El descubrimiento periodístico de que la familia presidencial habitaba (o habita) una casa valuada en 86 millones de pesos que está a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto, ha adquirido más incógnitas que certezas con el paso de los días. La esposa del Presidente, Angélica Rivera Hurtado, logró complicar el laberinto de suspicacias con su explicación a través de un video, en el que sostiene que la propiedad es de ella; pero omite el desglose de sus ingresos y su declaración de impuestos ante Hacienda. El mismo Presidente generó más dudas al ampliar su declaración patrimonial y no ser contundente.
En diciembre de 2014, el asunto se parece a una novela por entregas. Cuando se aproximaba el desenlace por agotamiento de elementos, la noche del 11 de diciembre, una investigación de The Wall Street Journal reveló que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró una casa a Hinojosa con las mismas condiciones financieras que lo hizo Angélica Rivera: una blanda hipoteca bajo palabra.
Los especialistas no niegan un conflicto de intereses, pero no ven la posibilidad de que ello sea juzgado por las instancias legales debido a un débil marco jurídico en la Transparencia mexicana.
Y mientras transcurre el escándalo, Grupo Higa sólo cosecha éxitos empresariales. Con excepción de la licitación del tren rápido México-Quéretaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado. Los días pasan y el nombre de Juan Armando es mencionado en las planas de México y el mundo. Pero nada ha provocado un mensaje de parte de este empresario tamaulipeco beneficiario de una lluvia de bendiciones durante veinte años del erario del Gobierno del Estado de México y ahora del Gobierno federal...
Ciudad de México, 23 de diciembre (SinEmbargo).– ¿Va a pasar algo? ¿Logrará diciembre lo que no pudieron las estrategias de comunicación y sucumbirá el escándalo mayor que representó el hallazgo de la “casa blanca”? Si se hojea la historia de conflictos de intereses en México es posible establecer una respuesta: no ocurrirá nada. No hay episodio en la última década que muestre la capacidad del Estado Mexicano para dirimir un conflicto de interés, esa circunstancia en la que las decisiones de un burócrata pueden ser influidas de manera indebida, según la definición en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La posibilidad de que el asunto fuera debatido por una comisión especial en la Cámara de Diputados fue desechada. La Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo adujo que el número de comisiones especiales permitido por el reglamento, estaba rebasado. Y la Secretaría de la Función Pública (SFP) ni siquiera cuenta con titular en estos momentos dado que la Ley de la Administración Pública no ha sido votada. Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013, esta legislación implica el desmantelamiento de esa dependencia para dar paso a la Comisión Nacional Anticorrupción. El Senado de la República aprobó la enmienda el 13 de diciembre de 2013 y ese mismo día, la minuta llegó a la Cámara de Diputados. Ahí está, sin trámite y en el cajón de pendientes.
Difundida por primera vez la noche del 19 de noviembre, la explicación videograbada de Angélica Rivera Hurtado permanece en su página oficial. Es posible escuchar el porqué la casa se encuentra a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, del Grupo Higa, cuyo accionista mayoritario es el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Pero no ha sido posible ver la declaración de impuestos que –dice ella– avala su solvencia en el proceso de compra venta dados 25 años de trabajo como actriz para la empresa Televisa. El río de mensajes satíricos en las redes sociales respecto a su discurso no ha cesado y muestra más bien, un expediente de nuevas incógnitas.
“Efectivamente conocí al ingeniero Juan Armando Hinojosa como he conocido a muchos otros empresarios, profesionistas, artistas y otras personas. Por las actividades inmobiliarias a las que se dedica le comenté que quería adquirir un terreno y construir una casa. Acordamos que una de sus inmobiliarias adquiriera un terreno y construyera la casa a mi gusto y con el arquitecto de mi elección. Yo me comprometí a que una vez que se terminara la construcción de la casa celebráramos un contrato de compra venta”.
El analista político Enrique Toussaint observa una cadena de errores en la que el primero fue justo la decisión de que Angélica Rivera brindara explicaciones. “Así, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, logró hacer un laberinto de suspicacias del que hasta ahora no ha logrado salir. En tal circunstancia concluye el año. Sin que su estrategia de comunicación logre empatía con sus gobernados. Está parado sobre la crisis, pero no hace nada por comunicar”, expone.
