Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– Los pueblos Náyeri y Wixárika están en lucha para defender a su comunidad y a su territorio, pues una vez más el gobierno federal pretende imponer un megaproyecto que los afectará sin una consulta previa y sin importar las afectaciones a los miembros de ambas comunidades originarias con la construcción de la presa Las Cruces en el río San Pedro, Nayarit.
Así lo anunciaron representantes de ambas comunidades, quienes además acusaron que sus derechos se han violado sistemáticamente con este proyecto, pues nunca fueron consultados e incluso ya que los trabajos comenzaron fue cuando comenzaron a visitarlos para venderles el proyecto y decirles los presuntos beneficios que les dará.
“El impacto social no se ha tenido en cuenta. Se hicieron estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como si el ser humano no tuviera importancia en este megaproyecto. Sólo lo ambiental. Nos ignoran, nos marginan en la construcción de la hidroeléctrica, pero hacen como si nos estuvieran consultando”, dijo Julián López Canaré, integrante del Consejo Indígena Náyeri.
En conferencia de prensa, Julián explicó que no sólo están afectando a sus creencias y cultura sino también al tejido social: “Se están comenzando a dividir las comunidades y familias por este ofrecimiento del megaproyecto. Unos estamos en oposición, otros están siendo convencidos para que lo acepten. Se empiezan a dividir las comunidades por esta labor de convencimiento”.
Por su parte, Ubaldo Valdez, del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, aseguró que los pueblos originarios están dispuestos a luchar por defender la vida.
“Nosotros como pueblos originarios tenemos un concepto diferente al de la Madre Tierra, para nosotros los ríos son las venas de nuestra madre tierra, los animales son nuestros hermanos y eso venimos a defender, venimos a defender la vida”, dijo.
Explicó que además de los Náyeri, los Wixárika también tienen centros ceremoniales en la rivera del río de San Pedro que tampoco han sido consultados.
“Venimos a manifestar que el pueblo Wixárika y el pueblo Náyeri estamos unidos para defender nuestros lugares sagrados”, afirmó.
Ubaldo denunció que hay un sinfín de atropellos por parte del Estado mexicano hacia los pueblos originarios. “Estamos en lucha, vamos a defender y exhortamos al Estado mexicano, que escuche nuestra voz, que se conduzca en la mejor forma que se pueda y en los tiempos. Las consultas no se pueden hacer de un día para otro. Las comunidades tienen su sistema normativo por donde deben conducirse”, comentó.
“Basta de tantos atropellos de nuestros derechos que incluso el mismo Estado ha firmado en tratados internacionales y no nos los han respetado”, agregó.
También denunció que hasta la fecha no se ha llevado un verdadero proceso de consulta conforme los parámetros internacionales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Ese convenio, firmado en 1989, exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.
En su artículo 6, el convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:
- La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;
- Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;
- Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.
“La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo”, especifica el documento.
Valdez Castañeda también advirtió que los pueblos Wixárika y los Náyeri pactaron sentimientos comunes: “Vamos a seguir haciendo alianzas con otros pueblos originarios porque no vamos a permitir la construcción de la presa Las Cruces”.
CDI ES UN “BRAZO ARMADO”
El integrante del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta también acusó que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un “brazo armado del estado para someter a los pueblos con el discurso de que nos acompañan. Eso es falso, la CDI lo único que hace es sacar consultas al vapor para que empresas paraestatales lleguen a esas tierras sagradas a construir las presas o algunos otros proyectos que ni siquiera es para los habitantes, sino para unos cuantos, los más ricos”.
Ubaldo Valdéz acusó que la CDI debe ser una instancia para defenderlos, sin embargo, “hace todo lo contrario”.
“El pueblo Wixarica ya no está en los años 70 u 80, cuando el Instituto Nacional Indigenista (INI) hacía lo que quería. Los pueblos Wixárica originarios ya tenemos con qué defendernos. Es algo que aplaudimos entre nosotros. Ya nos estamos defendiendo, ya no somos los marginados, los Wixárika estamos construyendo alianzas con otras comunidades, con asociaciones de buena fe para poder defender nuestro derecho”, dijo.
También denunció que la CDI ha dejado de lado sus objetivos. “Dentro de sus lineamientos está establecido que son una instancia que da acompañamiento a los procesos de cambio, de desarrollo con los pueblos, pero hace todo lo contrario”.
Odilón de Jesús López, del Consejo Indígena Náyeri, acusó que en su comunidad, en el centro ceremonial más importante, ya hay afectaciones pues las obras ya comenzaron. “Hay evidencia de que hicieron algunos socavones en la parte del cerro. No saben que nuestros centros son sagrados, y que aún muchos de ellos están ahí tratando de convencernos, ofertando apoyos de tipo productivo, de asistencia social. Ese no es el procedimiento correcto”.
Finalmente dijo que continuarán con la lucha principalmente en el aspecto jurídico. “Hay leyes que nos amparan, solamente esperamos que estas leyes se apliquen y nos den a nosotros esa protección que ocupamos”.
