El Tribunal Electoral se encuentra en un impasse que lo ha llevado a tener tres magistrados presidentes en menos de una semana, una situación que suma a los polémicas, irregularidades y conflictos que se han gestado al interior de la Sala Superior de la máxima instancia de justicia electoral del país.
-Con información de Guadalupe Fuentes
Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se creó con el objetivo de ser una institución clave, determinante y, sobre todo, como garantía de la democracia en el país, pero los escándalos y conflictos que se han gestado en su interior en los últimos meses han puesto en duda la credibilidad de este organismo, al grado de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a insistir con la renuncia de sus siete magistrados.
Tan sólo en dos años, la máxima instancia de justicia electoral ha tenido cinco magistrados presidentes a partir de la renuncia de Janine Otálora en enero de 2019 —sobre la cual se limitó a comunicar que obedecía a un decisión para adaptarse a los cambios—, quien en su momento fue sustituida por el magistrado Felipe Fuentes para concluir su mandato que finalizó en noviembre de 2020 y tras el cual llegó el magistrado Jose Luis Vargas.
No obstante, los malos manejos atribuidos al magistrado Vargas, su supuesta cercanía con el Gobierno de López Obrador, las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero sobre todo las diferencia que cosechó con el resto de sus compañeros lo llevaron a ser removido por los demás magistrados el miércoles pasado en una sesión que él desconoció y en la que fue electo el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien estuvo en ese cargo menos de una semana agravando aún más el conflicto interno.
Ante ello, el Tribunal Electoral buscó poner fin al impasse el día de ayer con una nueva designación, la del magistrado Felipe Fuentes quien ocupará la presidencia de esta instancia, por segunda vez en dos años. No obstante, Fuentes —quien también arrastra malos manejos dentro del TEPJF— sólo estará en el cargo hasta el 1 de septiembre, fecha en la que se votará a un nuevo magistrado presidente.
Aunado a la falta de continuidad de un magistrado presidente, están los señalamientos ante supuestas irregularidades, los cuestionamientos a las decisiones que se han tomado en la Sala Superior, los presuntos malos manejos con los cuales se han conducido así como la cercanía con diferentes partidos políticos que han puesto en duda la independencia de los magistrados.
Javier Martín Reyes, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y uno de los coordinadores y autores del libro Ni tribunal ni electoral (UNAM, 2021), una obra publicada en meses pasados que analiza críticamente el desempeño del Tribunal Electoral, señaló en entrevista con SinEmbargo que esta instancia siempre ha estado en crisis, aunque ahora se hace más evidente debido a la exposición mediática que han tenido los escándalos de sus integrantes.
Reyes explicó que éste fue un órgano que en un tiempo sirvió a los intereses del Partido Revolucionario Institucional (PRI). No obstante, señaló que el problema de esta institución está en el modo de designar a los magistrados, lo cual tienen que ver mucho con los intereses de los partidos, como quedó demostrado con la llamada Ley de Cuates con la cual en 2016 los legisladores ampliaron la gestión de los magistrados José Luis Vargas, Indalfer Infante, Reyes Rodríguez, y Felipe Fuentes.
“Este es un Tribunal que ya tenía crisis, que había tomado decisiones muy cuestionables desde el punto de vista jurídico y que además solían alinearse con las preferencias de los actores dominantes, antes de 2018 jugaba más a favor del PRI y ahora a favor de Morena”, dijo el académico del CIDE. “Es un órgano que muchas veces no se comporta como un órgano judicial que decide a partir de lo que marca la Constitución y que muchas veces hace a un lado toda la regulación electoral para terminar convirtiéndose en un Tribunal que decide a través de criterios políticos y de presiones de todo tipo”.
Para el especialista en derecho constitucional, las renuncias de los magistrados Vargas y Reyes Rodríguez sólo soluciona el problema del TEPJF parcialmente y se corre el riesgo de que el máximo tribunal encargado de calificar la elección de julio pasado pierda más credibilidad.
“Esto lejos de resolver el conflicto lo único que hace es prolongarlo y el riesgo se verá reflejado en que tuvimos el proceso electoral más grande de la historia de la democracia mexicana y hay asuntos importantes como las multas al Partido Verde, a MC, posibles impugnaciones en gubernaturas como SLP, Campeche, Guerrero y Michoacán, y esta crisis llega en el peor momento porque lo que necesitamos ahorita es un Tribunal con credibilidad, que genere confianza en los actores políticos y que tome decisiones a partir de lo que marca la Ley y no a partir de preferencias políticas”, consideró.
