La captura se logró finalmente el pasado 22 de febrero. Luego de casi 14 años –los dos sexenios panistas enteros– de haberse fugado de un penal de máxima seguridad en Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», a quien por años se le atribuyó la comandancia de una de las estructuras de crimen trasnacional más lucrativas y poderosas del mundo, cayó sin disparos en un operativo que, dijo el gobierno mexicano, fue encabezado por la Marina con «colaboración» de Estados Unidos, después se revelaría que agentes norteamericanos también participaron en el arresto.
A decir del investigador Edgardo Buscaglia, el tamaño de la responsabilidad que se le atribuyó a «El Chapo» en la estructura del crimen organizado internacional ameritaba que, después de su detención, el Gobierno mexicano obtuviera «decenas» de órdenes de aprehensión más en contra de la red política y empresarial que forma parte del negocio. Y, de hecho, así lo ofreció el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pocos días después del arresto, cuando en una entrevista con el medio hispano norteamericano Fusión dijo: «Vamos contra todo lo que aporte y eventualmente señale complicidad de distintos, eventualmente, agentes del sector privado, agentes del ámbito público aquí y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo».
Diez meses después, sin embargo, no ha habido capturas más relevantes ni más autos de formal prisión ni decomisos ni indicios de desmantelamiento de la red de poder que lo sostuvo durante los dos últimos sexenios. Ante esos resultados, dice Buscaglia, “la detención de Guzmán Loera y su mantenimiento en el sistema penitenciario mexicano por ahora sólo representa un canal lujoso de jubilación a cambio de su silencio”.
Guadalajara, 22 de diciembre (SinEmbargo).– La casa de empeño cambió de nombre y ahora, en lugar de “Prenda todo”, se llama “Fortaleza”, pero sigue abierta al público ofreciendo “la mejor opción de préstamos” en efectivo a cambio de diversos objetos como computadoras, pantallas de televisión, joyería de oro y plata o juegos de video.
Y, como en febrero pasado, cuando el Gobierno norteamericano la señaló como parte de una red de locales para el lavado de dinero del cártel de Sinaloa, en la pared exterior aún está escrita la lista de ofertas, como “plazos de uno a cuatro meses en joyería”, descuentos en el interés si el objeto se retira en 15 días o beneficios en su abono al capital, entre otros.
“Si pasando ese tiempo la persona no vuelve –explica una empleada que atiende desde detrás del cristal polarizado y reforzado de este local ubicado en la calle Federico Medrano 2845– el objeto se remata y es así como la empresa recupera su inversión”.
Para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin embargo, “la inversión” de esa casa de empeño y de otros negocios más es apoyar las actividades del cártel de Sinaloa y en específico las de uno de sus fundadores, Juan José Esparragoza, alias “El Azul”, a quien versiones de prensa dieron por muerto este verano en Sinaloa. Al frente de estas casas de empeño, reportó el Gobierno norteamericano el 27 de febrero pasado, cinco días después de la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se encuentra un ciudadano colombiano-mexicano identificado como Hugo Cuéllar Hurtado, quien aparece además como titular de una empresa agrícola, de una cooperativa criadora de avestruces y de al menos dos casas de empeño más en la zona metropolitana de Guadalajara.
“Se hace pasar como hombre de negocios que participa en empresas que van desde la cría de avestruz hasta las casas de empeño. En realidad, Cuéllar Hurtado es un criminal de larga carrera que apoya actividades ilícitas del tráfico de drogas y promueve el crimen organizado”, advirtió el Tesoro norteamericano.
Al hacer pública la lista de empresas, el Departamento del Tesoro agregó en el boletín que la captura del “Chapo” alentaba su investigación sobre las finanzas y la del resto de sus líderes, además de “marcar el siguiente paso en este esfuerzo por enfocarnos en Hugo Cuéllar Hurtado”.
Diez meses después, la casa de cambio “Fortaleza” hace honor a su nombre y aún opera con normalidad de 9:30 de la mañana a seis de la tarde, como también lo hace “Presta Fácil”, otra de las negociaciones enlistadas por el Tesoro de EU y a la cual –como constató este medio en un recorrido– también sólo se le cambió el nombre a “Empeños La Mancha” por el nombre de la calle en la que está ubicada, en una zona habitacional de Zapopan.
De acuerdo con vecinos y empleados, en ninguna de las negociaciones ha habido algún acto de investigación por parte de las autoridades mexicanas.
