La CIDH exhortó al Gobierno boliviano a adoptar medidas que investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de la violencia ejercida durante las protestas ocurridas después de las elecciones presidenciales, las cuales dejaron como saldo 35 personas muertas.
La Paz, 11 de diciembre (AP).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo una recomendación para iniciar una investigación sobre las graves violaciones ocurridas durante las recientes protestas en Bolivia que derivaron en la muerte de 35 personas.
En un informe preliminar tras su vista al país sudamericano, la CIDH manifestó su “condena a las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”.
En ambas localidades murieron 18 seguidores del ex Presidente Evo Morales, la mayoría por disparos de armas de fuego durante incursiones de las fuerzas del orden para contrarrestar las protestas; después de ocurridos los hechos, el Ministro de Defensa, Fernando López, aseguró que la procedencia de los proyectiles no correspondían a las fuerzas armadas.
El Instituto de Investigaciones Forense estableció que 27 de las víctimas fallecieron por disparos de armas de fuego, sin embargo, el Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sugirió que las muertes habrían sido provocadas por infiltrados con la supuesta intención de culpar al Gobierno boliviano.
En este línea, la CIDH recomendó a las autoridades gubernamentales “adoptar medidas para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia y desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido violencia contra la población civil, del bando que sean”.
CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a #Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019. Comunicado completo 👉👉https://t.co/9fyoqrTssx pic.twitter.com/mOJD0Jp5e6
— CIDH - IACHR (@CIDH) December 11, 2019
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió “entregar los salvoconductos a las personas asiladas en las embajadas de México y de Argentina”, con la finalidad de que puedan ejercer su derecho al asilo y refugio.
Según el Gobierno, 25 personas están en la embajada de México en La Paz a la espera de dichos documentos, entre ellos el ex Ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, contra quien el Gobierno de Bolivia presentó una demanda penal por sedición y terrorismo; Morales también enfrenta otra acusación similar por alentar la convulsión.
Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre, cercado por las protestas en rechazo a un supuesto fraude electoral para reelegirse hacia un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre del 2019. Tras su dimisión seguidores de su causa emprendieron violentas protestas, sobre todo en La Paz y Cochabamba.
El ex Presidente, que llevaba paco más de 13 años en el poder, acusó a los opositores de golpe de Estado y se exilió en México, situación que la senadora opositora Jeanine Áñez aprovechó, proclamándose Presidenta transitoria con la misión de convocar nuevas elecciones en cuatro meses.
Una auditoría internacional de la OEA estableció que durante los comicios celebrados en octubre último hubo “manipulación dolosa” de los resultados, motivo por el que las autoridades electorales afrontan un juicio penal.