En diciembre de 2014, el asunto “casa blanca” se parece a una novela por entregas. Cuando se aproximaba el desenlace por agotamiento de elementos, la noche del 11 de diciembre encontró otro elemento de suspenso: una investigación de The Wall Street Journal reveló que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también le compró una casa al Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa Cantú con las mismas condiciones financieras que lo hizo Angélica Rivera Hurtado: una blanda hipoteca bajo palabra.
Y mientras transcurre el escándalo, el Grupo Higa sólo cosecha éxitos empresariales. Con excepción de la licitación para el tren rápido México-Querétaro, ninguno de sus contratos ha sido revocado. Los días pasan y el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú es mencionado en las planas de México y el mundo. Pero nada ha provocado un mensaje de parte de este empresario tamaulipeco beneficiario de una lluvia de bendiciones del erario del Gobierno del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador y del gobierno federal ahora que es Presidente.
MODELO PARA ARMAR
Esta no es una historia donde brillen las certezas. Pero en la trama hay una evidencia: la relación entre Juan Armando Hinojosa Cantú y el Presidente Enrique Peña Nieto. Piezas cruciales a disposición de la opinión pública desde 2012 permiten armar los vínculos en un fácil rompecabezas. Al voltear a las publicaciones de los tiempos de campaña, es posible ver, como muchos lo vieron siempre, una unión entre ellos.
Juan Armando Hinojosa Cantú fue el único empresario que acudió a la casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a celebrar la vuelta de ese partido al poder presidencial. Fue él quien le prestó los aviones para realizar campaña electoral, tanto en la contienda por el Gobierno del Estado de México como por la Primera Magistratura.
Cuando Enrique Peña Nieto cumplió 46 años, sus invitados fueron los de su “círculo íntimo”, según dijo él mismo. Ahí estuvo el empresario. Peña Nieto ya era candidato electo y los citó para comer en la Hacienda Cantalagua, en el Estado de México. El cariz privado de la reunión se habría mantenido si no hubiera sido por la tragedia. Al salir del encuentro, el helicóptero Augusta 109 matrícula XA-UQH se precipitó en los límites de Jiquipilco y Villa del Carbón. Viajaba ahí Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú. La aeronave era de la empresa Eolo, del mismo Grupo Higa.
Eduardo Huchim, experto en el sistema político mexicano piensa que el debate sobre si hay un conflicto de interés es ocioso. “Una simple investigación hemerográfica de este pasado reciente lo establecería. El pasado no niega el vínculo íntimo entre Peña Nieto e Hinojosa Cantú”. Mientras, el Portal de Obligaciones y Transparencia da cuenta de cómo en los dos primeros años de gobierno peñista, el Grupo Higa se hizo de contratos como la ampliación del hangar presidencial, así como la construcción de autopistas y acueductos.
Desde el punto de vista de los estilos empresariales y sin el halo de los conflictos de intereses, Juan Armando Hinojosa Cantú se parece a emprendedores como Amancio Ortega, fundador y dueño de Inditex en España, que agrupa a las tiendas de ropa Zara. O a Germán Larrea, en México, dueño de Grupo México que incluye a Buenavista del Cobre, que con derrames intencionales de tóxicos al río Sonora afectó a siete municipios. Son nombres que están presentes cuando se habla de índices bursátiles, ganancias monetarias habilidosas o accidentes laborales; pero sus presencias son fugaces. Dinero y reserva sobran. Pero las fotos de ellos son escasas. De Juan Armando Hinojosa Cantú hay muy pocas imágenes. ¿A qué hora llega a trabajar? ¿Qué piensa de lo que ahora ocurre? ¿Cuál es su ética para los negocios? Del hombre que se convirtió en la piedra que descarriló a la administración peñista con sólo dos años de gobierno no hay mucho. De su pensamiento, menos.
El diario Nuestro Tiempo del Estado de México publicó en 2012 que es originario de Tamaulipas, pero su carrera en los negocios se encuentra completa en la tierra mexiquense. A Toluca se mudó invitado por su amigo, Alfredo del Mazo González quien había sido gobernador de 1981 a 1987. En esa época, se dedicó a realizar trabajos de impresión y serigrafía al Gobierno del Estado en su empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V.
