Enrique Peña Nieto completa dos años de gobierno con apenas 13 compromisos cumplidos de los 266 que firmó ante Notario Público durante su campaña electoral, de acuerdo con la observación de este diario digital apoyada en especialistas de varios ámbitos gubernamentales.
Pero estas promesas han dejado de ser esenciales para “mover a México”, como indica el eslogan oficial en un despliegue mercadotécnico del gobierno federal. Los observadores coinciden en que antes que cualquier entrega de hospital o carretera, el Presidente debe concentrarse en recuperar su credibilidad averiada por las tragedias de Tlatlaya y Ayotzinapa, así como la revelación de la “casa blanca”, esa mansión de siete millones de dólares en la exclusiva zona de las Lomas, cuya propiedad aún no está clara.
Si de cumplir se trata, dicen los especialistas, el Presidente debe hacer hincapié en ámbitos que hasta ahora dejó de lado en su comprometida lista y que demostraron aglutinar los principales problemas de los mexicanos: la Seguridad, la Transparencia y la Economía.
Por lo pronto, el plan de diez puntos para cimentar el Estado de Derecho a través de la Justicia, presentado el jueves 27, les hace recordar a los expertos al sexenio de Felipe Calderón, ese pasado con el que el Presidente Peña Nieto se empeñó en romper a través de una estrategia de silencio. Dicen que frente a las sombras no se logra ver una impronta peñista, sino la prolongación de la guerra contra el crimen organizado cuyo trauma social está demostrado con creces.
Mientras, sus compromisos públicos lo persiguen. Los 13 alcanzados en dos años indican que, a este ritmo, necesitaría 40.1 años – para cumplirle a los mexicanos...
Por Linaloe R. Flores, Shaila Rosagel, Sandra Rodríguez, David Martínez, Mayela Sánchez, Laura Cordero y Ramiro Rivera
SEGURIDAD: EL CALLADO SISTEMA QUE EXPLOTÓ
El silencio caló en lo más profundo. Antes de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero, el primer mandatario se resistía a reconocer la violencia nacional dispersada en la ira de los grupos de narcotráfico, la corrupción de los gobiernos locales y la impunidad de las policías locales y federal. A las víctimas de la desaparición forzada y la muerte las omitió por completo tanto en las palabras como en los conteos. Ni siquiera surgieron las instancias que harían de ellos una estadística, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Dos años en los que en México, los muertos y los desaparecidos bajo fuerza parecían jamás haber estado.
Uno de los compromisos del Presidente de la República –el marcado con el 68– está basado en la seguridad de los habitantes de Guerrero. Ante Notario Público, el Presidente firmó que las fuerzas federales “seguirían velando por la seguridad de los habitantes de ese estado, el tiempo que fuera necesario, hasta tener condiciones de orden y paz”. Y fue en esa entidad, en Iguala, donde se inició la caída en picada más pronunciada para el gobierno federal. La noche del 26 de septiembre, 43 estudiantes normalistas desaparecieron al ser embestidos por un comando policiaco en una carretera.
Su ausencia lo cambió todo en esta materia y en todas las áreas de la administración pública. Una multitudinaria movilización ciudadana en México y en el extranjero, y una ola de críticas, sobre todo por parte de influyentes medios –los que antes elogiaron sus reformas– apuntaron casi al unísono al problema de la impunidad en un país en el que hasta un 97 por ciento de los delitos queda sin castigo.
Después de dos meses de movilizaciones en el país y el mundo, cuestionado por la ineficacia de su gobierno para la localización de los normalistas, orillado políticamente a tener una posición, el pasado jueves 27 el Jefe del Ejecutivo volvió a presentar un plan para cimentar el Estado de Derecho. Y, como si se tratara de su primer día de gobierno, ofreció 10 acciones en materia de Justicia.
Analistas consideran que las medidas anunciadas sólo develan la falta de política pública en materia de seguridad. Édgar Cortez, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica que si el Presidente guardaba silencio respecto a la Seguridad era porque intentaba desvincularse por completo de la estrategia calderonista. Pero ahora, su plan de diez tácticas, lo vincula de manera estrecha con ese pasado de combate al crimen organizado que causó un trauma social en los mexicanos.
“La de Peña Nieto es una estrategia que se parece mucho a la de [Felipe] Calderón [Hinojosa] y jamás ha probado ser efectiva. Se basa en la disolución de las policías municipales para dar paso a la policía única estatal, así como en el despliegue de fuerzas militares en las entidades de la República”, destaca Erubiel Tirado, coordinador del diplomado de Seguridad de la Universidad Iberoamericana (UIA).