Eduardo Zerón, director de Mensaje Institucional de la Procuraduría General de la República (PGR) declinó responder un cuestionario de este medio. Pero un funcionario de la misma dependencia confirmó que el Ministerio Público de la Federación no tiene averiguación al respecto: “Es común que Estados Unidos diga que cancela la relación comercial de alguna empresa, pero esas son las autoridades de Estados Unidos; no tienen que ver con la autoridad mexicana. Son investigaciones que ellos realizan”, dijo el funcionario, que agregó no poder hacer declaraciones públicas.
De acuerdo con lo que el Departamento del Tesoro reportó en el boletín que calificó a Cuéllar Hurtado de “cabecilla extranjero del narcotráfico” y que fue ampliamente difundido por los medios en febrero, el empresario ahora basado en Jalisco ha estado involucrado en actividades de tráfico de drogas por años tanto en México como en Colombia. “Antes trabajó para el cártel de Medellín y enviaba cargamentos de cocaína a los Estados Unidos a través de México. A finales de los 90, Cuéllar Hurtado empezó a vivir parcialmente en México y eventualmente empezó a distribuir cocaína para el Cártel de Sinaloa”, reportó el Gobierno de EU.
En Jalisco, sin embargo, las casas de empeño no sólo no han sido investigadas, sino que todavía el pasado 16 de mayo de 2014, casi tres meses después de la detención del “Chapo” y de la publicación del nombre de la empresa y del empresario como parte de la presunta red de lavado, el Gobierno municipal de Guadalajara gestionó y calificó de procedente un dictamen de factibilidad de uso de suelo para la casa de empeño ubicada en Federico Medrano 2845, a nombre Cuéllar Hurtado.
La Cooperativa Avestruz Cuemir, ubicada en Tlajomulco de Zúñiga y que también fue señalada como parte de la red, está en el directorio de establecimientos “para inspección federal” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) e incluso en la Secretaría de Economía hay una concesión para actividad minera por 50 años, en Jalisco, a favor de un particular con el mismo nombre. La concesión, con el número 235554, fue otorgada en enero de 2010 por la Dirección General de Regulación Minera de la SE y establece que, hasta el 18 de enero de 2060, el titular Hugo Cuéllar Hurtado puede explorar o explotar el proyecto mina Victoria, ubicado en el municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco. Un listado de resoluciones sobre procedimientos de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por separado, establece que el empresario promovió un proyecto que “contempla actividades de exploración minera directa para determinar áreas potenciales de cobre y fierro (…) sobre una superficie de 7.15 hectáreas” en el citado municipio jalisciense.
Los nombres de las empresas difundidos por el Departamento del Tesoro se suman a otra lista de negocios –gasolineras, productos de baño, zapatos, spas, constructoras y otros– instalados en la zona metropolitana de Guadalajara y que desde hace años han sido identificados por la misma oficina del Gobierno norteamericano como parte de una vasta red de lavado de dinero que el Gobierno de México no indaga.
“Con cientos de políticos y empresarios mexicanos y latinoamericanos desde hace años a la fecha en el bolsillo del ‘Chapo’ Guzmán y de su red criminal Sinaloa, hoy liderada en parte por Ismael ‘El Mayo’ Zambada, no vemos que la detención de El Chapo Guzmán haya derivado en investigaciones y en decomisos de la red criminal”, dice en entrevista Edgardo Buscaglia, experto en crimen organizado y en la documentación de los contextos legales y económicos que lo permiten.
Actual investigador de la Universidad de Columbia y también autor de títulos relacionados con las debilidades institucionales que alientan la corrupción, Buscaglia documentó desde el sexenio anterior, también, la permisividad federal hacia el cártel de Sinaloa en comparación con los ataques a otros grupos delincuenciales. Por eso, consultado sobre sus expectativas a pocos días del arresto del «Chapo», dijo esperar que la detención contribuyera a abrir decenas de líneas de investigación sobre sus recursos patrimoniales y sobre el círculo político que lo protegió por dos sexenios. O, de lo contrario, dijo también entonces a SinEmbargo, la detención sería inútil.
Diez meses después, sin embargo, el ministerio público federal no tiene decenas de investigaciones sino apenas un auto de formal prisión adicional a los recibidos por Guzmán –contra un hombre que le habría facilitado una pista aérea en Baja California Sur– y una detención adicional de relativo nivel, la de Juan José Esparragoza Jiménez, hijo de “El Azul”, en agosto pasado.