No se encuentra qué ocurrió entre su salto de la serigrafía a la construcción. Ni siquiera hay entrevistas que muestren a Juan Armando Hinojosa Cantú como pequeño emprendedor con estrategias originales y de esfuerzo, como suele ocurrir en el universo de las Pequeña y Mediana Empresas (Pymes). Lo cierto es que para 1999, cuando Arturo Montiel Rojas arribó al Gobierno del Estado, él era dueño de Empresas Constructoras Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, así como de Señales y Mantenimiento. Hinojosa Cantú ya abarcaba todas las áreas de la edificación.
Es posible ver en los archivos del sistema Infomex del Gobierno del Estado de México que fue el empresario más beneficiado de licitaciones directas, con más de 900 millones de dólares en contratos para Obras y Servicios Públicos mientras Montiel fue Gobernador, de 1999 a 2005. Las más importantes fueron el Hospital General Adolfo López Mateos y del Centro Médico ISSEMyM.
La siguiente escena en la que Juan Armando Hinojosa Cantú aparece es en la organización de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Gubernatura de la entidad mexiquense. Y se asoma porque fue el principal aportador del dinero. Pero también, en este punto de la historia, se agrega otra rama empresarial: los taxis aéreos. Para este momento, ya es dueño de Eolo Plus y la pone al servicio del candidato con dos aviones Jets tipo Hawker.
Como si se tratara de una historia donde la fortuna sólo se mantiene arriba, el Consorcio Higa se convirtió en el principal proveedor de Productos y Servicios durante el peñismo en el Gobierno del Estado de México. Más de mil 300 millones de dólares sólo en obra pública. Las obras destacadas fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y, en sociedad con la española OHL, el Viaducto Elevado Bicentenario.
En diciembre de 2014, la página de Grupo Higa muestra cuatro divisiones: Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento. Otras razones sociales con contratos que también son del empresario son Taxis Aéreos Eolo Plus y las contratistas de obra Controladora de Operaciones de Infraestructura, Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción y Autopistas de Vanguardia.
Grupo Higa obtuvo durante los dos primeros años de gobierno de Peña Nieto un contrato por 3 mil 400 millones de dólares para construir el acueducto más extenso de América Latina; otro por cien millones de pesos para la ampliación del hangar presidencial, y otros miles de pesos repartidos en traslados en su flotilla aérea.
La última hazaña de Juan Armando Hinojosa Cantú en la vida empresarial fue cuando el conglomerado que encabezaba China Raiway y del que era parte Grupo Higa con Teya, recibió la licitación para construir el tren rápido México-Querétaro. Días después el otorgamiento fue revocado. Luego, se descubrió que el Presidente vivía en una casa de su propiedad, de 86 millones de pesos.
¿POR QUÉ SUCEDIÓ ESTO?
Un millón y medio de pesos al año es el promedio de ingresos que tienen los funcionarios públicos mexicanos de los dos niveles más altos de la burocracia, incluido el Presidente de la República. A veces, sus vidas públicas transcurren en ostentosos ambientes, con comidas de hasta tres mil pesos en restaurantes de zonas exclusivas; pero no hay manera de conocer el detalle de sus gastos o sus adquisiciones. Si ellos no quieren, no hay razón legal para que le den a conocer a los ciudadanos cuáles son sus bienes e incluso, pueden ponerlos a nombre de otras personas en una figura que se volvió común en el argot de la corrupción: “Los prestanombres”.
La posibilidad de legislar para derruir esa figura se asomó con un debate en el Senado en 2009. Panistas y perredistas discutieron sobre la pertinencia de una ley que extinguiera el dominio de bienes cuando se comprobara enriquecimiento disparatado. Ello incluía casas, autos y cuentas bancarias aun cuando estuvieran a nombre de otra persona. Sólo por la sombra de la sospecha, el funcionario estaría obligado a explicar la procedencia de los bienes en caso de que rebasaran cierto límite monetario. Nada de ello prosperó.
Obligados por el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente desde 2002, los integrantes de la administración federal deben presentar por lo menos tres veces su declaración patrimonial ante la SFP. El contenido es potestativo; es decir, depende de la voluntad del funcionario y de su juramento de verdad. Tal cual se encuentra su formato, en la declaración patrimonial se incluye lo que se quiere y se omite lo que se quiere. El párrafo tercero del artículo 40 indica: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público que se trate”.
Desde el arranque de su gobierno, el Presidente se inclinó por la discreción. El 30 de marzo de 2012 firmó ante notario que haría pública su declaración de bienes. Y así lo hizo el 16 de enero. Pero en el documento que presentó no dijo cuánto dinero tiene en cuentas bancarias o en otro sitio, ni el valor de las las joyas y obras de arte que posee.
