Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– La exigencia de organizaciones civiles y familiares de víctimas de feminicidio para que en el Estado de México sea declarada una alerta de género y se investiguen los asesinatos de mujeres y las causas de la violencia feminicida llegó el día de ayer a este municipio, considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los más violentos en todo el país para las mujeres, desde hace casi 30 años.
Las cruces rosas, flores y veladoras para conmemorar a las mexiquenses víctimas de feminicidio, que han sido llevadas como parte de una campaña “Alerta de género ciudadana en el Estado de México” a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chalco, esta vez ocuparon la explanada del Palacio Municipal de Tlalnepantla.
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –una de las organizaciones convocantes y que ha documentado los casos de feminicidio en la entidad–, se trata de los ayuntamientos donde han ocurrido la mayoría de asesinatos de mujeres por razón de género.
El Observatorio registró 1,003 feminicidios entre 2005 y 2010; de ellos, 53 ocurrieron en Tlalnepantla. Aun si el número pareciera bajo, se trata de una tasa alta en función de la densidad poblacional del municipio, explicó Yuriria Rodríguez, asesora jurídica del OCNF.
Desde mayo de 2010, el Observatorio ha solicitado que que se declare una alerta de género en la entidad, a fin de que se investiguen los casos de feminicidios ocurridos, así como las causas que han generado la violencia contra las mujeres.
La petición ha sido rechazada en tres ocasiones por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un órgano interinstitucional en el que participan instancias estatales y federales y es coordinado por la Secretaría de Gobernación. Actualmente, hay un cuarto análisis en curso para determinar si se emite o no una alerta de género en el estado.
Rodríguez alertó sobre los dos temas que más les preocupan en este momento: el aumento de la violencia contra las mujeres en la entidad y los alcances que tendrá la investigación que sustente la resolución sobre la declaratoria de la alerta de género.
Sobre la violencia contra las mujeres refirió que si bien desde hace cuatro años que el OCNF solicitó que se declarara una alerta de género, les han obstaculizado el acceso a información oficial sobre incidencia de casos, los recorridos que han hecho por los municipios más violentos para las mujeres les han permitido conocer testimonios de familiares de víctimas. También han podido allegarse de información a través de la prensa.
“Desde el Observatorio queremos manifestar nuestra preocupación porque cada que hemos ido a visitar los municipios nos encontramos cada vez más con familiares de mujeres víctimas de feminicidio, nos encontramos con mujeres víctimas de violencia, y en donde las autoridades no están haciendo nada”, acusó.
Con base en esos datos, Rodríguez sostiene que no sólo los casos de violencia van en aumento, sino que la mayoría de los asesinatos por razón de género son muy violentos.
“Sabemos que al menos en el 70 por ciento de los casos, las mujeres están siendo asesinadas con actos que implican un uso excesivo de la fuerza, pero además que las formas de privar de la vida es muy grave. No es lo mismo que des un disparo con un arma de fuego a la la forma en que las privan [de la vida]: las golpean, las ahorcan, las estrangulan. La forma en que están siendo asesinadas las mujeres es grave y los números también”, dijo la integrante del OCNF.
Datos de instancias federales dan cuenta de esta violencia. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó 388 defunciones femeninas por presunción de homicidio en el Estado de México, tan sólo durante 2012. Asimismo el El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó que entre 2012 y 2013 se cometieron 4 mil 857 violaciones sexuales de mujeres en ese estado, que también figura entre los más violentos en todo el país.
¿ALERTA DE GÉNERO SIN DIENTES?
Rodríguez recordó que la campaña de una alerta de género ciudadana surgió a partir de la negativa de la declaratoria formal, que obligaría a las autoridades a investigar las causas de los asesinatos de mujeres por razón de género, así como las causas que generan la violencia feminicida contra las mujeres mexiquenses.
La asesora jurídica del OCNF refirió que desde hace cinco meses las autoridades llevan a cabo una investigación para determinar si se emite o no una alerta de género en el Estado de México. Sin embargo, manifestó su preocupación por las limitaciones que ya se advierten en esa indagatoria. Y es que dicha investigación no se ocupa de identificar las fallas, las omisiones y los obstáculos que han tenido los servidores públicos involucrados en las averiguaciones judiciales de los feminicidios. Tampoco se han acercado con los familiares de las víctimas para conocer de sus casos, a decir de Rodríguez.
“En los casos de violencia no van a poder hacer nada porque no se pueden meter en las investigaciones, cuando una de las mayores denuncias que estamos haciendo es que se abran los casos, que se logre justicia para las víctimas”, explicó.
“Al final nosotros decimos ¿de qué va a servir todo eso?”, cuestionó respecto a los alcances de la investigación que sustentaría una eventual declaratoria de una alerta de género. “Son las y los familiares de víctimas de feminicidio quienes nos están diciendo cuáles son los obstáculos en la investigación, por qué el protocolo de investigación no sirve”, señaló Rodríguez.