Guzmán, por su parte, ha recibido autos de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en diferentes modalidades pero, de acuerdo con la información disponible en el Consejo de la Judicatura Federal, ninguno de los cargos es por homicidio o por secuestro o por las masacres o por alguno de los miles de hechos de violencia que tuvieron lugar en México mientras estuvo suelto y que el Gobierno atribuía al narcotráfico del que formaba parte.
“Sólo se puede concluir que el actual gobierno federal mexicano forma parte activa y no sólo omisa de un pacto político de impunidad que va del ámbito federal al municipal”, advierte Buscaglia.
“Esta es la única explicación, mientras no veamos ‘maxiprocesos’ judiciales contra cientos de políticos-empresarios mafiosos que estuvieron por años formando parte de la red criminal Sinaloa; este tipo de maxiprocesos contra políticos mafiosos ocurrió en Colombia e Italia, y como resultado se logró controlar y desmantelar redes criminales tan poderosas como las mexicanas”, agrega el experto.
Sin ese desmantelamiento, finaliza Buscaglia, “la detención de Guzmán Loera y su mantenimiento en el sistema penitenciario mexicano por ahora sólo representa un canal lujoso de jubilación a cambio de su silencio”.
JUSTICIA DESDE EU
Joaquín Guzmán Loera, que según el Departamento de Justicia norteamericano cumple 60 este 2014, se habría convertido en el jefe del narcotráfico más poderoso de México y en uno de los más buscados por Estados Unidos luego de su fuga del penal mexicano de máxima seguridad de Puente Grande, en enero de 2001.
Según la ficha criminal que le abrió el gobierno del vecino país, la organización trafica por tierra, mar y aire multitoneladas de cocaína entre Colombia y Estados Unidos, tiene bases de operación entre Sinaloa, Sonora y Chihuahua y células de distribución hasta Arizona, California, Texas, Chicago y Nueva York, entre otros mercados.
El 22 de febrero pasado, sin embargo, el presunto jefe de esta multimillonaria operación fue ubicado en un edificio de suites sin lujos en Mazatlan,Sinaloa, y, según la versión oficial, por agentes de la Marina Mexicana que no requirieron un solo disparo.
Fue producto de la “coordinación entre dependencias mexicanas” de seguridad, dijo el Procurador Jesús Murillo Karam horas después del arresto, ya en el hangar de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuando agregó que también había habido “colaboración” de Estados Unidos, desde donde se recibió información de los movimientos del Chapo “con una colaboración muy plena”.
Reportes que aparecieron después, sin embargo, indicaron que la participación de agentes norteamericanos en el arresto –de la DEA, US Marshals y del Departamento de Estado– podría haber sido no sólo de “colaboración” o de ubicación, sino de participación directa e, incluso, publicó The Wall Street Journal, con armas y probablemente portando uniformes de Marinos mexicanos.
“Las operaciones de los agentes federales norteamericanos en México son llevadas a cabo por un pequeño grupo que es enviado para una misión específica y corta. El objetivo es ayudar a México a encontrar y capturar objetivos de alto rango en los cárteles. Una operación produjo gran éxito: La captura del jefe narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo a principios de este año. No está claro si los agentes federales norteamericanos estaban disfrazados como militares mexicanos el día en el que fue arrestado”, reportó The Journal el pasado 21 de noviembre, citando fuentes “cercanas” a esos “frecuentes” operativos.
Un comparativo entre las capturas de alto nivel en la estructura del cartel de Sinaloa muestra también que ha sido Estados Unidos –que ya anunció su intención de extraditar al Chapo– desde donde se ha obtenido la mayor cantidad de información sobre este grupo.
Fue en Chicago, por ejemplo, desde abril de 2013, donde Vicente Zambada Niebla, hijo de “El Mayo”, firmó un acuerdo de culpabilidad –en el que, entre otros cargos, aceptó haber coordinado la importación a México de toneladas de cocaína “sabiendo” que llegarían a Estados Unidos– y que lo obliga a cooperar de manera “completa y veraz” con el Gobierno norteamericano. “Enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua, un mínimo de 10 años y una multa máxima de 4 millones. Si el gobierno determina al momento de la sentencia que Zambada Niebla ha continuado proveyendo cooperación completa y veraz, como requiere este acuerdo de culpabilidad, el Gobierno se moverá por debajo de la exigencia federal de prisión perpetua”, reportó la DEA el pasado 10 de abril.
