En un “Tribunal Civil” en Tlapa se presentaron testimonios de matrimonios pactados por los padres mediante pagos en efectivo que van de 50 mil a 200 mil pesos o en especie. Las integrantes del jurado proponen elaborar una estrategia que incluya el encuentro con víctimas, organizaciones que las acompañan y autoridades, así como monitoreo de la estrategia del Gobierno estatal.
Por Carmen González Benicio
Tlapa, Guerrero, 11 de diciembre (ElSur).- En el Primer Tribunal Regional contra los Matrimonios Forzados de Niñas y Jóvenes en Guerrero, Las Niñas Cuentan, que se realizó en Tlapa se leyeron 15 casos de víctimas donde el jurado civil que se integró consideró la necesidad de elaborar una estrategia emergente para atender los casos, un diagnóstico participativo, armonizar leyes y generar maneras de atender las prácticas nocivas de los usos y costumbres que atentan contra los derechos humanos.
El Primer Tribunal que fue coordinado por organizaciones civiles que integran La Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres para visibilizar las violencias machistas, las limitaciones del sistema administrativo y jurisdiccional y permitirá el empoderamiento colectivo de las mujeres a través de una acción de incidencia política.
Los 15 casos fueron leídos por integrantes de la Red con nombres ficticios de las víctimas de los municipios Malinaltepec, Tlapa, Tlacoapa, Atlamajalcingo, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Ayutla, San Marcos, Cuajinicuilapa y Acapulco, en que se omitió la organización acompañante en algunos casos y se plantearon casos de matrimonios infantiles, de personas desaparecidas.
Los testimonios fueron leídos en español, náhuatl y tu’un savi.
Uno de ellos fue el de Elena “fui vendida a la edad de 15 años, pagaron 50 mil pesos por mí, constantemente recibo golpes e insultos por parte de mi comprador y también de sus padres. Temo escapar por miedo a represalias hacia mi familia porque no podremos devolver el dinero que pagaron por mí, también vivo con miedo todos los días, de que llegue un momento donde sus golpes me arrebaten la vida.
Además, no me permiten recibir visitas ni salir. Un día por los golpes me tuvieron que llevar a la clínica, unas señoras me ayudaron y fui a poner mi denuncia, pero el síndico lo mandó a traer para que nos reconciliáramos. No volví a pedir ayuda”.
Otro de los casos fue el de Dulce de 17 años quien está desaparecida y es del municipio de Atlixtac, estudiaba el tercer año de bachillerato y fue manipulada por un desconocido en Facebook, y fue sustraída de su pueblo y su familia ha acudido a diversas instancias de justicia sin que se haya emitido una ficha de búsqueda, ni se investigue que su celular fue rastreado por última vez en el estado de Sinaloa.
Al concluir la presentación de los testimonios de las niñas y adolescentes el jurado civil integrado por las activistas Eduviges Pastrana, Dennis Cancino, Adela Muñiz, Soledad Ureiro y Viridiana Sotelo que integraron el primer tribunal regional contra matrimonios forzados las niñas deliberaron y dio su postura Adela Muñiz, quien lo leyó.
Las activistas consideraron la necesidad de elaborar una estrategia emergente que incluya el encuentro con las víctimas, organizaciones que acompañan y autoridades comunitarias, regionales y municipales.
La elaboración de un diagnóstico participativo para generar acciones de mediano y largo plazo.
Suscribir un convenio de colaboración entre las instituciones gubernamentales y organizaciones para el monitoreo y acompañamiento de las acciones territoriales.
Establecer una mesa de diálogo para la armonización legislativa como lo marcan los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres niñas y adolescentes, y promover estrategias para desmontar prácticas nocivas de usos y costumbres que violentan y restringen el acceso a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y adultas mayores.
Antes de concluir el Primer Tribunal, las integrantes de las organizaciones se pronunciaron en torno a los matrimonios infantiles y forzados como una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación a los derechos humanos de las mujeres.
Dijeron que el matrimonio es una institución en que mayor desigualdad existe entre hombres y mujeres y que legitima el Estado dejándolas vulnerables.
Y que los usos y costumbres en los municipios de la región Montaña y Costa Chica permiten ponerles precio a las niñas, es decir sus tutores o padres venden a sus hijas siendo un matrimonio forzado sin que exista su consentimiento para ello. Con pagos en efectivo que van de los 50 mil hasta 200 mil y pagos en especie con refrescos, cervezas, cigarros y la fiesta.
Donde las niñas o mujeres tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas para recuperar las deudas de su compra, haciendo labores en el hogar, siendo jornaleras o campesinas.
Los matrimonios a temprana edad convierten a las niñas y adolescentes en madres a temprana edad.
La práctica ocurre frente a los agentes del Estado, iglesia, autoridades municipales como delegados, comisarios y comunitarias, policías comunitarios.
Demandaron el cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos; integración en el plan nacional Estatal de desarrollo proyectos formativos de sensibilización y capacitación.
Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil en el estado; armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máximo esta práctica que atenta contra los derechos de las niñas.
Promover espacios seguros y hogares libres de violencia a través de un plan emergente integral de protección para las niñas y adolescentes y formar parte como organizaciones de la sociedad civil en la evaluación y monitoreo de la estrategia presentada el 10 de noviembre en el municipio por parte de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Estuvieron las regidoras del PRI y de la comisión de Equidad de Género, Edith Parra Zurita; Partido del Trabajo, Elia Ramírez, de Morena, Celia Gómez la directora del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, Fredislinda Vázquez Paz.
Estuvieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDM) acompañando la actividad.
