Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).– México se convirtió durante las últimas dos administraciones federales en un lugar hostil para el activismo y la prensa, que lejos de mejorar, empeoró al grado de que encarcelar a un defensor de derechos humanos y amenazar a un periodista es una práctica común entre los funcionarios públicos que nadie castiga.
Durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto fueron detenidos arbitrariamente 669 defensores de los derechos humanos acusados por motín, ultrajes a la autoridad, homicidio y secuestro, dijo Francisco Cerezo, miembro del Comité Cerezo México.
“Esto se va a ir incrementando porque es un mecanismo eficaz del Estado para inhibir la actividad de los defensores de derechos humanos en el país”, dijo.
Cerezo planteó que el incremento de detenidos por fabricación de delitos despuntó durante la administración actual, pues durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, se registraron mil casos.
Si a este dato –dijo– se le suma que de 2008 a la fecha fueron ejecutados extraoficialmente 90 activistas defensores de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, el panorama para el activismo en México es poco alentador.
“Los defensores de derechos humanos están sufriendo amenazas, hostigamientos por la labor que están haciendo en México en su lucha en contra de megaproyectos y de las reformas estructurales. El Estado está generando un clima de criminalización para golpear, amenazar, para la ejecución extraoficial y desaparición forzada”, indicó.
Francisco Cerezo informó que –de acuerdo con los registros del Comité– personas vestidas de civil acuden con mayor frecuencia a los lugares de trabajo de los activistas para intimidarlos.
“Hay amenazas de muerte vía telefónica, vía correo electrónico, de manera verbal para que detengan el trabajo que está realizando”, explicó.
El defensor de derechos humanos detalló que los estados más peligrosos para ser activista en México son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y el Distrito Federal.
“Lo que creemos es que se trata de una estrategia de Estado, más agresiva que durante el anterior sexenio: el nuevo gobierno no menciona la palabra guerra, ni combate, pero la amenaza para los defensores es peor”, agregó.
Para Alberto Patishtán Gómez, maestro indígena que estuvo preso por más de 13 años y que fue encarcelado cuando denunciaba la corrupción del Alcalde de El Bosque, Chiapas, la situación en México no es mejor que hace una década.
Los ataques hacia los activistas continúan y el encaramiento para detener la protesta social, se convirtió en uno de los mejores métodos para detenerlos, admitió.
“El caso de nuestros hermanos yaquis es muy similar al mío, a pesar de que pasaron años, sigue siendo la misma práctica de parte del gobierno. Ellos están encarcelados por defender su tierra, acusados de delitos que no cometieron, pero tenemos que seguir adelante, el gobierno siempre nos va a reprimir, pero no nos podemos detener”, dijo.
LA PRENSA EN PICADA
La situación de los periodistas en el país no es distinta a la de los defensores de derechos humanos, dijo Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México.
La periodista explicó que durante los últimos cinco años, Reporteros Sin Fronteras no registró una mejoría en la seguridad para el ejercicio periodístico y para combatir la impunidad al investigar y castigar a los agresores.
De la misma forma que ocurre con los defensores, en el caso de los periodistas la situación se agravó.
“Hemos detectado que en los últimos dos años las amenazas se han incrementado en más de 70 por ciento. Esto nos indica que hay una práctica constante de intimidación hacia el ejercicio periodístico, la misma Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión [FEADLE] reconoce que más de 50 por ciento de las denuncias tienen que ver con asuntos de amenazas, hostigamientos, esta práctica es recurrente por parte de funcionarios y agentes privados”, expuso.
Flores Martínez indicó que debido al clima de inseguridad que se vive en el país, los periodistas optaron por la autocensura en distintos estados del país.
“En lo que va en 2014 han sido asesinados siete periodistas en México, no se compara en 2010 cuando registramos 12 homicidios, pero sigue siendo igual de preocupante. Hay 20 periodistas desaparecidos que nadie investiga ni da con los autores intelectuales de estos hechos, esto nos indica que las condiciones no son mejores”, dijo.
Balbina explicó que la confianza a nivel local para denunciar es mínima y que la mayor parte de las denuncias de ataques a la libertad de expresión e integridad de los periodistas se interponen a nivel federal.
Según Reporteros Sin Fronteras México es el segundo país más peligroso para el periodismo de 180 naciones analizadas, los asesinatos son cometidos por el crimen organizado y a las autoridades corruptas.
La Procuraduría General de la República (PGR) reconoce 102 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha.
En tanto, la Oficina de México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos admite que el 98 por ciento de las agresiones a comunicadores está impune.
Entre enero y junio de 2014, según Artículo 19, ocurrieron 66 agresiones físicas, 28 amenazas y 17 acciones legales en las que el principal agresor, en un 43 por ciento, fue un funcionario público.