Lo que dijo fue que tenía cuatro casas, cuatro terrenos, un departamento, obras de arte, joyas, monedas y metales, así como cuentas bancarias y fondos de inversión. Dijo también que gana 193 mil 478 pesos al mes, sueldo que por ley debe encontrarse en el POT, como el de cualquier otro funcionario público. Y dijo que parte de su fortuna se debe a donaciones.
Si la declaración patrimonial del Presidente fue escueta, la personalidad en términos de Transparencia de la primera dama, Angélica Rivera, es inexistente. A diferencia de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa –quien declaró en conjunto sus bienes y los de su esposa, Margarita Zavala–, Peña Nieto no incluyó a su consorte en su documento. Y ella, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal no cuenta con un solo bien registrado bajo su nombre, de acuerdo con una búsqueda de SinEmbargo.
De la primera dama no se sabe mucho; pero tampoco de los otros habitantes de la residencia oficial de Los Pinos: los seis hijos de la pareja presidencial. La casona de Constituyentes fue remodelada para recibir a Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera y los vástagos de los dos. El primer mes de su gobierno –diciembre de 2012– la familia habitó la casa en Paseo de las Lomas –que después fue ampliada y se convirtió en la “casa blanca”- porque la residencia de Los Pinos no contaba con las habitaciones suficientes para todos.
Ernesto Gómez Magaña, director ejecutivo de Participación Ciudadana de Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, exclama: “De haber declarado el origen de la “casa blanca” desde el primer día de su gobierno, el Presidente no estaría en este laberinto”.
Acorralado por las preguntas generadas en el escándalo, el Presidente de la República amplió su declaración patrimonial el 19 de noviembre. Se trata de la misma cantidad de propiedades que Peña Nieto había reportado en la primera, pero ahora con el costo detallado. Lo más caro entre sus propiedades es un terreno de 6.95 millones de pesos que le donó su padre a finales de 2009. A esto sumó otros 6.9 millones de pesos en bienes muebles –que incluyen obras de arte, joyas y el menaje de sus casas–, así como 16.9 millones de pesos en inversiones –cuentas bancarias, fondos de inversión, monedas, metales preciosos y "otros".
De nuevo, omitió a su cónyuge.
Para el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, no hay conflicto de interés en el contrato de compra-venta de la casa que Angélica Rivera firmó con Grupo Higa. “La señora Angélica Rivera como presidenta del DIF ocupa un cargo honorario, no percibe ingresos y como lo he dicho anteriormente no es un servidor público (...) No existe conflicto (de intereses) y los hechos lo demuestran”, dijo en entrevista con la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS.
Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentó algo similar en varias entrevistas de radio y televisión, en respuesta al reportaje que publicó The Wall Street Journal en el que se dio a conocer su propia adquisición. Que “no había conflicto de intereses” porque la casa la compró cuando no era funcionario.
En su declaración patrimonial presentada ante la SFP, el Secretario de Hacienda no aceptó rendir cuentas sobre el valor de “la contraprestación y moneda” en sus bienes inmuebles. De esa forma, no especificó cuánto costaron ni en el origen del dinero con el que los adquirió. Tampoco incluyó los bienes de su cónyuge. El funcionario presentó el documento en primera instancia el 11 de enero de 2013, y lo ha modificado en dos ocasiones, el 29 de mayo de 2013 y el 30 de mayo de 2014.
En el amanecer de 2015, las declaraciones patrimoniales del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda estarán tal cual se encuentran ahora: los bienes inmuebles están declarados, pero su origen es incierto. Ello hace exclamar a Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “El mejor campo de cultivo para la corrupción ya está dado con nuestras leyes, con nuestros formatos, con nuestra propia Historia”.
Integra el antecedente más inmediato a la Casa Blanca y es un emblema de las débiles sanciones del sistema anticorrupción mexicano. Durante 2013 y parte del 2014, fue coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República y al mismo tiempo, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola México. Tres meses y un día fue el periodo determinado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su inhabilitación. Aunque protagonizó un escándalo, hoy se conoce poco de su paradero. La tragedia de Ayotzinapa y el descubrimiento de la casa blanca del Presidente lograron sepultar la atención que tuvo a mediados del año.