RENUNCIAS, IRREGULARIDADES E INVESTIGACIONES
La crisis en el TEPJF, el máximo tribunal de los procesos electorales de México, se agudizó la semana pasada cuando en plena sesión pública, el juez Felipe de la Mata Piña pidió revisar las funciones del Magistrado presidente, una propuesta que fue apoyada por la mayoría de los magistrados: Janine Otálora Malassis, Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante.
Para Javier Martín Reyes, politólogo y especialista en derecho constitucional, lo que ocurrió con el Magistrado Vargas fue que empezó a incurrir en una serie de ilegalidades como tratar de alterar las votaciones del pleno; tratar de desaparecer los acuerdos de la Comisión de Administración; posponer la resolución de asuntos importantes a tiempo como el caso de Félix Salgado y Raúl Morón; suspender sin razón las sesiones; pedirles a sus pares que le adelantaran el sentido de cómo iban a votar antes de la discusión y las sesiones.
“Teníamos una presidencia que había incurrido en irregularidades y en ese sentido hubo un grupo de cinco magistrados que decidieron ponerle un alto. Eso creo que fue en general una buena noticia, lo que fue una mala noticia es ver al Magistrado Vargas se aferró al poder durante días, a pesar de que había perdido la confianza de sus pares”, explicó.
La destitución de Vargas se produjo mientras la Unidad de Investigación Financiera lo investiga tras encontrarle gastos de 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.
El Magistrado llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.
La oposición ha acusado al Magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder de turno, que ahora es Morena, mientras que sus colegas han expresado descontento por su comportamiento errático.
Pero estas irregularidades cometidas por Vargas no son las primeras dentro del TEPJF.
En mayo pasado, El Universal publicó que el Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera había utilizado el taller mecánico del TEPJF para restaurar al menos cinco de sus automóviles clásicos. En cuatro años, la restauración de los carros de Fuentes Barrera costó a esta dependencia un millón 778 mil 500 pesos y aún debe al mecánico del taller 417 mil 500 pesos.
La misma información refiere que en la primera gestión de Felipe Alfredo Fuentes Barrera , entre 2019 y 2020, fueron detectados cargos a las tarjetas del TEPJF por más de 10 mil pesos en alcohol; 158 mil 818 pesos en Office Depot; más de 30 mil pesos por pagos a Ticketmaster y 44 mil 406 pesos en Mercado Libre, entre otros.
Fuentes Barrera llegó por primera vez al frente del Tribunal Electoral en enero de 2019 tras la renuncia de la Magistrada Otálora, quien en diciembre de 2018 fue señalada por José Luis Vargas de irregularidades cometidas en su gestión, de las cuales dijo que presentaría pruebas que a la fecha no han sido dadas a conocer.
Vargas denunció en ese entonces que Otálora actuó ante supuestas presiones políticas para resolver la elección a la gubernatura de Puebla a favor de la panista Martha Érika Alonso, quien falleció en diciembre de 2018 junto a su esposo, el Senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, y cuyo contrincante era el morenista Miguel Barbosa, actual Gobernador poblano.
Además de estas situaciones, otros funcionarios del Tribunal Electoral han sido sancionados por diversos motivos. Una revisión realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo encontró que el TEPJF sancionó a seis funcionarios públicos en promedio por año, entre 2016 y 2020. En lo que va del año en curso, en cambio, el reporte de procesos sancionatorios fue suspendido por la pandemia.
Hasta el año pasado, la mayor parte (78.6 por ciento) de las sanciones administrativas fue impuesta porque los empleados del Tribunal presentaron de manera extemporánea su declaración de situación patrimonial. Por esta omisión, el TEPJF impuso 13 amonestaciones públicas y nueve apercibimientos privados.
El resto de los casos —que implicó cinco inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos, además de una suspensión temporal del empleo— tuvo como causantes de sanción irregularidades contractuales con probable daño al erario, así como negligencia e incumplimientos de función, además de falta de rendición de cuentas.