Fue también el Gobierno de Estados Unidos el que arrestó a otro hijo de “El Mayo”, Serafín Zambada Ortiz, en noviembre de 2013, cuando intentó ingresar a Estados Unidos a través de una garita de Nogales, Sonora. Y fue también el Gobierno de Estados Unidos el que solicitó la detención de José Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, un presunto jefe de seguridad de “El Mayo” y de su familia arrestado el 30 de Diciembre de 2013 en el aeropuerto Schiphol, de Amsterdam, luego de un vuelo que inició en la Ciudad de México, extraditándolo en julio pasado.
“Mantenemos una cercana asociación con el Gobierno de México en materia de seguridad y Estado de Derecho”, dijo en mayo Roberta S. Jacobson, asistente del Secretario de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental, ante el Congreso de ese país, cuando también quiso destacar la detención de El Chapo como un “emblema” de esa colaboración.
EL CÁRTEL SIGUE INTACTO
En México, la detención del “Chapo” parece tan irrelevante para la instauración del Estado de Derecho que aun la sola cobertura del hecho –el arresto– fue motivo de una serie de ataques y hostigamientos contra los periodistas locales que reportaron la historia.
Un caso fue el del periódico El Noroeste, que desde el día 23 de febrero, un día después del arresto y cuando trató de dar seguimiento a una nota difundida por Proceso que reportaba la participación de policías de Mazatlán en la protección del capo, llamó a la Policía Municipal y, minutos después, recibió amenazas para que no publicaran más sobre el tema.
“Minutos después de consultar al Secretario de Seguridad Pública Municipal, quien rechazó opinar sobre el asunto, se recibió la primera llamada amenazante, y cinco minutos después la otra, en las que se advertía a los periodistas no publicar información relacionada con el tema, de lo contrario sufrirían las consecuencias”, denunció El Noroeste en un editorial del 3 de marzo.
Un mes después, su director general, Adrián López Ortiz, fue baleado en ambas piernas por hombres que lo interceptaron en un crucero de Culiacán.
“Es parte de esa impunidad. Hay que recordar que agarraste a ‘El Chapo’, pero no que desmantelaste al cartel”, dice ahora Adrián López en entrevista telefónica.
Y el crimen que presiona a la prensa, agrega, viene de toda una estructura protegida por un clima de impunidad en el que cualquiera puede ser fuente de peligro.
“De pronto el segundo o tercero de a bordo siente que le afectará una información, entonces la presión es, digamos, de la organización criminal completa. No es que el jefe te llame, sino que estás siempre publicando pensando si afectarás o no a alguien”, dice el directivo periodístico.
LA HISTORIA SIN «EL CHAPO»
En Juárez, Chihuahua, la ciudad considerada “joya de la corona” por su infraestructura de cruce y conexión hacia el norte, este y oeste de Estados Unidos y que almacena “toneladas” de cocaína, la estructura del cártel de Sinaloa fue identificada por el Gobierno norteamericano desde abril de 2012. Dos años después, sin embargo, y pese a que el conflicto por el control de esa ciudad podría ser la causa de los más de 10 mil homicidios que hubo sólo entre 2008 y 2011, las autoridades mexicanas no reportan estar dando seguimiento a todos los señalados como probables responsables.
La estructura de esta organización en Juárez, según la acusación presentada el 11 de abril ante la Corte federal para el Oeste de Texas, está compuesta por “El Chapo”, “El Mayo” y “otros 22 individuos” (10 de ellos ex policías) responsables de los crímenes de homicidio, secuestro, lavado de dinero y tráfico de drogas en esa ciudad. En la descripción de roles de cada uno de los acusados se observa que la estructura general se divide a su vez en otras dos: una que se dedica al almacenamiento y tráfico de las drogas, y que es vigilada por “El Mayo”, y otra más se dedica a la protección armada del negocio a través de “los escuadrones de la muerte”, que es la que habría estado bajo control del “Chapo”.
Para cuando la lista de acusados fue presentada en El Paso en 2012, en Juárez los indicadores de violencia habían descendido de ocho o 10 diarios a dos en promedio, y versiones en el Congreso de Estados Unidos aseguraban ya que el cartel de Sinaloa había ganado al de los Carrillo desde 2010 la guerra por Juárez gracias a las armas de alto poder introducidas a la ciudad con el polémico programa federal “rápido y furioso”.
