Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones No Gubernamentales exigieron a la Cámara de Diputados que sea completamente transparente la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2015 (PEF-2015) y exigieron que se evite la mala práctica del cobro de “moches”, es decir, corrupción entre servidores públicos con dinero de los mexicanos.
Para fortalecer la transparencia en las diferentes etapas del proceso presupuestal, las organizaciones presentaron a Diputados federales el Programa Especial de Rendición de Cuentas (PERC), diseñado por especialistas de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) y de México Evalúa, con el objetivo de sentar las bases de un sistema integral de rendición de cuentas.
“Ojalá y esta buena voluntad y estos consensos también sigan en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para seguir avanzando en construir este andamiaje”, confió Lourdes Morales, directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas.
Aunque fueron convocados legisladores de todos los partidos políticos, priistas y panistas ignoraron la invitación, por lo que solo diputados perredistas escucharon y participaron de las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil para dejar atrás añejas costumbres como asignar recursos sin planeación, con una intención claramente electoral, por compadrazgos o mediante prácticas discrecionales o por acuerdos entre legisladores y presidentes municipales.
La Cámara de Diputados planea aprobar este jueves el Presupuesto de Egresos con un monto superior a los 4.6 billones de pesos, los cuales serán gastados por los tres Poderes de la Unión, diversas dependencias del Gobierno federal, estados y municipios.
Por lo que las organizaciones urgieron a los legisladores a que la asignación de recursos federales se realice con base en resultados de los ejercicios anteriores, con mecanismos de transparencia y candados para limitar los reajustes presupuestales que realicen funcionarios, así como una explicación de tales reasignaciones.
El PERC se estructura en torno a siete áreas temáticas con sus respectivos objetivos y líneas de acción, que las organizaciones integrantes de la Red destacaron como esenciales para la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas en México:
- Archivos (creación, conservación de datos y documentos).
- Acceso a la información.
- Asignación y ejercicio presupuestal (transparente y con candados).
- Compras públicas (para evitar asignaciones discrecionales a amigos y compadres).
- Contabilidad gubernamental (reglas claras que sigan todas las dependencias de los tres niveles de gobierno).
- Monitoreo y evaluación.
- Fiscalización (Fortalecer la labor de la Auditoría Superior de la Federación y reducir los tiempos de entrega de la cuenta públicas, a fin de que el ejercicio del gasto sirva de base para la elaboración del presupuesto del año siguiente).
Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación (GESOC), sostuvo que si los legisladores siguen la ruta del PERC, podrán resolver en el mediano plazo todas las inconsistencias, limitaciones, contradicciones áreas grises en una política de rendición de cuentas”.
OPACIDAD EN PRESUPUESTO, AÑO CON AÑO
Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, expuso que el Ramo General 23 del PEF, del cual se desprendieron los llamados “moches”, es uno de los Ramos que presentan mayor opacidad y cuyo presupuesto recibe mayor ampliaciones cada año.
Por lo que planteó la necesidad de crear normas legales para que todos los fondos de subsidios del Ramo 23 sean operados con lineamientos, evaluados periódicamente y que obliguen a la autoridad a publicar toda la información del Ramo en la plataforma creada este año para ese fin.
Señaló que desde 2005, aproximadamente el 65 por ciento del presupuesto aprobado ha sufrido adecuaciones durante su ejecución sin que la autoridad informe de manera los motivos de estos cambios.
Mariana Campos, co-autora del estudio Por un presupuesto realista y sostenible: 5 puntos de atención urgente, planteó la necesidad de que los diputados establezcan un límite explícito a las adecuaciones que pueden hacer les ejecutores de gasto, así como la obligación de que funcionarios de Hacienda acudan al Poder Legislativo para solicitar autorización cuando necesiten una ampliación en el presupuesto de su Ramo que supere el límite.
Como ejemplo, mencionó que la Cámara de Diputados aprueba presupuestos millonarios al Ramo 25, pero esos recursos no son ejercidos por los ejecutores del gasto, según quedó demostrado con la revisión de diversas cuentas públicas.
¿Qué pasa con ese dinero que no se gasta durante el ejercicio? Ella respondió que es reasignado por los ejecutores del gasto y en los informes trimestrales no queda claro exactamente a dónde se reasignó este dinero, con qué propósito y en qué benefició la reasignación.
“En los últimos años, entre 2005 y 2013 se le asignaron más de 160 mil millones de pesos, lo cual es equivalente al presupuesto de dos años del Seguro Popular, para darnos una idea de la magnitud del dinero. Me parece que tiene que haber una mejor rendición de cuentas sobre el ejercicio de esos recursos”, detalló Mariana Campos.
Otro problema es la discrecionalidad con que se gastan los ingresos excedentes no petroleros, los cuales el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que durante 2014 se habían incrementado en siete por ciento.
“Parte de los ingresos excedentes sigue yéndose a financiar proyectos de infraestructura, lo cual puede ser muy bueno, sin embargo no tenemos las listas de esos ingresos. Me parece que es muy importante que se reporte a qué proyectos llega este dinero, parte de lo que estamos solicitando es que se pida a la Secretaría de Hacienda ene l decreto cuáles son los proyectos financiados con estos recursos”, explicó Mariana Campos.
MUCHA LANA Y POCOS RESULTADOS
A nombre de otra de las organizaciones presentes, Alejandro González, director de Gestión Social y Cooperación, cuestionó por qué en sólo diez años se ha incrementado 10 veces el monto de los recursos para los programas sociales y en el mismo periodo se ha incrementado el número de pobres en el país.
En el año 2004 el presupuesto federal asignado a programas y acciones sociales fue de más de 72 mil 122 millones de pesos. Para 2011 alcanzó la cifra de más de 692 mil millones de pesos. Sin embargo, para el 2014, los recursos para los programas sociales llegaron a más de 890 mil millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 25 por ciento del gasto público programable.
Asimismo, se incrementó el número de programas sociales, los cuales pasaron de 89 en el 2004, a 178 en el 2011 y llegó más de 300 en el 2014.
“¿Por qué tanta lana y tan pocos resultados? Es una pregunta razonable. La rendición de cuentas se basa justamente en contar con toda esa evidencia, información actualizada, bases de datos, archivos, indicadores, que eventualmente nos permitan encontrar una explicación a esto”, indicó Alejandro González.
El director de GESOC recordó que según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2014 (INDEP 2014) el 80 por ciento de los programas sociales implantados por el Gobierno Federal presentan problemas de opacidad o no se encuentran en condiciones de resolver los problemas que enfrenta la población debido a sus altos niveles de dispersión y bajo desempeño.
Ante estos resultados, señaló que se requiere “endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas en el Decreto de Presupuesto 2015”.
“Nos enfrentamos a una contradicción, por lo regular siempre que decimos vamos a resolver un problema público, un primer elemento es incrementemos el presupuesto”, afirmó González.
Finalmente, aseguró que si los legisladores avanzan en el PERC, eventualmente se podrá hacer en el mediano y largo plazo, podremos pedir que no sea una organización de la sociedad civil la que esté dando estas explicaciones, sino que sea el propio gobierno de forma proactiva que pueda dar información clara y concreta.
