Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, advirtió que los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron después de que fueron atacados por la Policía de Iguala están en riesgo por una campaña que intenta demonizar a sus hijos desaparecidos.
En una entrevista con The Guardian, Hernández Valencia manifestó que los padres –y los manifestantes que piden justicia– necesitan protección en medio de una campaña que intenta denigrar a los normalistas que desaparecieron hace más de 10 semanas.
“Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos, y a demonizar a sus padres y sus demandas”, alertó Hernández en una conversación con el corresponsal, Jo Tuckman. “La gran ola de protesta generada por el caso de los 43 estudiantes necesita ser protegida”, dijo.
También alertó que la presencia de violentos en las manifestaciones están causando un daño que se extiende a los padres de desaparecidos. “Desafortunadamente, estas actitudes están afectando la forma en la que manifestaciones se están manejando, y la respuesta de la policía a la violencia en algunas de las protestas”, dijo.
El corresponsal del medio británico dijo que el caso ha generado ira entre la población porque involucra a policías locales corruptos ligados a una banda criminal. Varias marchas anteriores terminaron con brotes de violencia “alimentada por las tácticas policiales de mano dura y la supuesta presencia de agentes provocadores entre los manifestantes”, refirió.
Jo Tuckman escribió que la reacción hostil hacia los estudiantes se ha centrado a menudo en la reputación de «radical» de la normal de Ayotzinapa. Recordó que dos de los guerrilleros más famosos del país, desde la década de 1970, estudiaron en esa escuela, y el plan de estudios incluye clases sobre “lucha social” Los estudiantes desaparecidos habían ido a Iguala, a dos horas de distancia, para secuestrar autobuses para usarlos en una protesta posterior.
Los tweets contra los estudiantes, agrega The Guardian, acusan a los desaparecidos de “vándalos sangrientos”, junto con insultos racistas y referencias a su pobreza. Numerosos chistes han utilizado el anuncio del gobierno que cree que los estudiantes fueron probablemente masacrados en un vertedero de basura y luego quemados. Uno esta semana decía: “Los Juegos del Hambre: Ayotzinapos en Llamas».
Emiliano Navarrete, cuyo hijo de 17 años de edad, José Ángel es uno de los desaparecidos, dijo al corresponsal que “la gente se siente impotente y enojada por una buena razón. El Presidente [Enrique Peña Nieto] tiene que asumir la responsabilidad. El Ejército estaba allí [cuando fueron secuestrados] y no hizo nada. El gobierno federal sabía qué tipo de gobierno había en Iguala. Sabía Iguala era un cementerio clandestino”.
El 4 de diciembre pasado, Hernández Valencia dijo que el Estado mexicano fue responsable del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala.
En conferencia de prensa en Ayotzinapa, donde estuvo acompañado con los padres de los estudiantes asesinados y desaparecidos en Iguala, Hernández Valencia agregó que no hay duda de la responsabilidad del Estado y, dijo, ponerlo en tela de juicio “pareciera abrir la idea de negar la responsabilidad estatal”.
El gobierno federal ha declarado en diversas ocasiones que la desaparición de los 43 normalistas “es un caso aislado”.
El pasado 7 de noviembre durante una conferencia de prensa para informar los avances del caso Iguala, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, desestimó la consideración de que la desaparición de los estudiantes sea un crimen de Estado, diciendo que “se requiere mucho más para eso”, posicionamiento que también fue cuestionado por varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía internacional.
En un comunicado, luego de la conferencia del Procurador, la organización de derechos humanos cuestionó los datos presentados por Murillo Karam sobre la desaparición de los normalistas.
“En el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, el Procurador General Murillo Karam ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. También, olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el Alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”, señaló el comunicado de Amnistía Internacional.
El representante de las Naciones Unidas aseguró “lo que nos queda claro es que estos jóvenes no fueron desaparecidos por un hecho de la naturaleza, sino por una acción de la que son responsables funcionarios estatales, que eran servidores públicos y, en ese sentido, se da la desaparición forzada”.
Sin embargo, Hernández Valencia sostuvo que el hecho de que los perpetradores sean parte de una autoridad municipal no reduce ni disuelve la responsabilidad estatal. “No hay otra forma de explicarlo; cuando las autoridades cometen ese tipo de arbitrariedades, que son crímenes, se está frente a una desaparición forzada. No tiene otro nombre”, dijo.
Y agregó: “es lamentable, pero este dolor que se concentra en Ayotzinapa está extendido en muchos otros lugares del país”.
