La movilización estudiantil de 1968, cuyo episodio más álgido fue la matanza de jóvenes en Tlatelolco –que cumple hoy 46 años–, significó un parteaguas para la protesta social en México. Y sus efectos duran hasta hoy. El sistema político mexicano nunca más sería igual.
¿Son, las calles, un mecanismo de participación política, un derecho ciudadano o la única posibilidad de los grupos marginados para hacerse escuchar? Analistas dicen que la protesta social es, antes que lo anterior, la expresión del descontento de un grupo ante la actuación irregular o inacción del gobierno.
A los actores que se diversifican, a las demandas que no pierden vigencia y a las nuevas exigencias, se le han sumado las herramientas tecnológicas que han potenciado el alcance de las voces.
Pero el derecho a manifestarse se enfrenta hoy a leyes que lo limitan y a mecanismos que lo desacreditan y criminalizan. Y es, otra vez, la intolerancia de los gobiernos la que mete mano. Por eso, aunque hay más movimientos sociales y herramientas digitales, también hay más detenidos y presos por motivos políticos...
Ciudad de México, 2 de octubre (SinEmbargo).– El luto entre los líderes del movimiento estudiantil de 1968 por la reciente muerte de Raúl Álvarez Garín y la oxigenación que la protestas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han traído al movimiento, enmarcan la conmemoración de los 46 años de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre.
Tal fecha no sólo es simbólica para el movimiento estudiantil y una referencia necesaria para la memoria histórica, sino que también significó un viraje en la conceptualización de la protesta social, a decir del investigador y especialista en movimientos sociales, Carlos Antonio Aguirre Rojas, pues hasta entonces las movilizaciones habían tenido como actor central a la clase obrera.
A partir de 1968, el movimiento estudiantil en México –en consonancia con los movimientos revolucionarios en todo el mundo– y su paradigma se quebró con la irrupción de un nuevo protagonista: los estudiantes, apunta el miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Lo que siguió fue la multiplicación de actores y de las demandas, que encontraron en la protesta social una vía de expresión.
“Hay una pluralización de los agentes del cambio social y de la protesta social, y un enriquecimiento y pluralización muy grande de las protestas, de las demandas fundamentales que enarbolan todos estos nuevos agentes”, refiere Aguirre Rojas.
La protesta social es el mecanismo de participación política por excelencia, pues permite la defensa de derechos y el control democrático del poder político de forma directa, expresa Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Lo que entraña, fundamentalmente, es el descontento de un grupo social ante la negación o afectación previa de sus derechos por parte del Estado. Los afectados, señala Hernández León, suelen ser los actores marginados, aquéllos que no tienen cabida a través de los canales convencionales de debate.
“En una estructura de poder muy vertical y que sus circunstancias de representación son muy distantes de la sociedad, la protesta viene a conformar un derecho fundamental para llevar al campo de la deliberación pública exigencias de grupos que sin ese elemento de exigencia difícilmente podrían tener eco o espacios de recepción de sus demandas en los espacios tradicionales de deliberación”, señala el defensor de los derechos humanos.
La persistencia de problemáticas estructurales ha hecho que algunas demandas no pierdan vigencia, como las de la comunidad estudiantil, dice Hernández. Pero al mismo tiempo, la emergencia de nuevas políticas que afectan a nuevos y más actores también ha definido el surgimiento de más protestas, sobre todo en este sexenio, agrega.
¿Qué es lo que ha pasado desde que el movimiento estudiantil de 1968 abrió el camino a la diversificación de los actores que salen a las calles a protestar hasta hoy, cuanto las nuevas herramientas tecnológicas parecen convertirse en una nueva plataforma para la expresión de ideas y la deliberación de propuestas?
LOS PRIMEROS AÑOS Y LA IRRUPCIÓN DEL EZLN
Si los acontecimientos del año 68 fueron punta de lanza para la protesta social, lo que ocurrió durante las décadas de los setenta y ochenta fue la emergencia de nuevos movimientos, cada uno enarbolando sus demandas, amén de la persistencia del movimiento estudiantil, que tuvo el 10 de junio de 1971 otro de sus episodios de represión más recordados.
Uno de esos movimientos fue el urbano-popular, recuerda Aguirre Rojas. Pero también estuvieron el movimiento campesino y el del sindicalismo independiente.
