El empleo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de las Fuerzas Armadas que actúen en tareas de seguridad pública, se ejercerá en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.
México, 11 nov (EFE).- El Gobierno de la capital mexicana publicó este lunes un protocolo en la Gaceta Oficial que regula el uso de la fuerza pública en las protestas para garantizar el derecho a la libertad de expresión, pero también la libertad de tránsito ante bloqueos de vialidades.
Las reglas, que entran en vigor este martes, contemplan que la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México deben priorizar la conciliación con los manifestantes, por lo que los policías no podrán portar “objetos ajenos a los asignados o armas letales”, sino equipos de protección personal.
Sin embargo, el protocolo advierte que este proceso de concertación podrá suspenderse “si no hay posibilidades para continuar con el diálogo” o si las condiciones de la protesta representan “un peligro real e inminente de daño irreparable” a la vida de los ciudadanos o funcionarios públicos.
Con la colaboración de especialistas y activistas en derechos humanos generamos un nuevo marco de actuación para bloqueos de vialidades primarias. Reiteramos que siempre vamos a privilegiar el diálogo, no vamos a criminalizar la protesta social, ni a reprimir al pueblo. https://t.co/IMVq0Da7GT
— Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 8, 2019
“O bien cuando exista una amenaza y afectación real y objetiva de las instalaciones estratégicas o bienes, la persona concertadora suspenderá su actuación, sin que esto exima la posibilidad de restablecer el diálogo en cualquier momento”, establece el texto en la Gaceta Oficial.
Este protocolo llega tras la entrada en vigor en mayo pasado de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la primera en su tipo, que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó como parte del paquete de reformas necesarias para la creación de la Guardia Nacional, un grupo de carácter policíaco y militar.
Esta legislación federal estipula que el empleo de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de las Fuerzas Armadas que actúen en tareas de seguridad pública, se ejercerá en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.
La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que el protocolo local garantizará la libertad de expresión y al mismo tiempo el libre tránsito, una preocupación de automovilistas y transeúntes afectados por las protestas que concentra la capital mexicana.
“Con la colaboración de especialistas y activistas en derechos humanos generamos un nuevo marco de actuación para bloqueos de vialidades primarias. Reiteramos que siempre vamos a privilegiar el diálogo, no vamos a criminalizar la protesta social, ni a reprimir al pueblo”, escribió Sheinbaum en Twitter el viernes pasado.
El protocolo permite a los manifestantes solicitar la presencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la resolución de las quejas a través de “mesas de gestión social”.
La normativa también establece obligaciones a los funcionarios capitalinos para que definan alternativas “que garanticen la movilidad de quienes viven y transiten la Ciudad” y para que reaccionen de forma “inmediata” ante bloqueos espontáneos.