Y acusó: “Sí es importante hacer resaltar esta parte de la investigación, porque tenemos cinco meses con una investigación de la declaratoria de género, que las investigaciones se basan en enviarles cuestionarios a los gobiernos, mandarles cuestionarios a la sociedad civil, pero no están haciendo esto, no están haciendo esto que decidimos hacer desde la Alerta de Género Ciudadana: ir a los municipios a ver qué es lo que está sucediendo”.
La información que el OCNF ha recabado, adelanta Rodríguez, servirá para un informe alternativo al que se presentará cuando concluya la investigación que determinará si se emite o no la alerta de género en la entidad. Rodríguez dijo que se prevé que ambos informes se publiquen para finales de octubre.
RADIOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA
Durante la cuarta manifestación de la campaña para exigir que se declare una alerta de género, Rodríguez hizo referencia a lo que han encontrado en los municipios a donde han ido.
Detalló que en Chimalhuacán, por ejemplo, la violencia contra las mujeres proviene de los cuerpos policiacos, “para después ser solapados por el sistema de justicia”. En Chalco, los cuerpos de las mujeres son encontrados en bolsas de basura o atados.
Mientras que Tlalnepantla forma parte de lo que llamó un “corredor de desapariciones”, pues únicamente durante 2012 en ese municipio, junto con Tecamac y Ecatepec, se registraron 600 desapariciones de mujeres jóvenes y niñas. Algunas organizaciones civiles han vinculado esas desapariciones con redes de trata de personas, de ahí el apelativo.
De acuerdo con Rodríguez, han identificado que en Tlalnepantla los lugares de desaparición suelen ser cerca de los domicilios de las víctimas o en sitios concurridos, como estacionamientos o centros comerciales; mientras que los cadáveres de mujeres han aparecido abandonados en la autopista México-Querétaro, a la altura del libramiento de Lago Guadalupe.
Además, Rodríguez refiere que de enero de 2009 a julio de 2010 se cometieron 208 violaciones sexuales de mujeres en ese municipio.
VIOLENCIA CONTRA MUJERES, AUSENTE EN INFORME
El cuarto ejercicio de la alerta de género ciudadana se dio un día después de que se presentara el tercer informe de labores del Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. Al respecto, Juan Pedro Barbosa, líder de la organización Acción para el Bienestar Ciudadano (ABC) –otra de las organizaciones convocantes– señaló que el mandatario estatal no mencionó en su discurso los derechos humanos ni las violaciones a los derechos de las mujeres.
“Tampoco a lo largo de su administración han existido los derechos humanos. Omite su responsabilidad como autoridad”, acusó.
Pero Ávila omitió el tema de los feminicidios no sólo en su discurso, sino en el informe completo. En el documento que da cuenta de su tercer año de trabajo al frente de la entidad más poblada del país, el tema de la violencia contra las mujeres mereció apenas unas líneas:
“El gobierno de la entidad ha asumido el compromiso de trabajar por y con las mujeres, con el fin de trabajar por y con las mujeres, con el fin de mejorar sus condiciones de bienestar, garantizar el respeto de sus derechos y combatir cualquier forma de violencia y discriminación en su contra”.
Desde la explanada municipal de Tlalnepantla, las madres de dos mujeres asesinadas en el Estado de México contradijeron esas palabras.
María Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez, asesinada por su esposo y el hermano de éste hace una década, dijo: “Cuando se negó la alerta, me preocupó como madre que este mecanismo no se implementara, toda vez que los casos de violencia contra las mujeres en nuestras calles, colonias, municipios son frecuentes y van en aumento”.
El de Nadia Alejandra fue uno de los primeros casos de feminicidio que se conocieron en la entidad, luego de que su familia denunció que los agresores habían simulado que la chica se había suicidado. Pese a que se documentaron irregularidades en el proceso, al final uno de sus agresores fue absuelto y el otro no ha sido juzgado.
Desde junio de 2010, cuando el esposo de su hija Mariana Lima Buendía les dijo a ella y a su marido que la chica se había suicidado, Irinea Buendía ha acusado que se trató de un asesinato, perpetrado por la pareja de su hija, un policía judicial de Chimalhuacán. La investigación también tuvo irregularidades y el caso está actualmente bajo escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al tiempo en que ha denunciado el asesinato de su hija, Irinea ha buscado ser escuchada por las autoridades. Pero el Gobernador Ávila no la ha recibido, dice, como tampoco lo hizo el mandatario anterior, el priista Enrique Peña Nieto.
Sobre él, expresó: “Dice que tiene una disposición al diálogo, pero eso nada más en el discurso, porque desde que era Gobernador nosotros pedimos una audiencia con él y hasta ahora es la fecha que nunca ha querido responder si nos la da o no nos la da. ¿A qué le tiene miedo? No sabemos. Entonces, ¿cuál es esa disposición de la que habla?”.