De cualquier forma, la estrategia peñista en Seguridad no mostró drásticos virajes antes de Ayotzinapa. Si se revisan los únicos siete compromisos que el Presidente hizo en materia de seguridad, se constata que al menos tres de ellos muestran la ausencia de un cambio de dirección, pues suponen el mantenimiento de las Fuerzas Armadas en Nuevo León y Guerrero, así como de la Policía Naval en Veracruz.
Pero no sólo en esas entidades continuó la presencia de militares. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos por este diario digital a través de la Ley de Transparencia, indican que durante 2014, al menos tres mil 978 militares habían sido desplegados para apoyar tareas de seguridad pública a lo largo del mapa mexicano.
En la medida número tres del plan presentado el jueves pasado, el Presidente volvió a anunciar a las policías estatales únicas. Y Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado en Seguridad Pública y Nacional de la UIA, exclama: “Es una fórmula del sexenio pasado. Nos están ofreciendo un discurso del pasado, con una solución que no sólo no es nueva, sino que ha demostrado no ser eficiente”.
De acuerdo con su explicación, la medida es grave debido a que atenta contra la naturaleza del pacto federal que deja en manos de los municipios las tareas de seguridad pública. Resalta que en los hechos, han sido la creación de cuerpos únicos o centralizados los que han dejado a los municipios sin las pocas capacidades o recursos humanos para hacer el primer contacto con los ciudadanos.
Martín Barrón Cruz, profesor-investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) hace un balance de las medidas anunciadas cada sexenio en materia de seguridad para concluir que en México se hacen “compromisos, planes de desarrollo o anuncios”, pero no políticas públicas transexenales que respondan ante la gravedad de la inseguridad pública y la impunidad en México.
Historiador especializado en el sistema penal, explica que en los últimos 20 años se han anunciado: el sistema de seguridad pública, en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponde de León; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública con Vicente Fox Quesada; luego, la eliminación del carácter preventivo de ésta y su crecimiento de seis mil efectivos a 35 mil en el sexenio de Felipe Calderón. Al llegar el nuevo gobierno, el de Peña Nieto, se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y sus elementos pasaron a depender de la Secretaría de Gobernación”. En ese mismo cambio, agrega el profesor-investigador, el Presidente creó por decreto la Gendarmería, que apenas tiene cinco mil efectivos y ya ha costado casi cuatro mil millones de pesos en menos de un año.
Con todo, los muertos y los desaparecidos se amontonaron en dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y las bases de contabilidad jamás fueron transparentes. Más bien, los números se confundieron en una danza de contradicciones. El 21 de febrero de 2014, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presumió que en enero de este año, sólo habían ocurrido 567 homicidios dolosos ligados al crimen organizado, en tanto que el semanario Zeta de Tijuana, que lleva sus propios conteos a través del cruce de varias bases de datos, indicó que esa cifra era de mil 425.
Los observadores coinciden en que el gran problema de fondo en el país es la falta de castigo a los delitos, y más en casos de corrupción. Un ejemplo en el que confluyen es la impunidad y un proceso de justicia que ha llevado a miles de personas a prisión por presuntos nexos con el narcotráfico sin presentación de evidencia en su contra, mientras que la comisión de delitos continúa rampante. Ninguno niega que al final, el resultado ha sido la inseguridad y la injusticia para los ciudadanos.
ECONOMÍA: LA PARADOJA DE UN CONSEJO
Los nubarrones sobre la economía mexicana no se disiparon del paisaje en los dos años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. La foto del 1 de diciembre de 2014 es un mercado interno débil por falta de ingresos y confianza. Y no hay reporte sin malas noticias.
Apenas la última quincena de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó a un rango de entre 2.1 y 2.6 por ciento el estimado de crecimiento de la economía mexicana para todo 2014. Antes, esa dependencia gubernamental había dado para ese pronóstico, el 2.7 por ciento. Por su parte, el Banco de México (Banxico) mantuvo ese estimado en 2.2 por ciento, aunque expuso que los conflictos sociales que ahora ensombrecen el panorama mexicano han afectado al impulso económico.
Por lo pronto, julio de 2014 fue un mes maldito. El desempleo afectó a 5.47 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Hay 15 estados de la República donde este mal es mucho peor. La lista la encabezan el Distrito Federal, Querétaro, Nayarit y Tabasco. Es una paradoja si se considera que uno de los 13 compromisos que este observatorio reconoce como cumplido se encuentra justo en el ámbito económico. Se trata del Consejo Nacional Consultivo para el Crecimiento Económico y el Empleo de México.
