A Javier Duarte Ochoa se le acabó el tiempo. Con alfiles se sostiene al frente de uno de los estados más golpeados por la violencia en los últimos días. El número de ejecutados es apenas una muestra de lo que ocurre en Veracruz: 83 personas muertas en tres momentos precisos en 21 días, además de los reportados en hechos aislados que fácilmente acumularía el centenar de víctimas. Tres semanas en las que el mandatario terminó de perder el control.
Paseo Virreyes del 16 de agosto advertía del escenario por venir.
En aquella ocasión se dibujó a un Duarte de Ochoa con prisa, buscando soluciones a contrarreloj: inseguridad, migración, déficit financiero, caída del turismo, empleo, educación… No fue sino hasta el 20 de septiembre pasado cuando la crisis estalló con el “tiradero” de cuerpos frente a una plaza comercial en la zona turística de Boca del Río.
La noticia era inocultable: 35 cuerpos. Aunque hubo intentos oficiales de minimizar el hecho, las redes sociales –las mismas que días antes el mandatario había intentado acallar con una ley a modo– hicieron la tarea. En cuestión de minutos, el país y el mundo sabían a través de imágenes del dantesco escenario.
El 1 de octubre, elementos de Marina detuvieron a cerca de 50 policías municipales de la zona centro de Veracruz, en un operativo en el que participaron 300 elementos de las fuerzas armadas y la Policía Federal. No era casual buscar responsables en las mismas corporaciones locales. Cinco días después, otros 36 cadáveres fueron localizados en las colonias Jardines de Mocambo, Costa Verde, Costa de Oro y El Coyol, en el corredor Boca del Río-Veracruz.
La espiral violenta no era más que el contraataque a la respuesta gubernamental contra el crimen organizado, a unas horas de lanzar el operativo “Veracruz Seguro”, que cedía a la federación el control de la seguridad del territorio veracruzano. Dentro de la secuela, entre la presentación de criminales y matacriminales, el procurador estatal Reynaldo Escobar Pérez renunció a su cargo.
Escasas horas después, el 7 de octubre, otros siete muertos fueron ubicados dentro de una camioneta en las inmediaciones de la colonia Laguna Real; más tarde se reportó el hallazgo de tres cadáveres en la colonia Colinas de Santa Fe. Sin embargo, la estela de muerte y cabezas, para expertos, aún no concluye.
En medio de esta vorágine delictiva, el regaño público vino en voz del senador priísta Manlio Fabio Beltrones, quien reclamó a su correligionario su afán de minimizar el hallazgo de los primeros 35 cuerpos al relacionarlos con delincuentes. La solicitud para que el mandatario se comportara a la altura de los hechos, no era otra cosa que evidenciar los fallos en la administración de la seguridad y la procuración de la justicia.
Veracruz, en términos político-electorales, es una joya. Si en el fondo existen intereses de demostrar la adecuada implementación de estrategias contra la violencia para ganarse adeptos, PAN y PRI juegan sus cartas en los planos federal y estatal, respectivamente. La evidencia de que la autoridad local quedó rebasada, aunque viniera de fuego amigo, cumplió su cometido: que la federación justificara la cobertura de los vacíos que, por omisión o contubernio, solapó la entidad.
Al margen del Estado de México, que aporta uno de cada siete electores en el país, con 14.04% de lista nominal, y del Distrito Federal con 9.03%, el estado de Veracruz concentra 6.51% del listado, por arriba de Jalisco, Puebla, Guanajuato y Michoacán, que en suma acumulan 50% del total de los electores. Veracruz es por tanto un escenario fértil para inclinar la balanza política con miras a 2012.
