Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).– Débil en su redacción y atrasada respecto a los estándares internacionales, la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República como “trámite preferente”, corre el riesgo de caer en un impasse legislativo.
Senadores de partidos de oposición pidieron que la propuesta del Ejecutivo no fuera votada; no obstante su carácter de “preferente” debido a que “está plagada de inconsistencias”, como publicó ayer Sin Embargo. Mariana Gómez del Campo (PAN), María del Pilar Ortega Martínez (PAN), Mario Delgado Carrillo (PRD) y Layda Sansores San Román (PT) entregaron al Pleno del Senado de la República su propia iniciativa para generar una nueva rectoría de la niñez mexicana.
La iniciativa de los legisladores de oposición, a la que tuvo acceso este sitio digital, propone una renovación de la estructura gubernamental respecto a los niños que hasta ahora, tuvo un carácter “asistencialista”. Busca convertir al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en un órgano desconcentrado con recursos propios y renombrarlo como “Defensoría para la Protección y Restitución de Derechos”. También, presenta la conveniencia de un Consejo Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Política sobre Niñas, Niños y Adolescentes con evaluaciones confiables, una función similar a la que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales (Coneval).
La entrega de esta propuesta ocurre en momentos en que emblemáticos activistas y expertos en los derechos infantiles han generado un debate sobre la legislación que conviene para los niños mexicanos. En la Ley de Peña Nieto no encuentran garantías para que el Estado, de una vez por todas, se convierta en protector de los derechos de los casi 40 millones de menores que habitan en el país y cuya problemática abarca desde la orfandad, la necesidad de migrar dentro y fuera del país, la violencia intrafamiliar hasta el abuso escolar.
Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). En la última década ha pugnado porque en México sea conformado un Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Infancia y Adolescencia, un pendiente adquirido desde la firma en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De hecho, la Redim le entregó una propuesta al Equipo de Transición del gobierno peñanietista para conformar tal estructura.
Pero el pasado miércoles, en conferencia de prensa, Pérez García exclamó respecto a la Ley enviada al Senado por Peña Nieto: “Lo que nos presentan es un gabinete social presidido por la Secretaría de Gobernación, donde no participan ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo ni la sociedad civil ni mucho menos los niños, las niñas y los adolescentes”.
Además, Pérez García expuso que si se sigue el Índice de Medición de Calidad de las Leyes creado por la misma Redim con base en los lineamientos de la Convención de la ONU, la iniciativa del Presidente está reprobada con una calificación de tres en la escala de 10. De por sí, ese índice ya había dado un 3.5 a la legislación vigente, expedida en 2000.
CATÁLOGO DE TEMAS MEDIÁTICOS
El último Conteo de Población y Vivienda, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizado en 2010, expuso que ocho de cada 10 niños sin padre o tutor viven en albergues privados. Ninguno está sometido a supervisión. En esa circunstancia fueron revelados los casos de La Gran Familia en Zamora, Michoacán (Mamá Rosa) donde un operativo encontró más de 400 niños sometidos a maltrato y abuso sexual, y Casitas del Sur en el Distrito Federal, donde incluso, hubo secuestro de infante.
En el panorama de la niñez mexicana hay otro problema: la migración. Y en otro ámbito: la violencia escolar, fenómeno en el que México ocupa el primer lugar en el mundo, a nivel Secundaria, según datos de la ONU.
Si bien estos pedazos de realidad requieren atención inmediata, Pérez García expuso en la conferencia de prensa que la legislación para proteger los derechos de los niños debe ir mucho más allá. Por ahora, la propuesta del Presidente resulta en “un catálogo de temas de moda en términos mediáticos, pero no da respuesta de ninguna manera a los orígenes de la violencia”. Dijo también que hay una tendencia a criminalizar a las familias más pobres.
Karina Arias, del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, agregó que la iniciativa peñanietista “no reconoce el tema de la movilidad humana en sus diferentes manifestaciones, que van desde procesos de migración interna temporal o permanente, desplazamiento interno, migración internacional de origen, tránsito, destino y retorno, hasta procesos de asilo”.
NIÑEZ MEXICANA: DIFUSO PANORAMA
La niñez mexicana ha tenido un olvido histórico. El gobierno ni siquiera tiene bases homologadas sobre cuántos son los menores que están sin padres, sin casa o sin sustento. El Inegi y el DIF no coinciden en sus números.
Lo anterior es significativo porque las Organizaciones no Gubernamentales calculan que en el pasado sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, durante la Guerra contra el Narcotráfico, más de mil 750 menores murieron y unos 10 mil se convirtieron en huérfanos. En 2013 –en los primeros meses del gobierno priista de Enrique Peña Nieto- la tendencia se mantuvo constante. En el primer trimestre de ese año fallecieron 60 menores lo que marcó un promedio de 20 por año.
Cuando llega la desgracia de la orfandad, en México es muy difícil encontrar caminos. Mientras la adopción internacional ha florecido, aquí no es una opción jurídica. Lo reconoce el mismo DIF en sus Diagnósticos de la Adopción. El organismo expone: “La experiencia señala que la adopción se convierte en la mejor estrategia que permite crear un proyecto de vida digno y pleno para cada uno de los niños y niñas sin familia… (Pero) ésta no cuenta con la estructura necesaria… El proceso de adopción tiene fallas e inconsistencias que no han sido atendidas… Es necesaria la estandarización de los procedimientos, criterios de asignación, seguimiento y evaluación en el ámbito nacional”.
El 27 de agosto pasado, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) instruyó al DIF Nacional a sistematizar el número de adopciones nacionales e internacionales tramitadas y concedidas. El órgano que protege los datos y brinda acceso a la información apeló a que la información sobre la adopción es fundamental para cumplir con los compromisos establecidos por México en las Convenciones sobre los Derechos del Niño en 1990 y Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional en 1993. El dictamen fue motivado por un recurso de revisión de un particular que solicitó esa información el año pasado.
Los problemas se desgranan. Casi cuatro millones de niños trabajan; otros se prostituyen sin que haya conteos al respecto. Algunos más, padecen en silencio acoso en la escuela y debido a ese fenómeno, conocido como bullyng, están en riesgo de perder la vida. Y muchos de ellos, pasan hambre. El Instituto Nacional de Nutrición indica que 2.6 millones de niños mexicanos están en estos momentos desnutridos, cuadro que es más grave en el caso de los indígenas.
