Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Sin diagnósticos adecuados, compromisos para cumplir metas específicas, y sanciones políticas y penales para los funcionarios que no hagan su trabajo, la federación seguirá tirando el dinero en un "saco roto" el dinero que destine al rubro de seguridad pública, coincidieron especialistas en el tema. Con la complicación –detallaron– que el problema seguirá creciendo, los pendientes se multiplicarán y no se logrará el principal objetivo que es devolver la seguridad a los ciudadanos.
Para el próximo año, la federación contempla gastar más de 188 mil millones de pesos para recuperar la seguridad y fortalecer la justicia en el país, distribuido en varios programas. Millonarios recursos que no han dejado de fluir prácticamente desde 2006, año en que inició la llamada guerra contra el crimen organizado del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, sin que se haya avanzado en regresar la paz a la sociedad mexicana.
Por el contrario, de acuerdo con cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los homicidios que afectan principalmente a los mexicanos ( homicidio doloso, secuestro o extorsión) han indo en incremento o se han reducido de forma temporal para después volver a repuntar.
El dinero no ha sido factor, cuando termine el presente año se habrán gastado en total más de 352 mil millones de pesos en materia de seguridad pública.
Un gasto enorme que incrementa año con año, pero que no ha tenido los resultados deseados según explicaron ciudadanos comprometidos en estos temas consultados por SinEmbargo.
“Creemos que aventando el dinero vamos a solucionar los problemas. El tema de la violencia, el tema de la falta de justicia en este país, no lo hemos arreglado aventándole dinero”, afirmó Edna Jaime, directora general de México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas.
El gobierno federal tiene recursos etiquetados para este rubro por 155 mil 990 millones de pesos; además se asignaron más de 93 mil 102 millones del presupuesto de entidades, Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar); 18 mil 894 millones de pesos de fondos y subsidios, según información del PEF 2014, recabadas por México Evalúa.
Los especialistas reiteraron que la entrega de estos recursos de poco sirve si no se cuenta con una estrategia integral que permita gastar esos recursos en las áreas donde realmente serán efectivos.
“Si realmente queremos abatir la violencia en el país, recuperar la gobernabilidad y buscar la paz que todos deseamos para el país este presupuesto 2015 debió estar amarrado con compromisos concretos de bajar la violencia en los delitos que más nos afectan: homicidio doloso, secuestro, lesión permanente, robo con violencia”, afirmó en entrevista José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Sin metas específicas, compromisos para cumplirlas, y sanciones políticas y penales a los funcionarios que sean omisos en sus responsabilidades, dijo, se seguirá tirando el dinero en un "saco roto". Pero además la violencia continuará.
“Se deben de imponer metas de reducción de los delitos que causan mayor impacto a la sociedad: si el estado de Guerrero en el 2013 tuvo mil homicidios dolosos –es un decir–, cuál es la meta del Gobernador para el año siguiente, y que esa meta sea pública, sea un compromiso de cara a la sociedad”, afirmó.
Asimismo, José Antonio Ortega sostuvo que se deben establecer sanciones políticas y penales para los funcionarios que no hagan su trabajo.
Por ejemplo, relató que en mayo de este él mismo entregó el diagnóstico “Tamaulipas sometida al expolio de los grupos criminales” realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública a Raúl Plascencia Villanueva, entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que abriera una investigación por graves violaciones a los derechos humanos en la entidad.
Posteriormente entregó el mismo diagnóstico sobre la inseguridad en Tamaulipas al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 2 de julio en el marco de una reunión de diversos actores sociales con integrantes del gabinete de seguridad, sin que ningún funcionario haya hecho caso a las recomendaciones puntuales, por ejemplo para depurar el penal federal de Altamira o para reducir las extorsiones en la entidad.
“¿Cuáles son las consecuencias políticas de esas omisiones? No hay, mientras no haya consecuencias políticas por esas omisiones, mientras los compromisos no sean de cara con la sociedad, no vamos a poder avanzar”, apuntó Ortega.
DF, EDOMEX Y VERACRUZ, LO MÁS BENEFICIADOS CON FASP
A solicitud del Senado de la República, la Secretaría de Hacienda informó que de enero a septiembre de este año, de estos recursos, la federación repartió siete mil 129.5 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Tres entidades federativas han sido las más beneficiadas del dinero entregado: Estado de México, Distrito Federal y Veracruz, las tres entidades federativas con niveles muy altos de inseguridad y de homicidios dolosos en lo que va del año.
Por ejemplo, en materia de secuestros, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (hasta septiembre de 2014), en el Estado de México se cometieron 126 secuestros y en Tamaulipas 200, los más altos a nivel nacional.
