En los últimos 15 años, Sin Fronteras ha trabajado continuamente en el monitoreo de centros de detención migratoria en México, con la intención de promover un diálogo entre gobierno y sociedad civil que permita hacer de la detención migratoria una excepción, como señalan los tratados internacionales de los que México es parte, y no una regla, como dicta nuestra política migratoria actual.

El pasado miércoles 2 de agosto, organizaciones que forman parte del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM), presentaron el informe “Personas en detención migratoria en México. Misión de Monitoreo de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración”, el cual, muestra la realidad de miles de personas migrantes que son detenidas  en los centros de detención, llamados “Estaciones Migratorias” y que comparte muchas de las denuncias y recomendaciones que hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo.

Para Sin Fronteras, este informe pone luz a los retos persistentes que hemos denunciado junto con otras organizaciones muchos años atrás en lo relativo a la situación de los derechos de las personas en detención migratoria, como lo son, fallas en el debido proceso y acceso a la justicia en el proceso administrativo migratorio, falta de información para acceder al derecho a solicitar asilo, malas condiciones materiales de las estaciones migratorias y problemas de salud mental y emocional de las personas en detención, que en otros momentos ni siquiera eran nombrados dentro de la política migratoria, como una  forma de disminuir algunas prácticas que es necesario erradicar.

Es importante señalar que según datos oficiales de los boletines estadísticos del INM, de 2000 a 2016 han ocurrido 2 millones 312 mil 882 eventos de detención migratoria en México, una cifra que deja muy claro el principal desafío en el acceso a los derechos humanos de las personas en detención migratoria, se sigue perpetuando la política de control migratorio de las tres “D”, es decir, aquella que detecta, detiene y deporta con agilidad, pero no identifica casos que requieren atención y/o protección diferenciada, ni garantiza el ejercicio de derechos, incluso le agregaríamos una cuarta, la que disuade a las personas para que no denuncien violaciones a sus derechos humanos.

Esta política de tres “d” se ha mantenido aún con los cambios de sexenio, la detención migratoria en México ocurre sin excepción y no a la inversa, situación que potencializa el panorama desfavorable para poblaciones en mayor posibilidad de riesgo como posibles personas refugiadas, niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia sexual, grupos LGBTTI, extranjeros extra continentales provenientes de países en guerra, extranjeros centroamericanos víctimas de guerras de baja intensidad, y víctimas de delito en México.

Hacemos un llamado al INM para seguir construyendo una participación abierta y regular de más organizaciones civiles para el monitoreo de los centros de detención. Nuestra propuesta es impulsar distintos ejercicios de monitoreo que puedan dar cuenta de tres líneas de escrutinio específico: trato durante las detenciones y en los centros de detención, estado de la salud mental de las personas en detención e infancia y adolescencia.

@Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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