Se han hecho públicas las interferencias de funcionarios y dependencias de la 4T en contra del principio que estableció el presidente de separar el poder político del económico. Más allá de filias y fobias políticas frente a la actual administración, es claro que esta separación entre los poderes políticos y económicos, aunque no sea plena, marca una distancia enorme frente a las administraciones anteriores sometidas a los intereses económicos.

La exhibición de los multimillonarios favores fiscales a las grandes corporaciones, la elaboración de diversas normas oficiales mexicanas que, en muchos casos, están poniendo el interés público por encima del de las corporaciones y la decisión de retirar a grupos de presión de las corporaciones de varias dependencias públicas, muestran un paso importante en establecer una sana distancia con quienes ejercían gran parte del poder político desde el poder económico.

Sin embargo, dentro del gobierno, dependencias y funcionarios siguen actuando públicamente en defensa de los intereses de estas grandes corporaciones, en contra del interés público. Al menos existen dos casos públicos y bien documentados de las felonías dentro de la 4T. Trataremos uno de ellos y en otra ocasión el segundo.

El primero tiene que ver con los vapeadores. Estos productos de los que seguramente ha recibido usted propaganda todos los días a través de las redes sociales, propaganda que ofrece alternativas al humo del tabaco y que esta pagada por la mayor empresa global de tabaco: Philip Morris (PM). En contexto, hay que decir que frente a las políticas contra el consumo de tabaco (impuestos, áreas libres de humo del tabaco, restricción de publicidad y venta, etiquetados) que en muchos casos han logrado estigmatizar el fumar, las tabacaleras ven un gran negocio en los vapeadores.

Hay que recordar que la publicidad de cigarrillos trataba de asociar el fumar con la aventura, el campo, la belleza, la seducción, incluso, con la propia liberación femenina. Con la información sobre los daños del tabaquismo, negada por la industria durante decenios, y con las políticas regulatorias a su venta, etiquetado, promoción y consumo, las perspectivas de crecimiento de las tabacaleras se han alterado. En este contexto, las tabacaleras desarrollan una estrategia multimillonaria para llevar a los consumidores a los vapeadores, sean cigarrillos electrónicos que tienen en su líquido nicotina o productos de tabaco comprimido calentado

La propaganda de PM se centra en presentar los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar cigarrillos tradicionales, como una alternativa al humo del tabaco. Es decir, las tabacaleras, detrás de estos productos, se presentan como preocupadas por la salud de los fumadores brindando una opción que publicitan que es más saludable, ocultando sus daños, haciendo entender que su propaganda se dirige a los fumadores, a las personas que son ya adictas a la nicotina.

La evidencia demuestra que ese no es su público objetivo. Lo que está claro es que el objetivo principal de las tabacaleras, que ahora promueven los diversos tipos de vapeadores, son los jóvenes El vapeo ha sido muy atractivo para los estudiantes de secundaria y preparatoria, a lo que ayuda mucho que se trate de un aparato tecnológico, electrónico, en el entorno actual de los jóvenes rodeados de celulares, ipods, etc.

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, titulado “Tendencias en el vapeo de los adolescentes 2017-2019”, los investigadores indican que entre esos años se registró que el vapeo presentó el mayor aumento en el consumo de una sustancia en los últimos 44 años, desde que existe el reporte Monitoring the Future. Los investigadores mostraron preocupación por el aumento a la adicción a la nicotina que el vapeo estaba provocando entre los jóvenes. Es decir, la evidencia demuestra que estos productos no son una salida, son una entrada a la adicción a la nicotina que las empresas tabacaleras buscan para tener consumidores de por vida. No importa que con este consumo acorten la esperanza de vida de los jóvenes que logran enganchar.

En este contexto es que en febrero de 2020, promovido por la Subsecretaría de Prevención de la Salud y por el propio secretario de Salud, el presidente decretó la prohibición de la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Sin embargo, vino un segundo decreto promovido por la Secretaría de Economía que modificaba el primer decreto permitiendo la importación y exportación de productos de tabaco calentado. Este segundo decreto estaba dirigido a favorecer directamente a Philip Morris que controlaba ese mercado de productos de tabaco calentado en México. La reacción no se dejo esperar por parte de las organizaciones, expertos e instituciones que trabajan para la salud pública. El propio presidente explicó, abiertamente, que el cambio se había dado por interferencia de la Secretaría de Economía. El presidente reconoció que la autoridad en la materia era la Secretaría de Salud y expidió un tercer decreto que volvía a la prohibición de importar y exportar estos productos, incluyendo los cartuchos.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de un proceso complejo de amparos que fueron por un lado otorgados y negados por diversos jueces, otorgó amparos particulares, no de aplicación general, para la producción y comercialización de cigarros electrónicos.

El asunto obliga a que estas prohibiciones se establezcan directamente en la Ley General del Control del Tabaco, para evitar el caos que surge a través de las múltiples acciones legales de las corporaciones y sus aliados y un poder judicial que puede ir en un sentido u otro.

Un asunto similar ocurrió con el decreto del presidente para el retiro del herbicida glifosato y la prohibición del maíz transgénico. El texto que se envió al jurídico de presidencia para su publicación fue alterado por la interferencia del secretario de Agricultura. Al darse a conocer la versión modificada, se evidenció la felonía para favorecer a las corporaciones de los agroquímicos y los transgénicos, lidereadas por Bayer y Monsanto, que públicamente se habían manifestado contra estas prohibiciones. Ante las denuncias del cambio sustancial al decreto, este fue retirado y se volvió al original que fue publicado en diciembre de 2020.

Los actos de felonía, de traición, a principios que enarbola el presidente como esencia de la 4T, siguen haciendo de las suyas a favor de las corporaciones. Lo más reciente ocurrió en la COP 26 de cambio climático en Glasgow, asunto que será materia de otra colaboración.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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