Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).– Asesinatos violentos, feminicidios, desapariciones y trata para la producción y tráfico de drogas son problemáticas que en el contexto de violencia que prevalece en el país –intensificado desde el sexenio pasado con la implementación de una política de supuesto combate al narcotráfico– han sumado entre sus víctimas a niñas, niños y adolescentes.
Así lo señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) en el Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, que presentará el próximo jueves 25 ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El documento delinea un panorama para la infancia mexicana en el que prevalece el incumplimiento a sus derechos, contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), y en el cual la falta de información es el principal obstáculo para conocer la dimensión real de los problemas que le aquejan.
Aunque el impacto que la violencia ha tenido en la niñez y adolescencia mexicana es sólo uno de los aspectos que abarca el informe, explicó el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García.
“El problema que tenemos es que no se ven los derechos humanos de los niños y niñas como tal, se ven sólo como víctimas […] pero no se les reconoce como ciudadanos que han sido violentados en sus derechos. Y el segundo elemento es que las propias organizaciones de derechos humanos no han reconocido el impacto que esto tiene en la infancia. Esto es realmente reciente y es lo que estamos tratando de hacer con muchas de ellas”, dijo.
El informe que la Red llevará a Ginebra, Suiza, esta semana da cuenta de cómo la violencia ha afectado directamente a los menores de edad, amén de la vulneración que muchos de ellos han tenido en sus vidas porque alguno de sus familiares fue víctima de un delito.
Por ejemplo, se estima que al menos 50 mil niñas, niños y adolescentes perdieron al menos a uno de sus padres en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Pero sumado a ello, 994 menores de edad perdieron la vida entre 2006 y 2010, en el contexto del supuesto combate al narco, de acuerdo con el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU, Christof Heyns, publicado en abril pasado.
A esos casos se añaden las 946 muertes violentas con arma de fuego de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, ocurridas sólo en el año 2012.
Se trata de una cifra 3.5 veces mayor a la que se registró apenas cinco años antes: 266 muertes violentas por arma de fuego de menores de 18 años, apunta el documento de la Redim.
Tras su misión de observación a México, Heyns también dio cuenta de que los menores de edad eran reclutados por los cárteles del narcotráfico, lo que los convertía en “blancos” potenciales de la violencia entre grupos criminales y entre éstos y las autoridades. A ello, el informe de la Red añade que al menos 25 mil adolescentes y adultos menores de 25 años fueron cooptados por los cárteles durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Otro dato relevante que aporta es que entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) procesó a 142 menores de 18 años por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Al respecto, el documento que será presentado ante el Comité de los Derechos del Niño señala:
“En este sentido, el Estado mexicano ha incumplido reiteradamente con su obligación de adoptar las medidas necesarias para impedir que niñas, niños y adolescentes se involucren en la producción y el tráfico ilícito de droga, tal como se establece en el artículo 33 de la CDN”. Dicho artículo establece que los gobiernos deben usar todos los medido posibles para proteger a los niños de usar drogas peligrosas y de ser usados para el narcotráfico. La Convención es un instrumento jurídico vinculante, lo que significa que los Estados firmantes –entre los que se cuenta México– están obligados a cumplir con ella.
FALTA DE DATOS, PRIMER OBSTÁCULO
Un problema que advierte la Redim al abordar el problema del impacto de la vivencia en la infancia es la falta de información en casos como el reclutamiento de niños y adolescentes por grupos criminales, o los de quienes están siendo explotados para la producción y distribución de drogas, o de quienes son víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Tampoco se tienen datos fehacientes sobre muertes de menores por acciones de la delincuencia organizada o por acciones contraofensivas del Estado; ni sobre menores reclutados y usados por grupos armados en acciones violentas, ni sobre cuántos de ellos son torturados, explotados sexualmente o son víctimas de otro tipo de delitos cometidos en un contexto de violencia armada.
La falta de información sobre personas desaparecidas en el contexto de violencia relacionada con el supuesto combate al narco, se agrava en los casos de la población infantil que ha desaparecido, de acuerdo con el informe.
Aunque desde diciembre de 2010, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó un decreto para la creación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Niños, Adolescentes y Adultos Desaparecidos, dicha norma sigue sin entrar en vigor, advierte el documento.
Para la Red, que agrupa a 75 organizaciones civiles que trabajan temas de infancia, esta clase de deficiencias evidencian cómo el Estado mexicano atiende el fenómeno de la desaparición en niñas, niños y adolescentes, ya que además de no tener información sistematizada sobre el número de menores desaparecidos, tampoco cuenta con un mecanismo accesible para concentrar las alertas sobre menores desaparecidos en el país.
La poca fiabilidad de la información disponible es mostrada por la Redim con un ejemplo: mientras el Programa de Apoyo a Familiares de Personas extraviadas, sustraídas o ausentes de la PGR reporta 810 niñas desaparecidas de entre 0 y 17 años, el Programa de Personas Extraviadas “Dar Contigo”, operado por la Comisión Nacional de Seguridad, tiene un registro de 800 menores de edad.
