A punto de concluir su encargo al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y con la pretensión de ser reelecto, Raúl Plascencia Villanueva lleva a cuestas cuestionamientos y críticas de las organizaciones de la sociedad civil por su ineficacia y omisiones en su trabajo de defensa de los derechos humanos.
Rezago en el trabajo del organismo a su cargo, actuaciones "a modo", omisiones frente a violaciones graves de derechos humanos y endebles recomendaciones son algunos de los señalamientos que distintos grupos civiles han hecho a su trabajo.
Tratándose de la institución pública encargada de salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos en casos que involucren a agentes del Estado, la consecuencia de su ineficacia es que abona a la impunidad que prevalece en el país, señalan defensores de los derechos humanos.
Pero aún con una gestión que ha sido cuestionada desde que comenzó en 2009, Plascencia busca permanecer en el puesto cinco años más...
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Con una demanda de juicio político a cuestas, promovida por decenas de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos; críticas por su ineficacia y omisiones en casos de violaciones graves a los derechos humanos; señalamientos sobre su cercanía con el Poder Ejecutivo; y hasta cuestionamientos por la adquisición de una residencia valuada en 20 millones de pesos, Raúl Plascencia Villanueva pretende reelegirse como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organismo frente al cual ha estado desde el 16 de noviembre de 2009.
Será este jueves 30 de octubre cuando el actual ombudsman nacional acuda ante al Senado de la República para comparecer ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, en la última etapa del proceso para elegir al siguiente presidente de la CNDH. La inclusión de Plascencia Villanueva entre los 21 candidatos que buscan el puesto, ha hecho que en los formalismos se llame un proceso de “elección o reelección”.
Sin embargo, la intención de Plascencia Villanueva de permanecer otros cinco años al frente de dicha instancia ha sido ampliamente criticada y cuestionada por varias y diversas organizaciones civiles, que han valorado su gestión como ineficaz y omisa, cuando no facciosa y hasta contraproducente a la defensa de los derechos humanos, de cuya salvaguarda es responsable.
A días de que se defina quién será el siguiente presidente de la CNDH, la muestra más visible de esas posturas es el movimiento #NoMásComPlascencia, promovido por el Comité Ciudadano para la recuperación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a favor de las víctimas.
El Comité Ciudadano está integrado por 85 organizaciones y defensores de los derechos humanos -entre ellos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y los investigadores Sergio Aguayo y Denise Dresser- que buscan evitar que Plascencia Villanueva sea reelegido y llaman a los ciudadanos a sumarse a su exigencia.
El pasado 24 de septiembre, en representación del Comité Ciudadano, Eduardo Gallo y Tello, Alberto Athié y Valentina Peralta presentaron una denuncia ante la Cámara de Diputados para exigir un juicio político al funcionario, por las graves omisiones del organismo a su cargo ante varios casos de violaciones de derechos humanos y por el uso faccioso de la institución para fines distintos a la defensa de las garantías individuales, como declararon entonces los voceros.
Una semana después, el 1 de octubre presentaron una carta ante la Federación Iberoamericana del Ombudsman, cuya asamblea general se desarrollaba entonces en México, para denunciar la crisis prevaleciente en el país “por las gravísimas omisiones de la CNDH frente a la impunidad en casos de cientos de miles de delitos, abusos de servidores públicos, desapariciones forzadas, extorsiones por parte de algunas autoridades, homicidios e incluso ejecuciones extrajudiciales”.
A nombre de víctimas, sus familiares, organismos civiles de derechos humanos, organizaciones sociales, académicos, analistas políticos y ciudadanos, la carta también expresaba el sentir de todos ellos: “Estamos inconformes y agraviados por el papel que ha desempeñado el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, persona que consideramos no es idónea para continuar presidiendo la CNDH”.
Desde mediados de septiembre, SinEmbargo ha buscado a Plascencia Villanueva para conocer su postura sobre estos y otros señalamientos. Pero el funcionario no ha respondido, y en la víspera de su comparecencia en el Senado, las críticas a su gestión se siguen sumando.
“No podía haber sido peor, porque lejos de defender los derechos humanos, Raúl Plascencia se dedicó a defender a quienes los violaban”, dijo Gallo en entrevista con este medio digital.
En su opinión, la forma de defender a quienes violan los derechos humanos es siendo omiso ante los agravios, en lugar de atenderlos, como le exige el cargo que desempeña.
