Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Crímenes como el de Iguala, Guerrero, en el que un gobierno ordena el secuestro de ciudadanos, muestra que la democracia mexicana cada vez pierde más espacios ante la colusión de intereses privados con el poder político, dijo Andrew Selee, analista del Instituto México del Centro Woodrow Wilson.
Y ahora, agregó el especialista, lo grave es que a esta corrupción y colusión histórica se ha sumado el poder homicida y corruptor que genera el negocio del narcotráfico.
“Iguala es una región con un problema histórico de violencia y complicidad de intereses privados con el poder político, pero que ahora tiene armas de alto poder y poder económico”, dijo Selee.
“Es preocupante. Creo que México es muchos Méxicos, y ahora hay partes en las que los ciudadanos han podido tomar más control de los asuntos públicos (…) pero hay partes de México, como Guerrero, Tamaulipas o Veracruz, donde la fragmentación del poder ha permitido que intereses particulares coopten los espacios democráticos, y no sólo el narcotráfico, sino los grupos locales de poder, los políticos deshonestos”, agregó.
Y con ese contexto, explicó el académico, el problema del narcotráfico, que se creía era el más grave de México en el sexenio pasado, queda rebasado ante esta fragmentación del poder que ha permitido el aumento de la corrupción.
“Ahora no sólo es narcotráfico. Creo que lo que nos preocupaba hace seis o siete años eran algunos grupos de crimen organizado trasnacional que controlaban parte del país; pero ahora la situación es mas compleja, claro que todavía hay grupos grandes, pero en general vemos muchos más grupos chicos, locales, pero que en lugares como Guerrero o Tamaulipas echan leña al fuego que siempre han existido por la complicidad entre poder publico y los intereses privados”, dijo.
“Con el poder fragmentado, grupos como Los Rojos o Guerreros Unidos, que son grupos más locales, pueden tener espacios de control real en complicidad con el poder político. Lo de Iguala no es un problema de narcotráfico, pero esto hizo la impunidad más grave, porque metió recursos nuevos a un problema histórico”, insistió.
Selee, también profesor de Gobierno en Johns Hopkins University y a la fecha vicepresidente del Instituto México, publicó recientemente un artículo editorial en el que comenta que el caso de Iguala recuerda la masacre de adolescentes en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, crimen que se convirtió en un parteaguas para el gobierno del ex Presidente Felipe Calderón y catalizó la reacción ciudadana en contra del crimen y del gobierno.
“De hecho, lo que ocurrió en Iguala nos recuerda otra igualmente dolorosa masacre ocurrida hace cuatro años en Ciudad Juárez, donde un grupo de narcotraficantes asesinó a 15 estudiantes de preparatoria en una fiesta en la colonia de obreros Villas de Salvárcar. Yo estaba cerca cuando la masacre ocurrió, y fuimos a acompañar a las familias. Nunca olvidaré las caras de una familia velando a sus dos hijos adolescentes, asesinados en una lluvia de balas, sus féretros en la pequeña sala de la casa”, dice el artículo.
“Pero esto de hecho se convirtió en un parteaguas en la guerra contra el crimen organizado en Juárez, una ciudad de más de un millón de habitantes en la frontera con El Paso. Por años, Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. Las familias de las víctimas alzaron sus voces contra el gobierno y galvanizó un movimiento ciudadano para retomar la ciudad, y eso generó apoyo y conciencia a nivel nacional. Ellos tienen el crédito de que el gobierno, avergonzado por los ciudadanos de Juárez, respondiera”, agrega el texto titulado “Derramamiento de sangre y resistencia en México”.
Pero en el contexto de Guerrero, agregó Selee en la entrevista con SinEmbargo, donde la reacción ciudadana va de la resignación ante la corrupción a la guerrilla, la expectativa de un movimiento ciudadano que avance por la vía legal, como en Juárez, es menor.
“Soy menos optimista con Guerrero; no sé si las circunstancias dan para el mismo optimismo que en Juárez. (…) En Guerrero hay una resignación histórica de que los problemas no se pueden solucionar, no hay esa historia en que los ciudadanos se sintieran capaces de enfrentar las problemáticas por la vía legal, salvo por la vía guerrillera”, agregó.
De acuerdo con Selee, otro problema adicional es que, también a diferencia de lo que ocurrió en Ciudad Juárez –donde la Presidencia de la República organizó un encuentro con la ciudadanía a los pocos días de la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar– es que en Iguala no se observa una determinación del Gobierno federal para intervenir
“Una solución sería que el Gobierno federal entre de veras a tratar de romper las estructuras de poder y de corrupción que existen; pero en Guerrero tampoco se le ha visto una reacción rápida para tomar cartas en el asunto, no al nivel que se necesita para destrabar el nudo de complicidades y corrupción, y en Guerrero, donde complicidades son tan históricas, la única forma que cambies el balance es que el Gobierno se comprometa de estar del lado de la gente”, agregó.
