Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).– Los principales retos que enfrenta esta primera parte de la llamada Ronda Uno es la implementación y la transparencia de los procesos de licitación y contratos, ya que los bajos precios de la mezcla mexicana de exportación y algunos aspectos específicos de los acuerdos legales podrían orillar a las empresas interesadas a retirarse de cualquier tipo de inversión o propuesta económica,consideraron analistas luego de la presentación de los lineamientos de esta etapa contemplada en la Reforma Energética.
Ayer, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y distintos funcionarios de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Economía (SE) dieron a conocer los lineamientos de la primera fase de la Ronda Uno que las empresas petroleras se encargarán de seguir para llevar a cabo los trabajos de exploración y extracción.
La Ronda Uno pretende generar inversiones por 14 mil millones de dólares y es una secuencia de varias licitaciones. La primera fase está conformada por 14 bloques en aguas someras ubicados en los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche.
Los requisitos con los que deben de cumplir las empresas interesadas en presentar su propuesta económica son de carácter técnico y financieros, en donde sólo podrán aplicar para cinco bloques de su interés.
En el primero, el presidente de la CNH, Juan Carlos Zepeda Molina, informó que en los requisitos técnicos, la empresa deberá demostrar conocimiento y experiencia en exploración y explotación en aguas someras en al menos tres proyectos de gran escala. Así como el currículum de los expertos y técnicos que se harán cargo de la exploración y explotación, quienes deben de cumplir con una experiencia de al menos 10 años. Además de demostrar que siguen estándares y prácticas internacionales en materia de seguridad industrial y protección al medio ambiente.
En cuando a las capacidades financieras, explicó que podrá ser de manera individual o conformar un consorcio entre varias empresas, entre las cuales se encontrará Petróleos Mexicanos (Pemex). Si es de manera individual, la empresa deberá mostrar un capital contable de mil millones de dólares. En caso de ser consorcio, cada una de las participantes deberá tener 600 millones.
La alternativa que se presentó para cumplir con este requisito fue que la empresa deberá de contar con una calificación crediticia de grado de inversión de 10 millones de dólares en activos. Precisó que ningún miembro del consorcio podrá tener una partición económica mayor a la del operador. Asimismo no pueden participar en otro consorcio.
En el caso de las empresas a gran escala, aquellas que producen 1.6 mil millones de barriles de petróleo crudo equivalente, sólo podrán competir con empresas equivalentes.
“Esto es, permite que el 80 por ciento de las empresas participantes cumplan con estos requisitos, que sean solventes y puedan hacer frente a compromisos y tengan una nutrida participación en la industria”, dijo Zepeda Molina.
Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, dijo que en el proceso de contratos participarán dichos organismos estatales con ayuda de la CNH, quienes son los que darán a conocer las áreas a licitar, los modelos de contratos y lineamientos técnicos.
CON TODO EN CONTRA
Especialistas y académicos del sector energético advirtieron que algunas partes que conforman los lineamientos de los contratos así como la incertidumbre de los precios en el petróleo podrían ser un freno para la inversión.
Fernando Ramones Fernández, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) dijo que esto “es una buena noticia porque da el panorama de cómo van a funcionar las cosas para el siguiente año en la actividad de exploración y explotación en materia de hidrocarburos. Representaría mayores ingresos para el gobierno”.
Aunque agregó que “el tema de ejecución por parte de las empresas privadas en México sería el tema del precio del petróleo: ¿Qué tan caro resulta extraer petróleo en México? Esa es la pregunta. ¿Cuánto cuesta un barril y cuánto cuesta la operación son ese tipo de preguntas que todas las empresas tienen que contestar, si pueden o no invertir ante la baja del precio que se ha dado en los mercados internacionales”.
En este sentido, Miriam Grunstein, académica e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que “es un buen comienzo, pero depende muchísimo de lo que arroje el cuarto de datos. Estamos viendo algo muy general de lo que podría contener el contrato”.
No obstante, dijo que “hay algunas cosas del contrato que, en lo personal, no me gustan. Por ejemplo, la recesión administrativa que me parece terrible, pero habría que ver que en el texto del contrato hay algo que pueda palear esa facultad del gobierno de dar el contrato por terminado cuando se le dé la gana”.
“Esto es preocupante porque no van a querer a entrarle a nada, se tendría que ver de qué tipo de empresa se avienta el juego de firmar un contrato que puede ser unilateralmente rescindido por un Estado por las razones que consideren preferentes. Yo no firmaría una cosa así. A lo mejor encuentran algo que valga la pena el riesgo y ya verán cómo solucionan esa cláusula”, afirmó.
En materia económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se encargará de controlar los aspectos fiscales y económicos. En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) y el Fideicomiso del Banco de México, serán las instituciones que estarán al pendiente de los pagos de contratos y del pago de derechos.