Si bien durante los años noventa, éstos decayeron –en gran parte a los mecanismos de cooptación instrumentados por el gobierno– a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari hubo movimientos sociales significativos que escaparon de esa relación, como recuerda Francisco Zapata en el texto "Movimientos sociales y conflicto laboral en el siglo XX", que aparece en el tomo dedicado a los movimientos sociales de la serie Los grandes problemas de México, publicada por el Colegio de México.
Uno de ellos fue el movimiento de El Barzón, que en 1993 estableció un plantón durante 52 días en el centro de Guadalajara y realizó tomas del puente internacional que une Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. Quienes protestaban eran pequeños y medianos productores agrícolas.
Para Aguirre no hay duda de que el movimiento más importante, y no sólo de esos años, fue la irrupción armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Para el caso de México, el parteaguas para el periodo que va del 68 hasta hoy lo representa, sin duda, el 1 de enero de 1994, porque yo sí creo que los compañeros zapatistas, cuando irrumpen en la manera radical en que lo hacen redefinen el paisaje de los movimientos sociales en México”, expresa el académico, quien es adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Si bien destaca como uno de los momentos cumbre del neozapatismo la marcha que la comandancia del EZLN realizó de Chiapas a la Ciudad de México –un trayecto multitudinario llamado “Marcha del Color de la Tierra”–, Aguirre Rojas considera que la relevancia del movimiento neozapatista en la historia de los movimientos sociales radica en que hizo resurgir a otros movimientos.
Además, dice, fortaleció al movimiento estudiantil, que cinco años después protagonizó la huelga más larga que ha tenido la UNAM, y que terminó sólo por la irrupción de la Policía Federal Preventiva el 6 de febrero de 2000.
¿PROTESTAS BUENAS Y MALAS?
El abogado Hernández León dice que, vista desde el poder público, en la protesta social hay una tolerancia discrecional, que permite la manifestaciones que son consideradas buenas o cuyas causas tienen aceptación ciudadana y de actores sociales que no son políticamente incómodos, mientras que a otras protestas se les descalifica.
“Parece haber un doble estándar en las protestas: protestas buenas, toleradas, permitidas y que no representan ningún problema, y otro tipo de protestas en las que los grupos son descalificados sistemáticamente”, considera.
Todo depende de cómo sean vistos por el gobierno. “Si para el Estado son potencialmente peligrosos o negativos, entonces viene la descalificación, que incluso permea en la lógica de los medios de comunicación; si son grupos que no cuestionan o no afectan los intereses del gobierno en turno, entonces esa caracterización no es negativa”, expone.
La orientación partidista del gobierno en turno ha sido un elemento relevante para determinar su actuación, considera Hernández León, pues dice que durante los 12 años de gobiernos panistas hubo más permisividad a las protestas y hacia ciertos grupos, mientras que con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder se ha polarizado la confrontación frente a los grupos que le son incómodos.
No obstante, fue bajo el sello de los gobiernos blanquiazules que este doble estándar ofreció algunos ejemplos. El 27 de junio de 2004, alrededor de 250 mil personas participaron en una marcha silenciosa en avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para protestar contra la inseguridad en todo el país. La llamada “Marcha Blanca”, en alusión al color de ropa que los manifestantes usaron ese día, congregó a personas de varios estados y de la capital en un reclamo común contra las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Aun durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, en junio de 2006 más de 300 organizaciones se unieron para formar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con el fin de apoyar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que mantenían un plantón indefinido en la ciudad de Oaxaca desde mayo de ese año.
La APPO exigía la renuncia del entonces Gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz Ortiz, y convocó a diversas manifestaciones en la capital de Oaxaca, además de que realizó acciones como bloqueos a las entradas de la ciudad, ocupación de instalaciones de radio y televisión estatales, enfrentamientos armados y una marcha hacia la Ciudad de México.
A los cinco meses del conflicto social que detonó el movimiento de la APPO, la Policía Federal Preventiva entró a la plaza principal de la ciudad de Oaxaca, obligando a la agrupación a replegarse. Para entonces, el desgaste del movimiento y la descalificación por parte de un sector de la prensa había generado animadversión de algunos sectores sociales.
Hernández León señala que la descalificación de las autoridades y los medios, y el desconocimiento de las causas de la protesta, así como la falta de cuestionamiento de la responsabilidad del Estado, han contribuido a que socialmente haya protestas vistas negativamente.
