La Fiscal de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández, carga con un sospechosismo cada vez más robusto por el caso que enfrenta Miguel Ángel Yunes Márquez, acusado de falsificar documentos para acreditar su residencia en el puerto de Veracruz cuando otros datos indican que ha vivido en Miami. Por ese hecho, se le cayó la candidatura a la alcaldía del puerto de Veracruz y podría ser la puntilla para tumbarle ahora la senaduría e impedir que su padre –Miguel Ángel Yunes Linares –en encubra con el fuero, pues de acuerdo con fuentes consultadas el plan era que el hijo renunciaba a la senaduría para que el padre –el suplente –asumiera el escaño. Yunes Márquez no acudió a la primera audiencia porque la fiscal no sólo retomó el caso tres años después de que fue denunciado sino porque ésta vez presentó ante el Poder Judicial direcciones falsas del indiciado. Esta presunta protección no es de ahora. Data desde los tiempos en que Eric Cisneros, quien fue secretario General de Gobierno estatal, presuntamente negoció con Los Yunes el cese a las persecuciones e investigaciones, entre otras, la que tiene que ver con un presunto fraude por la adquisición de videocámaras de vigilancia durante el gobierno de Yunes Linares que no se instalaron en su totalidad pero sí se pagaron. Este caso causó un quebranto de mil 600 millones de pesos al erario estatal. La Fiscalía, que era manejada por Cisneros desde la Secretaría de Gobierno, desde entonces está en entredicho.

En el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez y con respecto a otras investigaciones en contra de su padre –Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz –la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadans, está en entredicho.

Desde hace varios años, la fiscal ha mostrado actuaciones con respecto al llamado clan Yunes que han encendido los reflectores del sospechosismo debido a la impunidad de la que gozan Los Yunes, tanto el padre como los hijos, desde que asumió el poder el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Y es que tras el arribo polémico de Verónica Hernández –se le vinculó presuntamente con un familiar que pertenecía o pertenece al cártel de Los Zetas –ella ha estado bajo cuestionamiento también porque aparentemente permitió que Eric Cisneros, exsecretario General de Gobierno, operara los hilos de la fiscalía desde su oficina, donde atendía sus intereses personales y políticos, entre otros, sus negociaciones con la familia Yunes Márquez.

Tras el triunfo de Cuitláhuac García, en 2018, Eric Cisneros arribó a Veracruz procedente de Baja California; fue llevado al estado por invitación de Rocío Nahle, actual gobernadora electa, de quien por cierto está distanciado sin una razón hasta ahora explicable.

En aquel tiempo, Miguel Ángel Yunes Linares había terminado su bienio como gobernador bajo fuertes señalamientos de corrupción: se le atribuyó un presunto fraude millonario con un contrato para instalar cámaras de vigilancia en el estado que no se concluyó, aunque el ganador del concurso –Manuel Arroyo Rodríguez, director del periódico El Financiero y dueño de la empresa Comtelsat –,  aseguró que él cumplió con la entrega de los aparatos. Pero extrañamente no todos los equipos fueron instalados.

La fiscalía del estado de Veracruz abrió una investigación al respecto en el año 2019; Yunes Linares se defendió públicamente argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que no había evidencia de que hubiera cometido delito alguno en relación con la denominada “Carpeta Azul” y con el fallido “Sistema Estatal de Videovigilancia” que implementó durante su gobierno.

Sin embargo, el lunes 6 de mayo de 2019, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez declaró que había tres denuncias relacionadas con el sistema de videovigilancia. Además, dijo que aunque se intentó renegociar con el proveedor para que cumpliera con el contrato, al final no lo hicieron “y por lo menos se reactivó una de las denuncias”, precisó entonces.

Las palabras de Cuitláhuac García: “Se empezaron a aletargar y aletargar (en referencia a las investigaciones de la Fiscalía) e hice un segundo llamado y finalmente dije adelante con la denuncia del 2019 … Entre dilaciones, negociaciones fallidas y el letargo de la fiscalía, el gobierno de Veracruz perdió unos mil 600 millones en penalizaciones que aparentemente no cobró a la empresa Comtelsat S.A. de C.V. Pasaron más de tres años de litigios y hasta ahora se ignora si las cámaras están o no instaladas.

