El gobierno estadunidense estuvo participando y consensuando activamente el Acuerdo de París en 2015, ya que el cambio climático era un tema de interés para el entonces Presidente Barack Obama. La Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) señalaba el compromiso de reducir entre 26 y 28 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a niveles de 2005 para el 2025 (CMNUCC, 2015); para lo cual se clamaba que ya se contaba con la política adecuada. Sería en un 17 por ciento a niveles de 2005 para el año 2020, además de estimar reducciones en un 80 por ciento o más para el 2050. Esto contemplaba a todas las fuentes emisoras de cada sector económico, lo que implicaba la consideración de diversas leyes, regulaciones y medidas obligatorias – tal como estaban en ese entonces – para una implementación adecuada de la NDC. Se citaban a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), la Ley de Política Energética (Energy Policy Act), y la Ley de Seguridad e Independencia Energética (Energy Independence and Security Act) como las principales.

Sin embargo, la postura estadunidense cambiaría drásticamente. En 2016 Donald Trump ganó la Presidencia de ese país, y a partir de 2017, su Administración Federal empezó a emitir políticas inconscientes sobre el cambio climático y el medio ambiente, a fin de ayudar a las industrias del petróleo y gas. Esto continuaría en los años siguientes, con el debilitamiento de estándares para que vehículos automotores utilizaran menos gasolina, así como con la desaparición de reglas para que compañías de energía redujeran el uso de carbón.

Aunado a esto, Trump inició formalmente el proceso para que su país se retire del Acuerdo de París – una promesa de campaña –, mismo que tendrá efecto un día después de la elección presidencial de este noviembre. El argumento para esta acción es que el acuerdo climático impone cargas económicas injustas a trabajadores, empresas y contribuyentes estadunidenses.

Ante la ausencia de acción climática a nivel federal, gobiernos estatales, ciudades y parte del sector privado se han comprometido a realizar esfuerzos. De acuerdo a America’s Pledge on Climate, que es un proyecto para cuantificar la reducción de emisiones estadunidenses, es posible disminuir la contaminación climática en 37 por ciento por debajo de niveles del 2005 para el año 2030 (America’s Pledge on Climate, 2019).

California es considerado como el Estado líder en cuanto al combate al cambio climático y protección al ambiente. Tiene la Ley para Soluciones al Calentamiento Global (Global Warming Solutions Act) desde 2006, que establece límites a emisiones de gei a nivel estatal, y confirma el compromiso del Estado a transitar a una economía sostenible basada en energía limpia. En 2016 se actualizó esta ley para incorporar la meta de reducción de emisiones en un 40por ciento a niveles de 1990 para 2030. La consecuencia es una economía en crecimiento con una reducción de contaminación por carbón. Actualmente está considerando la oportunidad de proteger los bosques tropicales ante la deforestación alrededor del mundo con su programa “California Tropical Forest Standard”, que establecería créditos en mercado de emisiones. La lista de acciones de California es amplia, éstos son solo ejemplos.

El Estado de Nueva York también se encuentra en esta tesitura, al haber emitido la Ley de Liderazgo Climático y Protección a la Comunidad (Climate Leadership and Community Protection Act) que entró en vigor el primer día del año 2020. Dicho instrumento legislativo establece objetivos para reducir emisiones, y se apoya en el Consejo de Acción Climática (Climate Action Council) que busca descifrar la manera de descarbonizar la economía del Estado con un plan a presentarse en un plazo de dos años, y que será revisado cada cinco años.

Además de California y Nueva York, otros Estados también están actuando. Algunos establecen leyes para tener 100 por ciento de energía limpia, como son Nuevo México, Nevada, Hawái, Washington, Maine, Puerto Rico, y Washington, D.C. Paralelamente, los gobernadores de varios Estados han formado una coalición para mostrar su compromiso de reducir las emisiones de gei, según lo acordado en París. Los Estados son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington (Sachs et al., 2018).

Sin embargo, aún con estos esfuerzos a nivel subnacional e independiente de que Estados Unidos se retire del Acuerdo de París, es muy probable que este país esté lejos de lograr los compromisos planteados en 2015.

Si Trump se reelige, el panorama sombrío se mantendrá, pues se habrá perdido tiempo valioso para endurecer acciones. Ante esta posibilidad, los actores subnacionales tendrán un mayor peso – y obligación – para contrarrestar emisiones de GEI de ese país. Hay que ver qué decide el pueblo estadunidense.

Referencias:

• America’s Pledge on Climate. (2019). Accelerating America’s Pledge: Going all-in to build a prosperous, low-carbon economy for the United States. Nueva York: Bloomberg Philantropies, University of Maryland Center for Global Sustainability, Rocky Mountain Institute, and World Resources Institute. Recuperado de: www.americaspledge.com/reports
• CMNUCC. (2015). U.S. Cover Note INDC and Accompanying Information. Recuperado de: https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/United%20States%20of%20America/1/U.S.%20Cover%20Note%20INDC%20and%20Accompanying%20Information.pdf
• Sachs, J. D., Lynch, A., LoPresti, A. y Fox, C. (2018). Sustainable Development Report of the United States 2018. SDG USA y Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Recuperado de: https://sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-of-the-united-states-2018/

Gustavo Sosa Núñez

https://www.sinembargo.mx/author/gustavo-sosa

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de East Anglia, en Norwich, Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Nivel 1. Sus intereses de Investigación incluyen el análisis de políticas​ públicas ambientales, sus resultados y procesos de convergencia a nivel regional. Actualmente es profesor investigador del Instituto Mora. Twitter: @gssosan / @institutomora

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