Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).– “Por eso ni un segundo pienso en dejar de caminar para buscar la verdad de qué ha pasado, porque nuestro país se convirtió en un campo de batalla. No le declararon la guerra al narcotráfico sino a los ciudadanos de todos los estados”, dice Araceli Rodríguez, madre de un policía desaparecido en Zitácuaro, Michoacán, en noviembre de 2009.
Luis Ángel León Rodríguez, sargento primero, fue llamado a comparecer en mayo de 2013 por el Órgano Interno de Control de la Policía Federal, se le imputaban irregularidades por no presentarse a su declaración patrimonial en 2010. Lo citaron como activo, desarmado, sin uniforme y asistido por su abogada y madre, Araceli Rodríguez Nava, quien llegó a las instancias con una fotografía de su hijo.
“Aquí está mi hijo con dignidad a oír la notificación de su audiencia. No le pude quitar su uniforme, viene desarmado y asistido por una abogada, yo, su madre, Araceli Rodríguez”, recuerda.
De tan sólo 24 años, Luis Ángel fue enviado junto con siete federales más a una comisión a Ciudad Hidalgo, Michoacán, únicamente con oficios y armas de cargo. Se les obligó a irse por sus propios medios, por lo que contactaron a Sergio Santoyo García, un civil que les prometió llevarlos seguros a su destino.
Los uniformados y Santoyo García desaparecieron el 16 de noviembre en Zitácuaro, Michoacán. Fueron secuestrados por el cártel de la Familia Michoacana.
En la audiencia, los abogados presentes se percataron que no hay un control real dentro de la institución “para ver cuántos policías federales tienen en activo, desaparecidos, caídos en cumplimiento de su deber o simplemente dados de baja por no cumplir con el examen de control de confianza”, plantea la también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
Luis Ángel, los siete oficiales y el civil son víctimas, entre los 25 mil 276 casos de desaparecidos que reportó Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012.
La misma subrpocuradora aseguró que de esos 25 mil 276 desaparecidos, 12 mil 744 personas “en su inmensa mayoría” habían sido localizados vivos. Pero ni Luis Ángel ni las personas que lo acompañaban están entre estos últimos.
LOS DESAPARECIDOS NO IMPORTAN
México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 6 de febrero de 2007, la misma entró en vigor hasta el 23 de diciembre de 2010, pero fue hasta el 22 de junio de 2011 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las autoridades tenían la obligación de presentar un informe relativo en un plazo no mayor a dos años a partir desde que entró en vigor. Sin embargo, éste fue entregado hasta marzo de 2014, aunque en septiembre pasado –durante la una sesión pública del Comité de las Naciones Unidas– se dirigió una nota al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, para que presentara un informe alternativo al que dio el Estado mexicano.
El Ombudsman nacional omitió el llamado.
Ésa era una oportunidad en la que la CNDH pudo “presentar la realidad nacional ante las graves violaciones pluriofensivas que representa la desaparición de personas”, expresa Valentina Peralta Puga, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
“Raúl Plascencia Villanueva dejó perder esta oportunidad de que la voz de las víctimas en México fuera escuchada por la comunidad internacional”, afirma.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sesionó del 15 al 26 de septiembre en Ginebra, Suiza. Ningún representante del Estado mexicano acudió, pero agentes de la sociedad civil se dieron a la tarea de elaborar siete informes alternos; además una comitiva de representantes de al menos 30 organizaciones acudió a entregarlos.
En el documento que presentó el Estado el 11 de marzo, titulado Informe del Estado Mexicano sobre la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en virtud del Artículo 29 de la Convención, el gobierno federal asegura que se “registran avances sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el país”.
Las autoridades mexicanas especificaron que han “intensificado sus esfuerzos para combatir la desaparición forzada de personas”.
Entre las acciones que destacan se encuentra la del pasado 4 febrero, cuando el Senado de la República aprobó el retiro de la reserva a la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, “para consolidar la armonización de nuestro derecho interno con las normas internacionales”.
