Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Hace todavía un mes, la realidad que vive el estado de Guerrero era invisible para el país y para la comunidad internacional. Fue el asesinato de seis y la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos lo que destapó “la podredumbre” en la que viven sus habitantes, dijo Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Lamentablemente esta tragedia vino a desenmascarar toda la podredumbre que hay en esta entidad con la colusión que existe entre crimen organizado y autoridades estatales y municipales, sobre todo cómo se han utilizado los aparatos policiacos para afianzar a los grupos del crimen organizado”, agregó el activista.
La organización civil que dirige Abel, así como la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG), organizaciones campesinas, policías comunitarias entre otras, denunciaron una y otra vez al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, que sus comunidades estaban secuestradas por el crimen organizado.
Antes de la desaparición de los muchachos, todas la regiones de Guerrero mostraban signos alarmantes, desde Tierra Caliente, hasta la región de Costa Grande, la zona centro y Costa Chica. En Taxco se encontraron fosas y cientos de mujeres tomaron las armas para defender a sus hijas de los violadores y a sus hijos de los secuestradores a sólo 50 kilómetros de la ciudad de Acapulco.
Pero Aguirre hizo caso omiso, dice Abel. Ahora su renuncia no es suficiente.
“Esto no es un avance sustantivo en este proceso de búsqueda tan dramática que han tenido los padres, la salida de Aguirre no significa un avance real. Los padres están exigiendo que las autoridades den con el paradero de sus hijos, que se los entreguen vivos. A un mes, se ve la incapacidad de un estado para proteger a las víctimas, para dar con el paradero de los desaparecidos”, indicó.
Guerrero afirma, es un cementerio que recoge las huellas “nefastas y funestas” de quien lo gobierna, de los alcaldes, de las autoridades policiacas.
“Estamos hablando de decenas de desaparecidos, y muchos sin denuncia, porque la gente no confía en el Ministerio Público, las autoridades dicen que mientras no haya denuncias, no hay delito que perseguir, pero es una tragedia la que se vive, el sistema descuidó proteger el derecho a la vida, es el que está más vulnerado que nunca”, dijo.
GUERRERO REVENTÓ EN UN MES
Manuel Martínez, vocero de los familiares de los jóvenes desaparecidos y tío de uno de ellos, aseguró que la renuncia de Aguirre no les interesa, pues los normalistas aún no regresan a sus hogares.
“Se cumple un mes y ya nos preocupa, nos incomoda, nos molesta, hay desesperación, enojo, molestia por la actitud de las autoridades. La salida de Aguirre no nos interesa, él debió irse hasta entregar a los jóvenes y los queremos a la voz de ya. El nuevo que entre, nos tiene que entregar con vida, ya, a los 43”, dijo.
En un mes los normalistas de Ayotzinapa han sumado fuerzas con otras organizaciones pacíficas y beligerantes. De acuerdo con Manuel Martínez, el estado de Guerrero es “una bomba que ya reventó”.
Quemaron el Congreso del Estado, la Presidencia Municipal de Iguala, las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, tomaron 22 alcaldías, marcharon, clamaron, Aguirre pidió licencia, pero no es suficiente.
Los guerrerenses están cansados, hartos de la impunidad y de tener que pagar derecho de piso al crimen organizo, quien opera en contubernio con las autoridades locales.
“Todos los días llega gente nueva, que se está sumando. Queremos que aparezcan vivos”, dijo.
El viernes los padres de los 43 estudiantes rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) y con su titular Jesús Murillo Karam, por considerar que no es un interlocutor serio y no creen en la información que les ha dado.
Los padres exigieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los reciba y acusaron de que la PGR trata de desvirtuar a los jóvenes acusándolos de tener nexos con el crimen organizado.
En conferencia de prensa, realizada en la Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares de los normalistas desaparecidos y los alumnos de esa escuela dijeron que no se volverán a sentar con las autoridades hasta no ser recibidos por el Presidente Peña Nieto.
Los padres y estudiantes solicitaron que las autoridades investiguen a los gobiernos municipales y estatales no sólo por la tragedia de los normalistas, sino desde los hechos del 12 de diciembre de 2011, cuando fuerzas federales y locales atacaron una manifestación de los normalistas de esa escuela, asesinando a dos de sus alumnos y a un civil.
El abogado deTlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y el secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles Defensores de los Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, indicaron que la PGR sólo busca justificar la matanza de los normalistas y civiles.
Uriel Alonso Solís, estudiante y vocero del comité estudiantil Ricardo Flores Magón, aseguró que la PGR trató de modificar las declaraciones que hicieron los normalistas a la dependencia.
Abundó que, al momento de firmar las declaraciones los estudiantes se percataron de que los agentes federales que recogen los testimonios modificaron los hechos.
LA UPOEG SIGUE BUSCANDO
La desaparición de los estudiantes también propició que en un mes la UPOEG se movilizara y se instalara en Iguala para buscar por su cuenta a los muchachos.
Hasta hoy, la policía ciudadana o comunitaria, encontró alrededor de 26 fosas en las inmediaciones de Iguala, algunas de ellas con restos humanos antiguos, pero otras, con cadáveres recientes.
Manuel Vázquez Quintero, abogado de la organización, aseguró que no se moverán de Iguala hasta encontrar a los normalistas.
Seguirán buscando, escarbando y organizándose en brigadas de 200 hombres para salir a recorrer los parajes con la esperanza de encontrar a los estudiantes.
El jueves los comunitarios encontraron nueve fosas en una zona llamada Loma del Zapatero, de las cuales escarbaron cinco. En el lugar localizaron una una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija.
“La mochila la tienen los compañeros y estamos hablando para ver si en uno o dos días hacemos una reunión con los padres para presentarles las cosas, a ver si alguien reconoce esa mochila”, dijo Vázquez Quintero el viernes SinEmbargo.
La información también fue corroborada por Bruno Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG: “Ahorita no podemos decir de quién son esas cosas y no podemos adelantar nada sobre los cuerpos, porque no queremos confundir a la gente, vamos a esperar a los peritajes”, dijo.
La Loma del Zapatero está muy cerca del paraje llamado La Joya, dónde la PGR encontró cuatro fosas hace unas semanas.
De acuerdo con pobladores de la colonia San Miguelito, muy cerca de La Joya, la zona es conocida como un lugar de tortura y muerte, donde subían hummers, jeeps, camionetas, motos y también vehículos de la policía municipal.
Un joven que solicitó anonimato por seguridad, informó a SinEmbargo que cuando desaparecieron los normalistas, escuchó movimiento de vehículos en la zona y detonaciones.
De acuerdo con el joven era común desde hace tiempo escuchar descargas de "cuernos de chivo" e ir y venir de vehículos en medio de la noche y la madrugada.
Una mujer que atiende un pequeño abarrotes, dijo que en el lugar realizaba operaciones el crimen organizado.
"Aquí los despachaba yo, pero uno no dice nada, los atiende y ya", dijo.
“No nos vamos a ir hasta que encontremos a los muchachos, es nuestro único objetivo”, dijo Manuel Vázquez.
