Ciudad de México, 6 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto anunció hoy que investigará la tragedia de Iguala, Guerrero, en donde 43 estudiantes normalistas fueron desaparecidos y otros tres asesinados.
El mensaje no abundó mucho. Sólo dijo que mantendrá informada a la población sobre lo que su gobierno haga en esa región del estado de Guerrero. Condenó los hechos, como ya lo había hecho. Dijo que colaborará con las autoridades locales, también como ya lo había dicho. Endosó al Gabinete de Seguridad a dar con los responsables de la tragedia.
Por la mañana, al saberse del mensaje, periodistas y activistas habían especulado en redes sociales sobre las medidas adicionales que tomaría el gobierno federal, como nombrar a un fiscal o, como en el caso de Michoacán, a un comisionado.
Al mismo tiempo, en Iguala, Guerrero, este mediodía de lunes se dio a conocer que criminales colocaron una manta en la que exigen la liberación de los policías detenidos. La manta fue retirada. Es atribuida al grupo criminal “Guerreros Unidos”. Exige liberar a los 22 agentes municipales involucrados en el asesinato y desaparición de los estudiantes.
Elementos del Ejército mexicano retiraron la manta, que decía:
“Gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten si no atenganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”
En la Ciudad de México, casi al mismo tiempo, Peña Nieto informó que su gobierno participará en el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de los normalistas de Iguala, Guerrero, hecho que calificó como «indignante, doloroso e inaceptable».
«No cabe el mínimo resquicio para la impunidad ante estos hechos […] Mantendremos informados a la sociedad mexicana sobre la investigación y los avances», dijo el Jefe del Ejecutivo federal en un mensaje a medios.
QUE SE VAYA AGUIRRE: SOLALINDE
En tanto, el padre Alejandro Solalinde exigió la renuncia del Gobernador Ángel Aguirre Rivero tras denunciar que su mandato ha estado lleno de corrupción, impunidad, represión y tragedia. En su cuenta de Twitter, el sacerdote dijo que es un error seguir minimizando la situación en Guerrero: «el daño está hecho y los gobiernos han fracasado».
«La administración de @AngelAguirreGro ha estado llena de corrupción, impunidad, represión, tragedia, crimen,dolor y muerte. #FueraAngelAguirreGro», escribió el también activista.
Solalinde exigió la renuncia de Ángel Aguirre al considerar que su permanencia en el gobierno guerrerense «causa más daños que beneficio». «Antes de reconocimiento de cadáveres,reconozcan a los responsables que tienen nombre y apellido, #FueraAngelAguirreGro #JusticeForAyotzinapa», exigió el párroco.
El pasado 26 de septiembre policías municipales de Iguala atacaron tres autobuses en donde se transportaban normalistas de Ayotzinapa, de la escuela Raúl Isidro Burgos, ocasionando la muerte de dos normalistas. Entre la noche de ese viernes y la madrugada del sábado 27 de septiembre ocurrieron otros ataques en el que perdieron la vida otras cuatro personas. Esa noche también desaparecieron 43 jóvenes.
Por estos hechos, un grupo de cerca de 30 personas, entre ellas agentes de la policía, fueron consignados como posibles autores de la tragedia. El Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, está prófugo. Sobre ellos pesa la acusación de haberse dejado corromper por el dinero del crimen organizado.
Como parte de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, este fin de semana fueron halladas seis fosas clandestinas en la zona donde fueron vistas por última ocasión los 43 normalistas.
El Procurador Iñaki Blanco Cabrera dijo la noche de ayer que dos presuntos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”,admitieron haber ejecutado a 17 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cerca de las fosas clandestinas localizadas en Iguala. Y detalló que hasta el momento son 28 los cuerpos que han recuperado de las fosas, sin embargo precisó que no se ha confirmado su identidad.
En conferencia de prensa, Blanco Cabrera informó que derivado de labores de inteligencia y gabinete, se logró la detención de quienes dijeron llamarse: Honorio Antúnez Osorio (a) “El Patachín”, de ocupación Policía Municipal Preventivo de Iguala, Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de narcóticos y de Marco Antonio Ríos Berber, sicario.
Los presuntos delincuentes aseguraron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los estudiantes fue del Director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares. Salgado Valladares presta sus servicios como policía tercero de la enunciada corporación. En tanto, la orden de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”, integrante y líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos”
Aunados a los hechos violentos en Iguala, un día después el secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda Villalva, fue asesinado en Acapulco. Zaragoza fue ejecutado por un sujeto armado que le disparó al interior del restaurante del hotel “El Mirador”, en el fraccionamiento Las Playas, ubicado en la zona turística de la Quebrada.
VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA PRENSA EXTRANJERA
El hallazgo de 28 cuerpos quemados y desmembrados en seis fosas clandestinas localizadas en las cercanías donde fueron vistos por última ocasión 43 normalistas desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, ha regresado a la prensa extranjera el horror del México violento y corrupto.
Un grupo de cerca de 30 personas, entre ellas agentes de la policía, fueron consignados como posibles autores de la tragedia. El Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, está prófugo. Sobre ellos pesa la acusación de haberse dejado corromper por el dinero del crimen organizado.