Por ello, la Red considera que la información oficial es escasa, incompleta y advierte que no se encuentra desagregada por sexo, edad, nacionalidad, entre otros datos. La consecuencia, apunta, es que no es posible determinar con precisión el número de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de desaparición.
Pero la falta de información confiable no es exclusiva del asunto de desaparición de menores, sino que es transversal a todos los problemas asociados con la violencia hacia ellos.
“El hecho de que no exista –o no se haga pública– la información que se requiere para tomar las decisiones adecuadas en la prevención y atención de las acciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en el país denota una clara omisión del gobierno con respecto a las diferentes recomendaciones que ha emitido el Comité de los Derechos del Niño de la ONU al Estado mexicano”, señala el informe.
Por ejemplo, menciona, no hay un diagnóstico sobre los distintos tipos de violencia que viven los menores, desagregado a nivel municipal y que incluya detalles como condición de discapacidad u origen étnico.
FEMINICIDIOS Y TORTURAS
Otros temas que aborda el informe relativos a la violencia contra menores de edad, que raramente se asocian con ese grupo social, son los de feminicidios y torturas.
El conteo de feminicidios de menores de edad no escapa al problema de la falta de datos. Sin embargo, da cuenta de 77 casos registrados en Nuevo León, documentados por la organización Arthemisas por la Equidad, AC.
Los 77 asesinatos de mujeres menores de edad por razones de género ocurrieron entre 2000 y 2013. La mayoría de las víctimas eran adolescentes de 15 a 17 años, pero también se reportan 18 casos de niñas de entre 0 y 4 años, nueve de entre 5 y 9 años y una decena que tenía entre 10 y 14 años. Entre los casos documentados, el documento destaca que 23 niñas fueron asesinadas por el padre, la madre, padrastro, madrastra, abuelo, primo o abuelastra.
Respecto a la tortura, la Redim señala que hay un subregistro de los casos, además de que no se suele relacionar la tortura con niñas, niños y adolescentes, toda vez que no se concibe al maltrato como una forma de tortura, menos aún si éste es psicológico. No obstante, anota, existen varios casos documentados de maltrato cometidos por personal docente.
VIOLENCIA, COMO AGUA EN ESTANQUE
“La violencia es un hecho que significa una ruptura en tu vida, en tu cosmovisión, y cuando esta violencia se comienza a generalizar en tu entorno comunitario, lo escuchas en las noticias y en todos lados, va generando sensaciones de inseguridad y de falta de confianza”, comentó Pérez García sobre el impacto que la violencia tiene en las niñas, niños y adolescentes.
El especialista en derechos de la infancia agregó que el país ha mantenido un contexto de violencia generalizada durante los últimos ocho años. Para ilustrar una consecuencia de ello, arroja un dato de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública: siete de cada 10 adultos ya no dejan salir a los niños a la calle por miedo a la inseguridad.
“Esto tiene muchas implicaciones negativas: [los niños] tienen menos actividad pública, menos redes sociales positivas, mucho más tiempos en pantallas en su casa, vida sedentaria y quizás alimentos poco apropiados, y esto trae un efecto contraproducente, además de que esto los deja en vulnerabilidad porque no aprenden a desarrollar habilidades de protección”, detalló.
Pérez García recurrió a la analogía del “agua en el estanque” para ilustrar que la violencia también tiene ondas expansivas, es decir que también tiene otras formas de expresarse y de repercutir que no se van a detener si no es con acciones institucionales.
En el tema de las desapariciones, por ejemplo, un aspecto a considerar es el impacto que tiene para las niñas, niños y adolescentes la desaparición de familiares.
Usualmente, señala el informe de la Redim, la desaparición de un familiar genera en el niño sentimientos de abandono, culpa, rabia, duda, desconfianza, miedo y tristeza, así como conductas agresivas, hiperactivas y un bajo rendimiento escolar.
“El fenómeno de la desaparición impacta en niñas, niños y adolescentes, quienes tienen que asumir el rol de personas adultas, en el acompañamiento de madres o abuelas, en la búsqueda del padre; en la búsqueda de empleo para seguir proveyendo económicamente a la familia; y en constituirse en apoyo emocional para las personas adultas”, sentencia el documento.
Y agrega que, como en el resto de las problemáticas relacionadas con la niñez, “la respuesta del Estado mexicano ante esta problemática es nula”, toda vez que no hay mecanismos de apoyo psicosocial para familiares de una víctima de desaparición, y menos aún enfocadas en trabajar con la niñez y la adolescencia.
El director ejecutivo de la Redim, quien será el encargado de presentar el informe ante el Comité de los Derechos del Niño, reflexionó:
“La sociedad mexicana todavía no logra dimensionar el impacto que la violencia tiene en la infancia, por ello la decisión que toman 7 de cada 10 de no dejarlos salir creo que es una manera de afrontar la violencia, y creo que, en general, está trazada por la desconfianza a las autoridades y por la propia fragilidad del Estado para garantizar la integridad de sus ciudadanos, de los cuales niños y niñas se ven expuestos. Creo que nos falta mucho para que este escenario cambie; lo peligroso es que se incorpore la violencia como una solución de conflictos y que eso impida que podamos encontrar en el diálogo o en las resoluciones creativas de conflicto, una alternativa”.
