
Los presidentes auxiliares Leonardo Báez Serrano, de la Resurrección (quien fue detenido el 17 de octubre); el de Canoa, Raúl Pérez Velázquez (quien fue arrestado el 31 de octubre), y el de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista (quien fue detenido la madrugada del viernes 21 de noviembre) se encuentran en en el penal de San Miguel, en Puebla, por negarse a entregar los servicios del Registro Civil.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla aseguró que Javier Montes se ha caracterizado por defender los derechos de su comunidad y exigir justicia por los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, cuando habitantes de Chalchihuapan protestaron con la autopista Atlixco-Puebla por la salida de los Registros Civiles de sus comunidades. Posteriormente fueron desalojados violentamente, lo que dejó como saldo varios heridos, entre ellos un menor de 12 años quien perdió la vida días después.
JAQUELINE SANTANA Y BRYAN REYES
Jaqueline Santa López, estudiante de Economía de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Bryan Reyes, maestro de flamenco, fueron detenidos el sábado 15 de noviembre por una veintena de policías vestidos de civil y fueron acusados de robar 500 pesos con dos cuchillos a una policía. Sin embargo, sus abogados acusaron que lo que pretendían los agentes era desaparecer a los jóvenes.
Ellos fueron arrestados por policías del Distrito Federal que los trasladaron a la Delegación Venustiano Carranza, donde los acusaron de robo y fueron consignados a un reclusorio.
Los jóvenes son activistas y formaron parte del Movimiento #YoSoy132 y, recientemente, habían participado en manifestaciones en solidaridad con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala, Guerrero.
