Este proceso extraordinario de renovación del Poder Judicial se deberá implementar de manera escalonada, para lo cual constará de dos etapas. La primera tendrá lugar entre este 2024 y el próximo 2025, y la segunda se llevará a cabo en 2027. Ambos procesos serán organizados por el INE. “El Proceso Electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto”, señala la recién aprobada Reforma Judicial.
Ciudad de México, 11 de septiembre (SinEmbargo).– El Instituto Nacional Electoral (INE) será la autoridad que tendrá que poner en marcha para el próximo año la primera etapa de elección en el Poder Judicial, la cual contempla a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se votarán el resto de los cargos.
Luego de que la Reforma al Poder Judicial se aprobara en la Cámara de Diputados, el pasado 3 de septiembre, y en el Senado de la República, entre la noche 10 y la madrugada del 11 de septiembre, esta deberá ser turnada a los congresos estatales para su eventual ratificación, para lo cual tendrá que contar con apoyo de, por lo menos, 17 de las 32 entidades de la república mexicana. El Congreso de Oaxaca fue el primero en aprobar dicha reforma.
Durante el transcurso de este miércoles 11 de septiembre, otros congresos locales que también avalaron la Reforma al Poder Judicial fueron los de el estado de Tabasco, de Quintana Roo y de Veracruz, por lo que se convirtieron, junto con Oaxaca, en las primeras entidades del país en dar luz verde a la iniciativa que propone la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
Tras su eventual aprobación en los congresos locales, que se espera se dé sin mayores contratiempos, debido a que Morena y sus partidos aliados, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), cuentan con mayoría calificada en la mayoría de ellos, la reforma será promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), e iniciará el Proceso Electoral extraordinario 2024-2025, con el que se pretende renovar más mil 600 cargos judiciales, todos de manera popular.
Este proceso extraordinario de renovación del Poder Judicial se deberá implementar de manera escalonada, para lo cual constará de dos etapas. La primera tendrá lugar entre el presente 2024 y el próximo 2025, y la segunda se llevará a cabo en 2027. Ambos procesos serán organizados por el INE. “El Proceso Electoral extraordinario 2024-2025 dará inicio el día de la entrada en vigor del presente decreto”, señala la recién aprobada Reforma Judicial.
El decreto puntualiza que en los primeros comicios extraordinarios deberán someterse a elección popular los cargos de: ministras y ministros de la SCJN, así como las magistraturas vacantes de la Sala Superior.
Además de elegirse la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito, así como Juezas y Jueces de Distrito.
Los cargos pendientes a renovarse se deberán elegir, también de manera popular, hasta el año 2027, para lo que el Senado de la República será el encargado de emitir las respectivas convocatorias, con las que se integrarán las listas de candidatos para cada cargo a sustituirse en el Poder Judicial, para lo cual, los legisladores contarán con 30 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la reforma, en el caso de la primera etapa. La elección del resto de los cargo se realizará en los comicios ordinarios del 2027.
“El Senado de la República tendrá un plazo de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para emitir la convocatoria para integrar los listados de las personas candidatas que participen en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación, conformar al procedimiento previsto en el artículo 96 de este Decreto”, señala la reforma.
El Decreto detalla que la etapa de preparación para la elección extraordinaria del 2025, deberá iniciar con la primer sesión del Consejo General del INE, misma que se realizará durante los siete días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, y que será el encargado de emitir los acuerdos necesarios para garantizar el cumplimiento del proceso electoral extraordinario del año 2025, en el que no podrán participar ni consejeros del Poder Legislativo, ni representantes de los partidos políticos.
“El Consejo general del Instituto Nacional Electoral podrá emitir los acuerdos que estime necesarios para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 y para garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales aplicables para los procesos electorales federales, observado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género”, señala la reforma judicial.
“Las y los consejeros del poder legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso”, agrega el decreto, en el que se anuncia que la jornada electoral, en la que se renovarán los primeros cargos del Poder Judicial, se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025.
En dichos comicios “podrán participar como observadoras las personas o agrupaciones acreditadas por el Instituto, con excepción de representantes o militantes de un partido político”, se indicó en el decreto, en el que también se puntualiza que quienes resulten electos deberán rendir protesta al cargo el 1 de septiembre de 2025. “Las personas que resulten electas tomarán protesta de su cargo ante el Senado de la República el 1o. de septiembre de 2025”, señala la reforma.
Este 11 de septiembre, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, anunció este miércoles que las y los consejeros del organismo tendrán reuniones para comenzar a trazar algunos escenarios tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial, la cual busca someter a voto popular la designación de jueces, magistrados y ministros. “Deberemos estar listos, es un mandato constitucional. El INE no puede decir ‘no estoy listo’”, expresó.
“Nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros posibles escenarios por venir. Habremos de hacer reuniones las y los consejeros, y las áreas técnicas del Instituto para intentar delinear, ahora sí, la ruta que le tocará al Instituto Nacional”, expresó Taddei, quien consideró que se debe guardar prudencia y “tener siempre la parte técnica de nuestras áreas que son altamente especializadas para ver en qué nos vamos a ir poniendo”.
Asimismo, aseguró que primero tendrán que correr los procesos legislativos correspondientes en las entidades del país para que la reforma constitucional pueda ser totalmente aprobada y que el INE pueda comenzar a trabajar en la organización de los comicios. “Una vez aprobada, el Instituto tendrá en la siguiente semana que iniciar el proceso electivo”, destacó.
“Así también vienen otros tiempos definidos, como tiempos para emitir la convocatoria por parte del Senado, tiempos para presentar los registros aquí en el Instituto ―eso incluye los tiempos que tendrán los tres poderes para hacer sus propuestas―, y el tiempo en que se deben de entregar para que el Instituto pueda ir avanzando”, profundizó la Consejera presidenta.
Respecto a la cantidad de ministros y la permanencia en los cargos, el decreto explica que se reduce de 11 a nueve los ministros que integran la SCJN, quienes permanecerán en el cargo ocho, 11 y 14 años, dependiendo del número de votos que hayan obtenido en la elección. “Los periodos que correspondan a cada cargo se determinará en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quienes alcancen mayor votación”, indica la reforma.
En tanto, la reforma enfatiza que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá ser renovada cada dos años, de manera rotativa. Mientras que los jueces y magistrados permanecerán en el cargo por nueve años, pero tendrán la oportunidad de reelegirse una vez de manera consecutiva, es decir, terminando su primer periodo podrán ser votados para un segundo periodo.
