Ciudad de México, 10 de septiembre (SinEmbargo).– El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó ante el Senado de la República que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto no pretende “maquillar” las cifras oficiales relacionadas con la violencia y la seguridad pública.
No obstante, el país que se mueve hacia la paz y seguridad expuesto por el encargado de la política del país no es el mismo que observan los mexicanos día a día, a juzgar por las cifras recabadas por grupos de las sociedad civil y activistas que han denunciado constantemente que los indicadores de delincuencia, secuestro, extorsión y agresiones a la libertad de expresión son alarmantes.
“[Es] lamentable la visión de Secretaría de Gobernación en el punto específico de no reconocer los señalamientos, no sólo de sociedad civil sino de la comunidad internacional, de organismos supervisores del cumplimiento de derechos humanos”, afirmó Iván Báez Díaz, oficial del programa de protección de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19.
En su comparecencia ante el Pleno del Senado para explicar los avances en política interior, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Peña Nieto, Osorio Chong incluso reprochó que algunas organizaciones civiles pretendan entrar “en un proceso de enfrentamiento de ser poseedores de la información y de la verdad”.
El Secretario de Gobernación desestimó así las recomendaciones y observaciones que han realizado diversos organismos nacionales e internacionales como es el Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de libertad de expresión, entre otros organismos que han señalado su preocupación respecto al incremento de la violencia y violaciones a los derechos humanos en México
Lejos de hacer un verdadero ejercicio de autocrítica, Osorio Chong presentó al Senado que en el segundo año de gobierno de Peña “todos los indicadores presentaron una reducción importante de los delitos que más afectan a la sociedad”.
El funcionario federal agregó que gracias a la acción coordinada de todas las autoridades en el país se ha logrado neutralizar a 84 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada; 71 de ellos hoy rinden cuentas ante la justicia.
Los datos de Osorio Chong provocaron que la Senadora Layda Sansores San Román, del Partido del Trabajo (PT), le recriminara: “Creo señor Secretario que ustedes confunden la rendición de cuentas, con la narración de cuentos, eso es lo que aquí venimos a escuchar”.
Osorio Chong aseguró que el gobierno federal jamás ha pretendido apropiarse “ni de la información ni de las estadísticas” de seguridad, situación que fue desmentida por las organizaciones de la sociedad civil.
Incluso mencionaron que la información que la Secretaría de Gobernación envía a los organismos internacionales de supervisión de derechos humanos de la ONU y de la OEA no incluyen las cifras de los municipios y de los estados de forma exhaustiva, situación que manda una señal de preocupación respecto a la metodología que utiliza.
“No nos queda clara la metodología utilizada por la Secretaría de Gobernación, tampoco nos queda claro si realmente se está retroalimentando de las cifras de los estados y de los municipios y como se está haciendo el cruce con las cifras oficiales en caso de que se incluyan”, detalló Iván Báez, de Artículo 19.
SILENCIO SOBRE DESAPARECIDOS
El Secretario de Gobernación informó a los senadores que uno de los avances del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es que opera en 73 zonas prioritarias y alinea 51 programas federales para atender las causas que propician la delincuencia.
Sostuvo que sus primeros resultados son alentadores, ya que beneficia a 5.5 millones de mexicanos que viven en zonas vulnerables.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) indicó que el gobierno de Peña Nieto ha obtenido pocos avances para sancionar a soldados y policías responsables de cometer “asesinatos, desapariciones forzadas y torturas” perpetrados en el marco de acciones contra la delincuencia organizada.
En el rubro de “desparecidos”, esta organización recordó que en junio de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investigaba dos mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
En febrero de 2013, el gobierno de Peña Nieto reconoció que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006. No obstante HRW ha señalado en diversas oportunidades que no ha observado “adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas”.
En la glosa del segundo informe de gobierno, este tema no mereció ninguna línea, ni una cifra, ni un dato que permita comparara el nivel de avance en las investigaciones.
PERSISTE LA TORTURA
Diversas organizaciones han señalado que es común que en México se practique tortura para obtener información y confesiones bajo coacción.
Amnistía Internacional (AI) expuso que la tortura se encuentra fuera de control en su reciente informe Tortura y otros malos tratos en México. En el texto se informó que durante el primer año del Presidente Peña Nieto se presentaron mil 505 casos de tortura, un incremento de 600 por ciento, respecto a 2003.
De acuerdo con la organización, el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de tortura y señaló que el miedo es tan generalizado, que entre 2005 y 2013 se presentaron tres mil 749 peticiones de amparo, donde las personas detenidas solicitaron protección frente a la tortura y otras violaciones a los derechos humanos.
En su más reciente visita a nuestro país, en mayo de este año, Juan E. Méndez, Relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, sostuvo que la tortura es una práctica generalizada en México. Detalló que las torturas se aplican desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público.