“Esa es la forma en la que actuó, y eso es ser permisivo, es volverse cómplice, volverse encubridor de quienes violentan los derechos humanos, y la consecuencia es lo que estamos viendo en todo el país: un México incendiado donde la policía viola los derechos humanos, donde el Ejército viola los derechos humanos, donde se tortura”, expresa.
Desde su creación en junio de 1990, la CNDH tiene la encomienda de proteger y velar por la defensa de los derechos humanos.
De ahí que desempeñe un papel fundamental frente a las violaciones de los derechos humanos, que involucran a agentes del Estado. Y de ahí también que al fallar a esa atribución, envíe un mensaje de impunidad, reflexiona Gallo.
“Se vuelve toral la trascendencia de la actuación de la CNDH en términos de las violaciones, porque se va mandando la señal a las fuerzas del orden, a las policías federales, estatales y municipales, que se pueden violar los derechos humanos”, expone.
“Ese es el mensaje: hay absoluta impunidad a quien viole los derechos humanos. Ese es el mensaje que manda todos los días la actitud y la actuación de Plascencia, por eso no puede seguir en la Comisión”.
NOMBRAMIENTO CUESTIONADO
Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Plascencia Villanueva llegó a la presidencia de la CNDH en 2009, también en medio de cuestionamientos por la continuidad que su figura representaba respecto a su antecesor, José Luis Soberanes Fernández.
Para entonces había trabajado dentro de la CNDH como visitador durante 10 años, primero en la Segunda Visitaduría (1999-2004) y luego en la Primera Visitaduría (2005-2009).
Su llegada a la presidencia de la CNDH fue en su momento criticada por organizaciones civiles que confluyeron en el grupo Relevos 2009.
Dicha coalición se formó ese año a fin de vigilar los procesos de elección de los nuevos titulares de la CNDH y su homóloga en el Distrito Federal, y estaba integrada por loas organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir, la Academia Mexicana de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Propuesta Cívica y Salud Integral para la Mujer.
Al darse a conocer la designación de Plascencia Villanueva como quien sustituiría a Soberanes Fernández, el grupo Relevos 2009 señaló que tal decisión significaba una continuidad y aval del modelo implementado por su antecesor.
Las organizaciones también señalaron que tal nombramiento era resultado de acuerdos cupulares entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que sólo habían simulado un proceso abierto. Como tal, su designación era una “farsa”, pues se trataba de un nombramiento ad hoc al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, consideraron entonces.
Pero tales señalamientos no bastaron para frenar su elección, y 78 de quienes en ese momento fungían como Senadores designaron a Plascencia Villanueva como ombudsman nacional el 5 de noviembre de 2009.
Dado su pasado como funcionario de la Comisión, el mismo día de su elección el entonces Senador perredista Pablo Gómez Álvarez dijo a la prensa que la terna votada no daba la renovación que se necesitaba en la CNDH, y recordó que Plascencia llevaba una década como visitador, como una forma de señalar también el continuismo denunciado por las organizaciones civiles. “La continuidad de Soberanes es Plascencia”, dijo entonces.
El riesgo esta vez es que la continuidad de Plascencia sea el propio Plascencia, conforme con los señalamientos de las organizaciones que se oponen a su reelección.
En el proceso para el nombramiento del siguiente presidente de la CNDH, el fantasma del continuismo ha estado presente. El pasado 13 de octubre, cuando estaba por definirse el mecanismo de elección, unas 68 organizaciones denunciaron que la propuesta que entonces estudiaría el Senado privilegiaba la reelección de Plascencia, ya que se planteaba evaluar primero al actual ombudsman sin tomar en cuenta otras candidaturas posibles.
Sólo en caso de una votación negativa a Plascencia, se procedería a una elección abierta entre otros candidatos.
Si bien ese planteamiento no prosperó, la organización por la libertad de expresión Artículo 19 señaló que las comparecencias de los candidatos en el Senado no incluirán a representantes ciudadanos. Por ello, consideran, “carecerá de legitimidad necesaria”.
Gallo apunta que persisten vacíos en las reglas del procedimiento de elección o reelección, que podrían ser usados para conducir la designación a favor de un candidato.