El primer mandatario lo creó por decreto el 25 de junio de 2013 y lo instaló el 15 de agosto de 2013. En la coyuntura del anuncio, el gobierno federal estableció una cifra como meta para el crecimiento del PIB nacional: 6.6 por ciento.
¿Qué pasó? Gerardo Esquivel, investigador del Colegio de México (Colmex), expresa que la concentración en las reformas estructurales tuvo un costo. “El Presidente se dedicó a hacer política y omitió la vida en la calle, la de los ciudadanos, la de los compradores”. El economista Macario Schettino indica que los resultados en crecimiento son “bastante mediocres”.
Aquí se entraña otro drama. Para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) la mayor parte de los desocupados es la que tiene mayor preparación escolar. De la tasa de desempleo de este año, 21.1 por ciento no contaba con estudios completos de secundaria, mientras que el 79 por ciento reportó un nivel más alto, incluso de postgrado.
Frente a ese panorama, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifestó preocupación en un documento por la magra generación de empleo formal en México, pero además por la precarización del salario. Hizo, incluso, un escenario: “Entre 2014 y 2016, la creación de plazas formales en el país no será significativa”.
CAMPO: EL DESDÉN
Los compromisos que signó el Presidente en este ámbito fueron, en su mayor parte, en infraestructura local. Dos años después hay avances. Por ejemplo, se tecnificaron 200 de 15 mil hectáreas de riego en Puebla, se reforzó la vigilancia y protección fitosanitaria de los cultivos de aguacate de Michoacán y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) envió 300 técnicos para la prevención de plagas de dicho fruto. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) abrió las bases para una licitación de la presa Santa María, en Sinaloa, cuya construcción está programada para diciembre.
Pero los dos únicos compromisos del Presidente que tienen un impacto nacional no han progresado. Uno es la erradicación de la la pobreza alimentaria y el otro, el incremento la producción agropecuaria nacional.
La pobreza se concentra en las zonas rurales del país. Y la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa estelar de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), excluyó a decenas de miles de individuos en pobreza extrema y sin acceso a la alimentación del campo, según una revisión por número de personas de la lista de 400 municipios considerados en el programa. Por ejemplo, Batopilas en Chihuahua y Badiraguato en Sinaloa.
Durante su Segundo Informe de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto se deshizo de la palabra “Oportunidades” para renombrar al programa gubernamental de abatimiento a la pobreza como “Prospera”. En estos momentos, los pobres (es decir seres humanos que padecen crisis alimentaria) alcanzan la cifra de 53 millones, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Desde hace 10 años, este número no ha descendido. La fuentes pueden ser oficiales o académicas. Los métodos de medición pueden ser uno u otro según cada cual. Pero nadie acepta un descenso”, expone Alfonso Sánchez Almanza, especialista en Pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El incumplimiento de la erradicación del hambre ocurre en un escenario en el que el Presidente Enrique Peña Nieto no tiene política para el campo. Hoy, como ayer, se trata de uno de los ámbitos concernientes al gobierno con mayor desdén. Víctor Suárez, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), señala que se ha caminado en dirección opuesta, pues tan sólo en el ciclo 2014-2015, México importó 14 millones de toneladas de maíz, un nivel récord.
“No han disminuido las importaciones. Tampoco de la dependencia alimentaria. Los productores del campo están descapitalizados y están perdiendo ingresos por las caídas de los precios, los incrementos de los costos y el desorden en los mercados, propiciados por las importaciones desmedidas en las épocas de cosechas y los privilegios que otorga el gobierno de Peña Nieto a favor de monopolios como Maseca, Bimbo, Bachoco, Monsanto, Cargill”.
POLÍTICA: SE ACABÓ LA IMAGEN DE REFORMISTA
Con todo, el Presidente perdió su imagen de “reformista” en cuanto explotó la crisis de derechos humanos y seguridad por la desaparición de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero. Las modificaciones constitucionales, estelares en el arranque del gobierno, ya no ocupan las menciones sobre México. Ni adentro ni afuera. La Normal Rural Raúl Isidro Burgos llena todos los debates, todos los análisis, todas las publicaciones, todas las protestas callejeras.