Este inicio de semana, agencias como Associated Press, Reuters, Al Jazeera, y medios como El País, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, The Financial Times y CNN, entre otros, consignan el hallazgo de los entierros clandestinos que, dicen, si se comprueba que contienen a los cadáveres de los estudiantes, significarán “la masacre más grande del mandato del Presidente Enrique Peña Nieto”.
La agencia Reuters informa que en base a datos obtenidos por autoridades locales, que pidieron el anonimato, en los entierros clandestinos no hay 28 cadáveres, sino 34 cuerpos.
Lo ocurrido en Iguala se suma a otros hechos violentos reseñados por la prensa extranjera en el último mes. Casos como el asesinato del Diputado federal Gabriel Gómez Michel secuestrado hace dos semanas en Jalisco y hallado un días después calcinado dentro de su auto junto a un acompañante así como la ejecución de 22 presuntos delincuentes por parte de elementos del 102 Batallón de Infantería en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio han dado la vuelta al mundo.
Ahora, la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero, coloca a México de nueva cuenta en las páginas internacionales en un caso que evidencia la corrupción y filtración de las autoridades municipales con el crimen organizado.
La noche de ayer, el Procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, confirmó que dos presuntos integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, admitieron haber ejecutado a 17 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, cerca de las fosas clandestinas localizadas en Iguala. Y detalló que hasta el momento son 28 los cuerpos que han recuperado de las fosas, sin embargo precisó que no se ha confirmado su identidad.
En conferencia de prensa, Blanco Cabrera informó que derivado de labores de inteligencia y gabinete, se logró la detención de quienes dijeron llamarse: Honorio Antúnez Osorio (a) “El Patachín”, de ocupación Policía Municipal Preventivo de Iguala, Martín Alejandro Macedo Barrera, vendedor de narcóticos y de Marco Antonio Ríos Berber, sicario.
Los presuntos delincuentes aseguraron que la instrucción de acudir al sitio en que se encontraban los estudiantes fue del Director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares. Salgado Valladares presta sus servicios como policía tercero de la enunciada corporación. En tanto, la orden de llevárselos y ultimarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”, integrante y líder del grupo delictivo “Guerreros Unidos”.
«El relato de los detenidos mantiene abierta inquietantes incógnitas. No aclara el paradero del resto de estudiantes ni explica por qué en la fosa donde los sicarios señalaron que mataron a los alumnos yacían 28 cadáveres y no 17. La posibilidad de que sean todos estudiantes o que el lugar acumule cuerpos de otros asesinatos permanecía anoche abierta. Y la procuraduría no quiso dar un paso más mientras no se procediese a la identificación genética de los restos, un proceso que tardará unas dos semanas», consigna El País.
«Los policías infiltrados por los carteles de la droga locales son sospechosos de secuestrar a algunos de los estudiantes, dijo un funcionario de seguridad local, que habló bajo condición de anonimato. ‘Realmente no se les puede llamar a la policía’, dijo el funcionario, de pie en la ladera por encima de Iguala. El funcionario de seguridad dijo que los presuntos delincuentes habían dicho a los investigadores que la policía había entregado a los estudiantes a las personas que los mataron. Los presuntos criminales también habían ayudado a las autoridades a identificar el sitio, dijo el funcionario de seguridad», consigna el diario inglés The Guardian.
En tanto, LA Times dice que «si se evidencia que las tumbas contienen a los estudiantes, esto sugeriría que fueron ejecutados sumariamente por sus captores, ya sean policías o delincuentes cártel. Y si eso resulta cierto, constituiría la atrocidad más grave de los derechos humanos en los 2 años del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y una de las peores en los últimos años».
En este punto coincide The Wall Street Journal que «si se confirman las muertes, la masacre sería la más grande durante el mandato del Presidente Enrique Peña Nieto, lo cual podría poner en peligro sus esfuerzos de anunciar un descenso en asesinatos relacionados con las drogas en un país que se ha enturbiado por la violencia entre bandas durante años».
A su vez, The Finantial Times dice «la masacre – próxima a las acusaciones que surgieron contra soldados que ejecutaron a 22 personas en junio en la localidad de Tlatlaya al suroeste de Ciudad de México – proyecta una sombra sobre el historial de derechos humanos del gobierno de Enrique Peña Nieto […] En caso de confirmarse, serían los peores dichos asesinatos que tendrán lugar desde que asumió el cargo en diciembre de 2012 con la misión de reformar México».
José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch dijo al medio londinense que el gobierno mexicano no esta cumpliendo su promesa de esclarecer los casos de desapariciones forzadas. «Dado que [Febrero 2013] en lugar de aclarar el alcance del problema, [el gobierno] ha emitido una serie de declaraciones contradictorias que han planteado más preguntas que he respondido», dijo.
«Si se confirma que los cuerpos eran de los estudiantes, sería una de las peores matanzas de México, que ha sido testigo de una guerra contra la droga que se intensificó en 2006, dejando 80 mil muertos hasta la fecha», reporta por su parte Al Jazeera.
De acuerdo con CNN, los testigos han acusado a la policía de orquestar y participar en los tiroteos. «El objetivo de la policía era matar a cualquier persona que estaba dentro del perímetro que tenían», le dijo un estudiante de la escuela a la cadena. Y agrega el medio: «El caso ha dejado muchas preguntas inquietantes sin respuesta. Una clave entre estas: ¿Quién dio la orden de abrir fuego, y cuál fue su motivo?».