“Todavía se puede hacer una elección a modo, según les convenga, y eso es algo que no podemos permitir los mexicanos, ya estuvo bueno de que los políticos manipulen y hagan lo que les da la gana, y menos en una institución tan importante para que el país camine en el estado de derecho”, expresa.
CIFRAS Y OPACIDAD
En su más reciente informe de actividades, correspondiente al año 2013, la CNDH ofrece cifras para indicar el avance de su trabajo. El año de referencia que toman es 2009, precisamente el año que Plascencia Villanueva llegó al cargo.
La numeralia que, según la CNDH, muestra los avances en su trabajo, es la siguiente: en “actividades para la protección y defensa de los Derechos Humanos”, se pasó de 305 mil 580 actividades a 639 mil 248, o sea 109 por ciento más.
También se brindó “capacitación y vinculación” a un millón 206 mil 630 personas, 2 mil 69 por ciento más personas que en 2009. Y se publicaron 7 millones 168 mil 551 ejemplares, 201 por ciento más que en 2009. Esos fueron sus avances reportados.
Sin embargo, hay otras cifras que también ayudan a delinear cómo ha sido la gestión de Plascencia Villanueva.
El pasado lunes, 13 organizaciones civiles se presentaron en audiencia ante las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, que se encargan del proceso de elección del siguiente ombudsman.
Ximena Andión, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, se refirió a la ineficiencia operativa de la CNDH, dado que cada vez es menor el número de quejas presentadas ante el organismo que se convierten en recomendaciones.
De acuerdo con Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, de 2009 a 2013 se presentaron 8 mil 700 quejas al año ante la CNDH y de éstas sólo uno por ciento terminó en una recomendación.
En promedio, refirió la investigadora, el organismo encargado de la defensa de los derechos humanos en el país, emitió 87 recomendaciones por año, pero sólo tres fueron acatadas a cabalidad por la autoridad.
Andión agregó que, en promedio, 13 por ciento de las recomendaciones presentadas son rechazadas por las instituciones.
Gallo ofrece otros datos: en 2013, la Comisión recibió 13 mil 600 quejas, pero sólo realizó 86 recomendaciones, de las cuales nueve ni siquiera fueron aceptadas. Del total de quejas, 4 mil 500 quedaron pendientes de resolución.
“No representa no siquiera el uno por ciento”, espeta Gallo al hablar sobre la diferencia entre las quejas y el número de recomendaciones.
“Es el 0.6 por ciento de recomendaciones por queja, o sea una recomendación por cada 155 quejas. Eso es evidencia de que no defendió ni protegió los derechos humanos, sino que defendió y protegió, con su actuación omisa y permisiva, a quienes las violaban”, sostiene.
GESTIÓN DE OMISIONES
La gestión de Plascencia Villanueva al frente de la CNDH avanzó a la par del recrudecimiento de la violencia en el país desde el sexenio pasado, que se tradujo en la sistemática violación de derechos humanos. Las consecuencias sociales persisten: asesinatos de civiles por fuerzas del Estado, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura, como han denunciado instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
La demanda presentada por el Comité Ciudadano a los Diputados para exigir un juicio político a Plascencia Villanueva compendia la actuación del ombudsman en estos cinco años. Entre los aspectos que señala están las omisiones deliberadas para denunciar situaciones que afectan los derechos humanos, así como para emitir recomendaciones y señalar al Estado por violaciones a derechos humanos en casos públicamente conocidos. Además, refiere, “ha violado los derechos de víctimas que acuden a buscar protección”.
El documento también acusa que durante sexenio de Calderón nunca investigó muertes de civiles, pese a que incluso las cifras oficiales hablaban de 35 mil muertes que involucraban a las Fuerzas Armadas, presuntos delincuentes y civiles.
Tampoco ha investigado para saber si esos asesinatos están relacionados con las desapariciones registradas en el mismo periodo. Además, respecto al tema de las desapariciones, Plascencia no hizo ningún señalamiento por las cifras dadas a conocer por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que redujo la cantidad de personas reportadas como desaparecidas.
Ante el problema del secuestro de migrantes, que la propia CNDH documentó en un informe especial, la institución a cargo de Plascencia sólo recomendó a las autoridades tomar medidas para prevenir los secuestros de migrantes. Pero no señaló la gravedad de lo que estaba sucediendo, ni tomó medidas preventivas para evitar que escalara el tema de inseguridad contra migrantes, señala la denuncia contra Plascencia.