LA LEY DE CUATES: LA EXTENSIÓN DE MANDATOS
A finales de 2016, el Congreso de la Unión, entonces dominado por el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) aprobó ampliar los mandatos de los magistrados José Luis Vargas Valdez e Indalfer Infante Gonzáles, electos originalmente ese año para el periodo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2019, hasta el 31 de octubre de 2023; y de Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez Mondragón, electos en un principio para el periodo del 4 de noviembre de 2016 al 31 de octubre de 2022, hasta el 31 de octubre de 2024.
La medida apodada como la Ley de Cuates fue cuestionada por la sociedad civil y denunciada como inconstitucional por la oposición que en esas fechas representaban Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien casi un año después, en junio de 2017, determinó que la ampliación de los periodos de funciones de estos cuatro integrantes de la Sala Superior no iba en contra de lo que establece la Constitución.
En ese sentido, los académicos Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza Onofre mencionan en el capítulo “Las turbulentas presidencias del tribunal electoral” del libro Ni tribunal ni electoral (UNAM, 2021), que “en ese momento primó la lógica de las cuotas y los amiguismos; la de repartirse el pastel entre la coalición entonces mayoritaria, la de hacerse de la vista gorda y guardar un silencio tan cómplice como sospechoso. Pues, aunque ciertamente podría decirse que la ‘Ley de Cuates’ no fue responsabilidad directa de los magistrados beneficiados, lo cierto es que, con el paso de los meses, todos los integrantes de la Sala Superior hicieron méritos suficientes para ganarse un lugar en la historia de la infamia judicial”.
De estos magistrados, al menos dos cuentan con una relación partidista clara de tiempo atrás. En el caso de José Luis Vargas, pasó de ser titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la recta final del Gobierno de Felipe Calderón a ser un litigante cercano al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de ahí a ser propuesto por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto como magistrado electoral.
En tanto, Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue electo la semana pasada por cinco de los siete magistrados de la Sala Superior como presidente del Tribunal Electoral, cargo en el que sólo estuvo unos días, ha sido señalado por su cercanía con el Gobierno de Felipe Calderón, en el cual trabajó como coordinador de asesores de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República (mayo a diciembre de 2011), cuando ésta era despachada por Roberto Gil Zuarth.
Tras su designación, el Presidente López Obrador revivió un supuesto tuit de Rodríguez Mondragón, en el cual insultaba al mandatario federal. No obstante, el magistrado aclaró que ese publicación era falsa y que incluso presentó por la misma una denuncia ante la Fiscalía General.
CINCO MAGISTRADOS PRESIDENTES EN DOS AÑOS
“La vida institucional de México vive una nueva época y el Tribunal Electoral como órgano del Poder Judicial de la Federación debe saber adaptarse a los cambios Por ello, asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del Tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral”, fueron parte de las palabras de la Magistrada Janine Otálora al presentar su renuncia a la presidencia del Tribunal en enero de 2019.
La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la Sala Superior del Tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio Pleno.
— Janine M. Otálora (@JanineOtalora) January 23, 2019
A partir de esa fecha, la máxima instancia de justicia electoral ha tenido cinco magistrados presidentes, en dos de estas ocasiones el cargo ha sido ocupado por el Magistrado Felipe Fuentes, quien será quien presida esta instancia de aquí en marzo cuando los integrantes de la Sala Superior voten a un nuevo presidente, el sexto en poco más de dos años y medio.
En ese sentido, Javier Martín Reyes y Juan Jesús Garza Onofre (UNAM, 2021), dan cuenta de la necesidad de una Reforma Judicial que pueda poner candados a los procedimientos tanto de selección como de renuncia a la presidencia del TEPJF, “evitar que sean tan laxos pero, sobre todo, asumir la responsabilidad del cargo en el mediano y en el largo plazo, no en sesiones privadas, a la sombra y por debajo del agua, ni provocando patéticas peleas en medios de comunicación y luego intentando fallidamente convencer a través de la retórica de que nada ha pasado”.
“El reparto de poder al interior del Tribunal puede ser, muchas veces, suficiente para mantener una unidad mínima entre los magistrados pero, muchas otras, generará fricciones y tensiones que indefectiblemente se verán reflejadas en los fallos y, eventualmente, en el ejercicio de la presidencia”, señalan en su escrito.
