Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).– Organizaciones de la Sociedad Civil acudieron a una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la destrucción del patrimonio biocultural de México por privilegiar megaproyectos, además de una falta de legislación y políticas culturalmente adecuadas para los pueblos indígenas y comunidades equiparables.
Francisco Javier Martínez Esponda, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), explicó frente a los relatores de la CIDH y ante una comisión de representantes del Gobierno federal que históricamente "el Estado mexicano ha recurrido a la violencia física, estructural y simbólica para con los pueblos originarios que habitan en el país cuyo efecto ha sido la similitud cultural, el despojo y la destrucción del patrimonio biocultural".
El abogado también denunció que actualmente hay un patrón sistemático de violación de los derechos fundamentales de naturaleza colectiva en contra de los pueblos indígenas y equiparables. "Hay una conducta repetida a través del tiempo" en el que se destruye el patrimonio y se violan sus derechos.
En México, el 14 por ciento del territorio es indígena, sin embargo, a pesar de esto, "el gobierno omite consultar a los pueblos originarios aquellas medidas legislativas que directamente les afecta su vida y su patrimonio biocultural".
Sobre el tema de la minería, las 14 organizaciones que participaron en el informe, acusaron que el 35 por ciento del territorio nacional ha sido concesionado a través de 29 mil contratos el 17 por ciento de éstas (5 mil 087) se encuentran en algún territorio indígena. En algunos casos, incluso, las concesiones ocupan todo el territorio ancestral como es el caso de kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas y guarijios.
Ejemplificaron que en la Sierra Norte de Puebla, el gobierno ha expedido 103 concesiones mineras, correspondientes a 912 mil 281 hectáreas, espacio que representa el 18 por ciento de ese territorio. Dichas concesiones se traslapan con los territorios ancestrales de los pueblos nahuas y totonaco. Además de los siete proyectos hidroeléctricos que hay y uno de ellos ya opera para explotar 12 ríos.
SEMILLAS TRANSGÉNICAS
Otra de las denuncias fue por la siembra de organismos genéticamente modificados (OGMs) en México y la amenaza que esto representa para el maíz, alimento ancestral y fundamental de la cultura y sobrevivencia de los mexicanos.
Leyd Araceli Pech, apicultora y defensora de los derechos mayas, originaria de la localidad de Ich Ek, aseguró que su cultura ha vivido y se dedica a cuidar su territorio debido a los recursos naturales que hay, pues "de eso vivimos y nos sustenta, nos da vida".
"Hoy para nosotros nuestro patrimonio se ve amenazado por la entrada de siembra de soya transgénica en la península de Yucatán. Hace tres años, la Sagarpa otorgó permisos para la siembra de soya transgénica, sin consultarnos a nosotros indígenas cómo nos iba a perjudicar, qué nos iba a pasar. No nos tomaron en consideración y se otorgaron esos permisos", denunció.
También dijo que "no es justo que por miles de años que hemos cuidado nuestras tierras, el gobierno esté entregando permisos a empresas transnacionales como Monsanto para que siembre semillas transgénicas que van a venir a acabar con nosotros".
La comunidad interpuso dos amparos, con el fin de que sean protegidos. En marzo de este año un juez fallo a su favor y se otorgó la protección a ocho municipios de los once que componen el estado de Campeche, sin embargo, el fallo no ha sido respetado.
"Hasta esta fecha hay soya transgénica sembrada en Campeche y también Yucatán".
Las organizaciones se refirieron a este punto y acusaron que cuando un pueblo o comunidad indígena logra una sentencia, ésta nunca se cumple.
También se denunció el caso de la tribu Yaqui, pues obtuvo una sentencia su favor en 2013 sobre la consulta para el Acueducto Independencia, pero no se suspendió la construcción del proyecto mientras se hacía la consulta.
"En el transcurso de la lucha jurídica es común que los defensores comunitarios sean objeto de ataques y agresiones a su libertad de expresión a su vida. Desde 2013 hasta abril de 2014 hemos contabilizado una aumento de las agresiones a defensores ambientales. En menos de 16 meses se registraron 82 casos en 22 estados de la República y cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales. De los 82 casos, 36 de ellos, los agresores eran autoridades del Estado mexicano de los tres diferentes órdenes de gobierno", dijo otro representante de CEMDA.
"México no ha sido capaz de bridar medidas de protección que garanticen la seguridad de quienes se encuentran en riesgo por ejercer su labor de defensa de derechos humanos", acusó.
