La empresa descartó tener la intención de construir un tercer pozo de extracción de agua. Sin embargo, el control sobre el vital líquido de la región ha sido documentado por académicos e inclusive el relator de la ONU.
Chiapas, 11 de diciembre (ChiapasParalelo).–Comunicación Corporativa de FEMSA aclaró que dicha organización no tiene la intención de instalar nuevas formas de extracción de agua en la planta de San Cristóbal de las Casas.
Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México se habían pronunciado en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos.
Las y los activistas comentaron que el agua está siendo acaparada por la empresa Coca-Cola, que extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios a través de los dos pozos de su planta ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas.
“Ahora busca abrir un tercer pozo y para limpiar su imagen, intentó construir un humedal artificial para tratar aguas residuales dentro de un área protegida, en complicidad con el ayuntamiento. Pero gracias a la lucha de la población local, el proyecto no ha podido avanzar”, mencionaron.
Durante una reunión que celebraron las más de 20 organizaciones exigieron justicia para Samir Flores, en Morelos y Julián Carrillo, en Chihuahu, así como por todas y todos los defensores de la vida y el territorio asesinados en México.
Además, también pidieron respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios en Santa Lucía. Al igual que cancelar el Corredor Interoceánico, los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de “muerte” en el Istmo de Tehuantepec.
Los activistas manifestaron una postura en contra del Proyecto Integral Morelos, de todas las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y así declarar estos territorios como libres de Minería.
Entre otras de sus exigencias se encuentra el respeto la autonomía de los ejidos de Zacatecas que ya han dicho “NO” a la Presa Milpillas y no otorgar a la cervecera Constellations Brands el derecho de consumir 20 mil millones de litros de agua potable al año en Mexicali.
Las y los defensores de la vida y el territorio alertaron del impulso de grandes obras de infraestructura y proyectos extractivos que les impiden vivir en paz en nuestras ciudades y comunidades.
“Nuestras luchas trascienden los sexenios y se enfrentan desde hace tres décadas a la continuidad de la política socio-económica neoliberal implementada por el Estado mexicano y las empresas nacionales y extranjeras. Y hoy, a un año de la toma de protesta del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), nos toca hacer el triste recuento de las batallas que tuvimos que librar desde el inicio de la cuarta transformación para defender nuestros Derechos Humanos y los bienes comunes naturales con los cuales convivimos”, mencionaron.
Señalaron que el Presidente inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía sin tomar en consideración a los pueblos aledaños y sin una manifestación de impacto ambiental correctamente hecha. Pondría en grave peligro a los y las habitantes de la Ciudad de México ya que se requeriría de 6 millones de litros de agua al día de la Cuenca del Valle de México, misma que abastece a los capitalinos.
Chiapas Paralelo informó que además está la obra del Corredor Interoceánico, o Tren Transístmico, el cual “pretende imponer por medio de simuladas consultas que no cumplen con los parámetros mínimos del derecho a la consulta previa, libre e informada”.
En el centro del país, el Gobierno mexicano intenta imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM) desde 2011, el cual implica la construcción de un acueducto que despojaría a los y las morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto. Este último pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl. Cualquier erupción de este volcán activo sería desastrosa para la población.
“Hemos enfrentado diversos ataques por resistir al PIM, entre los cuales el asesinato de Samir Flores, que se mantiene impune. En los últimos días, recibimos amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, y el abogado del Frente de Pueblos. Juan Carlos Flores Solís ha sido intimidado y señalado por su defensa”, aseguraron los defensores.
Las tierras morelenses están también en la mira de la industria minera. La empresa Álamos Gold pretende iniciar la explotación del proyecto Esperanza, también llamado Proyecto Jumi, en el surponiente del estado, a pesar de que su Manifestación de Impacto Ambiental fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y por afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Se trata de un proyecto de extracción de oro y plata altamente tóxico, con impactos a la salud de las comunidades locales, a su patrimonio y al medio ambiente.
“Logramos frenar este proyecto en el año 2013 y hoy reiteramos nuestra determinación a no dejarlo avanzar”, señalaron los activistas.
La minería canadiense es otro proyecto que aseguran, también afecta en la Sierra Norte de Puebla, en particular en Ixtacamaxtitlán. Almaden Minerals pretende explotar una mina de oro y plata a cielo abierto. El Proyecto Ixtaca acabaría con el agua de las comunidades del municipio al consumir 5.5 millones de litros de agua al día, y tendría graves impactos en 29 municipios de la cuenca del Río Apulco.
“Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada y las concesiones han sido declaradas ilegales. Pero gracias al amparo legal interpuesto por los y las defensores, la Semarnat suspendió el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental y el proyecto no ha podido avanzar”, manifestaron.
En la zona del Golfo de México en Veracruz, la empresa Azucar Minerals, creada como una extensión de la misma Almaden, quiere explotar el proyecto de extracción de cobre y oro “El Cobre”. Otra compañía basada en Vancouver llamada Candelaria Mining quiere reactivar el proyecto “Caballo Blanco”. Ambos están ubicados a proximidad de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana.
En Chihuahua, en la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas sin garantizar el derecho del pueblo a sus tierras ancestrales y a la consulta: tres a particulares y la cuarta a la minera Evrim S.A. de C.V., que pertenece al grupo canadiense Evrim Resources Corp. Resistir a proyectos de muerte en esta región donde reina una violencia extrema tiene un costo: el compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, fue asesinado el 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones.
“El extractivismo minero nos afecta a todas y a todos a nivel nacional ya que es una de las actividades que más agua consume. En Zacatecas, el Gobierno pretende construir la presa Milpillaspara acaparar el agua del río Atenco y abastecer en agua a mineras y a la cervecera Grupo Modelo de forma directa o indirecta. Desde 2018, el Gobierno estatal ha desplegado una estrategia de división, corrupción e intimidación en contra del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco para imponer este proyecto”, expresaron.
Otra cervecera que el estado privilegia por encima del derecho humano al agua es la Constellation Brands en Mexicali, Baja California. Un acuerdo firmado en 2015 con la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la compañía obtener el derecho de consumir 20 mil millones de litros de agua potable por año. Si bien el Presidente afirmó en septiembre que la empresa no debería instalarse en esta zona árido-desértica, la construcción de su nueva planta de 400 hectáreas no ha parado y ya lleva el 45 por ciento de avance.
En el frente de esta batalla están también los pequeños productores y las pequeñas productoras de Michoacán que día a día trabajan la tierra para protegerla ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria.
“Ante el acaparamiento de nuestras tierras, la tala de nuestros bosques y el desplazamiento de nuestras comunidades, son ellos y ellas quienes resguardan el tejido comunitario, y detienen el cambio de uso de suelo y el robo de agua de nuestras comunidades”, comentaron los defensores de la tierra.
“Por todo lo anterior y lo que falta, hacemos un llamado a los pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos, medios de comunicación, instituciones públicas y sociedad en general a construir y defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas. ¡Organicémonos de manera conjunta frente a la violencia, la injusticia y por la vida! Urge deshacer los mecanismos que permiten desde hace décadas que los gobiernos y las empresas destruyan nuestros bienes comunes naturales y pisoteen nuestros derechos. Le exigimos al Gobierno respetar nuestro derecho a la libre autodeterminación para decidir sobre el tipo de desarrollo sustentable y colectivo que queremos en nuestros territorios”, finalizaron.
