El proyecto de reforma tiene como principal objetivo garantizar el acceso a empleos dignos y que las personas tengan verdaderas posibilidades de reinserción social.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó el día de ayer reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar cartas de antecedentes no penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Al presentar el dictamen ante la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito, pues quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, sino que también ven truncadas sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados y que puedan recaer en actos delictivos, declaró.
Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
✅ Para establecer la no discriminación de personas con antecedentes penales para ingresar, permanecer o ascender en un trabajo, se aprueba por unanimidad, con 69 votos a favor, reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
— Senado de México (@senadomexicano) October 10, 2023
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
Lo anterior, salvo en los supuestos establecidos por el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Si bien se trata de una reforma que busca evitar la discriminación o que se niegue el empleo, la Senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Partido del Trabajo (PT), consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales es un acierto, pero no en la Administración Pública, pues, en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, hay funcionarios corruptos. “Me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado el no pedir la carta de antecedentes penales”.
El pleno del Senado también aprobó, con 75 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, un dictamen que modifica diversas leyes con el propósito de establecer el uso de lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos y así dar continuidad al trabajo legislativo que se ha implementado en materia de lenguaje de género.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, expresó que el uso de leguaje incluyente en la redacción de las leyes es fundamental para construir una sociedad más igualitaria, democrática y justa. Por ello, explicó, la propuesta busca que se utilicen términos que no discriminen ni excluyan a ninguna persona por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad u otras características personales.
El proyecto se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y trámite correspondiente.