En realidad y sin contar el logrado andamiaje de enmiendas estructurales, los compromisos de campaña del mexiquense en materia política no fueron muchos ni tampoco espectaculares. El principal fue la eliminación de 100 diputados federales, los seleccionados por la vía de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales. No obstante, ni en la reforma política-electoral ni en las leyes secundarias se promovió alguna iniciativa presidencial para eliminar a los llamados “pluris”.
Durante el segundo año de gobierno de Peña Nieto, el Congreso de la Unión aprobó las reformas a las leyes secundarias de las enmiendas constitucionales, con un proceso que más bien, parecía un guión: el diseño de los textos afuera del Congreso y la aprobación mayoritaria con el respaldo de dos de tres fuerzas políticas, mediante acuerdos poco transparentes.
Así fueron aprobados los reglamentos para permitir la participación de capitales extranjeros en el sector energético y las nuevas reglas del juego en materia electoral. Otro de los compromisos de Peña Nieto, el marcado con el número 37, es el relativo a disminuir las tarifas eléctricas en beneficio de la población y la industria, tras la aprobación de la reforma energética. Este aspecto aparenta ser importante para Peña Nieto, al grado que lo repitió en su compromiso número 122.
Aunque la reforma constitucional en materia energética fue aprobada y decretada en agosto de 2014, durante la discusión de la legislación secundaria quedó expuesto que la promesa de reducir las tarifas eléctricas no se cristalizará en el futuro inmediato. En el mismo mes, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que el precio del gas y la energía eléctrica disminuiría en unos dos años, “a más tardar”. Respecto al precio de la gasolina, el mismo funcionario tuvo que reconocer que su precio no bajaría; sino que se incrementaría a partir del 2015, al mismo ritmo que la tasa de inflación.
Eduardo Huchim, experto en el sistema político-electoral admite que los compromisos peñistas “de campaña” resultan una nimiedad respecto a la crisis política generada por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
A pesar de todas las reformas estructurales que se aprobaron en el primer tercio del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, en la sociedad mexicana hay una sensación de que México no está en movimiento, como reza el eslogan de la Presidencia de la República. “Es una crisis de credibilidad que no tiene antecedentes”, exclama Carlos Páez Agraz, director de AdQuat, una empresa de análisis político.Coincide con Huchim: en estos momentos, los compromisos peñistas han quedado tan sepultados que pocos los recuerdan dadas las sombras que rodean a la figura presidencial.
Ayotzinapa puso al descubierto la colusión entre autoridades municipales de Iguala con el crimen organizado y en general, la falla de las instituciones del Estado mexicano para dar respuesta pronta y creíble a este tema. Tanto en las calles como en las redes sociales, la exigencia de la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos se ha sumado la petición de renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto. Encima de todo, las opciones se acabaron: los partidos políticos se desvanecieron. La prueba de ello se encuentra en las manifestaciones que durante dos meses, tarde a tarde han llenado las calles del Centro de la capital del país.
El rechazo a cualquier grupo político ha sido uno de los denominadores.
A la crisis institucional, se sumó la revelación periodística del equipo de Aristegui Noticias de que la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, posee una residencia con un valor aproximado de siete millones de dólares, sin que haya acreditado el origen de los recursos. El inmueble es propiedad de una de las empresas constructoras más favorecidas por el Presidente desde que era Gobernador del Estado de México: el Grupo Higa.
EDUCACIÓN: EN CRISIS POR AYOTZINAPA
A diferencia del año pasado en que el Presidente Enrique Peña Nieto utilizaba cualquier foro nacional e internacional para presumir la Reforma Educativa como uno de los principales logros de su administración, en los últimos meses este tema ha quedado alejado de las primeras planas de los medios de comunicación y pareciera que es del interés del Gobierno federal no mencionar el tema.
En la segunda mitad del 2014 las portadas referentes a la educación en México se han centrado más en las inconformidades de maestros y alumnos que en promover los avances de la Reforma Educativa, esto por las exigencias estudiantiles que provocaron la renuncia de la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o que revivieron la urgencia de reformar el modelo de las Escuelas Normales del país.
A dos años de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se observan avances en materia educativa; sin embargo, todavía existen muchos pendientes respecto a las promesas de campaña alegremente lanzadas por el entonces candidato en 2012.
Según datos de la Comisión de Educación del Senado de la República, de los 18 compromisos de campaña muy pocos se han cumplido al concluir el primer tercio del sexenio, otros están en proceso y algunos definitivamente no tienen forma de cumplirse.
