Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Los padres y compañeros de los jóvenes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, no corrieron la misma suerte que los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y no fueron recibidos por el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, a pesar de que los hechos ocurrieron hace una semana.
Sin embargo, sí fueron escuchados por el Subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, quien les aseguró la Secretaría de Gobernación convocará áreas especializadas para la búsqueda de los 43 normalistas no localizados y que continuaría con la investigación.
Esta respuesta se dio ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la orden del Gobernador Ángel Aguirre Rivero de poner a alrededor de mil 640 trabajadores del sector central del gobierno a buscar a los desaparecidos casa por casa.
“¿A ustedes les parece lógico que se ande buscando casa por casa en Iguala [Guerrero]? ¿Les parece lógico que los servicios sin especialización tengan una búsqueda de esa naturaleza? Hay una evaluación de riesgo. Nosotros creemos que no [es lógico]“, afirmó Bidulfo Rosales Sierra, representante legal de los padres de jóvenes desaparecidos.
Acusó que no hay una búsqueda seria y exhaustiva por parte de los autoridades.
Mientras que Pedro David García López, estudiante de la Normal Rural y compañero de algunos de los jóvenes desparecidos, aseguró que las autoridades estatales sí “están comprometidas con el caso, pero el problema es que ya va exactamente el día de hoy, una semana y no hay resultados”.
Dijo que están coadyuvando en la búsqueda de sus compañeros; sin embargo, hasta el momento el Gobernador no se ha acercado con ellos, sino su asesor, Ernesto Aguirre Gutiérrez, mientras que las autoridades municipales no hacen nada. Dijo que luego de los hechos, ellos también desaparecieron.
“Exigimos la presentación con vida de nuestros compañeros, nada más. Las últimas personas que vimos que se los llevaron fueron la Policía Municipal Preventiva. Nosotros pedimos que las personas que se los llevaron son las mismas que los deben de presentar”, comentó.
Por su parte, el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se unieron al llamado y se pronunciaron porque el caso se investigue y que se respeten los derechos humanos de las víctimas que fueron violados.
La CIDH otorgó medidas cautelares en favor de los 43 normalistas de la Escuela en Ayotzinapa desaparecidos desde el viernes pasado. “Y los estudiantes heridos, actualmente ingresados en un hospital, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo”, detalló en una resolución.
Advirtió que el Estado mexicano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas y prevenir mayores daños a sus derechos; de no encontrarlos, afirmó, la Comisión aseguró que el Estado mexicano deberá reconocer su responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones en materia de desaparición forzada.
La ONU México condenó los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 y 27 de septiembre que ocasionaron la muerte de seis personas, 14 heridos y la desaparición de 43 estudiantes.
En comunicado, ONU México urgió a las autoridades investigar con pleno respeto al debido proceso las conductas perpetradas y sancionar a todos los autores de lo sucedido y del deterioro manifiesto del estado de derecho.
“El Estado mexicano debe adoptar, igualmente, todas las medidas idóneas para garantizar que hechos violatorios de los derechos humanos como los registrados no vuelvan a suceder”, expuso la organización.
EL LLAMADO A PEÑA NIETO
Ayer, un comité de 17 personas, entre padres y amigos de los jóvenes desaparecidos se trasladó desde Chilpancingo a la Ciudad de México para ser atendidos en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los guerrenses le entregaron a Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobierno, un pliego petitorio con seis puntos en los que exigen:
1. El compromiso político del Ejecutivo Federal [Enrique Peña Nieto] de in del Ejecutivo Federal (Enrique Peña Nieto) para intervenir para investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de nuestros hijos y compañeros, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
2. Presentación con vida de nuestros 43 hijos, normalistas, desaparecidos desde el día 26 de septiembre del año en curso.
3. La conformación de un grupo multidisciplinario interinstitucional y de fuerzas especiales con amplia experiencia para que se avoque a la búsqueda inmediata de nuestros hijos y compañeros desaparecidos.
4. Verdad justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición por las ejecuciones extrajudiciales de DANIEL SOLÍS GALLARDO, JULIO CESAR RAMÍREZ NAVA y JULIO CESAR MONDRAGÓN FONTES y de todos los hechos que conforman el presente caso.
5. Atención médica y rehabilitación integral de los estudiantes heridos ALDO GUTIÉRREZ SOLANO, EDGAR ANDRES VARGAS, FERNANDO MARÍN BENÍTEZ y JONATHAN MALDONADO HERNÁNDEZ.
6. Garantías de seguridad para los estudiantes, sus familiares y representantes.
De acuerdo con la CIDH, en Iguala, Guerrero, hubo grandes violaciones a los derechos humanos que colocan a los estudiantes en riesgo de daños que constituyen “la máxima situación de irreparabilidad” al tratarse de desapariciones y posible privación de la vida e integridad física.
En el documento, los padres y compañeros hicieron un recuento de los hechos del 26 de septiembre y denunciaron que la búsqueda del gobierno del estado comenzó formalmente hasta el 1 de octubre, luego de que los padres les proporcionaron información de algunos puntos donde testigos habrían visto a los estudiantes siendo transportados en camionetas.
Y denuncian que "las autoridades estatales no realizaron un trabajo de inteligencia para detectar puntos específicos de atención donde operan grupos delictivos de Iguala [...] la búsqueda se realizó sin una estrategia que contenga un diagnóstico de los grupos delictivos que tienen presencia en Iguala".
Finalmente aseguran que a "siete días de la desaparición 43 estudiantes normalistas, a la fecha se ignora dónde se encuentran. Las labores de búsqueda limitada que ha emprendido el gobierno del estado de Guerrero no ha dado los resultados esperados y cada hora que pasa se pone en juego la vida de nuestros hijos".
AGUIRRE PIDE DESAFUERO DE EDIL
El Gobierno de Guerrero, encabezado por Ángel Aguirre Rivero, anunció que solicitará al Congreso local un juicio de procedencia contra el Alcalde de Iguala con licencia y prófugo, José Luis Abarca, para que pierda el fuero constitucional y con ello se pueda proceder en su contra al ser relacionado con los 3 normalistas asesinados y los 43 desaparecidos.
“La Procuraduría [General de Justicia de Guerrero] habrá de promover ante el Congreso del estado un juicio de procedencia a fin de que el Alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez pierda el fuero constitucional que al momento le protege para poder proceder penalmente en su contra”, informó el Procurador estatal, Iñaky Blanco Cabrera.
En conferencia de prensa, el titular de la PGJE informó que existen elementos de prueba suficientes para que se gire una orden de aprehensión en contra del Secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.
El Gobernador de Guerrero agregó que se solicitó el desafuero porque el Edil con licencia no se presentó a declarar sobre el caso.
El pasado 29 de septiembre, Abarca Velázquez dijo que no tuvo conocimiento de los actos violentos que tuvieron lugar en el municipio la noche del viernes porque estaba bailando: “no supe nada de los hechos de violencia, yo estaba bailando”, dijo el Edil.
Tras su argumento, líderes perredistas y organizaciones civiles pidieron José Luis Abarca separarse de su cargo para atender no entorpecer la investigación. Éste solicitó licencia por 30 días, pero después desapareció.