El gobierno federal aseguró ante la ONU que sus esfuerzos no estarían completos “sin un modelo para la atención de familiares de personas desaparecidas basado en el acompañamiento y la gestión de la información para garantizar un trato respetuoso y digno, que cumpla con el derecho a la verdad y a una reparación integral”.
Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil de todo el país refutan los resultados presentados por las autoridades mexicanas.
Uno de ellos, presentado por la Coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada Comité Cerezo México, el Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos" y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, explica que se vieron en la necesidad de entregar el informe alterno pues “la situación en nuestro país, respecto al incremento de casos de desapariciones forzadas, evidencia la continuidad y sistematicidad de este delito e indican el nulo avance en la implementación de la Convención Internacional y la erradicación de éste”.
La organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, presentaron en su denuncia que "el Estado mexicano se ha limitado a informar de una serie de medidas legislativas y otras de carácter administrativo, pretendiendo con ello que está implementando la Convención a nivel nacional. Sin embargo la realidad supera por mucho la posición oficial”.
“La Desaparición Forzada e Involuntaria en México desgraciadamente sigue siendo una práctica común en la actual administración del Presidente [Enrique] Peña Nieto. No sólo es el crimen organizado el actor involucrado en las Desapariciones Forzadas, sino también, de manera preocupante, agentes del Estado, y el número de desaparecidos y de violaciones a derechos humanos continúa en aumento”, se puede leer en el informe que realizaron el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, la organización Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).
BÚSQUEDA DE LA VERDAD
El movimiento que fundó el poeta Javier Sicilia, tras la muerte de su hijo Juan Francisco, en 2011, ha recorrido todo México y algunas ciudades de Estados Unidos y Guatemala. Araceli sabe de eso.
Desde la desaparición de su hijo, hace ya casi cinco años, ha caminado en “búsqueda de la verdad, la justicia”. Aunque ella no busca culpables, sí quiere saber quiénes son los responsables de adentro de la institución que los mandó desprotegidos a una misión de esa dimensión.
“Es mucho el dolor con el que hemos venido caminando, tanto yo como mi familia, como la de los otros policías federales y el civil”, dice. Sin embargo, en la ruta que ha trazado Araceli, también se ha quedado sola, pues las amenazas no han cesado, incluso de muerte en contra de todas las familias.
La mamá de Luis Ángel explica a SinEmbargo, que le han llegado llamadas telefónicas. "Me dicen que ‘ya pare mi pedo’, que me van a coser la boca, que me van a cortar la lengua por hocicona, que bajo mi conciencia la cabeza de mis otros tres hijos”.
El informe alterno del Movimiento por la Paz también resalta que la búsqueda de los seres queridos “recae sobre todo en los familiares e implica graves riesgos a nuestra seguridad. La mayoría de los familiares de personas desaparecidas hemos recibido amenazas que buscan hacer que nos detengamos y dejemos de señalar a los responsables”.
El documento recuerda las amenazas que se cumplieron, el caso de Nepomuceno Moreno, asesinado en Sonora, en noviembre del 2012 y Sandra Luz Hernández, en Culiacán, Sinaloa, en mayo de 2014. “Ambos buscaban a sus hijos desaparecidos y llegaron a señalar a los responsables como producto de sus investigaciones. Frente a estos crímenes exigimos al Estado mexicano investigación y sanción a los responsables”.
Araceli asegura que las “amenazas sí me dan miedo, pero más miedo me da dejar a mi hijo Luis Ángel, a sus compañeros y al civil perdidos sin saber la verdad de qué pasó. Porque yo no nada más busco a mi Luis Ángel, sino busco a sus compañeros, al civil y ahora en el camino a muchos más, porque quizás no encuentre a Luis pero puedo encontrar a otras [personas]”.
¿Y LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES?
Nueve organizaciones más enviaron otro informe alterno de “Desaparición Forzada de migrantes en México”, en el que se denuncia que el informe del gobierno “no toma en cuenta la situación de especial vulnerabilidad de las personas migrantes, ni de sus familiares”.
