Ciudad de México, 2 de diciembre (SinEmbargo).- La reforma a los artículos 11 y 73 constitucionales referentes al derecho a la movilidad universal (es decir, a moverse libremente en el territorio nacional) abre la puerta a la posibilidad de restringir la protesta social, señalaron partidos de oposición y el activista y defensor de derechos humanos Jesús Robles Maloof.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a dichos artículos, con el voto favorable de 292 legisladores. La modificación al artículo 11 plantea que “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad”, mientras que la reforma al artículo 73 faculta a gobiernos locales a expedir leyes en materia de movilidad universal.
La reforma fue aprobada por mayoría calificada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM).
Aunque las modificaciones no hacen explícita ninguna prohibición o limitación a las protestas, el abogado Robles Maloof consideró que al introducir este fraseo al artículo 11 “lo que están haciendo es introduciendo la posibilidad de que en la ley secundaria se restrinja”.
Advirtió que existe ese riesgo pues la reforma establece la posibilidad de crear leyes y es ahí donde esta modificación, que en apariencia no hace ningún daño, puede volverse restrictiva del derecho a la protesta.
“La ley puede establecer cualquier tipo de distorsiones que después habría que cuestionar en la Suprema Corte”, expuso.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el Vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, y la Diputada petista Lilia Aguilar Gil, hicieron advertencias en el mismo tenor.
Mejía Berdeja dijo que podría utilizarse “como una coartada para la represión”, y se refirió a la previsible contradicción entre la libertad de tránsito y el derecho a la movilidad universal, que propone la reforma.
Puede “ser la vía para justificar, frenar movilizaciones, frenar actos legítimos de protesta, impedir el libre tránsito o violentar derechos. No lo dice así desde luego el dictamen, pero no faltará algún tramposo desde el gobierno o desde los tribunales que con esta justificación justifique atrocidades y violaciones a los derechos”, expresó el Diputado.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Aleida Alavez, también consideró que esta modificación supone un riesgo a la libertad de expresión y da la pauta para que las autoridades la interpreten a su libre arbitrio para poder “oficializar la represión de la protesta social”.
Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, calificó la reforma como “preámbulo de una ley antimarcha” y cuestionó la urgencia de incluir el derecho a la movilidad universal como una garantía constitucional. “¿Qué derecho estamos violentado a los ciudadanos al no aprobar esta iniciativa?”, les preguntó.
Robles Maloof coincidió con que no era necesario incluir una disposición de este tipo, ya que la redacción original del artículo 11 garantizaba el derecho de los mexicanos a transitar libremente por todo el territorio, que es, en esencia, el derecho a la movilidad.
INICIATIVA INOPORTUNA
La iniciativa de reforma, presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales, desempolvó la propuesta presentada el 24 de septiembre de 2013 por el Diputado panista Marcos Aguilar Vega en los mismos términos.
La modificación a estos dos artículos ocurre en un momento en que la exigencia de justicia en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ha motivado protestas sociales en todo el país. A la demanda de justicia se han sumado consignas de rechazo al gobierno federal.
Al respecto, Robles Maloof dijo que si bien desde hace dos o tres años se está tratando de introducir legislaciones contrarias a la protesta, su introducción en este momento “es totalmente sintomático del objetivo real que buscan, que es restringir las libertades, y podría caer también en la provocación”.
Alavez expuso que no era el momento político de hacer reformas constitucionales en materia de movilidad y llamó al Pleno de la Cámara de Diputados a retirar el dictamen para no abonar a la crispación social.
El representante de Movimiento Ciudadano calificó al dictamen como “políticamente inoportuno”.
