En México no sólo el crimen organizado desaparece personas. El Estado mexicano se ha encargado en los últimos años de desaparecer a aquellos que llegan a las morgues del Servicio Médico Forense (Semefo) y que no son identificados, dicen familiares de desaparecidos que han luchado en contra de la falta de información y protocolos de parte de las autoridades.
Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, dice que la administración de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, tendrá un reto importante para poner en orden el desastre que dejaron las últimas administraciones.
Ciudad de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- A Georgina Ivonne Ramírez Mora la encontraron en una fosa común en Pachuca, Hidalgo, de pura casualidad, luego de que su madre la buscara sin descanso por todo el país durante dos años.
“La encontraron por casualidad. Me comentó la Fiscal que en una reunión casual a la que fue se encontró a una de sus compañeras de hace mucho tiempo, empezaron a platicar y en una de esas salió que en Pachuca había muchas mujeres asesinadas y ella le dijo que le mandara una lista para cotejar. Ahí estaba mi hija”, narró Leticia Mora Nieto, madre de Georgina en entrevista con SinEmbargo.
La joven desapareció en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el 30 de mayo de 2011 cuando salió de su vivienda a comprar unos víveres para preparar la cena. La última comunicación que tuvo fue a través de una llamada al celular con su esposo: “Ya voy en la combi, llego en cinco minutos”, le dijo. Pero nunca regresó.
Desapareció a las siete de la noche en el Estado de México y en la madrugada llegó al Servicio Médico Forense (Semefo) de Pachuca. Permaneció ahí durante días y luego fue sepultada en una fosa común.
Leticia Mora acudió a ese Semefo, incluso llevó fotografías de su hija. Iba cada miércoles a Pachuca a participar en un programa de radio junto con otras víctimas. Ella la buscaba por todo el país y Georgina estaba a unos kilómetros de donde se encontraba la estación de radio.
“Es muy doloroso saber que ella estaba ahí, abandonada, esperando por mí, mientras yo la buscaba desesperada por todo el país por dos años”, contó Leticia.
Leticia fue afortunada. Recuperó el cuerpo de su hija; sin embargo, no todos corren con la misma suerte. El Estado mexicano se encarga de desaparecer a cientos de cuerpos que jamás son identificados. Los entierran en fosas comunes como ocurrió en Tetelcingo, Morelos; los pasean en trailers, como sucedió en Jalisco con 300 cuerpos abandonados en dos unidades; los apilan en estado de putrefacción en salas refrigeradas, como en Acapulco, Guerrero; o los donan a las escuelas de medicina, pero jamás los entregan a sus familiares.
“Quien está incurriendo en la desaparición de las personas es la propia autoridad, por omisión o como sea, pero está colaborando a que ese ser humano no pueda acceder a la justicia y le están impidiendo el regreso con su familia”, dijo Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, el joven cuya búsqueda derivó en el hallazgo de una fosa común de la Fiscalía del Gobierno de Morelos con 116 cadáveres inhumados sin ser identificados.
Oliver desapareció un 24 de mayo de 2013 y fue hasta 2016 cuando su madre María Hernández pudo recuperar su cuerpo, luego de que a pesar de que ya había sido identificado, fue sepultado en una fosa que la Fiscalía utilizó para inhumar cientos de cadáveres.
La búsqueda del cuerpo de Oliver derivó en el hallazgo de cientos. De acuerdo con Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), ya se han entregado 11 desaparecidos a sus familiares y están en trámite seis más. Todos sepultados por el Estado mexicano.
“Es una atrocidad que habla de muchas cosas. En primer lugar de la idiotez de los gobiernos que por colusión con el crimen organizado, por ineficiencia o por querer borrar la realidad; no han asumido que estamos en una tragedia humanitaria. Frente a la evidencia ellos han decidido que no sucede nada y lejos de tomar cartas en el asunto han dejado que el Estado entierre cuerpos como lo había hecho antiguamente, sin ningún procedimiento jurídico, forense, esto termina por caminar del lado del crimen organizado”, dijo.
Ni siquiera hay una base de datos certera ni se siguen los protocolos internacionales para la identificación de un cuerpo. No hay una bitácora confiable de los restos humanos que llegan, como ocurre en Morelos, afirmó la tía de Oliver.
En Coahuila la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, donó 49 cuerpos sin identificar a la Facultad de Medicina de Torreón entre 2012 y 2017 a través de un convenio. De acuerdo con Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, vocera de Grupo Vida, no quedó ningún dato para dar con la identidad de esos cadáveres y saber si se trata de algún familiar desaparecido.