Asimismo, expresó su preocupación por la creciente tendencia a incorporar a militares, en activo y retirados, en Secretarías de Seguridad Pública, en mandos de policías y corporaciones civiles.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que “las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba”.
SECUESTRO AL ALZA
El encargado de la política interna del país explicó a los senadores que con la información recabada hasta el momento, en materia de combate al delito del secuestro, se han observado avances que fortalecen el impulso de “seguir adelante todos unidos para enfrentar a los que lastiman a la sociedad”.
“Por ello, pusimos en marcha, por ejemplo, la Estrategia Nacional Antisecuestro, para dotar de mayores capacidades y tecnologías a las unidades especializadas en el combate al secuestro”, dijo Osorio Chong, sin explicar detalles de esta estrategia, número de personas encargadas de coordinar esfuerzos o sobre la urgencia de diversos legisladores en el sentido de que se homologuen sistemas antisecuestros en todo el país.
Según el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), el secuestro, o la privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de cobrar un rescate, tuvo una ligera reducción en enero de 2014 después de que alcanzara un tope histórico en noviembre de 2013. Sin embargo, sostuvo que esta cifra todavía es muy alta.
“Pese a esta reducción en el ONC continuamos insistiendo que la frecuencia con la que se presenta este fenómeno sigue siendo preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta que en septiembre de 2007, aproximadamente solo se tenía conocimiento de un secuestro diario, mientras que para el mes [enero] se presentaron cuatro casos”, explicó en su reporte sobre delitos de alto impacto de febrero de 2014.
LA SITUACIÓN DE LAS CÁRCELES
En su comparecencia, Osorio Chong señaló a los senadores que los detenidos “se reintegran a la sociedad por medio de la convivencia en espacios públicos pero, sobre todo, con alternativas de desarrollo en el ámbito laboral, educativo, productivo y cultural, entre otros”.
Explicó que el propósito del Gobierno federal no es sólo que quienes cometan un delito se enfrenten a la justicia, sino que quien lo haga reciba un debido proceso y acceda a la reinserción social efectiva.
“Y lo hacemos así porque nuestro fin no es tener más delincuentes en las cárceles, sino requerir menos cárceles porque hay menos delincuentes”, dijo el Secretario de Gobernación.
Por el contrario, Human Rights Watch observó que en las cárceles prevalecen condiciones de sobrepoblación, falta de higiene, inseguridad y la mayoría de ellas están bajo el control de bandas delictivas. “Los presos que afirman sufrir agresiones u otros abusos de guardias o internos no cuentan con un sistema efectivo para exigir una reparación”, detalló.
Según la CNDH, aproximadamente el 65 por ciento de las prisiones son controladas por la delincuencia organizada, y la situación de corrupción y violencia es sumamente grave. Durante 2013, hasta noviembre, fallecieron 108 internos.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, UN SUEÑO
El tema de libertad de expresión ni el incremento en las agresiones contra periodistas no mereció ni una sola reflexión del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su comparecencia.
No obstante, la organización Artículo 19 señaló que numerosos periodistas han sido víctimas de persecución y agresiones, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios.
“Para Artículo es preocupante la repetición crónica de ataques a la prensa pues en la mayoría de las ocasiones hay denuncias penales de esos hechos. Esa inacción gubernamental ha generado que a pesar de contar con una Ley Federal que garantiza la libertad de expresión, un Mecanismo Federal para proteger a la prensa y una Fiscalía Especial para investigar las agresiones contra comunicadores y medios, el trabajo de la prensa se vea vulnerado”, explicó la organización en su reporte del segundo trimestre del 2014.
Artículo 19 sostuvo que el Estado mexicano ha incumplido con la obligación de castigar a los agresores de la prensa, poniendo en riesgo la libertad de expresión en México.
“Las agresiones a la prensa en México, durante el segundo trimestre del año, se han caracterizado por dos graves violaciones a los derechos humanos que han puesto en riesgo la labor periodística: La repetición crónica de ataques a la libertad de expresión y la inacción gubernamental”, detalló.
Por otro lado, la Presidencia de la República parece haber encontrado un nicho de periodistas que no resultan “incómodos” al régimen, a los cuales se les han dado facilidades para acceder a ciertos privilegios que no son equitativos en el gremio, tal es el caso de la entrevista que realizaron algunos periodistas al presidente Enrique Peña Nieto en un evento que se llamó “Conversaciones a fondo”.
Esta situación fue criticada por la Senadora panista Adriana Dávila Fernández, quien aseveró que la libertad de expresión no puede ser un privilegio y que no debe existir, ni como insinuación, un regreso al autoritarismo, que marcaba “línea” o definía contenidos en los medios de comunicación.
“El silencio en algunos casos y temas es contradictoriamente escandaloso; el gobierno debe garantizar la vida y seguridad de los periodistas porque no deben ejercer su profesión en un estado de terror, pero también su libertad para decir lo que piensan”, estimó la legisladora panista.
