Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– La noche del 6 de noviembre retumbó un sonoro aplauso en el salón del Pleno del Senado de la República, tras la aprobación en lo general y lo particular la minuta por la que se creaba la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La gran mayoría de los legisladores confiaban en que este instrumento serviría para responder a los desafíos del Estado mexicano con este sector que alcanza prácticamente un tercio de la población.
Más de 20 días después la nueva ley sigue guardada en el bolsillo del Presidente Enrique Peña Nieto, que no la ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, a pesar de que la propuesta salió precisamente de la oficina presidencial como una iniciativa preferente.
El asunto no es menor ni se trata sólo de un retraso más del Jefe del Ejecutivo federal. El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez, consideró que la ley detenida cobra relevancia particular en momentos en que un reportaje del canal de televisión France 24 informó sobre la presunta desaparición de 31 alumnos de una escuela secundaria en Cocula, Guerrero.
“Me parece que va a ser ahora sumamente pertinente asociar esto con la presunta desaparición masiva de 31 adolescentes y una reciente de 17 personas más -según los medios de comunicación franceses están informando-, entonces nuevamente la oportunidad, incluso coyuntural que tiene el Estado mexicano para publicar esta ley”, explicó el director de Redim.
Y es que la nueva ley de derechos de la infancia detenida por temas coyunturales o políticos, contiene ordenamientos específicos para evitar y prevenir que niños y adolescentes vivan en violencia escolar, trabajo forzado, o que sean atraídos por la delincuencia organizada.
“Tiene componentes muy claros para este tema, particularmente se reconoce que niños, niñas y adolescentes no pueden ser usados en temas de crimen organizado, o de violencia armada; se plantea la creación de un sistema de información único a nivel nacional que estaría en este Secretariado Ejecutivo en la Secretaría de Gobernación (Segob)”, detalló Juan Martín Pérez.
Asimismo, la nueva norma establece competencias y responsabilidades entre la federación, los estados y los municipios, lo cual resolvería problemas como los que actualmente enfrentan las alcaldías en México, en donde prácticamente están aisladas o no tienen posibilidad real de articularse con la federación en la protección de la infancia contra la violencia.
Según datos de Redim, para 2012 el número de niñas de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio fue de 372, la cifra más alta de homicidios en los últimos 10 años.
La Red también señaló que la violencia contra la infancia tiene una dimensión de género, ejemplo de lo anterior es que las niñas tienen más probabilidades de padecer violencia sexual que los niños.
“Confiamos en que esta publicación sea lo antes posible porque el desafío que tiene el Estado mexicano para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes es notablemente urgente, obviamente conforme se pasa el tiempo se presentan demoras para la implementación”, expuso Juan Martín Pérez.
DEMORAN LEY CONTRA REZAGOS
La Ley General por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes México fue la primera en su tipo, tras 24 años de rezago en materia infantil en el ámbito legislativo. La nueva norma pretende hacer un rediseño institucional para lograr que trabajen de forma coordinada todos los entes responsables de atender a la infancia.
Los retos no son menores, actualmente viven en el país aproximadamente 40 millones de menores de 18 años, prácticamente un tercio de la población general.
De acuerdo con el Coneval, actualmente 59 por ciento de las Niñas, Niños y Adolescentes viven en situación de pobreza patrimonial, y el 25 por ciento en pobreza alimentaria, lo cual pone en duda el cumplimiento del primer objetivo de las Metas del Milenio, que es erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Incluso el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó los riesgos que México tiene para el cumplimiento de los objetivos del milenio, principalmente resolver el primer objetivo ya descrito.
No obstante la urgencia por atender las necesidades de un tercio de la población, la Presidencia de la República no ha decretado la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en aproximadamente dos meses.
“Pensamos que es un tema de carácter coyuntural. Se nos informó que estaban pensando en una fecha simbólica, pero suponemos que será pronto. Primero porque fue enviada como iniciativa preferente; segundo, porque fue el resultado de una negociación de todas las fuerzas políticas, particularmente de la Consejería Jurídica de la Presidencia, de tal manera que no habría motivo por el cual suponer que no quieren publicarla”, explicó Juan Martín Pérez.
La demora podría ser inexplicable si se toma en cuenta que el 60 por ciento de niñas, niños y adolescentes hay en el país son víctimas de violencia; asimismo que el 11 por ciento de los niños trabaja en el rango de 5 y 17 años de edad. Además, que anualmente alrededor de 40 mil niñas y niños que emigran son repatriados; 34.4 por ciento de niñas y niños entre 5 y 11 años presentan obesidad o sobrepeso, y México se ubica en los primeros lugares de violencia escolar a nivel secundaria.
“Pensamos que esto [la publicación de la ley] podría estar asociada a una fecha próxima para darle relevancia, aunque pensamos que pudo haber sido el 20 de noviembre pasado, fecha en que se cumplieron 25 años de la Convención de los derechos del Niño, pero parece que los hechos que han sucedido en el país, pues no han llevado a que esto se concrete. Pensamos que el próximo 6 de enero puede ser una fecha bastante oportuna”, detalló Juan Martín Pérez.
“Lo que nos comentaron en la Cámara de Diputados es que lograron 300 millones de pesos para la implementación a nivel federal, de tal suerte que esto nos anuncia que pronto tendrá que ser promulgada”, agregó.
Algunos de los logros de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes son que se pudo incorporar un nuevo diseño institucional que integrará el Sistema Nacional de Protección de Derechos, que será presidido por el propio Presidente de la República, donde participarán también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y contará con la presencia de los gobernadores de las entidades federativas,
Es en esa instancia donde se definirán las políticas públicas para la infancia a nivel nacional.
“Creemos que puede ser una buena posibilidad para que se cambie la forma en la que el Estado mexicano se organiza para diseñar las políticas públicas de la niñez. Claro, nosotros hemos dicho que esto no va a ser mágico, tardará tres o cuatro años en que se puedan concretar cambios reales y sean tangibles en la vida de niños y niñas”, planteó el Director Ejecutivo de Redim.
