Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto adelantó ayer, durante el mensaje por su Segundo Informe de Gobierno, detalles de la que será “el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo»: la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en los mismos terrenos en donde alguna vez, un proyecto similar quedó empantanado durante el sexenio del panista Vicente Fox Quesada.
Peña Nieto adelantó que la inversión ascenderá a 120 mil millones de pesos, y que la nueva terminal tendrá seis pistas y contará con una capacidad cuatro veces mayor que Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Inmediatamente, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) advirtió que estaba dispuesto a defender más de cinco mil hectáreas de sus tierras. A través de un comunicado, el grupo integrado por pobladores de San Salvador Atenco, y de otras comunidades de municipios del Estado de México, entidad que gobernó Peña de de 2001 a 2009, anunció que no permitirán que Peña Nieto ni el Gobernador Eruviel Ávila Villegas los despojen de sus tierras.
“El proyecto sigue siendo el mismo: el aeropuerto. Le cambian nombres, como proyecto Lago Ecológico, Ciudad Futura, pero todo es lo mismo, el despojo de la tierra por parte del gobierno federal. Nosotros seguimos luchando, defendiendo la tierra”, aseguró el dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Adán Espinoza Rojas.
El gobierno federal prevé una serie de megaconstrucciones y obras monumentales, principalmente en el sector hidroeléctrico, que pretenden detonar el desarrollo de infraestructura, generar empleos y catapultar la economía nacional.
Sin embargo, legisladores de oposición y académicos advirtieron un grave descontento social y conflictos de diversa intensidad, si el gobierno federal pretende imponer la construcción de estas megaobras sin consultar a la ciudadanía, o peor aún, si aprovecha las herramientas jurídicas a su alcance para despojar a los propietarios de estas tierras.
“Hay señales de alarma que deben alertar a la clase política, yo no creo que estemos al borde de una ingobernabilidad en estos momentos, pero sí creo que se podría generar si no se atienden algunos de los problemas que está enfrentando la sociedad”, sostuvo Helena Varela Guinot, directora de la División de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana, en entrevista para SinEmbargo.
La doctora Helena Varela alertó sobre el descontó social que generarán las megaobras de infraestructura aparejadas con las reformas estrucuturales. “Los grandes partidos que están tomando las decisiones, de tal manera que están centralizando el poder y fortaleciendo ciertos espacios institucionales, no le dejan a la ciudadanía espacios para participar, para poder intervenir, de alguna manera, en los procesos de toma de decisiones, por lo que el riesgo que se corre es que ante cualquier crisis surja el conflicto”, dijo.
Por su parte Francisco Cravioto, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, expresó que sí observa riesgos de regresión democrática, por las imposiciones de las clases gobernantes, sin tomar en cuenta la decisión de la ciudadanía.
“Nos lleva a un régimen de democracia simulada donde básicamente simulamos que participamos en las elecciones, los resultados no son precisamente transparentes, no hay mecanismos de revocación de mandato u otras formas de sancionar, de tal forma que cuando los servidores públicos llegan al poder, pues son libres de hacer y deshacer a su antojo”, destacó el investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
CONSECUENCIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA
El Presidente Peña destacó los logros parlamentario. También subrayó la importancia de generar acuerdos políticos que permitan implementar las reformas estructurales, a fin de que sus beneficios lleguen a todos los rincones del país.
El llamado de Peña no es obra de la casualidad. Muchos de los impactos de las reformas estructurales, principalmente en lo relativo a la ocupación temporal y la posibilidad de la servidumbre legal, en el caso de la explotación de hidrocarburos pueden provocar estallidos sociales.
Para el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, lo estipulado en el capítulo cuarto de la Ley de Hidrocarburos “Del Uso y Ocupación Superficial” no deja espacio de movimiento para que el ciudadano opine de forma libre e informada sobre si acepta o no, ceder su territorio para la extracción de los energéticos.
“Cuando hay una imposición, que el ciudadano percibe como injusta, y no le dejan abierta ninguna perta institucional por la cual expresar su descontento, es de esperarse que aumente el descontento social en todo el país”, afirmó Francisco Cravioto, investigador del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar.
Al respecto, la doctora Helena Varela, académica de la Ibero, señaló que los partidos políticos y la clase gobernante deberá poner especial atención en evitar que se conviertan en crisis los conflictos sociales que podría generar la implementación de la legislación secundaria de la reforma energética.
“No estamos al borde de la ingobernabilidad, pero creo que tenemos los suficientes elementos como para estar alertas para evitar que se produzca una situación de estas características. A mí me preocupa, por ejemplo, todo lo que tiene con la cuestión de tierras, en el momento en que se ponga en práctica la reforma energética y toda esta cuestión de que se podrán expropiar ciertos terrenos para la explotación de recursos”, detalló.
Si bien es cierto que la Ley de Hidrocarburos prevé mecanismos de negociación para que durante un proceso de medio año las partes involucradas lleguen a acuerdos, también está claro que en caso de no haya arreglo, la ley favorecerá a la empresa promotora del proyecto, con el argumento de que los hidrocarburos son un asunto de interés público.
“Hay una suerte de figura intermediadora, pero son muy altos los riesgos de que eso genere conflictos por las tierras”, enfatizó la académica de la Ibero.
DIPUTADO ADVIERTE DESCONTENTO
El Diputado Manuel Huerta ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo (PT), coincidió en que la redacción de la legislación secundaria de la Reforma Energética, en lo relativo a la ocupación superficial de la tierra es un tema sensible para los mexicanos que solo tienen su tierra para subsistir.
“El tema del suelo, el tema de la tierra, es un tema que el PRI [Partido Revolucionario Institucional] lo entiende en la lógica de la ganancia del dinero, de la codicia. Del lado de la población, que no es un pueblo tonto, es un asunto delicado. Entonces será un tema de cuidado”, advirtió.
Señaló que al día de hoy, existen en Veracruz proyectos para construir 112 presas y represas con el propósito de producir energía eléctrica. Lo cual ha provocado la movilización de las poblaciones de Jalcomulco y Filobobos.
En Jalcomulco, la organización de los Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) instaló un campamento a un costado del río para evitar la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa privada Odebretch.
Desde febrero pasado, PUCARL interpuso un proceso jurídico a nombre de una colectividad de mil 800 personas, para demandar a las empresas Odebretch y Geogrupo por pretender construir una obra que pone en riesgo a millón 290 mil habitantes de la cuenca de La Antigua, y que atenta contra el medio ambiente.
Tras siete meses de protestas, para solicitar la cancelación de la veda y la construcción de proyectos hidroeléctricos en el río, PUCARL ha logrado que los inversionistas brasileños se desistan de la construcción.
Pero no es lo único. El Diputado Huerta Ladrón de Guevara explicó que durante el presente periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados se presentarán iniciativas que pretenden impulsar una reforma integral al campo que fomentará el proceso de privatización al agro.
Asimismo, señaló, se prepara una enmienda a la Ley General de Aguas Nacionales, con lo cual, dijo, se favorecerá a la iniciativa privada en detrimento de la mayoría de los mexicanos.