De febrero a mayo de este año, la Secretaría de Educación Pública organizó foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo en educación básica, media superior y Normal, sin que hasta el momento se hayan publicado las conclusiones de los especialistas. “Se ha reconocido la necesidad de actualizar y rediseñar. A pesar de que se hicieron los foros a nivel nacional, este modelo ha quedado detenido, en espera, es necesario que se retome ese tema que se comuniquen las conclusiones de los expertos y que se de mayor claridad acerca de la orientación educativa que se va a tener en el país”, asevera Marisol Silva, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana (UIA).
En el mismo sentido, Rubén Álvarez, director de Educación Futura, considera importante retomar la visión de los expertos plasmadas en los diálogos nacionales con el fin de avanzar en la construcción del modelo educativo, la autonomía escolar y la reforma a la educación media superior, superior y Normal.
“Sabemos muy poco de los resultados de esa encuesta en cuanto a los proyectos específicos del modelo en cada uno de estos niveles educativos, la verdad es que pareciera que hizo una consulta a la antigua, para que la gente un poco de manera catárquica pueda expresarse, decir, enojarse, proponer. Y luego, ya no se supo más”.
Este emblemático investigador de la Educación mexicana considera urgente poner el acento en pendientes históricos que la reforma educativa no ha podido afrontar y que tiene que ver con la relación del Gobierno federal y el sindicato magisterial, con el fin de desmontar el engranaje de control y de influencia de las secciones sindicales, prácticamente en todo el país.
Por su parte, Marisol Silva, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, de la Universidad Iberoamericana, recalca que también es urgente resolver los pendientes que tiene que ver con la equidad y la justicia, principalmente en lo que tiene que ver con la educación Normal Rural, “ya que los hechos recientes de Ayotzinapa han puesto de relieve las profundas desigualdades del sistema educativo”.
El Congreso aprobó una enmienda constitucional y tres leyes secundarias: la Ley General de Educación que fue adaptada, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Los expertos recordaron que la denominada Reforma Educativa es en realidad una reforma administrativa, pero también se trató de un primer paso necesario para avanzar en un rubro históricamente enquistado y dominado por intereses cupulares, principalmente por la unión entre el Gobierno federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
MEDIO AMBIENTE: TODO DEPENDE DE LA ENERGÉTICA
Los especialistas observan que los compromisos del Presidente en materia de Medio Ambiente dependen todos de la Reforma Energética, una de las más controversiales del conjunto de enmiendas constitucionales que impulsó el gobierno peñista. Pese a todas las protestas, la modificación que permite la entrada de capitales extranjeros en la exploración del petróleo nacional, fue aprobada y la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las consultas populares impulsadas por dos partidos de izquierda.
En el conjunto de leyes energéticas se aprobó la explotación de hidrocarburos no convencionales, los de lutita o hidrocarburos compactados, en los que se tiene que aplicar tecnología hidráulica (fractura hidráulica o fracking), una técnica que Organizaciones no Gubernamentales ambientalistas han señalado como “altamente riesgosa” dados sus altos impactos ambientales en otras partes del mundo.
Aroa de la Fuente López, investigadora en el proyecto sobre Industrias Extractivas del Centro de Análisis e Investigación (Fundar) asegura que muchas acciones del gobierno de Peña Nieto han sido incoherentes al tener al mismo tiempo, compromisos de política ambiental y técnicas tan dañinas como la fracturación hidráulica.
La actual coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) también señala la necesidad de fortalecer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un permiso otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se otorga a constructoras. La especialista observa que se brinda al final de todos los permisos requeridos para la construcción cuando debiera ser el primero.
Rescatar el Bosque de Aragón, la zona de chinampas de Xochimilco y el Parque ecológico Huayamilpas en el Distrito Federal, así como el saneamiento del Lago de Tequesquitengo fueron los otros compromisos en materia ambiental de Peña Nieto. Sólo el primero ha sido puesto en marcha. En cuanto al saneamiento del lago de Tequesquitengo en Morelos, la propuesta fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 6 de marzo, pero el proceso aún no se ha iniciado.
La directora de la organización ecologista Ecos, Voces y Acciones, Edith González, observa lo mismo que ocurre en el ámbito económico: estos compromisos dependen de la agenda reformista del Presidente. “Salvo la que en realidad le interesa a este gobierno que es la Reforma Energética, ninguna otra ha tenido avances significativos, más allá del papel.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: EL INCUMPLIMIENTO
Los cuatro compromisos que en este ámbito identifica este observatorio, no han sido cumplidos. La Agenda Digital por un México conectado, dirigida a cerrar la brecha digital y democratizar el acceso a las TIC, es el compromiso nodal, pero su funcionamiento no ha sido impulsado por completo.
