Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Fundar, Centro de Análisis e Investigación y un grupo de 12 ciudadanos interpusieron un amparo en contra de la promoción personalizada que realiza el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Segundo Informe de Gobierno.
La organización civil destaca en un comunicado que “la promoción personalizada está prohibida por la Constitución en el Artículo 134, pero la ausencia de regulación permite abusos”.
Por esa razón hace un llamado a los gobernadores y funcionarios públicos a firmar una carta compromiso en la que acuerdan no recurrir a esta práctica, además de que interpusieron el recurso legal para pedir la suspensión de la publicidad con promoción personalizada del Presidente Peña Nieto por ser “violatoria del derecho a la información, además de ser una práctica que vulnera la calidad del debate democrático”.
Los firmantes que acompañan la iniciativa de Fundar son Sergio Aguayo, Carlos Brito, Aleida Calleja, Agustín Ramírez, Jesús Cantú, Virgilio Caballero, Omar Rábago, Margarita Torres, Darío Ramírez, Beatriz Solís y Clara Jusidman.
Desde el pasado 25 de agosto y de cara al próximo 1 de septiembre –cuando el mandatario federal entregará al Congreso su Segundo Informe de Gobierno–, los spots y anuncios donde aparece el Presidente de la República alabando los éxitos de su gestión se han multiplicado en los medios de comunicación, a pesar de que esta práctica está prohibida por la Constitución.
“En el marco de la presentación de los informes de gobierno, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) establece que los anuncios y spots no se considerarán propaganda cuando la difusión se limite a una vez al año y se transmitan siete días antes de la entrega y hasta cinco días después de la fecha en que se rinda tal informe.
“Esto es contrario a lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, que prohíbe que la propaganda gubernamental haga uso de ‘nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público’”, plantean Fundar y los ciudadanos inconformes.
EXIGEN RENDICIÓN DE CUENTAS
Para este grupo civil, esa excepción ha transformado el informe de gobierno en uno de los momentos de mayor propaganda en el país a cargo del erario público cuando, en teoría, el informe se define como un ejercicio de rendición de cuentas, “pero en la práctica poco tiene que ver con una democrática relación entre poderes, mucho menos con un ejercicio de pesos y contrapesos, ni con un acto de someterse al escrutinio público”.
El informe de gobierno y su publicidad se han vuelto “un simulacro de diálogo entre gobernantes y gobernados, y una máquina de promoción personalizada”, destacan.
En septiembre próximo, además del Presidente, seis gobernadores presentarán su informe anual con la posibilidad de hacer promoción personalizada, entre los cuales se encuentran Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal y Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México.
Según las cifras publicadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en 2014, durante el segundo año de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la administración federal centralizada y paraestatal prevén ejercer 4 mil 964 millones 869 mil 671.34 pesos en publicidad oficial (según las partidas 3600 y 33605). Esos recursos equivalen a cinco veces el gasto ejercido en 2013 para el programa de abasto social de leche que se eleva a mil 086 millones 750 mil pesos, el cual permitió distribuir leche diariamente a seis millones y medio de niños.
“¿Y cuánto costará la publicidad del Segundo Informe de Gobierno?”, pregunta Fundar, y el propio organismo responde: “El año pasado, no se pudo llegar a información detallada sobre el gasto del primer informe de gobierno según investigaciones periodísticas.
“En todos los niveles de gobierno se reportan gastos millonarios en este rubro con importantes sobre ejercicios y mucha opacidad. Según el último índice de acceso al gasto en publicidad oficial, la mitad de los estados no informan con suficiente detalle sobre el ejercicio de estos recursos. En México, la publicidad oficial se ejerce sin criterios claros para su asignación ni mecanismos de control. Y estas prácticas tienen un impacto negativo sobre el derecho a la información en el país”.
A pesar de las promesas presidenciales y las obligaciones legislativas de regular y reformar las prácticas de abuso de la publicidad oficial, no existe ninguna señal de cambio, denuncia el organismo civil.
Por ello insiste que hoy está en mano del Poder Judicial propiciar el debate sobre este asunto y resolver el amparo tomando en cuenta los más altos estándares en la materia así como la Constitución.
Además de la difusión del amparo interpuesto, Fundar invita a los ciudadanos y usuarios de las redes sociales a participar en una campaña en Twitter que identifican con los siguientes etiquetas: #PublicidadOficial y #MesDeLaPropaganda.