Agrega que se ha olvidado que el gobierno tiene un papel esencial en ella por varias razones. En primer lugar porque las causas de la protesta están asociadas al rechazo a su actuar o frente a su omisión, además de que la protesta es un ejercicio que derechos y por tanto el Estado lo debe garantizar, y que es obligación del Estado que quienes pudieran resultar afectados también tengan asegurado el respeto a su derecho.
“Debe haber ahí una situación de conciliación, de armonización de estos derechos que pueden entrar en colisión”, dice el abogado. “El problema es que el Estado no lo ve como un ejercicio de derechos; ve a la protesta como un problema que se debe resolver”, agrega.
En esa lógica, el propio gobierno soslaya el hecho de que muchas de las protestas no surgirían o no escalarían, si antes no se hubieran eludido o se hubiera negado su resolución, señala.
Pero la descalificación también ha sido la génesis de protestas, como ocurrió en mayo de 2012, cuando Enrique Peña Nieto, entonces candidato presidencial, acudió a presentar su plataforma política ante estudiantes de la Universidad Iberoamericana (UIA). Durante el evento algunos alumnos lo interpelaron, y a la salida del auditorio donde se encontraba varios de ellos protestaron y gritaron consignas en su contra.
Varios medios matizaron el hecho y el entonces dirigente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, el Senador ecologista Arturo Escobar y Emilio Gamboa Patrón descalificaron a quienes habían protestando, sugiriendo que no eran estudiantes de la Universidad. En respuesta, un grupo de 131 alumnos de la Ibero difundieron un video en el que aparecían mostrando sus credenciales escolares para desmentir a los políticos.
A raíz de ese video, estudiantes de otras escuelas, públicas y privadas, comenzaron a mostrar su apoyo en redes sociales con el hashtag #YoSoy132, que más tarde bautizaría a un movimiento que demandó, en el contexto electoral de ese año, la democratización de los medios y rechazaba lo que consideraba una imposición del candidato presidencial priista, hoy convertido en Presidente.
En un hecho más reciente, el pasado 28 de septiembre los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) también difundieron un video en el que se grabaron mostrando sus credenciales, luego de que la directora del Instituto, Yoloxóchitl Bustamante, desestimara una manifestación de la comunidad politécnica en contra del nuevo Reglamento Interno y los nuevos planes de estudio en varias escuelas.
En una entrevista radiofónica, Bustamante había dicho que no todos los manifestantes eran estudiantes, sino que había “agentes externos”.
Al respecto, la encargada del Doctorado en Comunicación de la UIA, Maricela Portillo Sánchez, dice que la descalificación se ha usado para desestimar las protestas y desviar la atención de sus demandas.
“Es un recurso para minimizar, para desviar la atención de las principales demandas, que pueden ser legítimas, de los estudiantes, y hacerlas aparecer como si los jóvenes estudiantes siempre son manipulados por otras fuerzas políticas”, considera.
UNA GOTA QUE DERRAME EL VASO
“La gente se decide a protestar por una suma de factores muy compleja”, apunta Aguirre Rojas. “Pero ¿cuál es la gota que derrama el vaso? Yo creo que estamos viviendo un proceso en el cual las clases dominantes están sumando cada vez más agravios a las clases populares”, opina.
A decir del abogado del Centro Prodh –organización que, junto con algunas otras asociaciones civiles, integra el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social–, a partir del 1 de diciembre de 2012, día que marcó el inicio del actual sexenio, se ha incrementado la cantidad y afluencia de las protestas sociales, pero también ha crecido el número de detenidos durante las manifestaciones y de presos por motivos políticos.
Hernández León señala que si bien hay condiciones estructurales que dan legitimidad a algunas protestas, las reformas estructurales aprobadas en la administración de Peña Nieto han generado inconformidad entre distintos sectores sociales que se verán afectados, como los campesinos, los trabajadores, el magisterio.
A ello se le suma el hecho de que con el regreso del PRI al poder, los canales de comunicación con las autoridades parecen más cerrados, además de que ahora hay nuevas formas “autoritarias” para manejar los conflictos, sostiene.
“Vemos cómo empiezan a proliferar estas leyes ‘antimanifestaciones’, estos discursos que descalifican sistemáticamente o caracterizan negativamente a quienes protestan, esta lógica de que se oponen al progreso [… ] Todo esto conforma una estructura de gobernabilidad autoritaria. Aunque formalmente hay democracia, hay representación, materialmente no existe la participación de todos los actores sociales, y no sólo no existe sino que además se conforma una respuesta autoritaria frente a sus exigencias”, expresa.