Planeada para funcionar en cinco años, se trata del documento fundamental para guiar las acciones del Gobierno de la República en materia de digitalización. A través de ella podrá efectuarse comercio en línea; de modo que las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen una oportunidad anunciada.
El problema es que a un año de su instalación, sus cimientos son muy débiles. Y ni pymes ni nadie puede gozar de sus ventajas.
Otro de los compromisos de Enrique Peña Nieto es la creación de una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital, lo que al astrónomo y divulgador científico Andrés Eloy Martínez Rojas le parece poco claro.
Una de las críticas que han recibido los compromisos en este ámbito proviene de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el Tecnológico de Monterrey (ITESM) y el Centro de Estudios sobre Internet y Sociedad. En el “Estudio de agendas digitales para un programa de desarrollo digital 2012-2018”, exponen que el Ejecutivo ha realizado esfuerzos “inconexos” para el desarrollo y crecimiento económico con base en el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
En mayo de este año, el Presidente firmó las reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a la producción científica y académica.
Y aunque no notariado, el Presidente mantiene como compromiso destinar al final del sexenio el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al sector de la Ciencia y la Tecnología.
DEPORTES: EL ACENDRADO OLVIDO
Los 10 compromisos de campaña en este ámbito son “fáciles” de cumplir, según los especialistas. Concentrados en la construcción de centros deportivos y la organización de eventos internacionales, algunos observadores no encuentran en las promesas peñistas líneas de acción que realmente aspiren a asentar política para el Deporte mexicano. Por ejemplo, observan que en estos momentos se realizan en Veracruz los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento agendado desde 2009 y con el cual, el Presidente “cumple sin cumplir”.
Héctor Quispe, periodista Corresponsal de ESPN.com Los Ángeles, resalta lo poco ambicioso y poco acorde con las necesidades del país de la lista de compromisos del Presidente en materia de Deportes. Vicente Teófilo Muñoz Fernández, coordinador de la Maestría en Ciencias de la Educación Física y el Deporte de la Universidad de Guadalajara, observa que más allá de los compromisos, no hay política pública en cuanto a Deportes que vaya a impactar a la sociedad.
Pese a esas circunstancias, el Jefe del Ejecutivo federal no escapó a la dramaturgia moderna del Mundial Brasil 2014, como lo han hecho todos sus antecesores desde Carlos Salinas de Gortari. Fiel a las instrucciones de sus asesores de oratoria, que hasta ese momento, le impedían improvisar, después del triunfo de México contra Croacia, antes de los cuartos de final, no felicitó en vivo al técnico de la Selección Mexicana, Miguel “El Piojo” Herrera; sino en una conferencia videograbada.
Samuel Martínez, director del proyecto “Futbol, Cultura y Medios de Comunicación en México” y catedrático de la Universidad Iberoamericana (UIA), piensa que es más fácil que los gobernantes hagan uso político del futbol, por ser un arrastre de masas, a que diseñen una política para incentivar el deporte.
MICRONEGOCIOS: PERDER DONDE SE IBA A GANAR
Si bien, el Presidente Enrique Peña Nieto cumplió con su compromiso número 28, el de crear el Instituto Nacional del Emprendedor para el Crédito, Formación y Capacitación de los Emprendedores, los dos años peñistas no han sido para las pymes. En lugar de ganar, perdieron empleos. El año pasado lo cerraron con una plantilla laboral de 12.29 millones de personas, cifra 0.81 por ciento menor a los 12.39 millones al cierre de 2012. La tendencia es que en 2014, esa plantilla quede en unos 12.15 millones.
Son números que superan los 39 mil 716 empleos que perdieron estas unidades económicas en 2009, a consecuencia del brote de la Influenza AH1N1, un año en el que también se resintieron en México los estragos de la crisis financiera internacional. La contracción se explica debido a la desaceleración del crecimiento económico del país.
Ante el deteriorado paisaje, Héctor Valencia, especialista en Finanzas corporativas del Crédito y Administración de Capital de trabajo de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), critica que en materia de apoyo a los micronegocios, el gobierno federal ha cumplido sólo con su promesa de crear el Instituto. “Se generó un esquema para garantías gubernamentales para llevar el crédito del flujo bancario a las Pymes y facilitar que los bancos tengan menos problemas para soltar los recursos. La intención era esa. Pero no se ha notado un flujo de dinero hacia las Pymes. Me sigue sonando demagógico. Está dispuesto, pero en sus procesos de crédito, los bancos siguen midiendo con raseros o estándares muy altos”.
Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atribuye este freno en el empleo de las pymes a una política de “promoción del monopolio” que ha impulsado la presente administración. Opina que el pastel de los negocios se lo reparten con creces las grandes empresas. Este experto en materia laboral indica que si hay un reconocimiento a este sector como el gran generador del empleo, debe impulsarse con medidas emergentes.
INFRAESTRUCTURA: EL QUEBRANTO
La licitación para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro fue revocada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, la noche del 6 de noviembre. La razón: “Dudas e inquietudes en la opinión pública”. Tres días después, el Jefe del Ejecutivo emprendió una gira por China y Australia. Hasta ese momento, se sabía que el consorcio liderado por China Railway Construction era la empresa afectada y que el gobierno mexicano la indemnizaría. La compañía envió un extrañamiento y justo en tal reacción, el Presidente justificó parte de su viaje a Oriente. Pero, mientras él se encontraba de gira; en México, el equipo de Aristegui Noticias reveló que el Presidente tenía una casa con un valor de siete millones de dólares y la había construido una de las empresas que también había ganado la licitación del tren México-Querétaro, y que antes levantó obras en Edomex, cuando él fue Gobernador.
Con estos hechos, los planes de infraestructura del gobierno quedaron averiados. Este es un ámbito en el que Peña Nieto se comprometió; sobre todo, a la construcción de trenes de pasajeros. Días antes de rendir protesta, dio a conocer seis proyectos sobre vías y dijo: “México volverá a tener trenes de pasajeros”.
Este 1 de diciembre, cuando se cumplen dos años de mandato, el augurio para su cumplimiento no es óptimo.
Miguel Martínez, director Ejecutivo del Centro de Innovación en Logística y Comercio de México del Tecnológico de Monterrey, dijo hace seis meses para este observatorio sobre el Plan Nacional de Infraestructura: “Tiene buenas ideas: centros logísticos, plataformas, pero no ha avanzado en términos de infraestructura física. Hay algunos avances en expansiones en Veracruz, Lázaro Cárdenas y en Manzanillo que son importantes. El plan tiene la lógica de aumentar la competitividad a través de mejorar la conectividad entre los polos de desarrollo, pero el avance es lento”.
Sus palabras parecían premonitorias. A dos años de esas promesas, Sergio García Martínez, catedrático del Tecnológico de Monterrey, asegura que el tren de alta velocidad México-Querétaro y el tres suburbano de Toluca no serán una realidad hasta el próximo sexenio. “Las obras avanzarán en este sexenio, pero le tocará al siguiente entregarlos. Es importante lo que se pueda avanzar hoy. Ahora con la cancelación de la licitación del tren de Querétaro se retrasó el proceso, pero esperemos que ese tiempo se recupere”.
El experto indica que Peña Nieto avanzó en algunas autopistas, como la de Tuxpan y la Mazatlán-Durango, así como en el desarrollo de obras de libramientos y conexiones logísticas en El Bajío.
La edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, García Martínez la califica como un acierto, sobre todo para incrementar el movimiento de carga a través de aviones, pues actualmente no llega ni al uno por ciento, mientras que el ferroviario representa 15 por ciento, el carretero 55 por ciento y el marítimo el resto.
TRANSPARENCIA: LAS ETERNAS PREGUNTAS
Ensombrecida su gestión por la revelación periodística del equipo Noticias MVS sobre una casa de siete millones de dólares en la exclusiva colonia de las Lomas de Chapultepec, el Presidente Enrique Peña Nieto quedó orillado a presentar de nuevo su declaración patrimonial. Lo había hecho al arrancar la administración, pero de una manera muy parca. Esta vez, el primer mandatario presentó un documento que tampoco convenció a los observadores de Transparencia y Rendición de Cuentas en México: le señalaron serias lagunas y contradicciones.
Para explicar el origen de la llamada “casa blanca”, la esposa del Presidente, Angélica Rivera apareció en un video que colgó en la página que tiene con auspicio de la Presidencia de la República.
La declaración patrimonial es uno de los tres compromisos del Presidente en este ámbito. Obligados por el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente desde 2002, la mayoría de los integrantes de la administración federal debe presentar por lo menos tres veces su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública. El contenido es potestativo; es decir, depende de la voluntad del funcionario y de su juramento de verdad. Tal cual se encuentra su formato, en la declaración patrimonial se incluye lo que se quiere y se omite lo que se quiere. El párrafo tercero del artículo 40 de la misma Ley indica: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público que se trate.