Aunque la Universidad no reconoce que haya convenios anteriores, Sánchez Viesca ha dicho a los medios locales en Coahuila que se desconoce dónde quedaron los restos humanos.
Mientras en ese mismo estado María Elena Salazar ofrece una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien le dé información certera sobre la ubicación de su hijo Hugo Marcelino González Salazar, desaparecido el 20 de julio de 2009, y a quien su madre no ha dejado de buscar incansablemente.
Algunos estados entierran a los cuerpos sin reclamar en panteones con un código de identificación como ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua el pasado 9 de octubre cuando fueron inhumados 112 cadáveres: 81 hombres, cuatro mujeres y 27 fetos. De acuerdo con la información que fue retomada por varios medios locales y nacionales, personal de la Fiscalía de Chihuahua aseguró que cada cuerpo cuenta con un estudio fotográfico, médicos y perfil genético para que puedan ser identificados por sus familiares en un futuro.
Sin embargo, el inhumar los cuerpos con códigos de identificación no es el común denominador de los Semefos en México.
“No han cambiado mucho las cosas de cuando yo buscaba a mi hija a pesar de la lucha que se hecho. Los colectivos en todo el país estamos con esa preocupación, porque pasan los años y nos damos cuenta que no hay un buen cotejo con los cuerpos que están en la fosas comunes, ya no hablemos de fosas clandestinas. Cuando vamos a hacer búsquedas a los servicios periciales vemos tantos cuerpos en calidad de desaparecidos; si vemos un cráneo, no hay ADN de ese cráneo y las mamás se siguen quedando con la preocupación”, dijo Leticia Mora.
EL RETO PARA EL GOBIERNO DE AMLO
Sicilia Zardain consideró en entrevista que el trabajo que tendrá que hacer el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, es “inmenso y económicamente muy caro”, pues tendrá que tratar de arreglar el desastre que dejarán las últimas dos administraciones.
“Ya dijo que asume la responsabilidad, qué significa eso: que tiene que empezar a aplicar protocolos forenses en las fosas de los criminales, y tiene que aplicarlos y abrir todas las fosas; dotar a los Semefos de refrigeradores y a los cementerios de legalidad y de gavetas. Es un trabajo inmenso y económicamente muy caro. Es producto de la negligencia y la criminalidad de las administraciones pasadas. Es un desastre nacional que no han querido asumir; esperemos que este Gobierno entienda la dimensión de lo que están asumiendo y responda a la altura de lo que esa dimensión exige, si quiere encontrar la justicia y la paz”, dijo.
Javier Sicilia consideró que la nueva administración tendrá que solicitar apoyo internacional para poner orden en los Semefos del país.
Está pendiente el dotar de protocolos y de una amplia base de datos que permita el cotejo de los cuerpos con los desaparecidos.
“Se tiene que dotar de infraestructura, pues los cuerpos se van apilando porque no ha cesado la violencia. De refrigeradores, de forenses, esto quiere decir que tenemos que traer apoyo internacional nos guste o no nos guste”, explicó.
Sólo para la identificación de los cuerpos de Tetelcingo y la movilización de los familiares la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) gastó cinco millones de pesos hace cuatro años para la identificación de los 116 cuerpos, reveló Sicilia.
“Y nosotros no pusimos refrigeradores, no construimos gavetas, esa cifra se triplicaría y si la multiplicas por 30 mil, 34 mil, que es una cifra peregrina, se requieren de muchos recursos”, dijo.
Amalia Hernández, tía de Oliver, agregó que para poner orden en los Semefos del país, se tienen que homologar los criterios para saber qué periciales se les debe realizar a cada cuerpo.
“Si un cuerpo llega calcinado, no se le pueden practicar pruebas de toxicología. Mientras no se haga una homologación real, no vamos avanzar. No habrá un control real”, argumentó.
La tía de Oliver precisó que su hermana María y ella han solicitado ingresar como observadoras a los Semefos de Morelos, sin éxito.
“Hasta el día de hoy no hay respuesta de la Fiscalía, nos dicen que todo está bien, pero hay un olor en la región de Morelos tremendo. Los cuerpos están apilados, no están congelados y con el formol que les ponen, los líquidos, el cuerpo que está hasta abajo se degrada más y ya no se le puede sacar un perfil genético. Lo único que se hace es simular; el laboratorio ni siquiera está certificado, nos lo dijeron a través de una solicitud de información. No hay certeza de que los cuerpos que entregan sea de la persona que dicen que están entregando”, dijo.