Acusan que la Procuraduría no tiene registro de delitos relacionados con la privación de la libertad de migrantes (secuestro, ausencia, desaparición forzada) y sólo en 2007 hay una averiguación previa relacionada con la desaparición forzada de una hondureña, desaparecida en Reynosa, Tamaulipas, pero la situación jurídica es “incompetencia autorizada”.
Después de 2008, los pocos registros que se tienen y la información que aportan son pocos claros y fidedignos.
Fray Tomás González Castillo, encargado del refugio para personas migrantes, La 72, en Tenosique Tabasco, dice que el gobierno federal miente al decir que la migración está bajando, pues al menos en esa entidad, ingresa el 25 de los migrantes a nuestro país, año con año, éste número va en aumento.
Las organizaciones como la Casa del Migrante de Saltillo, y el comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, acusan que familiares de migrantes que transitan por México, son las primeras en tener conocimiento de un delito o violación grave de derechos humanos en contra de su familiar. Sin embargo, en las investigaciones del Estado, nunca se toma en cuenta la información que proporcionan debido al “ poco interés de las autoridades mexicanas para realizar un acercamiento directo con las familias en los países de origen”.
Le hacen saber a la ONU que la interposición de una denuncia por parte de los familiares sin trasladarse a territorio mexicano resulta prácticamente imposible.
Recordaron también la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, las fosas clandestinas halladas igual en San Fernando y finalmente la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León.
En los casos de las fosas clandestinas de San Fernando y los restos de Cadereyta, las autoridades negaron, en un principio y sin fundamento alguno, que hubiera población migrante dentro de los restos. Las víctimas de los tres eventos ascienden a 314 personas, de las cuales existen cerca de 200 restos que permanecen sin identificar.
MÉXICO: UN CAMPO DE BATALLA
El representante de HRW explica que México debe asegurar que la definición de desaparición forzada sea consistente en sus diferentes jurisdicciones. Detalla que aunque el gobierno cuenta con varias iniciativas para apoyo para familiares de víctimas, no ha reglamentado la Ley General de Víctimas.
“El gobierno debería priorizar la investigación penal de presuntos casos de desaparición forzada [...] desde 2006 a la fecha no hay consignados por los cientos de miles de casos de personas desaparecidas”, dice José Miguel Vivanco.
El gobierno de Peña Nieto, en particular la PGR, ha impulsado diversas iniciativas para responder al problema de las desapariciones que incluyeron la creación de una unidad especial de la PGR para investigar desapariciones y buscar a personas con paradero desconocido.
“No obstante, estas iniciativas se han traducido en resultados limitados. Las autoridades han encontrado solamente a 214 mujeres, niños, niñas y adolescentes a través del sistema “AlertaAmber” desde 2011, y a 86 personas a través del trabajo de la unidad especial”, dice una misiva que el director de HRW presentó al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.
Araceli asegura que el problema de las desapariciones creció por la prohibición de las drogas. "Los cárteles delincuenciales pelean su territorio y es por eso que están desapareciendo y muriendo muchos inocentes. Necesitan gente para trabajar para ellos y por eso secuestran y desaparecen a tanta gente".
Ella, como miles de familiares de desaparecidos, asegura que ni un segundo dejará de caminar "para buscar la verdad de qué ha pasado, porqué nuestro país se convirtió en un campo de batalla en donde no le declararon la guerra al narcotráfico sino a los ciudadanos de todos los estados".
"Quizás a mucha de las personas las tengan clandestinamente viviendo con ellos, no sé en qué lugares, clandestinos, muy ocultos y que mucha gente hemos sabido de campos de concentración pero las mismas autoridades no hacen nada por llegar a esos campos de concentración para poder rescatar ya sea a vivos o muertos a muchos de nuestros familiares", dice desesperada.
Araceli concluye diciendo que su proceso, es de duelo congelado y eso se está "viviendo en muchos hogares mexicanos. Es un proceso de la muerte silenciosa porque finalmente por ir en la búsqueda de justicia, no nos damos cuenta de que nuestro organismo también se está deteriorando".