Coldwell afirmó que lo que se recaude llegará al presupuesto, fomentará el ahorro de largo plazo, se irá a distintos rubros como al pago de pensiones, al fomento de ciencia y tecnología, al desarrollo regional y pago de becas estudiantiles.
Se afirmó que este “nuevo modelo auténtico será un sistema de pesos y contrapesos ausente de aspectos discrecionales para garantizar la claridad ante la mirada vigilante de la sociedad”.
Sobre el tema, Fernando Ramones dijo que “al menos en papel van por buen camino, pero el problema de la implementación, ese el reto, como todo en México: ver que sea adecuada”.
Para la precalificación de los finalistas deberán tener experiencia, recursos humanos y financieros para ejecutar los procesos “que den mayor pago al Estado y tengan mayor compromiso de inversión”.
“Este proceso de licitación se lleva a cabo en un espacio de volatilidad energética, del mismo modo la actual inestabilidad de los aceites viene a subrayar la oportunidad de la Reforma Energética. Ante un ambiente adverso, no sólo se concentrarán los riesgos en el Estado mexicano”, comentó el funcionario federal.
Miriam Grunstein dijo que “se tiene que ponderar lo que arroja el texto del contrato con lo que arroje el cuarto de datos sobre los bloques. Si éste dice que hay mucha reserva y muy pocos riesgos pues valdrá la pena la celebración del contrato y quizá el precio del petróleo pueda dar un repunte. Esas cosas no se saben”.
“No vendrán las grandes empresas a acompañarnos en este momento, serán empresas independientes acompañadas de mexicanas. Van a empezar con un ensayo muy modesto para ver cómo serán las cosas, es como una especie de proyecto piloto. Tres áreas contractuales no nos van a salvar la vida, ni vamos a salir de pobres”, agregó.
Por su parte, el investigador del CIEP dijo que “se deja muy claro al menos en los primeros documentos qué tipo de recursos habrán, prospectivos o si son recursos de reservas 2P [suma de reservas probadas y probables], aquellas que tienen al menos un 50 por ciento de éxito pero también se les suma las reservas 1P [reservas probadas], las cuales tiene un 90 por ciento de probabilidades de éxito de crudo”.
CORRUPCION Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto al contenido nacional, Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que se obtendrá información de las empresas previamente a las asignaciones y así determinar metas de contenido nacional.
Así como generar un registro de proveedores en materia de energéticos y de contenido nacional, y definir dos consejos: el Consejo Consultivo para el fomento a la Industria Nacional de Hidrocarburos y el Consejo para el Fomento a la industria eléctrica, para crear la metodología de contenido nacional, los contratos y metas de contenido nacional y verificar su cumplimiento.
En estos casos los miembros de los consejos se encontrarán la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tec de Monterrey y la Universidad del Valle de México, mientras que los participantes permanentes serán Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En caso de incumplimiento por parte de cualquier empresa participante, la CNH la aplicará la sanción correspondiente.
Miriam Grunstein agregó que por ser “un contrato de colaboración compartida que implica una recuperación de costos, te puedes pasar la vida recuperando costos y hay dos riesgos en esto. Uno, el problema de la recuperación de costos por ineficacia del estado y por corrupción del estado. Si tu le das dinero a alguien para que te apruebe los costos pues te puedes salir con la tuya”.
En materia ambiental, se llevará a cabo una política regulatoria de prevención y palanca reactiva en caso de la manifestación de una contingencia. Dicha regulación está basada en estándares internacionales y con una plataforma de inspección multinivel.
Las empresas asimismo, tendrán que contar con la experiencia en operación de sistemas de administración del cuidado del medio ambiente y tener las garantías suficientes con el respaldo económico para hacer frente a contingencias que pudieran resultar de la explotación.
Así como presentar obligatoriamente programas de administración de riesgos, criterios de seguridad y cuidado ambiental para las etapas de desarrollo y abandono.
La investigadora del CIDE dijo que “tenemos que ser muy cuidadosos y podría ser bajo escenarios de gobiernos corruptos muy irresponsables es que realmente se descuide la preservación de los recursos naturales. Eso sería terrible, pero en ese escenario ya se daba con Pemex, no se tiene que dar un escenario para que la corrupción y negligencia afecte la industria”.
Y Fernando Ramones agregó que “todo depende de la capacidad de las autoridades ambientales, aquellas que nacieron con la Reforma Energética. Si una empresa gubernamental hace bien su trabajo pues no deberían de haber riesgos ambientales”.
Se estimó que el porcentaje de contenido para la explotación de hidrocarburos sea de 25 a 35 por ciento en 10 años, es decir, durante el periodo 2015-2025.
