Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– La mala planeación de la obra pública es el principal factor que provoca desfases en la ejecución de los presupuestos anuales del gobierno, ya que más del 70 por ciento de los proyectos o no tienen planes ejecutivos o son deficientes, coincidieron expertos en un estudio sobre el ejercicio de los recursos del gobierno federal y sugerencias para una mejor aplicación.
El estudio "Por un presupuesto realista y sostenible: 5 puntos de atención urgente", elaborado por México Evalúa y presentado ayer, menciona que de 80 contratos auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 1999 y 2010, las obras resultaron 36 por ciento más caras de lo previsto y se entregaron en el doble de tiempo de lo estimado.
Lo anterior, considera, se deriva de que el gasto de infraestructura “cuenta con una normatividad fragmentada, un historial de retrasos y de desajustes en los recursos y una mínima evaluación de resultados”, lo que hace que la aplicación del gasto sea ineficiente y que se incrementen los costos.
“La mala planeación es el principal factor que suscita desfases en la ejecución de los proyectos. El 73 por ciento de 80 contratos auditados corresponden a proyectos que no cuentan con un proyecto ejecutivo o cuentan con uno deficiente,” afirmó Juan E. Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien dijo que “en la obra pública se generan incentivos para hacerlas a precios bajos y en tiempos acelerados para que ganen el concurso”.
"Cuando uno ve la forma en la que se gasta y diseña la obra pública en el país, uno entra en profunda preocupación de cómo se administrará el proyecto de infraestructura más grande aprobado en el mundo este año y en la historia del país [refiriéndose al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México]”, afirmó, y propuso que para la contratación de obra pública se generen expedientes de contratistas, ya que “no siempre lo más caro es lo mejor”.
Entre estos proyectos, Pardinas y otros expertos destacaron la Estela de Luz, que tuvo un presupuesto inicial de 393 millones de pesos y sólo se terminó el 23 por ciento de la obra original con un presupuesto de mil 139 millones.
La Línea 12 del metro, proyecto al cual apodaron “proyecto chilazo”, se le destinó un presupuesto de 17 mil 500 millones de pesos y ha aumentado a 26.3 mil millones de pesos y se concluyó en 753 días y no en 251 como se había previsto. Esta mala planeación ha afectando a 500 mil personas diariamente y sólo funciona el 45 por ciento de las estaciones.
El análisis de los proyectos de infraestructura incluyó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex), aeropuertos y a los gobiernos locales, todos, según el estudio, tienen en común la mala planeación, excesiva flexibilidad y una rendición de cuentas débil.
GASTO PÚBLICO SIN CONTROL
Los especialistas hicieron evidente la falta de capacidades técnicas que tiene el Poder Legislativo, así como la falta de conexión que existe entre la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al momento que se ejerce el presupuesto y se hace uso de los ingresos, debido a los altos índices de corrupción y discrecionalidad.
Mariana Campos, coordinadora del área de Gasto Público y Transparencia de México Evalúa y autora del estudio, dijo que en el Proyecto de Egresos 2015 presentado por la Cámara de Diputados no se explican los programas que se financiarán con deuda y que es necesario detallarlos ya que “en seis de los últimos ocho años ha estado creciendo la deuda a un ritmo más rápido al que va creciendo la economía”.
“El hecho que tengamos un Producto Interno Bruto (PIB) menor y que la deuda que se acumule representará más para la economía que lo que se estimó. La deuda representaba 40.5 por ciento del PIB al momento de aprobación del presupuesto y ahora, como tenemos un PIB menor, ya se convirtió en un 41.9 por ciento”, afirmó.
Asimismo, se recalcó que no puede haber un ajuste al techo de endeudamiento si no se cumple con el PIB estimado. Esto ha llevado a que la deuda del actual sexenio crezca casi al doble de velocidad que el anterior.
“En lo que va del 2014 se han acumulado 42 mil millones de pesos de excedentes en ingresos no aprobados. Ingresos que se asignarán fuera de la discusión de poderes, al interior de los diferentes equipos. No hay criterios que garanticen cierta eficiencia o que estarán orientados a los objetivos institucionales,” dijo la autora.