Una de las leyes a las que se refiere es la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que obliga a informar la realización de una manifestación con 48 horas de anticipación, prohíbe el uso de vías primarias y concede facultades a la policía para usar la fuerza de forma “discrecional”, a decir de las organizaciones que integran el Frente.
Otra normativa similar es la Ley de Ordenamiento Social, aprobada en Quintana Roo y que también plantea avisar con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación. La ley considera a la manifestación como una reunión “que pueda perturbar la paz”. Además, establece un listado de sitios donde no está permitido protestar, bajo advertencia de usar la fuerza pública para disolver una manifestación en caso de que ocurra.
En San Luis Potosí fue propuesta la Ley de Manifestaciones Públicas, Libertad de Tránsito y Derechos de Terceros, que plantea horarios para las manifestaciones y la condición de pedir permiso para realizarlas. Queda a decisión de la autoridad autorizarlas o no. Además, la propuesta plantea multas para quien no avise previamente por escrito, que van de los 50 a 100 días de salario mínimo y el arresto de 36 a 72 horas.
El investigador Aguirre Rojas concuerda con que conforme la protesta social ha cambiado, el Estado ha inventado nuevos mecanismos para tratar de cooptarla o reprimirla.
Pero dice que, al mismo tiempo, los movimientos sociales también han ido aprendiendo y renovándose.
En su opinión, el mayor aprendizaje ha sido una mayor politización de la ciudadanía. “El 68 es una primera sacudida que empieza a poner esto en crisis y en ciertos sectores”, dice, aunque acota que entonces esta idea no alcanzaba a permear a toda la población. Considera que actualmente la política se ha vuelto un asunto más cotidiano para los ciudadanos.
REDES SOCIALES, POTENCIAL PARA LA CALLE
Para Portillo Sánchez, otro avance importante en la protesta social lo ha dado el uso de las nuevas tecnologías como herramientas de difusión.
"Lo que sí podemos encontrar en estos tiempos es una forma de organización que no había ocurrido antes. ¿A qué me refiero? Al uso de las nuevas tecnologías. Lo que sí tienen hoy en sus manos los jóvenes, a diferencia de los jóvenes del 68, es una serie de herramientas que les permiten visibilizar sus demandas rápidamente, a través de canales no convencionales”, considera.
El uso de redes sociales como Twitter, Facebook, Vine o Youtube como mecanismos de comunicación y difusión ha favorecido que los mensajes de quienes protestan se hagan escuchar con más rapidez y lleguen a un público más amplio, incluso a escala mundial, apunta Hernández León. Pero no sólo eso, pues agrega que también se han convertido en espacios de deliberación pública.
Sin embargo, advierte que así como los movimientos sociales usan las nuevas tecnologías como espacios de expresión y difusión, el gobierno también ha trasladado a la esfera digital sus mecanismos de restricción.
“Vemos que también el Estado lleva ese debate y esa disputa, también vemos una tendencia a querer controlar esos espacios, a querer restringirlos, y las modificaciones legales que se han dado en los últimos meses dan elementos para pensar que el autoritarismo también buscará controlar estos espacios vitales”, dice.
Tras la aprobación de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el pasado 9 de julio, se avaló un artículo que obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a conservar un registro de las comunicaciones de sus clientes, que incluyen transmisión de voz, mensajes instantáneos, datos y multimedia.
También plantea que las autoridades puedan solicitar a los proveedores la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, sin necesidad de una orden judicial.
Pero aun con estas consideraciones, Hernández León plantea que las nuevas tecnologías han permitido potenciar la información y el nivel de comunicación de las protestas. El impacto que estas herramientas están teniendo se podrán medir en el largo plazo, asegura Portilla Sánchez, pues aunque en el corto plazo no parezcan muy eficaces en la concreción de las exigencias que motivan las protestas, “lo que sí podemos pensar es que quizá sí estén transformando algo en el largo plazo”.
Aguirre Rojas no es tan optimista sobre el tema. Para él, si bien las nuevas tecnologías son útiles como herramientas de comunicación, no sustituyen la organización y acción en las calles.
Bajo esa idea de que lo único insustituible es la calle, sostiene: “Mientras haya represión, mientras haya explotación, la gente siempre protestará, buscará los medios de expresarse”.