El documento destaca el caso de los 72 migrantes, cuyos cadáveres fueron encontrados en una bodega en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Al respecto refiere que el informe especial que se hizo en ese caso es deficiente, pues no se pronunció sobre los hechos de la masacre ni se dio voz a las familias de las víctimas, pues ni las entrevistó para el informe ni las reconoció como víctimas.
Además, subraya que aunque los cadáveres fueron encontrados en agosto de 2010, la CNDH emitió una recomendación hasta diciembre de 2013.
La CNDH también ha sido omisa ante tema de los desplazados internos forzados a causa de la violencia, apunta la demanda contra su titular.
La misma omisión, dice el documento, ha tenido frente al tema de la tortura, que sigue siendo una práctica recurrente, sobre todo entre las dependencias de seguridad y dada la incursión del Ejército en labores de seguridad. Lo anterior pese a que la CNDH es la dependencia encargada de implementar los Mecanismos Nacionales de Prevención contra la Tortura.
Otro caso en el que las organizaciones consideran que el ombudsman fue omiso es el de los abusos policiales en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de protesta de Peña Nieto. En esa jornada de enfrentamientos entre policías y manifestantes, fueron detenidas 92 personas y lesionadas 121.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación por esos hechos en abril de 2013, y determinó que la policía capitalina había usado excesivamente la fuerza. Por el contrario, en una entrevista concedida a La Jornada el 13 de diciembre de 2012, Plascencia dijo no era válida una manifestación violenta en la que se cometieran delitos para intentar reclamar un derecho. También cuestionó que a esa protesta se le pudiera llamar manifestación, pues dijo que desde el principio había sido violenta.
Aunque Plascencia anunció que también estaba investigando el caso del activista Juan Francisco Kuykendall, quien ese 1 de diciembre fue herido en la cabeza por una bala de goma supuestamente lanzada por policías federales, y falleció a consecuencia de esa lesión en enero de 2014.
La CNDH descartó que hubiera podido acreditarse la agresión por parte de agentes federales, aunque no detalló cómo había llegado a esa conclusión.
En casos recientes de posibles restricciones a los derechos humanos mediante instrumentos legales, la CNDH no ha ejercido acciones de inconstitucionalidad para frenar leyes que atentan contra la protesta social, acusaron las organizaciones.
El 30 de abril pasado, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico, que obliga a los manifestantes a informar a las autoridades 48 horas antes de que se lleve a cabo; la autoridad tiene la facultad de recomendar cambio de lugar, fecha y hora.
En el Distrito Federal fue aprobada la Ley de Movilidad, la cual restringe los espacios para realizar manifestaciones y también plantea que se avise previamente a las autoridades. Y el 19 de mayo de 2014, el Congreso de Puebla aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla. La ley fue motivo de preocupación desde que se dio a conocer porque autorizaba el uso de la fuerza policial en manifestaciones públicas, e incluso el uso de armas de fuego en algunas circunstancias. El 24 de julio, la ley fue abrogada.
El 9 de julio, el enfrentamiento entre policías estatales y pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, provocó la muerte de un menor supuestamente por una bala de goma disparada por los agentes policiacos, llevó a la derogación de la ley. La CNDH emitió una recomendación al gobierno de Puebla, que hasta la fecha no se ha cumplido por completo.
La Comisión también fue omisa frente a la petición de 141 organizaciones civiles sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones, pues planteaba la posibilidad de la geolocalización de usuarios de telefonía móvil sin necesidad de una autorización judicial.
Asimismo, la Red TDT denunció que solicitaron a Plascencia Villanueva que presentara una acción de inconstitucionalidad contra la Reforma Energética, por considerar que violaba varios derechos humanos. Pero un mes después de haberlo solicitado, la dependencia no les había dado respuesta y sólo se había limitado a declarar que no “se encontraron elementos que indiquen que existen violaciones a derechos humanos”.
CASOS “A MODO”
En otros casos, el ombudsman ha actuado “a modo” en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
El más evidente, a decir de las organizaciones, fue el de la ejecución de 22 personas por miembros del Ejército, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.
