México, 22 Oct (Notimex).- La Cámara de Diputados aprobó con 351 votos en favor, uno en contra y 10 abstenciones reformas a la Ley de Migración, para imponer de ocho a 16 años de prisión y multa de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo a quien obligue a extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada.
El dictamen avalado por el pleno adiciona un Artículo 159 Bis y modifica el 160 y establece que aumentarán hasta en una mitad las penas previstas cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros.
Ello de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.
Al fundamentar el dictamen, Amalia García Medina expuso que en México los migrantes viven una situación de riesgo, por lo que se requiere poner el acento no sólo en medidas preventivas sino también en sancionar y castigar esa situación.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios explicó que en el caso de los migrantes indocumentados se dan dos fenómenos: el tráfico y la trata de personas.
En muchas ocasiones son acosados por las bandas del crimen organizado para incorporarlos “en esta moderna y brutal esclavitud que es la trata de personas, tanto para utilización sexual como laboral”, precisó.
Por ello, detalló, es indispensable y fundamental tomar medidas para protegerlos del crimen organizado.
Al hablar a nombre del grupo del PRI, Adán David Ruiz Gutiérrez indicó que los migrantes internacionales que llegan a transitar por México sin documentación provienen en un 95 por ciento de Centroamérica, es decir Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, principalmente.
“No podemos permitir que en un país como México ocurran hechos de esta magnitud y que los derechos de las y los migrantes sean vulnerados”, dijo.
Consideró necesario buscar un cambio profundo para superar las condiciones que permiten el surgimiento de la violencia y evitar la violación de los derechos de los migrantes.
Por el PVEM, Rubén Acosta Montoya expresó que miles de migrantes “han sido víctimas de crímenes como robo, extorsión, tráfico de personas e incluso secuestro, además de violaciones y asesinatos”.
Apuntó que esa situación es inaceptable “en un Estado de derecho como el nuestro”, por lo cual es muy importante incorporar como delito, en materia migratoria, la explotación y sometimiento de personas nacionales o extranjeras por parte de la delincuencia organizada.
En su turno Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, anotó que se han detectado casos en donde criminales llegan a los albergues para migrantes y se hacen pasar por uno de ellos con la finalidad de secuestrarlos para ser utilizados en actividades delictivas.
Por ello se pronunció en favor de la reforma ya que se pretende que las autoridades lleven a cabo acciones tendientes a salvaguardar sus derechos humanos e impedir que sean víctimas del crimen organizado.
El diputado Roberto López Rosado, del PRD, consideró necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de control de flujos migratorios, así como los de salud pública, seguridad, integridad y de la vida de los migrantes en territorio mexicano.
Por ese motivo se pronunció a favor del dictamen, ya que busca proteger la integridad y la vida de los indocumentados y con ello “luchar por los derechos de nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras”.
Isaías Cortés Berumen, del PAN, reconoció que se requiere reforzar la protección a los migrantes ante la delincuencia organizada, así como la lucha en contra de los delitos de tráfico humano en sus distintas modalidades.
Resaltó que en la reforma se reconoce la situación de México no sólo como un país de tránsito, sino también como un destino de migrantes; por lo tanto, dijo, es de gran urgencia contar con un marco normativo que garantice la salvaguarda de los derechos humanos.
Loretta Ortíz Ahlf, del PT, comentó que el crimen organizado realiza cuatro actividades que son: narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de migrantes, por lo que celebró llevar a cabo esta reforma.
Insistió que el dictamen también tiene el objetivo de aplicar un tratado internacional que hace tiempo celebró México, que es el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, expresó su apoyo a las modificaciones legales; sin embargo, consideró que se pueden reformar todas las leyes, “pero hacerlas cumplir es lo que hace realmente hace falta”.
Hizo un llamado a las autoridades federales a realizar una estrategia efectiva para combatir la delincuencia organizada y garantizar a los extranjeros una estancia segura.
Las reformas fueron enviadas al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