Pero eso no es todo. La ineficacia de la Fiscalía veracruzana ahora vuele a mostrarse con el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez, excandidato fallido a la alcaldía del puerto de Veracruz en 2021 y actual senador electo por la coalición PRI, PAN, PRD.

Resulta que en 2021, cuando contendió por la alcaldía, se descubrió que no tenía residencia en el puerto de Veracruz; también salió a flote que para acreditar dicho requisito falsificó documentos para poder contender por el cargo público, pues el hijo del exgobernador Yunes Linares llevaba tiempo viviendo en Miami, Florida.

En las elecciones intermedias de 2021, el Tribunal Electoral de Veracruz  (TEV) determinó revocar la candidatura de Yunes Márquez por la alianza “Veracruz Va”, conformada por los partidos PRI, PAN y PRD al concluir que no acreditó el requisito de su residencia efectiva.

En respuesta, el llamado clan Yunes se sacó de la manga una carta que tenían guardada: lanzaron como candidata a la presidencia municipal de Veracruz a Patricia Lobeira Rodríguez, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez. Así ganaron la alcaldía y retuvieron el poder político en el puerto jarocho.

Sobre este caso, la Fiscalía dio pasos de tortuga. Tuvieron que pasar tres años para que retomara el caso de Yunes Márquez –¿por qué tanta dilación? ¿Negociaron? –y después de que ganó la senaduría fue citado a declarar por el caso de la presunta falsificación de documentos. Se entiende que aquí se retomó el asunto legal y también la guerra política –se ignora si irán a fondo o sólo es un amago –debido a que el gobierno federal, el de Veracruz y también MORENA pretenden impedir, aparentemente, que Yunes Márquez tome posesión como senador de la República.

La razón es clara: Se afirma al interior de MORENA que la jugada política de Los Yunes es que Yunes Márquez pida licencia como senador –si llega –y deje el escaño a su padre, Miguel Ángel Yunes Linares; después, él contendería, otra vez, por la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

Y es que a Yunes Linares, el padre, le urge tener fuero, pues cuenta con varias carpetas abiertas en la FGR por presuntos delitos federales, entre otros, enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero, por lo menos,expedientes que podrían reactivarse en cualquier momento.

Pero en el caso de Yunes Márquez la Fiscalía veracruzana ha actuado con una lentitud casi cómplice. Tres años ha tardado la Fiscal veracruzana en llevar a juicio al vástago de Yunes Linares no sin incurrir en tropiezos o bien en acciones fallidas hechas con el propósito de ayudarle.

Resulta que Yunes Márquez fue citado a declarar el pasado 14 de junio, doce días después de la elección, por el juez de control adscrito al penal de Pacho Viejo, Óscar Luis Loza Hernández. El objetivo era que Yunes compareciera por los presuntos delitos que carga a cuestas: uso de documento falso, falsedad en declaraciones ante autoridad y fraude procesal.

Sin embargo, no acudió a la audiencia debido a que la Fiscalía General de Justicia del estado, que preside Verónica Hernández, proporcionó direcciones incorrectas al Poder Judicial. Paralelamente, la defensa de Miguel Ángel Yunes Márquez puso en manos del juez de la causa un justificante médico que acredita, según él, que su cliente está enfermo: tiene un padecimiento en la espalda que lo obligaría a ser sometido a una cirugía.

Por esa razón, el juez  determinó diferir la audiencia pero el indiciado tampoco acudió argumentando problemas de salud a través de su defensa. Por ello, el juzgador programó la tercera audiencia para el próximo 21 de julio mediante videoconferencia, es decir, que Miguel Ángel Yunes Márquez deberá comparecer desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre, aunque su defensa aduce que eso estaría por verse porque su cliente –de ser operado –no estaría en condiciones de comparecer.

Mientras este asunto se dirime en tribunales, pese a los tropiezos o fallas voluntarias de la fiscal, la investigación en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez continúa y ahora le piden ayuda a la embajada de Estados Unidos y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conocer su paradero.

