Con el nuevo secretario de seguridad pública federal, Omar Hamid García Harfuch, habrá una estrartegia policiaca más articulada que ya probó sus buenos resultados los seis años que estuvo al frente de esas tareas en el gobierno de la Ciudad de México. El combate a la delincuencia durante el gobierno de Sheinbaum Pardo será más inteligente y más frontal.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- Luego de cinco años en proceso de formación y consolidación, la Guardia Nacional será el instrumento principal para pacificar el país en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con operativos que se articularán con base en un sistema de inteligencia que permitirá ubicar con mayor claridad a los sujetos o grupos generadores de violencia, para someterlos y ponerlos a disposición de la justicia. La Guardia Nacional, que hasta el más reciente reporte contaba con 118 mil elementos operativos, es la mejor herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su sucesora, que funcionará como parte de las fuerzas armadas y coordinada con ellas.
Con el nuevo secretario de seguridad pública federal, Omar Hamid García Harfuch, habrá una estrartegia policiaca más articulada que ya probó sus buenos resultados los seis años que estuvo al frente de esas tareas en el gobierno de la Ciudad de México. El combate a la delincuencia durante el gobierno de Sheinbaum Pardo será más inteligente y más frontal.
La Guardia Nacional estuvo incluida en el paquete que la administración de López Obrador puso a consideración de la población cuando dio a conocer su Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el primero de febrero del 2019, presentada por el Secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, quien explicó su diagnóstico sobre el problema y planteó ocho objetivos.
1.- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. El abandono de la procuración de justicia a partir de 2006, la descomposición institucional y la falta de probidad de muchos servidores públicos, tienen efectos desastrosos para la funcionalidad de las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de la procuración y las instancias judiciales responsables de impartirla. Para conseguir la impunidad a cualquier clase de infracción es suficiente con elevar el monto del cohecho a las autoridades, con la protección del compadrazgo o el amiguismo, con la pertenencia a redes de complicidad e intercambio de favores. El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos.
2.- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. La generación de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes del país que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase.
3.- Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos. La tentación de restablecer una supuesta legalidad con métodos violatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente inaceptable y contraproducente por diversas razones. Una autoridad que pretenda imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante y pierde rápidamente el respeto y la credibilidad entre sus gobernados. La infracción a los derechos de la población por parte del poder público genera cinismo social, impulsa las conductas delictivas que se pretendía combatir y siembra las semillas de la ingobernabilidad.
4.- Regeneración ética de la sociedad. En el ciclo neoliberal el poder público no sólo abandonó a su suerte a la población para ponerse al servicio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras sino que, en conjunto con los poderes económicos, emprendió desde hace tres décadas un sistemático adoctrinamiento de la sociedad para orientarla hacia el individualismo, el consumismo, la competencia y el éxito material como valores morales supremos, en detrimento de la organización gregaria, los valores colectivos, el bien común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población mexicana y que hunden sus raíces históricas en el modelo civilizatorio mesoamericano. Particularmente entre los jóvenes, la exaltación del dinero y las posesiones materiales y superfluas, aunado a un entorno que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha generado
frustración y facilitado actitudes antisociales.
5.- Reformular el combate a las drogas. La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible. Para empezar, la potestad del Estado para determinar qué sustancias pueden ser consumidas por los ciudadanos y cuáles no carecen de justificación moral y atenta contra los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a su autodeterminación sin injerencia de las autoridades. Por otra parte, las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico, pero no afectan la producción y la comercialización de alcohol, tabaco, bebidas con contenido de taurina y cafeína y el consumo, regulado o no, de ciertos antidepresivos y somníferos.
6.- Emprender la construcción de la paz. Se promoverá la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad, se pretende que sean vistos como elementos consustanciales a la estrategia de seguridad. El construir la paz requiere cambiar el paradigma ante el victimario, quien deberá asumir, como condicionantes, la plena colaboración con la justicia, la manifestación inequívoca de arrepentimiento, la garantía de no repetición de los crímenes cometidos y la reparación del daño. Se enfatiza al respecto, que perdonar no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. El estado luchará al lado de las víctimas para, antes que nada, se busque obtener la verdad, así como para reivindicar la justicia y la reparación de cualquier daño.
7.- Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios. El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la criminalidad. Los Centros Penitenciarios se han convertido en escuelas de delincuentes y centro operativos de grupos del crimen organizado.
8.- Seguridad pública, seguridad nacional y paz. El Gobierno de México entiende a la Seguridad Nacional como una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera. El concepto de Seguridad Nacional debe ser entendido desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano.
Ese mismo día se informó que el presidente López Obrador había presentado al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la República a fin de conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.
La Guardia Nacional de México -se explicó- actuaría en forma semejante a corporaciones como la Gendarmería Nacional francesa, una fuerza armada responsable de las misiones de policía, y la Guardia Civil española, instituto armado de naturaleza militar que cumple funciones de seguridad pública. Los efectivos de ese cuerpo provendrían de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocaría a civiles y a elementos de tropa para que se integraran a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirían formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo a un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana.
El pasado martes 8 de octubre del 2024, al presentar la estrategia de seguridad nacional de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Seguridad Pública federal Omar Hamid García Harfuch, habló de los cuatro ejes principales en los cuales se basará su trabajo: 1.- Atención a las Causas; 2.- Consolidación de la Guardia Nacional; 3.- Fortalecimiento de inteligencia e investigación y 4.- Coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las Entidades Federativas.
El gobierno de Sheinbaum Pardo también planteó Consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia para la Seguridad; fortalecer al Centro Nacional de Inteligencia, mediante el incremento de las capacidades humanas y tecnológicas para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre las diversas instancias de inteligencia y el Centro Desarrollar productos de inteligencia que se integren a Carpetas de Investigación y deriven en vinculaciones a proceso y sentencias. Establecimiento de un sistema de evaluación para el desarrollo las 32 policías, 32 fiscalías y 32 sistemas penitenciarios.
Entre las prioridades de la nueva administración está una acción más directa contra el crimen organizado para disminuir los homicidios dolosos, los delitos de alto impacto como secuestro, extorsión y robo con violencia. El propósito es neutralizar a los generadores de violencia y redes criminales, detenerlos y ponerlos tras las rejas, con atención a zonas con alta incidencia delictiva.
Para cumplir tales propósitos la nueva administración pretende tener diagnósticos regionales más claros sobre el fenómeno de la violencia; hacer tareas de prevención focalizada y mayor trabajo de inteligencia, así como poner a disposición de la justicia a los violadores de las leyes que atemorizan a la población.
Y por supuesto, la estrategia del gobierno de Sheinbaum Pardo, coordinada por el Secretario de Seguridad, García Harfuch, pretende darle un seguimiento puntual a la incidencia delictiva, ampliar las líneas de investigación permanente sobre los grupos criminales y la vinculación a procesos de los detenidos.
