Entre 1997 y 2024, la administración en la que el Congreso aprobó un mayor número de decretos fue la de Peña Nieto, con 614 decretos, 28 de ellos de reforma constitucional. Se trata de la época del “Pacto por México”.
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– En el sexenio que está por terminar no hubo “aplanadora” legislativa ni sometimiento de poderes: en el periodo 2018-2024 del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cierre de las sesiones de la LXV Legislatura, el mandatario morenista tuvo la menor tasa de aprobación de iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión desde 1917, a pesar de que su Gobierno contó con mayoría simple en ambas cámaras.
López Obrador también tuvo, por consiguiente, un menor porcentaje de reformas aprobadas por el Congreso en su sexenio que sus últimos tres antecesores en el cargo, los presidentes del Siglo XXI: la tasa de aprobación de las iniciativas del Presidente López Obrador fue del 63.36 por ciento; Enrique Peña Nieto (2012-2018) tuvo un 79.84 por ciento; Felipe Calderón (2006-2012) logró un 79.55 por ciento; incluso Vicente Fox, el primer mandatario no priista en 70 años, tuvo una tasa de aprobación de reformas del 74.70 por ciento.
Asimismo, de 1917 al año 2000, la tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo fue superior al 98 por ciento, sobre todo a partir del dominio del Partido Revolucionario Institucional desde la década de los 30 del siglo pasado y hasta 1997, cuando el poderío tricolor abundaba con mayorías absolutas ambas cámaras del Congreso.
Así lo revela el estudio “La tasa de aprobación de las iniciativas del Ejecutivo Federal 2018-2024: entre el gobierno dividido y la falta de oficio político “, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro para el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Entre 1997 y 2024, la administración en la que el Congreso aprobó un mayor número de decretos fue la de Peña Nieto, con 614 decretos, 28 de ellos de reforma constitucional. Se trata de la época del “Pacto por México”, cuando el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), apoyados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), unieron fuerzas y dejaron atrás sus diferencias para avalar el paquete de reformas, como la energética y la educativa.
El sexenio de López Obrador marcó el retorno de las mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso por el partido del Presidente, aunque en este caso fue el izquierdista Morena. Sin embargo, apenas 6 de cada 10 reformas propuestas por el tabasqueño fueron avaladas en los últimos seis años: envió 101 iniciativas al Congreso, de las cuales 64 fueron aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Destacan cinco reformas constitucionales, la expedición de 10 nuevos ordenamientos (incluyendo leyes de ingresos) y la declaración de tres años para conmemorar a personajes históricos, detalla el análisis.
Las 64 iniciativas del Ejecutivo que fueron aprobadas, explica el documento, representaron el 11.8 por ciento del total de decretos aprobados por la LXIV y LXV Legislaturas –de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024– que coincidieron con la administración de López Obrador.
LAS REFORMAS RECHAZADAS
Las iniciativas no avaladas en el Congreso que fueron enviadas por el Ejecutivo caen en tres categorías diferentes: las iniciativas desechadas, que no fueron sometidas a votación en el pleno de las cámaras y no reunieron los votos necesarios para su aprobación; las iniciativas pendientes en comisiones y que “coloquialmente se dice que quedaron en ‘la congeladora’”; y las iniciativas que no completaron su proceso legislativo, es decir que no fueron aprobadas por ambas cámaras, pues quedaron “a media sanción”.
Giles Navarro destaca que fueron apenas dos las iniciativas del Presidente López Obrador que fueron “propiamente desechadas” por el Congreso: la reforma eléctrica de 2022 y la reforma político-electoral de 2023. Ambas buscaban reformar la Constitución y necesitaban de mayorías calificadas, con las que Morena y sus aliados (los partidos del Trabajo y Verde) no contaban, y en un contexto donde la oposición, a diferencia por ejemplo de la reforma para crear la Guardia Nacional, no tenía intenciones de votar a favor.
“Aunque podrían considerarse casos estadísticamente irrelevantes, la discusión de estas reformas y los eventos que les siguieron generaron un clima de confrontación y polarización que sin duda alguna repercutieron en las condiciones para construir acuerdos entre las fuerzas políticas. Después de la reforma político-electoral, el Congreso no volvió siquiera a discutir ninguna de las iniciativas de reforma constitucional del Presidente López Obrador”, argumenta el estudio.
Además, cinco iniciativas del Ejecutivo fueron aprobadas en una primera instancia por alguna de las cámaras e incluso por ambas, pero no completaron el proceso legislativo “por diversas razones”. El estudio las detalla: tres iniciativas quedaron pendientes en la cámara revisora: una nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la reforma constitucional que proponía limitar las remuneraciones en los órganos autónomos y una reforma que reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados y magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dos iniciativas, añade, fueron aprobadas por la cámara de origen, modificadas por la cámara revisora y se quedaron pendientes en la cámara de origen. E”sto sucedió con la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que planteaba actualizar diversas disposiciones en materia de fondos para el retiro y su régimen de inversión y que eventualmente sería superada por otra reforma más integral consensuada con el sector privado. Y lo mismo ocurrió con reforma para sancionar la discriminación racial”, concluye.
Por último, de las 37 iniciativas del Presidente López Obrador que no fueron aprobadas por el Congreso, 32 quedaron en comisiones pendientes, o en la “congeladora legislativa”. “Se trata de instrumentos que fueron rechazados de facto, aunque no fueran formalmente desechados por medio de una votación”, explica el documento.
El estudio concluye que hay siete razones principales por las cuales las iniciativas presidenciales han decaído en su índice de aprobación en el Congreso en los últimos 30 años: poca disposición para negociar; falta de planeación y coordinación; confrontación y polarización; violaciones al proceso legislativo; falta de estrategia parlamentaria; y la falta de mayorías calificadas.
En este último apartado, el último mes del Presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo será con el Congreso elegido el 2 de junio pasado, que le da a Morena y aliados la tan anhelada mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que en el Senado estará apenas a unos escaños de distancia de obtenerla.
Por ello, se espera que en las próximas semanas las reformas propuestas por el tabasqueño en febrero, que comprenden el llamado “Plan C” legislativo, puedan avanzar en esas primeras semanas de la LXVI Legislatura, y lo hagan en los próximos meses y años bajo el mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
AHÍ VIENE EL “PLAN C”
Las primeras cuatro reformas que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado avanzaron en comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, en donde se aprobaron sus respectivos dictámenes. Se trata de iniciativas que proponen cambios en materia laboral correspondientes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sobre el aumento al Salario Mínimo y en las pensiones, y la configuración de un nuevo Infonavit.
A diferencia de lo ocurrido a lo largo del sexenio, en esta ocasión la oposición sí respaldó los cambios propuestos por el Presidente López Obrador, contra los cuales se había posicionado en contra previo a las elecciones del pasado 2 de junio en donde fueron derrotados. De esta manera, se aprobaron en comisiones las cuatro modificaciones al artículo 123 de la Constitución con el apoyo del PRI, PAN, MC, Morena, PT y PVEM.
