Antonio Collado aseveró que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto no forman parte de Caja Libertad, como lo ha asegurado un empresario queretano; incluso lo acusó de querer engañar a la FGR para apropiarse de la financiera.
Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).- El abogado defensor de Juan Collado, Antonio Collado, negó que los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto sean los dueños de Caja Libertad, tal como lo afirmó el empresario Sergio Hugo Bustamante.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el hermano de Collado dijo que Bustamante busca engañar a la Fiscalía General de la República (FGR), para apropiarse de la citada caja de ahorro.
“Lo más increíble es que quiere hacer pensar, a la gente y a la Fiscalía, que los ex presidentes están metidos como socios; son públicos quienes son los accionistas de Caja Libertad; en ningún momento han estado, de forma directa o indirecta, los ex presidentes”.
Coello Mocel aseguró que este señalamiento es declarado por Bustamante para “engañar a la Fiscalía”.
“Me sorprende que habiendo juristas tan importantes y destacados, con tanto renombre, se hayan dejado engañar, y en menos de un mes hayan hecho un daño irreparable a la reputación de mi hermano”.
A la par, invitó a la FGR a que “sí lean el expediente” para que se den cuenta que “fue engañada por el señor Bustamante”.
Recordó que desde el 2013, Bustamante ha levantado una serie de denuncias que “se han ido a reservas”.
Por lo que el abogado no descartó que detrás de la denuncia haya “gente detrás de esa denuncia, que tiene la intención de quedarse con Caja Libertad, que tiene intención de no pagar las acciones de Libertad”.
Collado Mocel aseguró que la detención de su hermano no es una cortina de humo por parte del Gobierno federal, sino para “los intereses que están detrás de los que quieren quedarse detrás de Libertad”.
En este sentido, apuntó a ex accionistas de la caja, quienes, dijo son liderados por Javier Rodríguez Borgio.
Adelantó que demandarán a Rodríguez Borgio y a Bustamante por daño moral.
LA DETENCIÓN DE COLLADO
El pasado 10 de julio, un juez federal vinculó a proceso al abogado Juan Collado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la simulación en la venta de un terreno en Querétaro.
La vinculación a proceso fue dada por el juez de control del Centro de Justicia Pena con sede en el Reclusorio Norte, Jesús Eduardo Vázquez Rea, quien dio seis meses de plazo a la Fiscalía General de la República para presentar las pruebas complementarias de la investigación.
Collado, quien fue detenido la tarde de ayer martes 9 de julio en la Ciudad de México, es señalado por presuntamente participar en la venta de un terreno de 3 mil 700 metros cuadrados en Querétaro, mediante una empresa fantasma y con suplantación de identidades.
Según la FGR, en la operación de compra se utilizaron cuatro empresas fantasmas. La operación implicó la obtención de 156 millones de pesos, de los cuales 24 millones fueron depositadas, en 2010, en una cuenta bancaria de Coello.
EL ENTREMADO DE QUERÉTARO
La “venta ilícita” de un inmueble en Querétaro llevó al empresario Sergio Bustamante Figueroa a descubrir, como él mismo afirma en diversas declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta este miércoles era presidente de su Consejo de Administración el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido e investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Bustamante Figueroa afirma que detrás de “esta organización delincuencial” están también los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del actual Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el Senador panista Mauricio Kuri González.
La orden de aprehensión girada contra Juan Ramón Collado y otras cuatro personas, relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, en poder de SinEmbargo, incluye las comparecencias del demandante ante la FGR. En ellas, el empresario asegura que como parte de las indagatorias e investigaciones que a título personal realizó se enteró que dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan “actividades ilegales”, como el lavado de dinero.
“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero”, dice la declaración del empresario.
También asegura que Juan Ramón Collado Mocelo, José Antonio Rico Rico –ex presidente de Cajas Libertad y con quien Bustamente trabajó– y Javier Rodríguez Borgio –empresario de Querétaro– “mediante contratos privados celebrados” entre ellos mismos conservan la propiedad y la mayor parte de las acciones de Libertad Servicios Financieros. Y acusa incluso que se han manejado en complicidad con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pues afirma que ha sido omisa “en intervenir y en su caso sancionar” a la institución pese a las denuncias en su contra.
Bustamante Figueroa dice que “en el actual consejo de administración [de Libertad Servicios Financieros], algunas personas representan intereses ocultos de otros personajes, mismos que también participan en los beneficios económicos derivados de los hechos ilícitos que se llevan a cabo en dicha Institución financiera”. Y asegura también que Rico Rico le comentó en una ocasión que Juan Collado “era en realidad prestanombres de Peña Nieto”.
