Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– En los dos meses que han transcurrido de la detención y desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, un tema que ha resurgido es el de las desapariciones, a partir del hallazgo de cadáveres y restos humanos en fosas clandestinas en Iguala, Guerrero.
Si bien los primeros descubrimientos de tumbas provinieron de las autoridades en su rastreo de los 43 jóvenes, con el paso de los días y ante la falta de resultados, la iniciativa de buscar fosas fue retomada por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), agrupación de policías comunitarias de la regiones de Costa, Montaña y centro del estado. Una de las razones para emprender la búsqueda de los jóvenes era que los padres de 17 de ellos eran miembros de la UPOEG en Costa Chica.
Al día de hoy, la UPOEG ha dado con el rastro de al menos 42 fosas.
En contraste, para la Procuraduría General de la República (PGR), que el 5 de octubre tomó la investigación del caso del ataque a los estudiantes, la búsqueda de entierros ilegales no pasó de los primeros hallazgos en la comunidad de Pueblo Viejo, pese a los llamados de familiares de desaparecidos en la entidad de que no cesaran los rastreos hasta encontrar también a los suyos.
La PGR dejó de hacer referencia a las tumbas clandestinas unos días antes de dar a conocer la versión de que los 43 normalistas habrían sido asesinados y sus restos calcinados, triturados y arrojados a un río, según el testimonio de tres detenidos, presuntos responsables e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Fue apenas hasta este martes 25, tras darse a conocer nuevos hallazgos de fosas por parte de la UPOEG, que la PGR envió a un grupo de peritos a Iguala a investigar el hallazgo de siete tumbas clandestinas.
A unos días de la desaparición de los 43 estudiantes, los dichos de dos detenidos habían conducido al hallazgo de seis fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, donde según sus declaraciones se encontraban los cadáveres de 17 de los estudiantes desaparecidos.
La información de esas fosas fue dada a conocer el 5 de octubre por el fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera, justo en el cambio de batuta sobre la investigación, por lo que quedó en manos de la PGR el seguimiento de ese hallazgo.
La PGR contabilizó los restos calcinados de 28 personas en cinco de las seis fosas encontradas y concluyó, con base en exámenes periciales propios y de la Policía Federal, que ninguno de ellos pertenecía a alguno de los 43 normalistas.
El 9 de octubre la PGR informó que encontró otras cuatro fosas en las inmediaciones del rancho La Sierpe, también en el poblado de Pueblo Viejo, todavía bajo la premisa de que en ellas habría “restos de estudiantes asesinados”. Ahí encontró ocho cadáveres.
El 22 de octubre, la Procuraduría encontró una fosa más en el mismo sitio donde la Fiscalía guerrerense había descubierto las primeras seis tumbas clandestinas. La dependencia requirió de georradares, según informó en un comunicado ese mismo día, para encontrar la séptima fosa apenas a 50 centímetros de donde tres semanas antes se habían hecho las primeras excavaciones. De esa tumba salieron dos cuerpos más.
En el boletín de prensa emitido ese día, la PGR dio el conteo de cadáveres y de fosas encontradas en Iguala que hasta la fecha reconoce : 11 tumbas, en 10 de las cuales encontraron cadáveres o restos humanos de 38 personas, todos ellos calcinados.
Cinco días después, el Procurador Jesús Murillo Karam informó de la detención de cuatro personas, dos de las cuales –presumió el Procurador– eran las primeras que confesaron su participación para operar la desaparición de personas.
No obstante, entre los primeros detenidos por la Fiscalía guerrerense también había dos sujetos que habían declarado su participación en el asesinato y entierro de 17 estudiantes.
Ese 27 de octubre, además, Murillo Karam refirió a los medios la existencia de un paraje en un basurero del municipio de Cocula, donde “se plantea sucedieron hechos relacionados con la desaparición”. El funcionario incluso adelantó que invitaría al día siguiente a un grupo de medios al lugar. Los convocados fueron fotógrafos y camarógrafos.
Once días después, el 7 de noviembre, Murillo Karam dio a conocer la versión de que en ese sitio los 43 normalistas habrían sido incinerados y sus restos recogidos en bolsas y luego arrojados a un río. La versión se sostenía fundamentalmente en los dichos de los detenidos, como había ocurrido anteriormente con los testimonios de dos presuntos implicados.
Sólo que a diferencia de la primera versión, la PGR ha mantenido esta última, no obstante que Murillo Karam reconoció que hasta que no se comprobara que los restos encontrados eran de los estudiantes, éstos seguían considerándose como desaparecidos.
Muestras óseas provenientes del basurero y la vera del río de Cocula se encuentran actualmente bajo análisis en el laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria.
Desde entonces la PGR no ha difundido más información sobre avances en la investigación ni nuevas líneas de trabajo en sus pesquisas. De los cuerpos encontrados en las fosas tampoco ha dicho más.
LOS IDENTIFICADOS
En la conferencia del 7 de noviembre, Murillo Karam refirió que de los 38 cuerpos encontrados en 11 fosas en Iguala, ya habían identificado a cuatro. Sin dar a conocer las identidades de esas cuatro personas, el Procurador dijo que habían sido asesinadas en agosto y que se había podido determinar que policías municipales de Iguala estuvieron involucrados en su asesinato.
Un día antes, el diario Excélsior publicó la historia de Andrea Modesto, quien tiene desaparecidos a cuatro familiares: su esposo, Gildardo Lagunas, de 51 años; su hijo Luis Alfredo, de 21; su sobrina Marlene Hernández, de 28; y el esposo de ella, José Luis Cruz, de 29.