El 23 de septiembre, aun sin concluir su investigación al respecto, Plascencia adelantó que el informe podría ser absolutorio sobre la posible responsabilidad de los militares. “Tenemos una claridad de que se trató de un enfrentamiento que duró cerca de dos horas entre el Ejército y estas personas, de disparos entre unos y otros”, aseguró, en consonancia con la versión oficial. Esa versión era la misma del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y pretendía defender al Ejército mexicano.
Sin embargo, el pasado 21 de octubre, el ombudsman nacional, presentó una versión distinta a la que él mismo había avalado, y afirmó que, de acuerdo con la investigación de la CNDH, 15 de las 22 víctimas que perdieron la vida fueron ejecutadas por militares.
En su recomendación, emitida cuatro meses después de los hechos, la CNDH reconoció que algunos elementos del Ejército mataron a personas que ya se habían rendido, tras un enfrentamiento que duró entre 5 y 10 minutos.
Otro caso fue el de los militares Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, acusados de vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva, con base en declaraciones de un testigo protegido. En abril de 2013 fueron absueltos de las imputaciones.
Durante su encierro, Dauahare denunció violaciones a sus derechos humanos, y aunque su abogado acudió a la CNDH a denunciarlos, no obtuvo respuesta.
Plascencia hizo declaraciones sobre el uso de testigos protegidos hasta después de que los militares fueron liberados, pero su hizo ninguna acción más allá, cmi analizar el problema del uso d testigos protegidos para sustentar detenciones o acciones para auxiliar a las víctimas de violación de sus derechos por estos casos.
Otro caso fue el de Miriam Isaura López Vargas, quien fue detenida arbitrariamente, torturada y violada por integrantes del Ejército. Aunque la CNDH emitió una recomendación sobre el caso, dejó en manos de la justicia militar el caso, aun cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó, a partir del fallo por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que la jurisdicción militar no es la idónea para resolver los casos que involucren a víctimas civiles.
Además, en 2012 la CNDH avaló un intento de reaparición de daño por parte de la Sedena, en el que la dependencia acudió a casa de la víctima y l ofreció sólo una reaparición económica.
La mujer se negó al considerar que no se aceptaba la responsabilidad y no cumplía con estándares internacionales de reaparición del daño; sin embargo, la CNDH alegó cumplimiento con este hecho y cerró el proceso de seguimiento a la recomendación.
CUESTIONAMIENTOS POR PROPIEDAD Y GASTOS
El pasado 19 de octubre, el diario capitalino Reforma dio a conocer que Plascencia Villanueva, quien recibe un sueldo mensual neto de 131 mil 736 pesos, estaba por estrenar una residencia en el Pedregal de San Ángel, la cual tendría un valor aproximado de 20 millones de pesos, según el medio.
Al día siguiente, el mismo periódico reveló que la CNDH ha incurrido en irregularidades en cuanto el ejercicio del presupuesto destinado a obra pública, principalmente para mantenimiento y rehabilitación de sus edificios. Con base en documentos de la Oficialía Mayor, documentó que entre el 2012 y en lo que va de 2014, el organismo ha rebasado el tope que marca la ley para asignar contratos por adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.
La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM), señaló Reforma, establece que 70 por ciento del presupuesto en esta materia debe ejercerse vía licitación pública, y un 30 por ciento, máximo, a través de invitación a cuando menos tres personas y/o adjudicaciones directas.
Sin embargo, los documentos en poder del medio revelaron que en 2012 la CNDH ejerció el 100 por ciento de los casi 17 millones de pesos destinados a obra púbica a través de invitación a tres personas o adjudicación directa.
En 2013 usó esta vía para el 70 por ciento de los 16.4 millones de pesos asignados a esta materia y en lo que va de 2014, el 35 por ciento de los 17.6 millones previstos.
Tras difundirse esa información, el pasado 21 de octubre los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto López Suárez, y de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, exigieron a Plascencia Villanueva, a través de un pronunciamiento, que no intentara buscar su reelección y pidieron que presentara su declaración patrimonial.
Además señalaron que desde el inicio de la actual legislatura solicitaron reuniones con el ombudsman e incluso se previó su comparecencia, pero Plascencia Villanueva no ha acudido a rendir cuentas ante los legisladores.
“Su renuencia a comparecer parece protegida, puesto que no se le han hecho exigencias contundentes que lo obliguen como a cualquier funcionario público, a rendir cuentas a este poder legislativo”, señalaron los Diputados.