A la fecha, la mayoría de los presuntos criminales que Estados Unidos vincula con el brazo armado del “Chapo” en Juárez –como Mario Núñez Meza “Mayito”, Antonio Torres Marrufo, o Gabino Salas Valenciano– han sido detenidos o, como en el caso de éste último, asesinados.
La estructura atribuida a “El Mayo”, en cambio, y que sería la que supervisa el negocio del almacenaje y distribución de la droga, continúa casi intacta. Se trata de la célula –dice la acusación del Gobierno norteamericano– encabezada por un ex comandante de la entonces Policía judicial del Estado que al menos desde 2000 y hasta 2004 –en el gobierno de Patricio Martínez– fungió como jefe policiaco en la ciudad, pero también como encargado de pagar el impuesto del Cártel de Sinaloa al de Juárez para mover drogas a través de “la plaza”. A este hoy ex jefe policiaco también se le atribuye la vigilancia de las bodegas que hay en Juárez y la recolección del dinero de las ganancias.
La acusación también advierte que la organización preserva su viabilidad a través de “secuestros, tortura y asesinato de aquellos que considere enemigos, desleales o que les pierdan o roben mercancía”. También, que mantuvo un régimen de violencia y amenazas contra sus rivales, contra potenciales informantes, testigos, investigadores y contra los medios de comunicación de esa ciudad.
Desde que el FBI publicó la lista de involucrados en la estructura del cártel de Sinaloa, El Diario de Juárez –que publicó los nombres de los señalados– recordó también que la célula de almacenaje y distribución atribuida a “El Mayo” estaba intacta desde al menos febrero de 2004, cuando el grupo que tenía a su servicio había dejado el Departamento de Órdenes de Aprehensión de la Zona Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mientras otro grupo, éste vinculado al cartel de los Carrillo, había sido en cambio arrestado en esos mismos días por el Gobierno federal acusado de asesinar y enterrar a 12 personas en el patio de una casa en el fraccionamiento “Las Acequias”.
“En lo del tráfico de drogas, yo ni me meto en eso, porque no es un asunto que me competa a mí. Lo que hacemos es procurar lo que nos compete a nosotros”, dijo en entrevista con SinEmbargo Jorge González Nicolás, Fiscal del Estado de Chihuahua.
“¿Qué pasó entre 2008 y 2010? Pues algo muy sencillo que tenían toda la capacidad de maniobra sin que nadie (en el Gobierno) los molestara. Ahí yo no sé por qué, no quiero meterme, no sé si por falta de capacidad, por falta de ganas, porque trabajaban para ellos”, agregó el funcionario, entrevistado en específico para conocer el seguimiento que el Ministerio Público del Estado habría dado a la información difundida por EU.
En esa misma entrevista, el funcionario insistió en que su trabajo ha sido detener y castigar a responsables de delitos de orden común (secuestros y extorsiones, sobre todo) y reducirles “la capacidad de fuego” –reporta un decomiso de siete mil armas en cuatro años– así como imponer de manera tácita una política en la que, en lo posible, los homicidas ya no piensen que pueden dejar los cuerpos en las calles.
“Hoy no los matan en las calles cerrándoles los carros, y de carro a carro, sino que los esperan a que salgan de su casa allá por una colonia afuera y ahí les dan un tiro. Es menos aparatoso (el crimen) porque ellos no tienen la impunidad de la que gozaban antes”, dijo González Nicolás.
Pero de que el narcotráfico y la delincuencia organizada siguen presentes en la ciudad, agregó cuando se le insistió sobre los enlistados por el Gobierno norteamericano, obviamente que siguen.
“¡Pues claro que están aquí! Seríamos ingenuos en pensar que se van a ir de Ciudad Juárez, de Chihuahua o del país, porque ‘ay no ya nos vamos, nos vamos a dedicar a otra cosa, a ser monaguillos, a trabajar en la maquila, a ganar 600 pesos a la semana”, dijo González, en su oficina en la Fiscalía en la ciudad de Chihuahua.
“¡No! Al cártel como tal, necesitaríamos quitar a EU de donde está (para eliminarlo). Si nos pudiéramos mover a Malasia, o estuviéramos enfrente de Finlandia, en lugar de frente a Estados Unidos, pues probablemente; pero mientras no, no. Y Chihuahua es frontera”, agregó González.
