Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– ¿Cuántas personas de países de Centroamérica –la región de donde proviene más del 90 por ciento de la migración irregular que transita por México– hay en las cárceles del país y por qué razones? ¿Cuántas de ellas fueron encarceladas sin respetar sus derechos a la atención consular y al debido proceso? ¿O cuántas de ellas fueron detenidas, procesadas y sentenciadas con base en imputaciones falsas?
Un ejercicio realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) refleja que no hay datos contundentes que permitan contestar esas interrogantes, lo que implica no tener certeza sobre la cantidad de migrantes centroamericanos que podrían estar presos injustamente y la imposibilidad de que sus casos salgan a la luz.
Dicho ejercicio consistió en solicitar información estadística a las 32 entidades federativas, así como al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y al Instituto Nacional de Migración (INM), ambos dependientes de la Secretaría de Gobernación (Segob), sobre los extranjeros provenientes de Centroamérica que se encontraran en los centros de reclusión estatales y federales del país.
Los resultados de ese trabajo se presentaron ayer como parte del informe Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico, elaborado en conjunto con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana.
Se trata de un trabajo que, al final, generó más preguntas que respuestas sobre la situación de las personas migrantes en reclusión, a decir de Denise González Núñez, coordinadora de la investigación que sustenta el documento.
La principal razón de ello fue la inconsistencia entre la información proporcionada por las entidades federativas y el OADPRS y la entregada por el INM pues mientras que 27 entidades y el órgano encargado de las cárceles federales aportaron datos que permitieron establecer una cifra de mil 219 mujeres y hombres centroamericanos presos, los datos del organismo encargado de los asuntos migratorios aportó otras dos cifras, ninguna de ellas coincidente con la de los estados.
Los datos proporcionados por las delegaciones federales del INM –excepto las de Coahuila, Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Yucatán– sumaron un total de 354 centroamericanos presos; mientras que la Dirección General Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia del INM reportó que había sólo 174.
Pero también la información entregada por los estados no fue completa, pues hubo casos en los que no se desagregaron los datos relativos a edades, género, nacionalidad o situación migratoria.
“Esta experiencia ya de por sí es interesante porque desde el momento en que algunos estados no quieren dar la información genera muchas sospechas”, dijo González Núñez.
Al comparar la información, los realizadores del informe encontraron algunas similitudes entre la información de los estados y la del INM, como que los hondureños y los guatemaltecos son los que encabezan las estadísticas de centroamericanos en reclusión (aunque las cantidades y porcentajes variaron) o que la gran mayoría de los migrantes que han sido privados de su libertad en el país son varones.
Sin embargo, las discrepancias en los datos son las que les inquietan. Por ejemplo, el hecho de que Chiapas haya reportado un total de 525 centroamericanos en prisión (487 hombres, 33 mujeres y 5 sin información), mientras que el INM haya respondido que en ese estado de la frontera sur –una de las principales entradas de la migración irregular– no tenía registro de migrantes encarcelados provenientes de Centroamérica.
Pero no fue ese el único caso. La ocurrencia de cifras disímiles se dio en otros 16 estados. En las entidades fronterizas, las discrepancias fueron más notorias: en Tamaulipas el gobierno local reportó 86 casos y el INM informó que había 42; en Baja California, las autoridades estatales reportaron 24 y el INM sólo 2; en Coahuila la diferencia fue de 18 a cero; en Nuevo León de 40 a 9; y en Quintana Roo de 41 contra 7 reportados por el INM.
En varias entidades, las variaciones no son tan significativas. Al respecto, el informe apunta que “en estos casos podríamos teorizar, aunque con ciertas reservas, que las variaciones se deben a cambios en la situación jurídica de las personas y/o a traslados a otros centros penitenciarios”.
No obstante este matiz, el subdirector del Centro Prodh, Mario Patrón Sánchez, afirmó que el INM no sólo incumplió con su obligación de generar y proporcionar la información requerida, sino que incluso la ocultó mediante restricciones alegando un tema de seguridad, a pesar de que no se habían requerido datos personales sobre las personas encarceladas.
“Generalmente, cuando el acceso a la información no se tutela se viola nuestro derecho a la información, la posibilidad de conocer con objetividad la realidad en cifras de lo que se esta solicitando. Pero también la otra duda que hay es ¿qué se está ocultando o qué realidad es la que no se quiere que salga a la luz o se devele? Y esa era nuestra impresión, de pronto, con el INM”, expresó.
UN BOTÓN DE MUESTRA
El interés de investigar la situación de las personas migrantes en prisión surgió por el caso de Ángel Amílcar Colón Quevedo, un hondureño garífuna que se encuentra preso desde 2009 en el Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic, Nayarit. Los representantes del Centro Prodh, organización que lleva la defensa de Colón Quevedo, refirió que el hondureño fue víctima de tortura tras ser detenido y, bajo esa circunstancia, se le acusó de varios delitos, entre ellos delincuencia organizada y delitos contra la salud.
Además, no se respetaron su derecho a la asistencia consular y al debido proceso.
González Núñez señaló que la inquietud del Centro Prodh fue saber cuántos casos más como ese había en las prisiones del país.
“La mayor preocupación es que a muchos migrantes se les estén fabricando o imputando delitos que en realidad no cometieron, como sucedió en el caso de Ángel Amílcar”, concluye el informe.
El documento recuerda que en el país persisten fallas estructurales en el sistema de procuración e impartición de justicia y que prevalecen violaciones a los derechos humanos de los migrantes, por lo que es posible que entre los mil 219 casos documentados haya historias similares.
Asimismo refiere las experiencias del Servicio Jesuita a Migrantes, La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes y la Casa del Migrante de Saltillo, organizaciones que han conocido casos de migrantes en reclusión.
El Servicio Jesuita a Migrantes ha sabido de al menos cuatro casos de migrantes acusados falsamente; la casa del Migrante de Saltillo refirió los casos de nueve hondureños y un guatemalteco, todos migrantes, quienes están presos en el Centro de Readaptación Social de Saltillo. Además, dijo saber de otros 20 migrantes que habían sido torturados.
La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes no proporcionó una cifra exacta, pero refirió que ha acompañado casos de migrantes presos por delitos que no cometieron.
“Tomemos en cuenta que en este país la fabricación de culpables es una cuestión de todos los días, es una realidad que ocurre todos los días. Y si tomamos eso y lo sumamos al enorme flujo migratorio que cruza por el territorio mexicano, entonces tenemos ahí una fuente de alarma y una realidad que se dibuja y es desgarradora”, reflexionó González Núñez.