Se destacó que el gasto del Ramo 23 [instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para: el cumplimiento del balance presupuestario, el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos, y la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario] es el que tiene más observaciones delicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que el 60 por ciento de su presupuesto es gasto federalizado. En el periodo 2005-2013 los ingresos adicionales de este ramo fueron por 460 mil millones de pesos.
En el caso del Ramo 25, que está dirigido a las Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos presentó recortes de más de 162 mil millones en el mismo periodo de tiempo. “Este monto podría financiar más de dos años del Seguro Popular”, dijo Mariana Campos.
Otro ejemplo fue el de los programas regionales, los cuales durante el 2013 ejercieron más de 10 veces su presupuesto aprobado y no ha sido evaluado.
PROBLEMAS GRAVES
Los problemas de falta de planeación fiscal, el descontrol que se tiene sobre el gasto y el erario público deben de ser atendidos a la brevedad, para lograr una mayor eficiencia del presupuesto público, consideraron los expertos.
Mauricio Merino Huerta, investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que no se estaba poniendo atención sobre estos problemas. “Es grave que haya este tipo de diferencias que se han generado. Que el país acuda a la deuda cuando probablemente podría evitarse la carga de ella, si el ingreso estuviera regulado. Es un problema del Legislativo regular, que abren un boquete en el marco del sistema presupuestario”.
Se mencionó que existen modificaciones presupuestarias a lo largo del año que hacen insuficiente el trabajo de los legisladores. “Ustedes hacen un trabajo y la Secretaría de Hacienda hace otra cosa a lo largo del año”, observó Merino Huerta.
Juan Pardinas, apoyando la opinión del académico, dijo que el Poder Legislativo carece de capacidades técnicas. “Las sociedades civiles estamos haciendo la chamba del Poder Legislativo. Preocupa la simetría técnica que hay entre ustedes y la Secretaría de Hacienda. La rotación de cuadros de apoyo es muy acelerada y esto es lo que lleva a la sociedad civil a llenar estos vacíos. Se requiere una conexión sensata entre los organismos de rendición de cuentas y fiscalización”.
Se estimó que el 80 por ciento de los gastos programables resultaron modificados durante el 2013 con la única autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Destacando que no es fiel con lo que sucede, ya que se modifica en el transcurso del año.
Demián Zepeda Vidales, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo ante esto que “si no están cercanos los ejercicios de estimación tanto de ingreso como de cierre es que se está subestimando lo que se va a ingresar. Tenemos que avanzar en términos de egresos, para que sea invertido con eficacia y genere los resultados esperados”.
El problema de falta de transparencia y discrecionalidad que padece tanto la Ley de Ingresos como el Proyecto de Egresos, se agrava cuando las fuentes de información con las que se cuentan no son confiables, concluyeron los expertos.
“La falta de conexión entre evaluaciones oficiales como las del Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social], la ASF y la Secretaría de Hacienda se la han dicho 20 veces. Es urgente. Las evaluaciones se hacen para modificar el sentido de presupuesto,” dijo Mauricio Merino.
“Hay un problema muy serio de discrecionalidad. El Ramo 23 es un verdadero escándalo, que se tome dinero de la nada. No es justificable que los diputados federales lo distribuyan así en los estados y municipios a través del Ramo 23. Deben de ayudar a poner un candado en este ramo, pues es un flagrante acto de corrupción,” agregó.
Ante esto, Demián aseguró dijo que el reto del paquete económico de este año es que sea más transparente. “Dar a conocer a mayor detalle cómo se gasta el recurso público que generan sus representantes. Porque son recursos públicos y son de los ciudadanos”.
Afirmando que es un tema principal de la agenda. “El antídoto es la transparencia, y para ello se creará la Comisión Nacional Anticorrupción. Porque si se incrementa el presupuesto y no se ve reflejado, no sirve de nada. Si no tiene el impacto esperado no nos va a ayudar ni saldremos adelante. Se requiere apertura y transparencia, para escuchar las voces de los ciudadanos y saber cómo los diputados están tomando las decisiones,” concluyó.
