En la era de Andrés Manuel López Obrador, el asesino del candidato del PRI a la presidencia de la República en 2024 disfrutará de la libertad. Muy dado al perdón, a la conseja y a la conspiración, el presidente de la República ofreció en bastantes ocasiones, tomar el caso de Mario Aburto Martínez, asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta, como uno de Estado. Ofreció incluso, a quien el 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, asestó dos balazos al abanderado priísta hasta acabar con su vida, que, si contaba otra versión de los hechos, si estaba amenazado y por eso guardaba silencio, o si había sido torturado, le brindaría protección a él, y a su familia porque “entonces sería un acto de injusticia”.

Mario Aburto no aportó nada nuevo. La versión sigue siendo la misma. Aquella que él relató ante una de las fiscalías especiales en la reconstrucción de los hechos, mostrando como fue que disparó el arma que llevó al mitin. Justificó que eso sucedió cuando intentó pasarla de un lado a otro y “se activa el arma”, dando el balazo mortal en la cabeza de Colosio. Del segundo disparo, a pesar de las reconstrucciones de hechos, no se hacía responsable.

Aburto fue detenido ese mismo día, y años después sentenciado a 45 años de prisión por el magnicidio de quien había sido dirigente nacional del PRI, secretario de desarrollo social, y candidato de ese partido para suceder a Carlos Salinas de Gortari. En ningún momento, ni anterior o en la era de López Obrador, Aburto refirió alguna conspiración, que lo incluyera, para asesinar a Colosio. Ni ante la oferta del morenista.

Empecinado en liberar al sentenciado asesino, López Obrador agregaría, que, en caso que todo hubiese sucedido como se relató y documentó en el juicio, estaban “obligados” a “que no se le violen sus derechos humanos”, y eso, aseguró, “es un compromiso”.

En ese contexto, sin un abogado particular que aprovechara la oferta presidencial en favor de Aburto, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la Defensoría Pública Federal, dejarían de lado la consigna presidencial publicitada, para que el asesino del candidato del PRI, obtuviera su libertad.

El 3 de octubre de 2023, en lugar de un pastel y velas por su cumpleaños 52, Mario Aburto fue celebrado con la concesión de un amparo directo que anula la sentencia de 45 años aumentada de 42, después de una apelación), que le fue impuesta por el crimen. La determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito fue, efectivamente, ordenar la insubsistencia de la condena de prisión dictada por el homicidio doloso del ex candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. El mismo Tribunal Colegiado concedió cinco días hábiles al Primer Tribunal Colegiado de Apelación, para que anulara la resolución de 1994 y dictara una nueva sentencia.

En el fallo de amparo se estimó que no se tienen las condiciones e indicios suficientes para determinar si existió la tortura alegada por el quejoso, y que tampoco existía una versión distinta, la defensoría de oficio presentó un juicio de garantías por separado por las presuntas vejaciones.

En cuanto a las violaciones procesales, la principal, indica que Mario Aburto fue juzgado, y sentenciado el 22 de diciembre de 1994, con el Código Penal Federal, una vez que la entonces Procuraduría General de la República había atraído el caso para su investigación. Lo que debió acontecer, sostuvo la defensoría de oficio, fue que el michoacano debió ser juzgado en base al Código Penal para el Estado de Baja California, entidad en la que cometió el delito.

En 1994 la pena máxima por homicidio doloso en el Código Penal Federal era de 50 años de cárcel, mientras que, en el Código Penal de Baja California, la sanción por el mismo delito iba de una mínima de 16 años, a una máxima de 30 años. Actualmente, por homicidio calificado, la penalidad en esta entidad, va de una mínima de 25 a una máxima de 50 años de prisión.

Al anular la sentencia de 1994, y solicitar una nueva, basándose en el Código Penal de Baja California, a la fecha de cuando se cometió el delito. En esas condiciones, y considerando que Mario Aburto fue primodelincuente, que no había cometido delitos por los cuáles hubiese sido juzgado y condenado en fecha anterior al 23 de marzo de 1994, es de suponerse que el juzgador tendrá ciertas consideraciones y no sentenciará con la pena máxima de la época, 30 años, sino menos de esa cantidad, con lo cual se decretaría pena compurgada, dado que el 23 de marzo de 2024, de seguir en prisión, Aburto cumpliría con la pena máxima de 30 años.

El primer lustro de los años noventa del Siglo pasado era otra época y otra forma de hacer política, se anticipaba ya la derrota del PRI y con ello el fin de la hegemonía tricolor, de hecho, aquella elección en la cual participaba Colosio, sería la última que ganaría el PRI, hasta regresar al poder solo por un sexenio, de 2012 a 2018, con Enrique Peña Nieto.

Por entonces, como ahora, no había poder más relevante que el del presidente de la República. Mario Aburto fue juzgado, a la vista y la complacencia de la clase política, empezando por el presidente, -con un código federal a pesar que Luis Donaldo Colosio Murrieta, al momento de su asesinato ya no era funcionario federal, sino ciudadano candidato del partido oficial-, y sentenciado a 50 años de cárcel.

Al paso de 29 años, también por una orden presidencial, Mario Aburto Martínez está a punto de lograr la libertad, al conceder un Tribunal un amparo (por cierto, aquí no se quejó el presidente acerca de los juzgadores que conceden amparos) para que su sentencia sea anulada y se emita una nueva, considerando el código penal estatal.

Más allá de la justicia, o de la injusticia, lo que impera en el sistema político mexicano, es el presidencialismo. Un presidente, Carlos Salinas de Gortari, le aplicó “todo el peso de la Ley” al asesino de Luis Donaldo Colosio, y otro presidente, Andrés Manuel López Obrador, sometió a revisión su caso para que “no se violen sus derechos humanos”.

Adela Navarro Bello

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