Héctor Rubio, director de Programa en Gestión Social y Cooperación (GESOC), una de las asociaciones civiles que más ha impulsado un marco legal rígido en la Rendición de Cuentas, expone que por ahora, el formato de las declaraciones patrimoniales a las que están obligados los funcionarios públicos no da ninguna luz sobre adquisiciones o ingresos que pueden ser disparatados. En esta medida, es fácil cumplir con cualquier declaración. Lo interesante sería una declaración que resistiera el escrutinio más severo”.
La creación de la Comisión Nacional Anticorrupción es otro de los compromisos. En el maremágnum provocado por “la casa blanca”, en el Congreso de la Unión no hubo ningún impulso especial por instalarla. Cumple ahí poco más de ocho meses detenida porque los partidos políticos ni siquiera han anunciado las fechas para iniciar la discusión.
Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México estima que en estos dos años, México retrocedió en la materia cuando hace diez años estuvo a la vanguardia.
Peña Nieto, al firmar los 266 compromisos, también se comprometió con el Manifiesto por una Presidencia Democrática. Ello tampoco está listo.
SALUD: EL SECTOR DESMANTELADO
En esta materia, el Presidente tiene 22 compromisos. No ha cumplido ninguno hasta ahora. No obstante, Gustavo Leal, analista del sector en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) observa que aun cuando el Presidente cumpliera estas promesas, los problemas del servicio de salubridad no serían resueltos; sino con una mirada integral que reconstruya a un sector desmantelado.
Por cada dos mil habitantes en el territorio nacional hay tres médicos, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de entre dos y tres por cada mil habitantes. Se trata del número de profesionales en los hospitales más bajo de los países miembro de la OCDE, que es de cuatro, según el documento “Estudios de la OCDE sobre los sistemas de salud”.
La salud de los mexicanos fue un tema ausente en la campaña presidencial de 2012. Una vez en el gobierno, Enrique Peña Nieto, a través del Pacto por México, acordó la seguridad social universal en salud, un esquema para proteger a quienes están en la informalidad, lo que implicó recortar las prestaciones integrales en los catálogos en el Seguro de Enfermedad y Maternidad del IMSS y en el Seguro del ISSSTE a un conjunto de derechos exigibles.
Analistas de Fundar A.C. en el documento “Propuesta para la Mesa de Gasto de la Convención Nacional Hacendaria” exponen que en este sexenio se observa “una profundización de la desigualdad, más ineficiencia en la prestación de los servicios, confusión con respecto a las atribuciones de los distintos niveles de gobierno”.
SOCIEDAD Y CULTURA: LA AUSENCIA
Debido al cambio de nombre, el Presidente ha cumplido el compromiso número 14 que a la letra indica que el programa Oportunidades continuará y crecerá. En su Segundo Informe de Gobierno, renombró al programa gubernamental de abatimiento a la pobreza como “Prospera”.
Para Alfonso Sánchez Almanza, especialista en Pobreza del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el cumplimiento de este compromiso a través del cambio de nomenclatura no va a funcionar para reducir el número de pobres en México porque tiene problemas de inclusión y de exclusión.
En cuanto a la Cultura, han transcurrido dos años y la política aún no queda clara. Si bien, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa presentó a principios de 2014 el Plan Nacional para la Cultura, el objetivo principal anunciado en campaña no es todavía luminoso. Este plan estaba delineado para reducir la incidencia del crimen.
Era en este ámbito donde debieron hacerse las reformas más profundas, piensa Alberto Soto, profesor de la Universidad Iberoamericana en su ponencia “La “Cultura” a dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto: Análisis Académico”.
Según el Segundo Informe de Gobierno, ocurrieron 552 mil 259 actividades artísticas y culturales, entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2014 y con dichas acciones fueron beneficiadas más de 85 millones de personas. Se dispuso para ello de un presupuesto de 14 mil 702.9 millones de pesos. De esta cantidad, el 70 por ciento se canalizó a programas de patrimonio y diversidad cultural, promoción cultural nacional e internacional, y a formación e investigación.
Pero el Presidente pocas veces menciona este ámbito. Incluso, en el aniversario 80 del Fondo de Cultura Económica habló de las reformas y a la Cultura no le dedicó una sola palabra.