Sin detallar la fecha, Modesto contó al medio que le hablaron para decirle que tenía que hacerse una prueba de ADN para ver si coincidía con los cadáveres encontrados en las fosas. El 31 de octubre, la Fiscalía General de Guerrero le indicó que su ADN había coincidido con el de cuatro cuerpos, y que debía ir a Iguala a liberar el acta para que le entregaran los cuerpos en la PGR. Pero en la Procuraduría le dijeron que no sabían nada, le mandaron a hacerse otra prueba de ADN y aunque también coincidió, no le han entregado los cuerpos.
Los restos de las 38 personas fueron trasladados a la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR en la Ciudad de México, según informó el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, en conferencia de prensa el 30 de octubre.
De las fosas encontradas por la UPOEG también se ha reportado una identificación. Se trata de Felipe de Jesús Parra, un taxista cuyo paradero se desconocía desde el 3 de septiembre de 2013.
El 24 de octubre, la UPOEG encontró fosas en el paraje de La Joya y fotografió las pertenencias que identificó en el lugar, entre ellas unas pulseras e identificaciones a medio quemar. Las imágenes fueron publicadas en la página de Facebook Frente Igualteco por la Dignidad, donde los familiares de Parra identificaron sus pertenencias.
También se difundió el hallazgo del cadáver del sacerdote ugandés John Ssenyondo, quien se encontraba desaparecido desde abril, según informó la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, a la que pertenecía.
Sin embargo, la fosa en la que apareció Ssenyondo no es de las que localizadas durante los trabajos para encontrar a los 43 normalistas, sino que fue hallada en el poblado de Ocotlán, en el municipio de Ayutla de los Libres, el pasado 2 de noviembre. De acuerdo con la agencia Associated Press, junto con el cura se encontraron 12 cadáveres más.
Este martes, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) –que realiza un peritaje independiente al de las autoridades a petición de los familiares de los normalistas–informó que había identificado a tres de los 30 restos humanos encontrados dentro de las fosas clandestinas de Pueblo Viejo, y dijeron que ninguno pertenece a los 43 estudiantes desaparecidos. Los forenses argentinos informaron que las familias de las tres personas identificadas ya habían sido informadas. “Por respeto al dolor y al derecho a la privacidad de dichos familiares omitimos proporcionar aquí más información al respecto, y solicitamos lo mismo por parte de las autoridades así como de los medios de comunicación”, señaló el EAAF en un comunicado de prensa.
LOS HALLAZGOS DE LA UPOEG
La UPOEG comenzó sus tareas de rastreo de los 43 normalistas el 7 de octubre, y a la semana ya reportaba el hallazgo de al menos tres fosas clandestinas, a las que luego sumó otras seis, todas localizadas en parajes cercanos a la cabecera municipal de Iguala.
El 19 de octubre, Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, refirió que para entonces llevaban descubiertas 17 fosas en total. Se trataba de entierros viejos, de meses atrás, dijo, pero en donde se presumía el hallazgo de restos humanos.
Luego, el día 23 de octubre, la organización notificó el descubrimiento de nueve fosas en Loma del Zapatero, Iguala. Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, confirmó al día siguiente que en cinco de ellas encontraron una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija.
Al conocerse los descubrimientos de tumbas por parte de la UPOEG, la PGR refirió que se trataban de las mismas que la instancia ya había encontrado.
Diez días después de que la PGR diera a conocer la versión de que los normalistas habrían sido asesinados en el basurero de Cocula, el 17 de noviembre el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, informó que la organización comenzaría una segunda etapa de búsqueda. Esta vez, dijo, no sólo se limitarían a buscar a los 43 estudiantes, sino que seguirían el rastro de otras personas que han desaparecido en la entidad.
Crisóforo García Rodríguez, promotor de la UPOEG, indicó que sólo en Iguala hay más de 100 víctimas que se acercaron a la UPOEG para denunciar la desaparición de algún familiar.
El pasado 22 de noviembre, familiares de desaparecidos en Guerrero y promotores de la UPOEG ubicaron más de 30 posibles entierros en el paraje La Joya, al poniente de Iguala, y lanzaron una exigencia a la PGR para que busque los posibles restos y los exhume en su presencia porque, dijeron, las autoridades ya no tienen credibilidad.
Miguel Ángel Jiménez Blanco, de la UPOEG, reclamó que las autoridades federales acordonaron la zona desde hace un mes en fosas que ellos ubicaron, pero no excavaron, "sólo vinieron a hacernos tarugos otra vez y no se vale jugar con el dolor”, dijo.
Al día siguiente, la UPOEG y familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de siete fosas cerca de la Laguna Tuxpan, en Iguala. En seis de ellas se encontraron huesos y cráneos, mientras que en una más se halló ropa.
La PGR no había vuelto a referirse al tema de las fosas sino hasta este lunes 24, luego de los descubrimientos del fin de semana.
En conferencia de prensa, Zerón abordó el tema brevemente sólo para asegurar que la PGR “ha atendido cada uno de los llamados de las fosas que ha localizado la UPOEG”. De acuerdo con el funcionario, la respuesta del Ministerio Público federal ha consistido en enviar al lugar de los hallazgos peritos en dactiloscopia, criminología y forenses únicamente para tomar muestras.
Zerón se refirió sólo a dos fosas, y dijo que en la primera no existían restos y en la segunda se había encontrado sólo una osamenta, cuyo tiempo estimado de la muerte era de más de un año.
De la identificación de los 34 cadáveres encontrados en las primeras 11 fosas no dijo una palabra.