Mediante el oficio 12333/2024, Óscar Luis Lozada Hernández, juez de control y enjuiciamiento adscrito al juzgado de Proceso y Procedimiento penal oral  del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, le solicita información a la embajada de Estados Unidos en México respecto de las fechas en que Miguel Ángel Yunes Márquez permaneció en Estados Unidos, fuera de la jurisdicción de Veracruz, cuando fue candidato a la presidencia municipal de Veracruz.

En su planteamiento, el juzgador sostiene:

Titular de la embajada de los Estados Unidos de América:

Por medio de la presente le informo que dentro del proceso penal  número 151/2021 instruido en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso, falsedad ante autoridad  y fraude procesal; así también en contra de Gianfranco Melchor Robinson, María Teresa de Jesús Madrid,  Vargas, Julio Alberto Torres Martínez, María Rebecca González,  Silva y Federico Barrientos Ortiz, por su probable participación en el hecho que la ley señala como  delito de falsificación de documento, se dictó un auto que a la letra dice: En la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, siendo los nueve días del mes de julio de dos mil veinticuatro…

Visto el escrito signado por el licenciado Imanol Ordorika Imaz, en su carácter de abogado defensor de Miguel Ángel Yunes Márquez, recibido en esa fecha; agréguese a los autos del proceso 151/2021, para que surta sus efectos legales, dado por enterado de su contenido, mediante el cual viene dando cumplimiento al requerimiento de fecha cinco de julio de dos mil veinticuatro el investigado Miguel Ángel Yunes Márquez , y el cual viene siendo desahogado por conducto de su abogado defensor , y en ese tenor, señala como domicilio el ubicado en el Hotel Courtyard by Marriot Jacksonville at the Mayo Clinic 14391, Mayo Blvd, Jacksonville, Florida, código postal 32224, Estados Unidos.

En virtud de lo anterior y en aras de garantizar una tutela judicial efectiva , prevista en el artículo 17 constitucional, así como garantizar el debido proceso que refiere el numeral 14 de dicho pacto supremo, y tomando en consideración que se tiene señalada audiencia inicial para el día 11 de julio de dos mil veinticuatro en punto de las catorce horas, a efecto de garantizar que se lleve a cabo en sus términos, solicítese comedidamente por un lado a la embajada  de los Estados Unidos de América, en apoyo a este órgano jurisdiccional para que se verifique con personal a su mando que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de investigado dentro del proceso penal que nos ocupa, se encuentra a partir de esta fecha , físicamente en el domicilio antes referido, es decir, en el Hotel Courtyard by Marriot  Jacksonville at  the Mayo Clinic 14391 Mayo Blvd , Jacksonville, Florida, código postal  32224, Estados Unidos, lo anterior derivado de que se llevará a cabo audiencia por la modalidad de videoconferencia y la cual resulta de carácter penal , donde al mismo le reviste el carácter de investigado.

De igual forma, el juzgador le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se sirva informar al juzgado de control el ingreso y egresos de Miguel Ángel Yunes Márquez de territorio nacional, esto del periodo comprendido  de fecha uno de enero  de dos mil veinticuatro al nueve de julio del mismo año, sólo por cuanto hace a México y Estados Unidos y viceversa. El plazo para la entrega de la información al juzgado, tanto para la embajada americana como para la Secretaría de Relaciones Exteriores es de 48 horas.

La tercera audiencia, en la que deberá comparecer Miguel Ángel Yunes Márquez a través de una videoconferencia –en caso de estar fuera del país –está programada para el próximo 21 de julio.

A ver qué otros ardid se les ocurre a Yunes y a la Fiscalía para que el indiciado vuelva a evadir a la justicia, ya que ha resultado evidente el apoyo oficial desde los tiempos de Eric Cisneros, quien terminó negociando con Miguel Ángel Yunes Linares para no enjuiciarlo por el asunto de las cámaras de vigilancia. Cisneros resultó toda una ficha en el gobierno de Cuitláhuac García. Al final quedó envuelto en la impunidad.

Consultados al respecto, muchos veracruzanos sostienen: “Esperemos que en el próximo gobierno ya no haya pactos con Los Yunes”. Y añaden: Ya ha sido suficiente. Necesitamos un gobierno limpio y de altura”.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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