También se refirieron a su negativa por hacer pública su declaración patrimonial. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos plantea la obligación de todos los funcionarios de declarar sus bienes patrimoniales; sin embargo, queda a discreción de cada funcionario hacerla pública o no. Plascencia Villanueva ha optado por no publicarla.
LAS RESPUESTAS DEL OMBUDSMAN
Al día siguiente de que Reforma publicó información sobre la propiedad que el ombudsman estaría por estrenar, el funcionario contestó, por conducto de Saúl López Lavín, director general adjunto de la Coordinación General de
Comunicación y Proyectos de la CNDH, que difundir esos datos ponía en riesgo su seguridad y la de su familia y responsabilizó de ello al medio.
En un comunicado cuestionó los motivos del diario por publicar esa información, lo que, a su parecer, “muestra y confirma una campaña de desinformación y desprestigio” contra Plascencia.
“Pero lo más grave del asunto es que lo ponen a él y a su familia (esposa e hijos) y a su integridad personal en riesgo y como blanco de la delincuencia”, señaló.
Previamente, cuando las organizaciones integrantes del Comité Ciudadano presentaron la demanda de juicio político en su contra, el presidente de la CNDH la calificó como “guerra sucia” alejada de la realidad del país.
RESPONSABILIDAD JUDICIAL DE LA CNDH
Durante la gestión de Plascencia Villanueva y primera vez en la historia de la CNDH, el organismo enfrenta cinco juicios de amparo en contra de sus recomendaciones, las cuales fueron impugnadas por las propias víctimas.
Dos de ellas fueron presentadas entre enero y marzo pasados, por familiares de personas asesinadas en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
Los familiares señalaron que ningún funcionario de la CNDH se les acercó para consultarlos u ofrecerles asesoría ni información. Además, en el informe que la CNDH hizo sobre el caso no señaló la responsabilidad del Estado mexicano y negó a los familiares el estatuto de víctimas.
Los otros tres amparos son de mujeres indígenas víctimas de violencia obstétrica en Oaxaca y Yucatán, porque la CNDH omitió recomendar que se les reparara el daño.
Uno de esos casos, llevado por GIRE, ha abierto una puerta a las víctimas que se consideran agraviadas por ña instancia que debería proteger sus derechos.
Y es que el pasado 14 de octubre, la organización informó que una jueza federal estipuló que la CNDH sí puede ser responsable de violaciones a derechos humanos. La resolución de la jueza federal Ana Luisa Hortensia Priego Enríquez fue emitida a partir de un amparo presentado por GIRE.
La organización recordó que en repetidas ocasiones, la CNDH ha apelado a su calidad como órgano autónomo y que debido a que sus recomendaciones no eran obligatorias, estaba exenta de cometer violaciones a derechos humanos.
Pero la jueza resolvió que en el momento en que las recomendaciones son aceptadas, se genera una obligación para cumplirlas, la cual debe estar supervisada por la CNDH.
“Con ello se sienta un precedente de suma importancia ya que las víctimas podrán defenderse del órgano que debería velar por sus derechos”, señaló GIRE.
LA CNDH QUE SE NECESITA
La decisión que en lo próximos días tomarán los Senadores podría significar el cambio de rumbo en la gestión de la CNDH, o su continuidad. Así se expresa Gallo sobre las características que, considera, debería tener el siguiente ombudsman:
“Necesitamos un líder dentro de la CNDH que esté dispuesto a trabajar para impedir que se sigan violando los derechos humanos, que tenga las habilidades para hacer una reingeniería de la propia CNDH y convertirla en lo que era su misión original: una institución que garantice la defensa de los derechos humanos en beneficio de quienes ven violados esos derechos, o de los familiares de quienes vieron violados sus derechos, e incluso desaparecieron o perdieron la vida”.
Para ello, reconoce, haría falta cambiar no sólo a la cabeza visible de la Comisión, sino a todo el equipo sobre el que el organismo se sostiene, y transparentar su trabajo.
No obstante, insiste en que las fallas de Plascencia ameritan que no sea elegido nuevamente en el cargo.
“Porque no estamos en posibilidad de reelegir a una persona que ha fallado de la manera como ha fallado, que no es una casualidad sino que es con toda intención, ha dejado de defender los derechos humanos. Estamos saliendo [a denunciar] por eso, porque ya no podemos aceptar ni un día más con una persona como él al frente de la CNDH”.