Y así, pese a que diversos análisis y funcionarios se esfuerzan en atribuir la “paz” de Juárez a una supuesta coordinación de esfuerzos entre Gobierno y sociedad civil, otros indicadores apuntan a que el cese al fuego se sostiene sobre un fenómeno de impunidad que las autoridades no tratan siquiera de ocultar.
En ese sentido, el mismo Fiscal estatal informó desde 2011 a El Diario de Juárez que en esa frontera hay casi siete mil expedientes de homicidio cometidos en el periodo de la disputa del control del narcotráfico y que nadie está investigando, dijo el funcionario entonces, debido a que fueron cometidos con armas de grueso calibre –como nueve milímetros o 7.62×39– cuya investigación corresponde al Ministerio Público Federal.
El delegado de la Procuraduría General de la República en Chihuahua, César Peniche, por su parte, informó entonces al mismo periódico local que si bien le toca investigar la delincuencia organizada, la ley de esta materia no incluía el homicidio en su catálogo de delitos, por lo que tampoco podía tratar de resolver los casos.
“Lo que nos preocupa a la prensa es que sea una paz narca”, dice desde Sinaloa Adrián López, cuando se le pregunta por indicios de algún impacto de la detención del Chapo sobre el crimen o la justicia en aquella región.
“Lo que nos preocupa es que en realidad lo tengan controlado, la estructura del cártel, del crimen organizado; obviamente el cártel de Sinaloa no se entiende sin la protección institucional. Y creo que ese pacto sigue, pese a la detención del Chapo”, agregó López.
El periodista menciona también que, si bien las autoridades atribuyen “al Estado de Derecho” la relativa calma en la que se ha mantenido Sinaloa pese al arresto, la realidad es que la “tensa calma” cuesta más de dos homicidios diarios que se cometen en la entidad en total impunidad.
“Nosotros lo que creemos es que cuando la mafia más callada está es cuando al negocio mejor le va, porque obviamente a ellos les conviene; no hay que olvidar que el crimen es para el negocio, que la violencia es para cuidar al negocio, y no al revés”, agrega.
THE BUSINESS AS USUAL
La falta de impacto de esta detención en el funcionamiento del negocio del cártel de Sinaloa fue advertido por la Oficina del Procurador del Estado de California –estado al que la organización introduce la mayor parte de la heroína y cocaína que se consume– en un reporte titulado “California y la lucha en contra del crimen organizado trasnacional”, para el cual el arresto sugiere sólo que la política de protección de la que gozó «El Chapo» en el pasado llegó a su término, mas no que el negocio haya terminado.
“Mientras no sea claro de inmediato qué impacto tendrá el arresto en las operaciones del cartel de Sinaloa, algunos expertos predicen que, en el corto plazo, el cartel continuará sus negocios como siempre, con los compañeros de Guzmán, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Juan José Esparragoza, ‘El Azul’ probablemente tomando su lugar”, dice el documento, de marzo pasado.
La oficina de asuntos públicos de la DEA en Washington declinó una entrevista sobre el impacto de la detención, pero de acuerdo con Steven Dudley, director de la fundación basada en Washington para el análisis del crimen organizado en América, Insight Crime, la agencia antidrogas no suele presentar –por ejemplo, cuando va al Congreso a defender sus presupuestos–, reportes en los que se conecten de manera clara logros como las detenciones de capos con resultados específicos, como la reducción del consumo, porque saben que “no pueden ganar”.
“Creo que están tratando de cambiar las expectativas –dice Dudley vía telefónica desde la capital norteamericana. Y parte de eso es la valoración de Obama de no usar esa terminología de guerra contra las drogas (…) Porque quieren cambiar, porque saben que no pueden ganar”.
El resumen de la evaluación de la Amenaza nacional de las drogas presentado por la sección de inteligencia estratégica de la DEA en noviembre pasado le da la razón al investigador: “El abuso de heroína (cuyo 45 por ciento procede de México) y su disponibilidad es probable que aumente en el corto plazo, particularmente mientras más personas que abusan de las drogas de prescripción controlada cambian a la heroína como una alternativa más disponible y barata”, dice el documento.
“Los comercios internos de cocaína (la mayoría colombiana traficada a través de México) continuarán estables en el futuro cercano (…) y la producción doméstica de mariguana es probable que aumente, especialmente en los estados que permiten los plantíos personales. Además de esta producción –concluye la DEA–, la mariguana producida en México continuará siendo traficada a los Estados Unidos en grandes cantidades”.