En Veracruz se han cometido 122 secuestros de enero a septiembre de este año, una entidad cuyo Gobernador ha declarado que los delitos que se cometen es el “robo de frutsis y pingüinos”.
Los recursos del FASP son solo una parte del dinero que el Estado mexicano gasta anualmente en materia de seguridad pública, los cuales suman aproximadamente 170 mil millones de pesos, esto sin considerar el gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar).
En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, hay cinco fondos y subsidios federales dedicados, principalmente a seguridad pública estatal y municipal, que suman más de 30 mil 355 millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) concentrará poco más de ocho mil millones de pesos.
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) casi cinco mil millones de pesos (4 mil 893 millones 949 mil 427 pesos).
El Subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de mando policial (SPA), casi 3 mil millones de pesos (2 mil 759 millones 125 mil 600 pesos).
El Subsidio del programa nacional de prevención de la violencia y el delito (PRONAPRED) ($2 mil 683 millones 230 mil pesos).
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN), el 20 por ciento de este fondo está dedicado a seguridad pública.
Sin embargo, según los especialistas, no existe evidencia de que estos fondos y subsidios hayan contribuido al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública en los últimos años.
Por el contrario, los estados de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, entre otros, evidencian que la situación de violencia e inseguridad se ha agravado.
EL FASP
Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) se entrega mensualmente a las entidades federativas y el Distrito Federal durante los primeros diez meses del año, según la fórmula diseñada por la Secretaría de Hacienda, de acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
En los primeros nueve meses del año se destinaron siete mil millones de pesos del FASP para entidades y municipios. Estos recursos se utilizan para objetivos específicos:
- Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.
- Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.
- Operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.
- Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.
- Seguimiento y evaluación de los programas señalados.
La Secretaría de Hacienda detalló que los recursos del FASP para el Estado de México se ubicaron en 554.5 millones de pesos; para el Distrito Federal en 441.1 millones; y para Veracruz en 337.2 millones de pesos.
Los siguientes estados beneficiados son Jalisco, con 317.5 millones de pesos; Chiapas, 290.7 millones; Baja California, 287 millones; Sonora, 278.6 millones; Puebla, 273.1 millones; Nuevo León, 272.2 millones; Guanajuato, 258.5 millones; Tamaulipas, 257.3 millones; y Michoacán recibió 253.8 millones de pesos.
ASF: EL GASTO DE RECURSOS NO ES CLARO
Edna Jaime, directora de México Evalúa consideró que el principal problema es que las autoridades ignoran sistemáticamente las recomendaciones que año con año realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para evitar el despilfarro de dinero.
En las conclusiones de las cuentas públicas, el máximo órgano fiscalizador presenta una serie de recomendaciones sobre las diversas áreas de oportunidad detectadas.
En el caso específico del FASP, ha mencionado que la fórmula de distribución del gasto de los recursos no es clara; no es pública la información que sustenta la aplicación de la fórmula; hay poca claridad en cómo el Estado distribuye los recursos a los municipios; son extensos los tiempos de aprobación y firmas de convenios de colaboración entre el secretariado ejecutivo y los estados; y los recursos se liberan tarde, por lo que se generan subejercicio.
Respecto a la transferencia y recepción de recursos en algunos casos no hay cuentas bancarias específicas para la transferencia de recursos y estos se transfieren a otras cuentas, por lo que se mezclan con otras aportaciones.
Sobre la planeación, la Auditoría ha detectado que no se generan diagnósticos adecuados sobre las necesidades en seguridad pública, además se reprogramas las acciones, en ocasiones sin autorización del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública.
Respecto al ejercicio de los recursos, la auditoría dice que para el FASP no hay instancias del control del fondo; existen bienes adquiridos con el fondo, no localizados; en ocasiones se desconoce el destino de estos recursos.
“Después de estas conclusiones del trabajo de la auditoría podemos tener una idea del ¿por qué no estamos viendo los resultados que esperamos? El problema es que la Auditoría reporta estos hallazgos año tras año y no pasa nada”, recalcó Edna Jaime.
En el caso del SUBSEMUN, la Auditoría Superior de la Federación ha detectados que no son explícitos los criterios que determinan el número de municipios que participan en la distribución de los recursos; asimismo, no hay calendario para las ministraciones; no hay cuenta bancaria exclusiva.
No se notifica cuáles son los municipios que dejan de recibir recursos por incumplimiento, ni cuáles son sus substitutos; hay retrasos en la entrega de recursos sin causas aparentes; los procesos de adjudicación son pocos transparentes; los contratos para adquirir armamento carece de documentación formal; existen subejercicio de recursos; etcétera.
“¿Qué estamos esperando que suceda en este país para transformar lo que necesita ser cambiado, para tener resultados?”, cuestionó la directora de México Evalúa.