Su historial en los conflictos de intereses data de 1998 cuando, como presidente de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT) autorizó que la empresa Unefón de Ricardo Salinas Pliego prorrogara el pago de 80 por ciento de dos mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación de su licitación para explotar por veinte años las frecuencias de telefonía inalámbrica, fija y móvil. Diez años después, la Auditoría Superior de la Federación subrayó en su informe que la actuación de Lozano fue indebida. Pero nada más. La Función Pública no intervino en el caso. Dos años después, en su calidad de Secretario del Trabajo, en 2010, Lozano jugó un papel fundamental para que se le adjudicara fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica. De nueva cuenta, la ASF afirmó que en la licitación el Estado perdió cuatro mil 448 millones de pesos, pues las empresas sólo pagaron 883 millones de pesos. Para entonces, ya habían pasado dos años. Como Senador en la presente legislatura, elaboró un proyecto de dictamen para la Ley de Telecomunicaciones que le restó facultades al IFT y le dio poder al gobierno para censurar contenidos en medios electrónicos. En paralelo, su esposa, Silvana Ponzanelli, fue ascendida a directora en la Fundación Televisa donde trabaja. La Ley de Telecomunicaciones fue avalada por el Senado casi sin cambios.
Su distintivo es haber reconocido el conflicto de intereses en el que había incurrido con su renuncia a una empresa privada. En 2006, un mes después de dejar el cargo como secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Vicente Fox, aceptó incorporarse al consejo de administración del Hong Kong Shangai Co. (HSBC), una multinacional financiera inglesa con operaciones en México. Un trimestre después –en marzo de 2007- decidió concluir la relación. La SFP inició una investigación pero indicó que no hubo conflicto de intereses por lo que no ameritaba ninguna sanción. El argumento fue que no hubo tiempo suficiente para incurrir en anomalías.
Durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, contribuyó a crear el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) desde su cargo de Subsecretario de Ingresos. En 2007, Sánchez Ugarte renunció a la SCHP y entró a Transportación Marítima Mexicana. Desde ese puesto promovió amparos a favor de la empresa en contra del IETU. Jamás se inició investigación en su contra. El fin de este gravamen era sustituir al Impuesto sobre la Renta (ISR), pero en 2013 fue derogado una vez que el gobierno federal reconoció su inutilidad.
Fue vocera de la Presidencia de la República en los dos últimos años del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Al tiempo, constituyó Defoe, una sociedad civil que adquirió varios contratos por asesorías, cuyo monto total ascendió a unos 38 millones de pesos. De siete contratos que la Presidencia de la República otorgó a Defoe, el más alto fue por más de nueve millones de pesos, el 9 de noviembre 2012; es decir, a unos días de que concluyera el gobierno calderonista. En junio de 2014, la SFP determinó que Alejandra Sota no se enriqueció en forma ilícita cuando fue funcionaria pública, luego de investigar su evolución patrimonial.
El 28 de mayo de 2014, su nombre quedó envuelto en el manto del conflicto de interés, cuando los senadores Miguel Barbosa y Dolores Padierna, del PRD, presentaron una denuncia en su contra ante el encargado de despacho de la SFP, Julián Olivas Ugalde, por ser accionista de diversas gasolinerías en Quintana Roo, su tierra natal y la entidad que gobernó de 1981 a 1987. De acuerdo con una auditoría a Pemex de la firma BDO Castillo Miranda, a Joaquín Coldwell, quien fuera Secretario de Turismo en el salinismo, le pertenecen acciones de Servicio Cozumel, Planta de Combustible Cozumel, Gasolinera y Servicios Juárez, Combustibles Caleta, Combustibles San Miguel y Combustibles Tatich. Se negó a renunciar al cargo y se deslindó del presunto conflicto de interés al asegurar que sólo es dueño de cuatro de las casi mil franquicias de gasolinerías de Pemex. Dijo también que informó de sus empresas en su declaración patrimonial.
El 25 de junio de 2014, a unos días de que se iniciara la discusión y aprobación de las leyes secundarias de Telecomunicaciones, fue difundido un audio de una llamada telefónica de la diputada del PRD en la que proponía un “negocio” a José Gutiérrez Becerril, ex director de pymes de la empresa Telefónica. La legisladora le proponía aprovechar la reforma constitucional y de leyes secundarias en telecomunicaciones para iniciar un negocio de reventa de servicios de telefonía móvil, televisión de paga e internet. La legisladora se retiró de la votación de la Ley de Telecomunicaciones.
